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Full text of "De las Leyes en General"

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? $CÜOi flCMCJttf ' 







PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA: 






j ENGO la honra de dar cuenta ú l d. 

las [N8TITUC10NB8 DE DEBECHO ClVU 

» formación tuvo ábien eBcomendarn 

Mi deseo ha sido siempre que «'I 
jo fuera digno de la idea de Id. y del objel 
portante que tenia en mira, y que pudiera tL 
aunque en ultimo término, entre las innumerable 
bras de utilidad y progreso que, comd por en 
han aparecido en Guatemala, en el corto espai 
diez años, obedeciendo con asombrosa rapid< 
voz creadora del genio que, con so palabra, las ha 
cho brotar del caos de la indiferencia y de fe 



- teuebroso que los vacíos abismos de la na 
da. D< ¡«graciadamente, el desempeño en la ejecución, 
que i mi- aspiraciones, ha correspondido ¡í mis 
aptitudes v conocimientos, que distan mucho de ser 
grandes como aquellas. 

Si apesar de esto, las Instituciones que pongo en 
manos del Señor Presidente, pudieran tener algún 
mérito, por insignificante y pequeño que sea, con 
jto lo dedico y atribuyo todo al que inició elpen- 
iento de <|U' scribieran y no ha dejado de 

otejcr >'■ impulsar eficazmente su realización. 
\fioa bob todos los defectos de que adolezcan; pe 
de cualquier modo, me honro y me complazco en 
er traído, aunque no sea mas que este grano de 
arena, al monumento colosal, en cuya cúspide se le 
v. -uta magestuosala figura del Benemérito <lc la l'a 
l, Jeneral J. Rufino Barrios, desplegando con or- 
llo la bandera de la libertad por la instrucción, 
del pr< por la libertad, del engrandecimiento 

por «•! trabajo, y déla ilustración y gloria nacional. 

Guatemala, 12 de Diciembre de 18 

Jeneral Presidente, 

ote ¿na ndo <£ c n 5. 



INTRODUCCIÓN. 



Estas Institución ks tienen el objeto de esplicar 
posiciones del Código Civil, presentándolas bajo la foi 
de un sistema de principios y doctrinas que facilite 
tudioysu inteligencia á I03 jóvenes qae 
profesión de jurisprudencia. 

En obras de esta naturaleza no puede haber, cora 
hay tampoco en la misma legislación, absoluta orijinalid 
y el principal trabajo y el mérito de i 
car las mejores fuentes, en tomar de cada ana de ellat 
mejor, y en saber apropiarlo, adaptándolo todo, eon órdei 
las condiciones peculiares «leí fin qne se debe alcanzar, ^i o 
he procurado consultar las mejores obras hispano-amer • 
ñas, españolas y francesas y lie tratado de aprovechar p 
dará conocer las prescripciones de nuestro Código, 
to he encontrado en ellas, condensando así en 
lo que se encuentra <li>pcr>o en considerable número 
l>ros, niuclios de ellos costosos, y algunos sumamente • 
casos. 



6 

•rita la obra bíd oinguna pretensión, recibiré con mu- 
. y hasta con gratitud, todas las indicaciones que 
_ „ de loe defectos é inexactitudes que contenga, pa- 
cerlas todas, yw fueren justas, enmendarlos 3 cor- 
os. Así, lejos de molestar mi amor propio, me pres- 
an amistoso servicio, los que animados de la buena 
¿on que uos debe animar a todos, respecto de lo que 
pa de algún provecho para el país, me señalen Los 

que haya incurrid., y la manera de salvarlas. 
Reducidas á artículos breves las disposiciones Legales, 
Iwm-, iones i.i dkbbcho do debian compendiarlas 
sino aplanarlas, y á ello se debe La estension relativa- 
grande que tienen, bí se las compara con obras aná- 
logas escritas wbre el derecho romano y Bobre el antiguo 

spafiol. 

mi trabajo es de alguna utilidad para el estudio de 

palacion, quedarán, satisfechos mis deseos, p«es 

he querido contribuir con lo que permiten mis aptita- 

: \ la obra déla instrucción y al mas fácil y completo co- 

einúento de nuestro derecho. 

Guatemala, L9 de Diciembrede L882. 

huía 



TITULO PRELIMINAR, 

DE LAS LEYES EN GENERAL. 
PÁRRAFO PRIMERO. 

FORMACIÓN I) K I. A I. I. 1 . 

1. _Sien<lo indispensable á La naturaleza de los 
hombres la vida social, la Nación que do es mus que 
la sociedad constituida en cuerpo político, aeoesita, 
como condición indispensable para su existencia, de 
leyes que determinen y reglamenten las relaciones «!<• 
los individuos entre sí y las de éstos ron .-1 Estado. 
Las leyes que rijen las relaciones de los individuos 
con el Estado ó autoridad, constituyen el derecho 
blico;y las que gobiernan las de los individuos en 
tresí,forman el derecho privado. Este ultimo puede 
referirse ;i diferentes órdenes de relaciones sociales 
según ellas, subdividirse en otros tantos ramos como 
derecho civil, derecho penal, mercantil A.. 

•j. -Tres son ordinariamente las condiciones para la 
existencia de la ley: su formación por el Poder Le¡ 

lativo, su sanción porel Ejecutivo y su promulgación 

o publicación. 



/ 



La primera condición de la ley es que emane 
del poder soberano. En nuestro derecho público cons- 
titucional, la soberanía reside originariamente en la 
Nación, y su ejercicio para legislar reside, por delega- 
ción deesa soberanía, en la Asamblea Nacional com- 
pnestadeun Diputado por cada 20.000 habitantes ó 
porcada fracción que pase de ](>.()(ii) (artículos 17, 40 
y 48 Constitución de 11 de Diciembre de 1879.) 

4. — l¿i< leyes pueden tener orí jen en laAsamblea por 
proposición de alguno de sus miembros, 6 por iniciati- 
va del Poder Ejecutivo ó del Judicial, en materias de su 
competencia (66 Const.) La Asamblea, para ejer- 
cer la atribución de legislar, y con el objeto de 
que el asunto de que se trate se medite con toda la 
madurez y detenimiento posibles, obteniendo así la 
ventaja que puede ofrecer el sistema de dos Cámaras, 
tiene que ponerlo á discusión en tres sesiones dife- 
rentes, celebradas en distintos dias y sin que pueda 
votarse basta «píese tenga por suficientemente discu- 
tido en la tercera sesión >">7 Const.) Si después 
de esto, y con las formalidades del Reglamento 
déla Asamblea, es admitido el proyecto en su totali- 
dad, se entra ;'¡ la discusión por artículos. 

5. La Asamblea puede también autorizara] Ejecu- 
tivo para qne emita aquellas ley es «pie por su extensión 
do pueden ser espedidas por e] Poder Legislativo; pe- 
ro debiendo dar cuenta á este á su oportunidad, esto 
en su primera reunión después de dada la ley. para 
que sea aprobada ó desaprobada (inciso 11 artículo 
."i4 Const.) Así, mediante taJ autorización el (;<> 
bienio emitió las Leyes de reforma al Código civil y 
de procedimientos civiles y á la ley de enjuiciamiento 
mercantil, v ha emitido variasotras. 



PÁRRAFO SEGUNDO. 



S AJÍ O ION n ]•: 1. A I. E 'i . 



0. — Formado y aprobado un proyecto de ley neo 
sita todavía para que obligue, recibir la sanción <l»'l 
Ejecutivo. Esta es la segunda condición para la exií 
tencia de la ley (Artículo 58 é inciso 21 del 7?. Consl 
La necesidad de la sanción, ó sea de la facul- 
tad que tiene el Presidente de la República para 
mandar que se ejecute la lev formada por La Asam- 
blea, proviene de que él. por su contacto inmediato 
con la sociedad, y por la esperiencia del manejo coi - 
tante de los negocios públicos, es el que puede api 
ciar mejor y mas atinadamente Los inconvenientes 
dificultades (pie una ley podría trae). El Presidente 
sanciona y manda promulgar la ley votada por la A 
samblea, si la cree oportuna y conveniente; pero 
de lo contrario, puede, de acuerdo ron .-1 Consejo de 
Ministros, negar la sanción y devolverlaá la Asam- 
blea, dentro de diez dias. y con las observaciones que 
estime oportunas. La Asamblea podrá reconsiderar 
desde luego el proyecto de Ley ó dejarlo para las 
siones del año siguiente si no fueren aceptadas Lasob 
servaciones hechas por el Ejecutivo; y en este último 
caso, si la Asamblea ratificare el proyecto con las dos 
terceras partes de votos, el Ejecutivo debesancionar y 
promulga! la Ley. (Artículo 59 Const.) 

7.— Si el Ejecutivo no devuelve el proyecto de lej . 
después del término de diez dias, contados desde su 



I" 

remÍ8 ion, se tiene por sancionado, y debe promulgar 
^leviVBi la [Asamblea cierra sus sesiones antes 
deloTd adiasen qne puede verificarse ,1a ^ devoln- 
don el Ejecutivo debe hacerlo dentro de 1- ocho 
Seros d^as sesiones oroinarias del año signante 
SStoS?» Const.) El articulo constitucional no 
e^rerquiendebehacerla publicación cuando j£ 
^diezdiassinquela ley sea sancionada ni de- 

blea, porque de otra suerte, quedaría a] arbitrio 

Eiecutivo dejar sin efecto la disposición. 
^So^evilasancion tiene el principal objeto de 
I,,, entre los poderes públicos un equüibno 
^vech^yevitarqueelI^gblatiToa^al^e 

cutivo quien por medio del veto ao rechaza desd 
SSh ^ey^aí la suspende. Si la necesidad déla 

rhacon v antes de él otros publicistas, a la abstracta 

convenienciapábUcaquees superior álaa puras es P< 

culacionesdela ciencia, 
9 _No necesitan de la sanción del Ejecutivo (artl 

culo 61 Const.) las disposiciones de **¡jjM¡¿ 
relativas á su régimen interior ala . l inca, 
de elecciones 3 renuncias de los elegidos, >. la d 
claraciondehaberónolugarálafomaciondecausa 

' ,, S. Diputados, Presidente .I- la l^ubli.-a. 
otarios del despaché, Consejeros de Estado, Ma- 
rrados, Fiscales délos Tribunales «P™ * ™" 
eales del Gobierno. Tampoco la necesitan las disposi- 
cienes contraidas á los objetos .siguientes: 

l.»_ Abrir y cerrar las sesiones ordinarias y extra- 



ordinarias. 



11 

2.°— Hacer el escrutinio de rotos para Presidente 
de la República, y proclamar popularmente electo :il 
ciudadano que hubiere obtenido 1¡i mayoría absoluta 

devotos. 

3.° — Elejir Presidente entre 1<>s tres candidatos que 
hayan obtenido el mayor uúmero de *>ut'i:i!_ r ¡<>>-. en <•! 
caso en que no hubiese elección popular por taita 
mayoría absoluta de votos. 

4." — Nombrar los designados. 

5.°— Dar posesión :il Presidente de la República j 
recibirle la protesta de ley. 

6.° — Admitir ó no la renuncia «jut- haga el IV 
dente de la República. 

7.°— Concederle ó no permiso para ausentarse del 
territorio de Centro- América 3 designar, en bso, 

la persona que deba subrogarlo durante su ausencia 

(artículo 52 Const. i 

Finalmente no necesitan de lasanciondel Ejecutivo 
las disposiciones relativasá las atribucionessiguienl 

1.°— Elejir en la apertura de sussesiones el Pn 
dente. Vice-Presidente y demás funcionarios que 
componen la mesa, conforme al Reglamento interior. 

2.°— Calificar las elecciones de sus respectr 
miembros y aprobar ó reprobar sus credencial* 

3.°— Admitir 6 no las renuncias que presenten} 
mandar que se proceda á nuevas elecciones para lle- 
nar las vacantes que ocurran por el motivo espresado 

ó por otro alguno. 

4. "_Fonu;ir el Reglamento de su réjimen interior. 

5.°— Hacer concurrir á los Diputadosaus< 
rorrejir las Caltas ú omisiones délos presentes (artícu 

lo 55 Const) 
9— Las leyes que necesitan de La sanción del Ej< 



ii 



12 

tivp, después de aprobadas en la Asamblea pasan á él 
para ese efecto y para .-id.' su publicación. Si no nece- 
sitan de Bancion, pasan al Ejecutivo solo para sn publi- 
cacion (inciso -'i articulo 77 Const.) Así pues, el 
Presidente de la República manda promulgar ó pu- 
blicar la ley sancionada; y siendo [indispensable esta 
publicación, 6 sea el conocimiento que se da de que 
hay ana ley, forma la tercera condición de la existen- 
cia de ésta. 

PÁRRAFO TERCERO. 



PUBLICACIÓN l'K LA LEY 



10- -Formada la ley, cuín., se ba dicho, por la Asam- 
blea^ sancionada por el Ejecutivo y mandada promul- 
gar, está completa ya respectodela autoridad que la 
emite; pero no es obligatoria aun para los ciudadanos, 
sino que necesita de «i 1 "' *•' hagasu publicación ó 
promulgación, es decir, que Be baga conocer al pue- 
blo mi existencia. ba promulgación es, pues, el acto 
por el cuál te notifican las lepes á la sociedad, el 
medio por el cual si- hace "ir la voz del Legislador. 

11 - Debe advertirse queen algunos Códigos loque 
entre nosotros se llama promulgación, mas bien que 
con la publicación se confunde con la sanción porque 
llaman promulgación, á la disposición del Ejecutivo 
mandando que se publique la ley, y reservan *d nom- 
bre de publicación para <•] acto en que se da á cono- 

en virtud d la orden. Según las disposiciones 

constitucionales citadas, promulgación es equivalen- 



L3 

te de publicación, equivalencia Fundada en el Diccio- 
nario déla lengua y en el Lenguaje jurídico que 
tienen como sinónimas esas palabras. 

12 — La promulgación de l;i ley es absolutamente 
indispensable, porque siendo la regla que deben obe- 
decer los asociados, seria absurdo y tiránico exijir 
cumplimiento del precepto en ella contenido cuando 
todavía no se conoce ni se ha podido conocer. Por es 
to se tienen como aforismos de derecho: la ley no 
publicada no es ley: /<> ley no publicada no <>'>//</". 

13 — Pero cómo se hace la publicación y desde cuán- 
do se tiene como hecha? El Ait. 1. = del Código civil 
declaraba que las leyes, reglamentos, circulares ó 
cualquiera otra disposición de observancia general 
emanadas de la autoridad, obligan y surten sus ef< 
tos desde el diadesn promulgación en los lugares ■ 
que esta delta hacerse, ó desde el dia que fije la mis 
nía ley, reglamento, circular ó disposición de ob» 
vancia jeneral, aunque se hayan publicado antes. 

14 — Esta disposición reconocía en primer lugar la 
necesidad de la publicación; y establece ademas que 
no solo las leyes y reglamentos sino también las cir- 
culares y cualesquiera disposiciones de observancia 
jeneral. solo obligan desde que son publicadas, de 
modoque Ueguená noticia de todos. Las leyes á que 
se refiere, son las disposiciones jenerales que regla 
mentan la conducta y los derechos de los asociados: 
los Reglamentos son las disposiciones del Poder 1 
cutivo, determinando la forma para el ejercicio \ 
cumplimiento de los deberes y derechos consignado* 
en la ley: las circulares s<m disposiciones del orden ad 
ministrativo, relativas al despacho Interior y econó 
mico de las oficinas sujetas á la autoridad del fundo 



14 

nario que las dicta, á que Be Ueneu en los negocios y 
espedientes las formalidades prescritas por la ley. ó 
splicar el modo en que esto debe verificarse; y las 
otras disposiciones de observancia jeneral son losa- 
cnerdos emitidos por el Ejecutivo en asuntos de su 
competencia, dados por el Presidente de la Repúbli- 
ca y autorizados por el Secretario del Despacho en el 

raí ¡orrespondiente. 

15 —Se habrá observado fácilmente que •■! artículo 
citado del Código ni determinaba •-! modo de hacerse 
la publicación ni fijaba los lugares en que se debia 
hacer, ni entraba en cintos detalles que son absoluta- 
mente indispensables, y cuya omisión constituye un 

notable vacío. 
1»',- No alcanzaba a" Llenarse éste acudiendo á otras 

disposiciones anteriores, como el Decreto de la Asam- 
blea Legislativa de 12 de Marzo de 1831, el Decreto 
del Gobierno de LSdeAbrilde 1839, los acuerdos de 
31 de Mayo de 1861 y lo de Enero de L852, y el artí 
culo 7. - del Decreto de 7 de ( >ctubre «le 1879; pero sí 
lo llenó el articulo i. c del Decreto de refonnas al ( !6- 
digo Civil de 20 de Febrero de 1882, que modificó el 
artículo l. - deese Código, estableciendo que las Le- 
¡I en virtud de su solemne promulgación, y 
después de trascurrido el tiempo necesario para que 
se tenga ik.iícíh «le ellas. La promulgacion,agrega, de- 
i»e hacerse en el Periódico Oficial: la Techa de ]¡ ( pro- 
mulgación será para Los efectos Legales de ella, la fe- 
chado dicho periódico; y promulgadas las leyes en la 
dencia del Gobierno, se entenderá que son conoci- 
das por todos los habitantes de La República y se ten- 
drán como obligatorias después dequince dias con- 
tados desde la techa «le la promulgación. 



17 — No podía con justicia establecerse qu< 
momento ^n que ana disposición de observancia jene 
ral se insertase en el periódico oficial, Enera oblig 
toria en todos los puntos de la República, porque 
en muchos de ellos no seria pública sino después 
de varios días, en mayor ó menor número según 
distancias, y porque seria imponer el cumplimiento 
de una prescripción Legal antes de que Fuera conoci- 
da. La publicación especial en cada punto de la R 
pública, ofrecería también graves inconvenientes, enl 
ellos el déla diferente época en que comenzaría á 
j ir la ley, el déla forma en que se verificara la ] 
mulgacion y el de La prueba de que ésta hubiera teni- 
do lugar, así es que para evitarlos na debido apelarse 
á otros medios. 

18 — Los Códigos modernos, reconociendo que la ley 
no puede ser instantánea y simultáneamente conoci- 
da de todos los habitantes de un estenso territorio, y 
(pie, por lo mismo, debe darse un plazo para que 
pute oportuna, y generalmente conocida, adoptan u 
nos, como el de Chile, un plazo gradual, declarando. 
por ejemplo, que la promulgación de las le; ha- 

ce en el periódico oficial; y en el Departamento en .pie 

éste se publica se tiene como obligatoria B6Í8 dias des 
pues de la fecha de la publicación, debiendo para los 
otros Departamentos, tomarse ademas de estos diaa 
ano por cada kilómetro de distancia á la cabeo 
respectiva. Estos códigos siguen La idea del de \ 
poleon, apoyada en que las leyes son llevadas pol- 
los hombres y marchan con ellos: en que todo es su 
cesivo en esta marcha y es imposible que todo no 
lo sea, siendo en consecuencia la idea de un plazo su 
cesivo v graduado, según la distancia, la mas ponfor- 



te 

me á la eerdad y á la razón; y en que un plazo uni- 
forme tiene el inconveniente de dejar paralizada la 

en ¡os ]uir:n>- donde es conocida, para espe- 
rar que llej serlo donde ann no lo «-s. dando á 
Luequieran hacer fraude á la disposición nueva, 
tiempo suficiente para ello, mientras que aquellos á 
quienes favorece se hallarían en la imposibilidad de 
aprovecharse de bus beneficios, 

L9— Otros Códigos, y esa disposición es la adopta- 
da en la refornfa, para «lar ;i la ley un carácter de u- 
niformidad en cuanto á su fuerza obligatoria, evi- 
tando así que, á un mismo tiempo, 1<>s Departamen- 
provincias de una sola Nación se rijan por le- 
-. diferentes, lijan un solo plazo. .'1 de determinado 
número de dias, contados desde la promulgación dé 
la ley, en la residencia del Gobierno, para que se en- 
tienda conocida de todos los habitantes y comience 
entonces, al mismo tiempo, á ser obligatoria para to- 
dos, sin escepcion. 

-El plazo de quince .lias que tija el nuestro, 
puede ser ampliado 6 restrinjido en las mismas leyes 
que niten, designándose otro especial (frac. ~V 

art. cit.) y entono se debe estarse: se restrinje 

cuando* nte que comience á ponerse en prác- 

tica la disposición: y se amplia respecto de leyes de 
mucha importancia, ó que introducen alteraciones 
muy trascendental 'ti muyestensas, 6 tienen que 

concillare "1 ejercicio de actos que, permitidos 

por las leyes anteriores, en bu ejecución necesitan de 
cierto tiempo; y desde la fecha en rilas señalada, co- 
mienza su observancia, aunque hayan sido publicadas 
v conocidas antes. Así sucedió con el Código Civil 
y de procedimientos que publicados en 8 de Marzo de 



17 

1877 no debían comenzar á rejir sino hasta el 15 de Se- 
tiembre siguiente: con la Constitución publicada en 
Diciembre de 1879, para que comentase á rejir el l. 
de Marzo de 1880: con la Ley orgánica del Poder .In- 
dicia] publicada en Febrero de 1880 para que empe- 
zara á rejir cuando la próxima Legislatura hubiera 
e] ejido los miembros de la Corte de Justicia, y con 
muchas otras. Si. á pesar de esto, ocurriere alguna 
vez, que dentro del plazo lijado, no se hubiera hecho 
la publicación de la ley, su trascurso' no seria bas- 
tante para imponer su observancia, debiendo siempre 
ser anterior á ella la promulgación. 



PÁRRAFO (TARTO. 



I> E F I N I C I o N 1> K I. A I. K Y 



21 — Atendiendo á lo que queda dicho respecto 

de los elementos constitutivos de l;i Ley. puede - 

ta definirse como la declaración solemney obligato- 
ria hecha por el Poder Legislativo sobre objetos di 
réjimen social interior y de interés común, espret 
da en la forma prescrita por la Constitución y de- 
bidamente promulgada. 
22 — De esta definición se deduce en primer lm 

que el Ejecutivo nO puede Legislar, salvo el caso en 

que, conforme á la Ley fundamenta] haya sido auto- 
rizado por la Asamblea para emitir aquellas leyes que 
ella no pueda espedir por su estension; pero sí po- 
drá espedií' las ordenanzas, reglamentos y acuerdos 

TOM. I. 8 



quesean necesario* para facilitar y asegurar La eje- 
cución de las leyes en todoslos ramos de la Admi 
nistracion. i Lnc. 17 art. 77 ( lonst, 

&e deduce también que la costumbre no tiene 
Fuen» de ley,porque noesobra del Poder Legislativo. 
En los países en que se ha admitido la costumbre 6 
derecho no escrito, que no es mas que él uso >j< neral 
¿práctica de ciertos hechos durante un tiempo mas 
ó menos largo, no solamente tenia el carácter de ley 
sino que podía derogar las leyes anteriores é inter- 
pretar lasdudosas. Así, había costumbre fueradela 
ley, contra la ley, y según La Ley. La primera, deci- 
dla los casos no previstos por La ley: la segunda, de- 
rogaba laley escrita por actos contrarios á ella: la 
tercera, interpretaba la ley fijando él sentido en que 
debía entenderse. 

24— La costumbre no puedeen realidad sostenerse tí- 
ficamente, sino donde mi sol.» hombre ejerce todos 
Loa poderes públicos. La teoría romana de que sien- 
do la Ley la voluntad del César, y pudiendo ésta ma- 
nifestarse por palabras ó por hechos, era Ley tam- 
bién una práctica de muchos años, porque tácita- 
mente la aprobaba él con su tolerancia, no puede, co- 
mo se advierte en la Introducción al Código, aplicar- 
se \;i á pueblos donde los poderes públicos están di- 
vididos, donde Las Cámaras 6 Asambleas que ejercen 
,■1 Poder Legislativo no son permanentes, y donde 
individuos que las componen, jamás hacen, «mi 

- transitorias apariciones un análisis de los actos 
del Poder Judicial en todos sus tamos. Y por otra 
parte, • ctotambien que si se diera á la costum- 

bre >-\ carácter de ley, se faltaría al gran principio del 
réjimen constitucional moderno, según <-l rúa! solo 



19 

las Asambleas, Coi-res ó Cámaras .. - 
la facultad de dictar Leyes en el orden normal, 
impondría la obligación de observar una prescripcí 
que carece de] requisito esencial de la promuhj 

ó publicación, sin »•] cual, ni las mismas le; 
las. tienen fuer/a. 

25 — Se deduce además de la'definicionVlada, que I 
fallos y resoluciones judiciales, tampoco forman 1< 
ni pueden invocarse romo precedentes para apoj 
en ellos otras determinaciones, estando prohibid* 
los Jueces juzgar por ejemplos, (inc. I. art.l9C. l'r. 
civ. > y mandado que no juzguen sino por lo difi 
tóenlas leyes. Ejemplosó precedentes son la> 
soluciones mas ó méuos frecuentes dictadas decidien- 
do algunos negocios: pueden muy bien los Jn< 
haber incurrido en error al determinarlos, \ 
muy peligroso aplicar una decisión talvez equivocada 
á otro caso aunque fuera semejante ó anal 
do igualmente de tenerse encuerna que es muy 
cil engañarse en la semejanza ó analojía de los ca 
que. casi nunca, se presentan exactamente con la^ n 
mas circunstancias. Por tanto, en la resolución 
los litigios, ninguna fuerza tiene lo que se llama 
risprudencia ó práctica de los Tribunal* 
mas qne el conjunto <l> doctrinas admitid 
Tribunales de Justicia, para la decisio 
casos. Esto no significa que rsi jurisprudencia 
rezca de importancia para el estudio del derecho: 
lia representa las opiniones de hombres ve 
la ciencia y en la aplicación de las leyes; pero nui 
se estudio, como lo hace notar Pacheco, debe lia 
se c.,n precaucion.á fin de que la razón cona 
pre todo su imperio, y no 



liente de la autoridad. En una palabra, la juris- 
prudencia de los Tribunales, puede servir •!•• comple- 
mento, jamas de base Fundamental, porque, en este 
su conocimiento, lejos de ser provechoso, seria 
judicial, porque haría fluctuar incesantemente la 
Vigencia con las decisiones opuestas, m> solo de 
intos Jueces y Tribunales, sino, á veces, de un 
mismo Juez ó de un mismo Tribunal. 

iebe confundirse con la facultad de legis- 
lar que solo compete á la Asamblea, y <-n algunos 
con autorización de ella, al Ejecutivo, la que 
a los Jefes Políticos de formar con carác- 
local, reglamentos que contengan las medidas de 
policía que exija el buen gobiernodesu Departamen- 
tos cuales se consultan al (Gobierno j se publican 
medio de bandosen todos los pueblos en donde 
hay Municipalidad (Artículo 34. I>«'<-. ? Octubre de 
Reglamentos n<> tienen fuerza obligato- 
teral en la República, y las penas que en ellos 
apongan, aunqut en virtud de atribuciones 

•ernativasy económicas, nodeben ser mayores que 
señaladas por el Código penal, para las taitas rcs- 

i no ser que se determine otra cosa en leyes 

i-ial'-s. 

PAHRAFO QUINTO. 



u:ai i i: i: i: > i, k i. a i, k 



i ni. -i-i cereste nombre, ba deser justa, 
o contrariar los principios xle razón y de - 



21 

quidad natural que forman la conciencia uní 
consultando al mismo tiempo que esos principios, las 
modificaciones queexijen en su aplicación por la índo- 
le especial y demás circunstancias característii 
]>aís para el cual se legisla. 

28— Laley debe también serjeneral,es decir ser obli- 
gatoria para todos los ciudadanos, sin hacer entre ellos 
distinciones imcompatibles con el principio de que 
todos son iguales ante la ley. Por esto, según Be v< 
después, se halla consignado que los derechos cñ 
son independientes de la calidad de ciudadano, 
todos los Guatemaltecos gozan «lelos derechos civi 
ano ser que se hallen en algún caso de prohibición 
espresa de la ley (Artículo 49 y50C.)Sgn inadmisil 
pues, los privilegios ó leyes especiales establecidas 
favor dealguna ó algunas personas en particular, 
cluyendo á la generalidad; per... en rigor, no pu< 
•considerarse como tal privilejio «pie el autor ó i 1 1 ■ 
torgocedela propiedad de su obra ó invento por el 
tiempo que designe la ley, yque>la propiedad litera- 
ria sea perpetua. No solo son injustificablea los pi 
lejíos, sino que I03 que en la legislación española 
llaman beneficios, leyes concedidas en f le ana 

clase de la sociedad, se han suprimido trinjido 

considerablemente por el Código. Así quedó abolida 
la restitución in integrum, y el derecho de tanteo 
quedó circunscrito á muy pocos casos 

29 La generalidad de la lev no significa que i 
tica disposición comprenda siempre á todas las peí 
ñas. por diverso que sea su estado natural y civil, 
igualdad legal exije indispensablemente que se ton 
en cuenta aquellas desigualdades .pie no son artificia- 
les v caprichosas, y quela ley se vaya acomodan 



■>■> 



ellas que tales desigualdades existen, yquela 

ede quitarlas, una igualdad absoluta las de" 
i subsisl 'Utes, y la ley, porel contrarió, debecom- 
p'ensarlas, dando mas garantías y protección al que. 
debilidad, necesita mas de ella, dejando mas 
independencia al que por su capacidad ao aecesitade 
un cuidado inmediato. P te motivo son diferentes 
siciones para los mayores y para los meno- 
Leedad: para loscapaces y para los incapacitados: 
■ la muger soltera y para las mugeres casadas. 
?nopodría, por ejemplo, ser míala ley para loa 
que se llamaran nobles 3 otra para los plebeyos, co- 
1 en los Códigos españoles. 
:;■» Es también carácter esencial de la ley que sus 
mes solo miren al porvenir, que solo recai- 
liechos posteriores á su emisión, respe- 
tando los anteriores legalmente consumados. Esto lo 
signanuestro Código, declarando que la ley no 
etroactivo y queá nadie puede impedirse 
lo que la ley no prohibe (2 y :'. Cód.) Las leyes, según 
pesar nnos modernos expositores del derecho me- 
ano, tienen por objeto satisfacer las necesidades de 
!. ó evitar un abuso que lia existido < j n ella, 
'echa de la disposición que lo combate, óme- 
sjislacion ert un puntó dado cambiando las 
sastentes acerca deél hasta entonces. En cual- 
casos dichos, la fuerza de obligación 
(trae la ley, nace con ella, y losciudadanos no c>- 
¡gados ;i respetarlas sino desde que se promul- 
• debidamente: por rano.. ••! acto que era indife- 
rente el dia anterior á la publicación de la ley quelo 
prohil lia. podrá constituir una falta, 

masnoante^ y 1.» derechos adquiridos bajo ni ampa- 



23 

ro de leyes anteriores, quedan subsistentes aun cuan- 
do ellas s.- varíen después: porque siendo todas ¡gua- 
les en oríjen y fuerza legal, el que cumplió con las pri- 
meras, debe quedar perfectamente asegurado contra 
las últimas. De otro modo, laley que casti§ con 
pena e] aero cometido cuando no había precepto que 
lo prohibiera, seria tiránica; y la «pie quitara ó ataca- 
ra derechos adquiridos en virtud de ley anterior, co- 
metería un despojo y atentaría ala libertad y garan- 
tías de los ciudadanos. Benjamín Constaní ha dicho 
courazon: que la retroactividad es el mayor atenta- 
do que laley puede cometer: que rompe el pacto s 
cial: anula las condiciones en virtud délas cuales la 
sociedad tiene derecho de exijir obediencia al indivi- 
duo, porque le arrebata las garantías que le asegura- 
ba en cambio de esa obediencia que es un sacrificio. 
La retroactividad quita á la ley su carácter: la ley 
que retrotrae no es ley. 

31 — Aunque parece muy sencillo el principio de 
que la ley no tiene efecto retroactivo, envuelve ar- 
duas dificultades y complicaciones en su aplicación y 
en la determinación de su estension; y por esto, y 
por la importancia especial que tiene hoy la materia 
por la transición de la legislación antigua á la nueva, 
vá á tratarse de ella según los diversos puntos sobre 
que puede recaer la ley siguiendo para esto el 
orden y doctrina de los Diccionarios de Calderón 
y de Escriche. Antes, sin embargo, <lel>e advi 
(irse que entre nosotros y conforme ;i este principio 

del CÓdigO de que la ley lio tiene efecto reí load i \ o. 

esta disposición obliga no solo al Juez sino principal- 
mente al Legislador, de suerte que no puede por una 
declaración contraria dar :i la ley (pie emite dominio 



24 

sobra hechos con anterioridad consumados. Siha ha- 
bido algunas veces leyes directamente retroactivas co- 
mo las que han abolido ciertos privilejios en algunas 
naciones, las que han declarado la libertad de todos 
sclavos, las que han suprimido las vinculaciones 
ó instituciones de ese género, han emanado de ana 
razón superior de interés público, á la que todos han 
suscrito considerándola como nn elemento indispen- 
sable para la reforma, «'1 progresoyel bienestar de la 
sociedad; 6 porque con ellas, limitadas á declarar ni 
derecho natural, solo se ha hecho revivir, asando las 
palabras de Merlin, una ley escrita en «'1 Código eter- 
no «'• imprescriptible de La naturaleza, borrando con el 
dedo de su omnipotencia los actos que, mientras esta 
dormía, dieran un golpe mortal á los derechos mas 
sagrados del hombre. 

i — Para que una ley sea retroactiva se requiere 
1. " que recaiga sobre 1" pasado y lo cambie. 2. - 
que este cambio sea en perjuicio de las personas á 
quienes se refieren sus disposiciones. Es indispensa- 
ble lo primero, porque solo así puede decirse que se 
isla, nó para el porvenir, sino para el tiempo de a- 
tria indispensable lo segundo, porque sonsis- 
tiendo el vicio de la retroacción en el mal que causa 
: ¡ los que anteriormente adquirieron un derecho, si 
mal i riste, falta el principal motivo para limi- 
ta acción del legislador. 

El negocio pendiente todavía al publicarse una 
ley, no puede tenerse como hecho pasado; y así. pue- 
de y debe juzgarse por ella BÍn que haya retroacción. 
Las leyes españolas, por ejemplo, permitían ;il testa- 
dor <|ii" <lif*<- poder ;i otro individuo para que testara 
poi él; y el Código, no solo lo prohibe, sino que de- 



26 

clara que el que muera habiendo dado poder para ■■ 
tar, se reputa muerto sin testamento, y entran 
cederle los herederos legales. (Artículos 
Los testamentos hechos por loa apoderados antes 
que rijiera el Código, sonarlos pasados ya, y u<> i •• - 1 1 
dienres: en consecuencia, son válidos y produi 
efecto yestanfuera de la nueva disposición; peí 
dos los poderes otorgados antes de que empezara á 
rejir el Código Civil, no han podido ejercerse despm 
porque el acto no era pasado todavía sino pendiente: 
y por tanto estaba sujeto al alcance de la nueva 1< 
Esto mismo debe decirse respecto de fideicomis* 
testamentos hechos en común por dosó mas personas 
y de otros actos semejantes. 

34 — La segunda condición para que haya retroac- 
ción en laley Be verifica cuando se destruyen derechos 
adquiridos; pero nó cuando simplemente se trata de 
derechos futuros ó espectativas. Derechos adquiri- 
dos ó actuales son los (pie pueden ejercitan 
luego; los que ya si- poseen y se reputan por 1<> mismo 
como parte del patrimonio efectivo. Tales s,,n los que 
se derivan inmediatamente de un dbntrato de un 
testamento, cuyo autor ha muerto: no así los derechos 
facultativos, á menos que ya se hayan ejercitado, \ 
por razón de ese ejercicio, se hayan hecho nuestras 
las cosas que son su objeto. Estas facultades ut<.i 
das por la ley. son esencialmente revocables, porque 
el legislador permite pero no se obliga y puede n 
rar la facultad, sin justo motivo dequeja de aquellos 
que aun no han hecho uso de ella. 

35 — Las espectativas ó derechos Futuros, solo 
gérmenes de derecho que, para convertirse en verda 
deros derechos, necesitan indispensablemente que h 



gan lugar este ó aquel suceso, esta 6 aquella circuns- 
tancia, s¡ hoy. v. g. se institutiye por heredero á un 
individuo que, según lasleyes actuales, es capaz de 
heredar, mientras viva el testador, solo tiene una 
pectativa, un derecho futuro á la herencia; pero ten- 
drá un derecho efectivo y adquirido, cuando muera el 
testador. Sí pues, antes de la muerte de éste, seda una 
ley en virtud déla cual ese individuo y los demás que 
están en la condición de él, son incapaces de heredar, 
el testamento no producirá efecto, pero lo contrario 
sucederá si la ley se emite después de muertoel testa- 
dor: entonces el heredero tiene ya. no simple especta- 
tiva, sino un derecho adquirido que no puede arreba- 
tarle la ley. Bajo estas bases se puede hacer con fa- 
cilidad el examen especial de los diferentes negocios 
¡i que puede aplicarse la teoría espuesta. 

36 — Capacidad de las personas. La capacidad 
civil de las personas, está siempre bajo el do- 
minio razonable de la ley y ésta puede ampliarla, res- 
trinjirla ó hacerla desaparecer, según Las circunstan- 
cias y las exijenchis del ínteres jeneral, de modo que 
se vuelva incapaz para ciertos actps ¡'1 que antes tenia 
capacidad civil. Las leyes españolas, por ejemplo, li- 
jábanla edad de 26 años para la mayoría de edad y 
el consiguiente ejercicio de Los derechos civiles. La 
ley de L9 de Diciembre de 1871 y después, el Código 
civil (Artículo 28) establecieron la mayoría á los 21 
años, y estas disposiciones comprendieron aun a" los 
meiioje.s nacidos antes de que ellas se emitiesen, i'ov 
el contrario, si volvieran ;í rejir aquellas, los que á la 
fecha que empezaron á ser obligatorias no hubieran 
cumplido todavía los veinticinco años, volverían a la 
condición de menores, aunque ¡míes hubieran cum- 



27 
plido veintiún años; y hubieran adquirida, por 1" 
mismo, la calidad de mayores, porque, como se dijo 
ya, las facultades otorgadas por la ley, no tienen «'1 
carácter de irrevocables, pues el Legislador no con- 
trae el compromiso de ao retirar la concesión en nin- 
gún caso, aunque el interés público exija que se haga 
alteración. Massí serán válidos rodos los actos y con- 
tratos celebrados por ellosantes de la ley que retarda 
lamayoría, porque enrodó lo que ya se puso en prác- 
tica la facultad, debe mirarse como un derecho ad- 
quirido, y no puede quitarse sin grave perjuicio, es- 
pecialmente de tercero. Con igualdad de razón, piulo 
declararse, como se hizo, que los hijos menores que 
al comenzar á rejir el Código Civil, se encontraran en 
tutela 6 cúratela caerían en la potestad de la madre. 
y que si ésta uoexistia continuaría la tutela (Artícu- 
lo 1915 C. Pr. I 

37 — Contratos v cuasi contratos. Consecuen- 
cia natural de todo contrato es que las partes 
quedan obligadas á su cumplimiento, en virtud de la 
ley y de la obligación recíproca que voluntariamente 
se imponen. La ley determina las condiciones á (pa- 
los contratantes deben sujetarse en sus arreglos y tran- 
sacciones; pero, en cuanto está hecho el contrato con- 
formeá la ley existente, es un hecho consumado, un 
acto pasado ya, (pie no está sometido á las leyes que 
después sé emitan. Así pues, cualquier cambio en la 
legislación sobre los contratos, mirará solamente á lo 
venidero; mas todos los ajustados con anterioridad a 
él, quedan sujetos cu su fondo, en su forma, en su 
mutabilidad ó inmutabilidad y en las causas por (pie 
si 1 anidan ó rescinden, á las prescripciones bajo cuyo 
imperio se celebraron. Unaley que introduce nueva- 



28 

'•au>as dé resolución, rescisión 6 revocación de los 
contratos, no se aplica ;í contratos anteriores si se de- 
rivan de hechos anteriores á ella, ó de hechos poste- 
riores que nó dependen de la voluntad de la parte 
contra quienla resolución se pide; pero podrá aplicar- 
las causas provienen de hechos posteriores y de- 
pendientes solamente de la voluntad de esa parte, si 
al contrario, se suprime alguna de las causas de reso- 
lución que antes habia, no es aplicable esto ;i los con- 
tratos anteriores, porqueno puede impedirse quea- 
qnellas causas sigan produciendo su efecto. 

38— El principio de que se ha tratado se halla con- 
signadode un modo terminante en el Artículo 2.44:5 
de] Código Civil que declaró que las decisiones de los 
juicios sobre contratos 6 hechos anteriores á su pro- 
mulgación, delien arreglarse á las leyesque rejian en 
la época en que se celebraronó acontecieron. 

39. — Lo dicho es aplicable ne solo á los contratos he- 
chos simplemente, sino también á los condicionales 
cuya condición hubiere estado pendiente al empezar á 
rejir el Código, porque si es cierto que no puede pe- 
dirse el cumplimiento del contrato condicional, mien- 
tras la condición no se haya cumplido, el contrato con- 
dicional cuya condición s<- cumple, se considera eficaz 
desde que se celebró; y pasan los derechos y obliga- 
ciones que de él resultan, á los herederos de los contra- 
tantes que hayan fallecido, si el contrato es de aque- 
llos cuyos efectos se trasmiten á Los herederos | Artícu- 
lo 1,454 C. 

40 — Como los cuasi contratos solo S e diferencian de 

■ 'íirratos i-n la clase de consentimiento (pie les sir- 

sre debase,lo que acerca de retroactividad se establece 



29 

de los unos, debe entenderse también respecto de los 
otros. 

41 — Testamentos. Ks principio de legislación u- 
niversal que las disposiciones de un testamento no se 
consideran irrevocables hasta después de muerto el 
testador; porque mientras este vive, puede siemprere- 
vocarlas ó alterarlas a su arbitrio. Así lo reconoce 
también nuestro Código declinando terminantemente 
que el testamento no produce efecto sino desde la 
muerte del testador (770 C.) Muerto pues, el testador. 
su testamento es una cosa pasada; y no pueden apli- 
carse á él leyes posteriores/ pero, si estas comienzan á 
rejir, viviendo todavia el autor del testamento, debe a - 
tenderse á si recaen sobre las formalidades estrínsecas, 
ó sobre las disposiciones mismas que contiene, ó so- 
bre la capacidad legal del testador, ó sobre la de los 
herederos instituidos. 

42— En cuanto á las formalidades esternas, el tes- 
tamento se tiene como un hecho consumado desde (pie 
se otorga. Si en su otorgamiento se guardaron las so- 
lemnidades prescritas por las leves vijentes, aunque 
después se aumenten ó cambien esas solemnidades, el 
testador no tendrá que deshacer su testamento y ar- 
reglarlo en su forma á las nuevas leyes. El tiempo li- 
je aquí las solemnidades esteriores del acto, sí el tes- 
tamento era nido con arreglo á las antiguas leyes , por- 
que habia faltado un testigo, por ejemplo, y antes de 
que muera el testador, se modifica la ley, disminuyen- 
do en uno el número de los testigos, de suerte que i 1 
testamento quede conforme ;í las prescripciones de la 
ley posterior, ¿deberá tenerse como val ido i Pienso 
que no, porque nulo el acto en su orí jen por la infrac- 
ción de una ley que rejia en el tiempo en que se hizo, 



30 

no puede volverse valedero sin otro acto nuevo de 
partedel testador. 

4:i — Respecto del fondo de las disposiciones testa- 
mentarlas, cuota de libre disposición del testador, y 
capacidad de los herederos, el testamento no es un 
hecho consumado sino nn negocio pendiente hasta la 
muerte del testador. Pueden pues, las nuevas leyes, 
sin ser retroactivas, tener aplicación á ese testamento 
que todavía no puede mirarse como pasado: y por con- 
siguiente, solo deberá cumplirse enlo <pie no sea con- 
trario á ellas, teniéndose presente que la capacidad 
del heredero se juzga por el tiempo de la muerte del 
testador, y debe arreglarse por las leyes qne rijan en 
ese dia. 

44 — Los testadores deben siempre haber tenido capa- 
cidad de testaren la fecha en que se hace el testamento, 
y conservarla cuando mueren. Si cuando testan son 
legalmente incapaces, una nueva ley que quite esa 
causal de incapacidad, no dá valor por si sola al testa- 
mento otorgado durante la incapacidad. Si testan en 
una época en (pie tienen capacidad legal, y una ley 
posterior la quita, el testamento no tiene efecto, y la 
nueva ley no es sin embargo retroactiva, porque no 
hábia un derecho adquirido, sino un negocio todavía 
pendiente. Pero si el testador tenia capacidad Lega] 
para testara] otorgare] testamento y la tenia también 
al tiempo de su muerte, aunque en el tiempo interme- 
dio hubiera rejido alguna ley que lo hiciera incapaz. 

la disposición testamentaria se reputará como vale- 
dera. 

48 — Entre las disposiciones transitorias que rejistra 
• ■1 Código de Procedimientos Civiles, e] artículo 1.912 
ordenó que quedaran subsistentes los nombramientos 



31 

de albaceas hechos en testamentos anteriores al dia en 
que comenzó á Tejir, con tal de que el nombrado no 
tuviese impedimento legal y no hubiera herederos for- 
zosos. Silos hubiera, elalbacea debería ser elijido 
conforme al Código Civil, ven ningún caso podría «lu- 
jar en el ejercicio de su encargo mas de mi ano conta- 
do desde la fecha en que el Código tuviera fuerza 
legal. 

46 — Su cesiones entestadas. En estas, los derechos 
de los herederos se regulan por las leyes que rijen al 
abrirse la sucesión, esto es, al morir la persona cuyos 
bienes.se heredan abintestato. Si hoy fallece un indi- 
viduo cuyos herederos son los parientes colaterales 
mañana se declarase por otra ley que los colaterales 
no heredan abintestato. no perderían aquellos su de- 
recho ya adquirido; mas si la nueva ley se hubiera da- 
do antes de la muerte de aquel á quien se hereda, se 
rejia por ella la sucesión, porque los nombrados he- 
rederos solo tenían una espectativa ó derecho futuro 
pendiente. 

47 — Procedimientos judiciales. ^-Las leyes que 
se emiten después del fenecimiento de un proc< 
no afectan los procedimientos seguidos. En lo que 
tocaá ios juicios que se estén siguiendo al tiempo de 
promulgarlas, se consideran pasadas todas las dili- 
gencias practicadas antes de la ley nueva: las no 
practicadas aun. se sujetan á las leyes posteriores, 
porque no son hechos consumados todavía. Asi. el 
art. 1910 del Código de Procedimientos Civiles de- 
claró: que á éste debia sujetáis.' la sustanoiacion de 
los negocios pendientes, en el estado en que se en- 
contrase el dia en (pie comenzara ;í rejir; y consultan 
do un principio de equidad, añadió que, sí los tér- 



32 

minos señalados para un acto judicial, fueran meno- 
por el Código que loa que estuviesen ya concedi- 
se observaría lo dispuesto en la lejislacion ante- 
rior. El Código señala, por ejemplo, como término 
probatorio legal el de cuarenta días (021 1 que por las 

- españolas era de ochenta: si al comenzar á re- 
jirel Código de procedimientos, ya estaban concedi- 

- los ochenta días, debia aguardarse á que se con- 
cluyeran para tener por fenecido el término. 

48 — Nopueden los procedimientos antiguos conti- 
nuar empleándose en los asuntos anteriores por la im- 
posibilidad de hacer revivir las formalidades abolidas, 
engracia de solo un individuo, y por la naturaleza de 

- mismos procedimientos que, teniendo por objeto 
indagarla verdad ordenando el juicio, deben ser los 
(pie actualmente ve el lejislador que mejor conducen 
á ese efecto. 

4'»— Las sentencias, en cuanto a" su forma, están com- 
prendidas en los procedimientos: en cuanto á su esen- 
cia, siendo la aplicación de las leyes ¡i los casos par- 
ticulares, deben, por regla general, fundarse en las 
leyes que rejian en la época en que tuvo lugar el 
contrato ó hecho sobre que recaen (2443 C. Pr.) sal- 
ese trate de materias en que según los princi- 

- <!•■ quese ha hecho mérito, la ley nueva deba 
tener aplicación, sin ser propiamente retroactiva. 

Los recursos contra las determinaciones judi- 
ciales se rijcn por los miamos principios que los pro- 
cedimientos, de suerte que, en rigor, no puede tener 

ar un recurso que, aunque reconocido al iniciarse 
el juicio, ya n<> as legal al tiempo de interponerlo. V 
sin embargo, en este punto, por una consideración de 

idad, casi siempre las leyes que suprimen una 



33 

instancia ó recurso, contienen alguna disposición es- 
pecial acerca de los que están pendientes. Por eso 
el artículo 1911 del Código de Procedimientos Civiles 
declaró que los recursos que estuvieran legalmente 
interpuestos cuando comenzara á rejir, serian admiti- 
dos, aunque conforme á él no debieran serlo; pero se 
sustanciarían de la manera que en él se previene pu- 
ra los de su clase. Por eso también, al abolirse por de- 
creto de 1. ° de Junio de 1882, el recurso de súplica, 
se declaró que esa abolición no obstaba para que con- 
tinuasen su curso las súplicas que estuvieran yao- 
torgadas. 

51 — Lo que se dice de los procedimientos es apli- 
cable á las leyes que amplían, restrinjen ó suprimen 
los fueros especiales, y en conformidad á esto, el 
Decreto de 25 de Agosto de 1835 declara que tales le- 
yes rijen desde la fecha de su publicación, aun res 
pecto de las causas que versan sobre delitos ó contra 
tos anteriores. Si la ley declara, por ejemplo, que no 
hay fuero militar en asuntos civiles, los juicios pen 
dientes pasan desde luego para su prosecución y fene- 
cimiento á los tribunales comunes. Así. el art '>S'J de 
la segunda parte del Código Militar, habiéndose su 
primido el fuero en asuntos civiles de mayor cuantía, 
mandó pasar desde luego los juicios pendientes á Los 
Juzgados de 1. * Instancia qne correspondiera, con 
previa citación délas partes. 

52 — Los medios deprueba no pueden considerarse 
como simples procedimientos; afectan la parte sustan- 
tiva del derecho, y así, cuando se trata de probar en 
juicio una obligación, no se atiende para esa prueba 

á la Ley del tiemj n que se ejecutó la acción, sino á 

la del tiempo en que se aerificaron ¡os hechos de don 

:: 



34 

de nace, porque de otra suerte se opondría ;i la inten- 
ción manihVsta de los contrayentes y &e perjudicaría 
su derecho cuando ellos no dejaron de observar ley 
alguna. Así. si ántesdel Código se contrajo una o 
bligacion, aunque sea por mas de 500 pesos, podría 
hoy probarse con testigos á pesar de que el Código 
ya no admita esa prueba. 

-Ejecución de contratos y sentencias. Eje- 
cutoriadas estas ó perfeccionados aquellos, nacen 
para las partes interesadas, acciones que se cuentan 
éntrelos derechos adquiridos; y así, subsisten aun- 
que cambien las leyes, solo que el modo de ejecutar- 
los, ósea la forma enque ha de ex i a cumpli- 
miento, se rije por las leyes posteriores por ser futu- 
ra todavía. 

54 — Aquí también, lo dicho de los contratos, 
aplicable á los cuasicontratos. Conforme í\ esto, el 
artículo 1913 del Código de Procedimientos Civiles 
estableció que, al publicarse éste, quedaban subsis- 
tentes los nombramientos de tutores v curadores he- 
chos con anterioridad á la fecha en que comenzaba é 
rejir; pero que, en el ejercicio de sus funciones, y en 
la duración de ellas, se sujetarían á lo prescrito en el 
Código Civil. El 1914 dispuso que los negocios rela- 
tivos á tutela, a testamentarías y á intestados, ante- 
riores al Código Civil, se sujetaran é los requisitos 
que acerca de ellos se exijen en éste, ya para la ad- 
ministración y su garantía, ya para la rendición de 
cuentas ó el procedimiento. 

5 — Prescripción. La prescripción, mientras no 
está cumplida, no es un derecho adquirido sino una 



35 

cosa futura, sujeta á las leyes que se den antes de 
que se consume, las cuales pueden por consiguiei 
restrinjirla ó modificarla. Entre las disposiciones 
transitorias puestas al final del Código de Procedi- 
mientos Civiles se contiene la del artículo 1916 que. 
aclarado por el artículo 832 del Decreto respectivo de 
reformas, establece que la prescripción se computa- 
rá contando el período anterior al Código Civil con- 
forme á la legislación antigua, y elposteriorá la fe 
cha en que comenzó á rejir, conforme á éste. Tero si 
al comenzar á rejir, se hubiese cumplido el plazo de 
la prescripción que el misino designa, y no estuvie- 
se terminado el plazo reconocido por L aterio- 
res, tendrá la persona contra quien se haya prescrito, 
el término de un año para hacer valer su derecho. 
Esta concesión se fundó en que el Código, limitando 
los términos de la prescripción, podía causar perjui- 
cios, teniendo por consumada,. en»nn momento dado, 
una prescripción que no lo estaba, conforme á las le- 
vos bajo las que había comenzado; y para no cau- 
sar ese perjuicio, era indispensable conceder al- 
gún tiempo para el ejercicio de ese derecho que 
conforme á la ley anterior, no se habia estingui- 
do. Supongamos, por ejemplo, que un individuo 
tenia á su favor una acción hipotecaria. Conforma 
la ley 63 de Toro, el término de prescripción era 
30 años y conforme al artículo 658 del Código Civil 
es de quince. Si al comenzar á rejir este, iban corri- 
dos diez, el acreedor cuenta con otros cinco; pero si 

iban COrridoS diez V seis, si bien es cierto ([Ue no ten 
drá los catorce (pie todavía faltaban según la ley an- 
tigua, también lo es que no se tendría por prescrita 
inmediatamente la acción, en virtud de haber pasado 



36 

mas de quine»' años, sino que el acreedor tendrá un 
año mas para ejecutarla. De lo contrario, se perde- 
el derecho adquirido de poder aun llevar á cabo 
la acción, y el deudor convertiría su prescripción fu- 
tura en derecho adquirido. Para evitarlo, dando al 
mismo tiempo toda, su fuerza á las nuevas leyes, el 
Código arregló las prescripciones pendientes de mo- 
do que no perjudicaran los derechos adquiridos al 
tiempo de su promulgación. 

56— Delitos y faltas. En materia penal es mu- 
cho mas indispensable el principio de que la ley no 
tiene efecto retroactivo. Los hechos ejecutados cuan- 
do no había ley que declarase á su autor sugeto á res- 
ponsabilidad criminal, están fuera del alcance de to 
da ley posterior. Los hechos ejecutados cuando la ley 
imponía á su autor determinada pena, que por otra 
disposición se ha aumentado, antes ó después dejuz- 
Los definitivamente, no pueden rejirse en la pena- 
lidad por la ley posterior que agravó el castigo. En 
concepto, el artículo 17 del Código penal común 
y el 16 del penal Militar, declaran que no será casti- 
gado ningún delito ni falta, con pena que no se halle 
iblecida por ley anteriora su perpretacion. 

H7 — El efecto retroactivo seria injustificable para 
varia posición del reo del delito; pero no su- 
cede lo mismo cuando la retroacion va á serle favora- 
ble. Así el artículo 18del Código penal común consig- 
na que siempre que la ley modera la pena señalada á 
un delito ó falta, y se publicare antes de pronunciar- 
se el fallo que cause ejecutoria contra reos del mismo 
delito ó falta, disfrutarán éstos del beneficio de la 
ley. Mas amplio todavía el artículo 17 del Código pe- 



37 

nal militar, establece que las leyes penales militares 

tienen efecto retroactivo en cuanto favorecen al reo 
de un delito ó falta, aunque al publicarse aquella, hu- 
biera recaído ya sentencia firme, y el condenad'' es 
Tuviera cumpliendo ya su condena. 

58— Estas disposiciones se entienden en términos 
que si la ley posterior declara no justiciable el hecho 
queá la época de la ejecución constituía delito, no se 
impone á su autor ninguna pena: que el delincuente 
puede acojerse á todas las disposiciones favorables 
posteriores, aunque no reduzcan directamente la pena, 
por ejemplo, alas leyes nuevas que lijen menores ter 
minos para la prescripción de las acciones penales 
por ííltimo, que de todas las leyes que lian rejidoen el 
tiempo corrido desde la ejecución del delito hasta la 
sentencia, debe tomarse la mas benigna para el pro- 
cesado. 

f>9 — Esto se funda en que en lo criminal no ha; el 
conflicto <le derechos privados que hay en lo civil; y 
la aplicación inmediata de la nueva lev mas benigna, 
no infiere perjuicio á nadie. Es verdad que hay un 
interés social que reclama el castigo; pero ese interés 
no tiene en mira la venganza sino la represión compe- 
tente del delito. Si la ley posterior declara que el he. 
cho que antes se castigaba comodelito, no lo ee 
injusto é inmoral que se impusiera castigo á los que 
lo ejecutaron, solo por haber sido antes de la inti- 
ma ley. Si la ley posterior considera (pie las ante] i<. 

res lijaban una penalidad excesiva é inconveniente, j 
por eso la ha reducido, no se debe emplear aquella 
pena mas rigorosa, pero reprobada ya por la ley á cau 
sa de su rigor y desproporción. 
60— En cuanto á las acciones civiles que nacen di 



38 

delitos, como en ellas no se trata de un ínteres so 
cial. sino del ínteres particular, de la indemnización 
á que tiene derecho todo el que luí sido perjudicado 
por hecho de otro, pertenecen á lo pasado y serijen 
por lo mismo, en cuanto á su fondo, por Las leyes de 
la época en que tuvo lugar el hechoqueles dio oríjen. 

61— Leyes delórden político. En esta materia 
que es de orden público, tiene lugar también el prin- 
cipio de la no retroacion; pero presentándose el caso 
en que el efecto retroactivo de una Ley fuese prove- 
choso á los intereses públicos, sin perjudicar á los 
particulares, podriá dársele sin inconveniente, y la ley 
seria no solo útil sino justa. Ym lo relativo á la segu- 
ridad de la nación y al orden público, no hay derechos 
adquiridos de los individuos; y asi, una ley sobre e- 
sas materias destruyelos efectosde las leyes anterio- 
que sean contrarias á ella. 

62— La retroacción de las leyes de Derecho Público 
se verifica también cuando se refieren al ejercicio dé 
los derechos políticos. El Kstado. como hace notar 
Pacheco, essiempre dueño de fijar la capacidad polí- 
tica de los ciudadanos, estendiendola ó restrinjiéndo- 
la. porque esa capacidad ó estado es una convención 
puramente social, que solo dá facultades ó aptitudes, 
que uose adquieren irrevocablemente, sino que se e- 
jercen mientras dura la ley que Las crea. V por otra 
palie, sometida inmediatamente la capacidad política 

al interés público, puede la Ley variarla, cuando así 

lo exijan las eiscunstancias de la sociedad, sin que 
por eso viole derechos adquiridos, si se da una ley 
para que puedan ser electores Los que tengan 2\ años. 
aunque antes hubiese habido otra que exijiera 25, la 



30 

primera se -aplica á todos; y si e] caso fuera á la inver- 
sa, se aplicaría la segunda á todos, aun ;í aquellos 
que ya hubieran alguna vez ejercido ese derecho, me- 
diante la ley anterior. Lo que sí no podrá hacer la ley 
nueva es anular los actos ya ejecutados y consumados 
en virtud de la ley anterior, porque se verificaron te- 
niendo en su apoyo la capacidad otorgada por la ley 
existente entonces. 

63— Leyes íntebpbetativas. Algunos afirman que 
las leyes interpretativas, estoes, las que aclaran ó 
esplican una ley anterior, tienen efecto retroactivo. Lo 
tendrían ciertamente, si fueran con propiedad una ley 
nueva, pero, en rigor, no son mas que una declara- 
ción interpretativa. Así como el Juez, al declarar el 
sentido de una sentencia oscura, no da una nueva sen 
tencia sino meramente una declaración de la ya pro- 
nunciada, el legislador, al deolarar'el sentido de una 
ley oscura, no da una nueva ley, sino una declaración 
de la dictada con anterioridad. Esa declaración no 
manda, prohibe ó permite nada por sí misma, sino 
que espresa con mas claridad loque una ley anterior 
habia ya mandado, prohibido ó permitido. Ese acto es 
seguramente retrospectivo, porque mira hacia atrás, 
estoes, á la ley cuyo sentido declara, pero no retroac- 
tivo, porque no obra hacia atrás, desde que no lleva 
en sí efecto propio, sino el de la leyjque interpreta y 
á la cual se incorpora. Mas esta ley. aunque oscura, 
ha sido obligatoria desde su promulgación, y por er- 
róneo que sea el sentido que se le hubiese dado, no 
por eso la declaración que la interpreta podrá afectar 
en manera alguna las sentencias ejecutoriadas en el 
tiempo intermedio; de otro modo, si Jendrin la decía 



40 

ración efecto retroactivo sobre hechos ya consumados 
(Chacón, Esposicion razonada.) 

64 — Lo mismo debe sucede]' con las leyes que rec- 
tifican errores de otras. La ley correctoria se retrotrae 

al tiempo de la ley oorrejida, pero dejando subsisten- 
tes los derechos adquiridos en virtud de la ley errónea. 



PÁRRAFO SESTO. 



I. F E C T O 6 1) E I. AS L E Y E 8 



'i."> — El efecto inmediato de toda ley debidamente 
publicada, es obligar á todos á observarla. Sin nece- 
sidad de enterar á todos los individuos, de uno en ti- 
no, de lo que la ley dispone, hay una presunción que 
no admite prueba en contrario, de que una. vez pu- 
blicada en forma, todos la conocen porque todos 
tan obligados á conocerla. De allí los principios de 
que: la ignorancia del derecho no aprovecha y de 
que: tanto da conocer efectivamente la ley como ha- 
Ih ■■/• debido ó podido conocerla. 

66— Consecuencia inmediata de lo que acaba de 
decir-e es que nadie pueda alegar en su favor la tg 
noranciade las leyes (19 C.) La prueba de que una 
persona en particular lia tenido conocimiento de la 
ley es casi imposible, ó muy difícil en la mayoría de 
y envuelve araves inconvenientes; y la 
igualdad legal exije queno se hagan escepoiones, com- 
prendiendo en ellas á las mujeres, á los aldeanos, , -i 
los militares y :i lo-' menores que, como en Ja legis 



41 

laeion española, vendrían á constituir la regla gene- 
ral, erijiendo en principio la inobservancia autoriza- 
da de las leyes. 

67 — Consecuencia del carácter obligatorio de la ley 
es también que no pueda ser renunciada (7 C.) De 
lo contrarío quedaría en mano de los individuos que 
habian de respetaría y cumplirla, dejarla sin efecto. 
con solo hacer renuncia de ella. Acerca de este parti- 
cular, hay que tener presente que las leyes pueden 
ser prohibitivas, preceptivas y perm ¡sicas. Próh ¡hi- 
dras las que. como su nombre lo indica, prohiben al- 
guna cosa, por ejemplo, que el tutor adopte ;í su 
pupilo antes de terminada la tutela y aprobadas las 
cuentas (270 C): que se renuncie el derecho de pres- 
cribir (634 C.) Leyes de esta especie claro es que no 
admiten renuncia. Hay otras preceptivas que man- 
dan que se baga esto ó aquello, que se proceda de 
este ó del otro modo, por ejemplo, que en el otor- 
gamiento de los testamentos deban concurrir tales ó 
cuales circunstancias, tales ó cuales otras solemnida- 
des: que los contratos cuyo ínteres esceda de qui- 
nientos pesos se hagan constar en escritura pública 
ó privada. Estas leyes que equivalen á prohibir lo 
contrario de lo que en ellas se prescribe, siguen la 
misma suerte de las prohibitivas, y en consecuencia, 
tampoco cabe renuncia]' de ellas. Finalmente, hay 
leyes llamadas permisivas, porque se limitan á con- 
ceder una facultad de la que puede ó no facerse li- 
so, y por lo misino (pie se trata de un derecho facul- 
tativo, no hay inconveniente en que se renuncien, 
siempre que en realidad el derecho sea puramente 
privado, sin afectar el orden público ni las buenas 
costumbres que van comprendidas en aquel, ni los 



42 

lejítiinos derechos de un tercero. Así. la ley conce- 
de al fiador el derecho de pedir qne se ejecute al 
deudor antes que él; pero es libre para renunciarlo 

(2227 ('. i: así también la ley da á las partes para la 
prueba de los liedlos que se controvierten, el térmi- 
no de cuarenta dias;pero las partes pueden pedir que 
dé por concluido el término renunciando á él. 
aunque no esté vencido todavía (662 Pr. i Así es, á la 
inversa, que la ley no admite el pacto de que no que- 
de el vendedor sujeto al saneamiento ([lie resulta de 
un hecho personal suyo iart. 1586 C. i Mas cuando la 
ley prohibe la renuncia, aunque sea de un derecho 
facultativo, no puede hacerse; por ejemplo, la facul- 
tad de revocarla donación 1 733 C.) La mujer no pue- 
de renunciar en las capitulaciones matrimoniales la 
facultad de pedir separación de bienes. (11G5C.) 

68— El artículo 7.° del Código Civil que se refie- 
re á ese particular ha quedado modificado por el 
2. c del Decreto de Reformas de 20 de Febrero de 
1882 en el que. consignándose con mas claridad y 
precisión los principios de la materia, se dice: "Pue- 
den renunciarse los derechos conferidos por las le- 
yes con tal que solo miren al inferes individual del 
renunciante y que no esté prohibida su renuncia: 
pero no podrán derogarse por convenios particula- 
Las otras leyesen que está Interesado el orden 

público." 

69— Las leyes prohibitivas de que ya se ha hecho 
mención tienen por objeto reprimir <■;■ hechos. 

aunque con una sanción meramente civil sin acudir 
al castigo público que imponen las leyes penales. 
La prohibición Be propone precaver un fraude é, <■- 
vitar que produzcan derechos, actos contrarios á 



43 

ella, al ínteres social y á las buenas costumbres. Sien- 
do tal el fin, su efecto naturales la nulidad del ac- 
to prohibido ú otra consecuencia señalada especial- 
mente por la ley; y de aquí se infiere que los ac- 
tos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibiti- 
vas son nulos escepto en los casos en que las mismas 
leyes acuerdan su validez (9 C.) 

70 — A veces la misma ley prohibitiva contiene la 
declaración especial de nulidad de los actos contra- 
rios á ella, pero esto no es indispensable para que 
haya nulidad, á menos que la misma ley disponga 
otra cosa: así, se prohibe que el fiador se obligue 
por mayor cantidad 6 con mas gravamen que cilia- 
do; y no obstante, no es nula la lían/a sino que sola- 
mente se tiene por no hecha en cuanto al esceso 
(2223, 2224 C.) porque la ley así lo declara. 

71 — Cuando la ley declara nulo algún acto, con el 
fin espreso ó tácito de precaver un fraude ó de pro- 
veer á algún objeto de conveniencia pública ó priva- 
da, no puede dejar de aplicarse la ley aunque se 
pruebe que el acto que ella anula no ha sido frau- 
dulento y contrario á su fin (10 C.) Sise permi- 
tiera esa prueba, seria fácil, por una parte, eludir la 
ley, so pretesto de interpreta/" iones equitativas para 
casos particulares; y por otra, quedaría su aplicación 
al arbitrio del Juez, lo cual debe evitarse. Si un 1 
tadór, por ejemplo, instituye por herederos á su 
confesor, ó al escribano que autoriza el testamento, 
será nula la institución, aunque se pruebe (pie no hu- 
bo sujestion ni influencia del confesor ni fraude del 
escribano, porque la ley lo prohibe con un fin de 
conveniencia pública, cual es que no se violente, 

«coarte .ó suplante la voluntad del testador (811 C 



44 



PÁRRAFO SÉTIMO. 



E - T E X BION -I I" K I s D I c c I (» N A L 1> E 



L A 6 J. F. Y 1 



72— Para proceder con mayor claridad en esta ma- 
teria, es decir, para determinar á qué personas, cosas 
y contratos ae estiende el imperio de una ley, convie- 
ne tratar de bu «-stension respecto de las personas, de 
los bienes raices, de los muebles y de las formalidades 
esternas de los actos jurídicos. Al efecto, las leyes se 
dividen en personales que reglamentan el estado y la 
capacidad civil de las personas: &n penales y de poli- 
cia y seguridad que tienen por objeto la represión de 
los delitos. la conservación del orden publico y la se- 
guridad del Estado y de los ciudadanos: en reales, 
que recaensobre la calidad y derechos de los bienes 6 
cosas; y enformale& que reglamentan las formas ester- 
nas de los actos 6 procedimientos. 

73 -Las Leyes penales, de policía y de seguridad, 
obligan ;i todos los que se encuentran en Guatemala, 
sean residentes 6 transeúntes, nacionales ó estranje- 
ros, salvas las disposiciones establecidas por el dere- 
cho internacional <artículos4 C. y 100 del Deo. de :'><> 
«le Setiembre de 1879. i La razón es que todo el que se 
halla en Guatemala está protejido por sus autoridades 
en su persona y en sus bienes, y debe, por lo mismo, 
someterse ;i lasleyes que, para prestar esas garantías, 



45 

consignan las disposiciones convenientes, ya penales 
ya de seguridad y policía. El orden no podría conser- 
varse, ni mantendría el Estado su soberanía si se 'lis- 
pensara su observancia, y shse admitieran en el 
particular otras escepciones que, las que el de- 
recho de jen tes lia consignado, para guardar toda 
consideración á la independencia del carácter diplo- 
mático. Cualquier .estranjero pues, ó nacional que, 
fuera de esos casos de escepcion, infrinja en Guate- 
mala una ley penal ó un reglamento de policía, será 
juzgado por los jueces y tribunales de Guatemala con 
arreglo á nuestras leyes y sufrirá la pena que ellas ha 
yan determinado. Aun cuando el delito haya sido co- 
metido fuera del territorio de Guatemala, hay casos 
que el Código de Procedimientos Criminales atribuye 
competencia á nuestros jueces para conocer de esos 
procesos, dadas ciertas circunstancias (artículos 23, 
24, 25) 

74 — La ley personal í> estatuto personal, según i 
plican Laserna yMontalban es la que se refieri direc- 
ta y esclusivamente al estado civil déla persona, y 
por lo tanto, á su condición y capacidad para los actos 
de la vida civil. El estatuto personal, dicen, sigue al 
hombredonde quiera que esté y le sujeta á la ley del 
país á que pertenece. Con arreglo ¡i ella sedecidesi uno 
es nacional ó no, si está ó no en el ejercicio de sus dere- 
chos civiles, si es padre ó hijo de familia, lejítimo ó i 
lejitiino.niayor ó menor de edad: se determina la es1 
sion, derechos y deberes de la autoridad paterna, la 
legitimación, la adopción y la emancipación: la cons 
titucion, naturaleza, facultades y responsabilidad de 
los tutores y guardadores de los menores ó incapacita 
dos, el llamamiento de los que lian de desempeñar 



40 

esas funciones: la capacidad para contraer ^matrimo- 
nio; la validez intrínseca de] acto y sus ciceros civiles 
respecto ala autoridad marital, tanto culo que con- 
cierne á las personas como á los bienes de cada uno 
de los conyujes y de La sociedad conyugal; la di- 
solución del matrimonio, el divorcio ó separación 
de los casados: la capacidad de obligarse y de obligar 
á otros, la de comparecer en juicio, la de testar y ad- 
quirir por testamento, y la de trasmitir y adquirir por 
«ion intestada. En estas materias, e] estranjero 
que está en Guatemala sigue sujeto á la ley de] país á 
que pertenece, como lo está alas de Guatemala el gua- 
temalteco <¡iic se halla en 1 1 estranjero mientras pon- 
serva su nacionalidad. La ley declara, por ejemplo, la 
mayoría á los 21 años: ningún guatemalteco se repu- 
tará mayor hasta esa edad, aun cuando estuviera en 
un país cuyas leyes fijaran la mayoría á los 18 años. 
Y s¡ por e] contrario, estuviera en nn país en que la 
mayoría fuese á los 25 años, le bastaría haber cum- 
plido 21 para ser mayor. Así también, el matrimonio 
entre estranjeros, celebrado fuera de Guatemala surte 
aquí todos sus efectos civiles, si es válido en el país 
en q lelebró (121 C.) y por eso también es condi- 

ción indispensable para que produzca efectos civiles 
en Guatemala el matrimonio celebrado por un guate- 
malteco ii guatemalteca en e] estranjero, que no hayan 
contravenido á nuestras disposiciones legales relativas 
á la aptitud para contraer matrimonio y al consenti- 
miento de los padres 1 133 C.) 

17) — Las ley es reales son las que tiene// por objeto 
principal los bienes, sin consideración al estado ó á 
l<i capacidad de las personas; y los bienes se divi- 
den en muebles é inmuebles. Los muebles por su nata- 



47 

raleza signen la condición de la persona á quiep per 
tenecen, y conforme á los principios sancionados por 
el derecho internacional, que son los que rijen en falta 
de disposición especial, quedan sujetos á laley perso- 
nal del propietario. Esto se ha consignado en el afo- 
rismo conocido: los muebles se adhieren y siguen ala 
persona. En algunos Códigos se ha declarado qne 
gobiernan por la ley del lugar en qué se encuentran, 
fundándose en que con la soberanía de ese países con 
la que efectivamente están en relación, en qne á su 
imperio están realmente y de hecho sometidos, y en 
que, puesto que la sumisión de los muebles á taló 
cual ley, jamas deja de ser instable, debe establecerse 
respecto de la ley del país en donde están, mas bien 
que respecto de cualquiera otra. El artículo 15 del ' 
digo nuestro establece que,en ios contratos celebrados 
ó testamentos otorgados por un estranjero y que ha- 
yan de ejecutarse en la República, el otorgante será 
libre para elejir la leyá que haya de sujetarse la 
lemnidad interna del acto, en cuanto al ínteres que 

consista en bienes muebles. 

76 — En cnanto á los bienes raices sitos en la Repú- 
blica, el artículos. z declara que rejirán las leyes gua- 
temaltecas, aunquesean poseídos por extranjeros. Pre- 
valece pues, sobre inmuebles, la ley del lugar de la 

situación, lexloci rei sitae. Los inmuebles hacen par- 
te del territorio y forman uno de los elementos di' la 
soberanía nacional; y así como la soberanía extiende y 
debe extender su acción á todas las personas que for- 
man la nación como miembros de ella.de la misma 
manera se extiende y debe extenderse á todas los pro. 
piedades que forman parte de su territorio. 

77— A la clase di- leyes reales pertenecen las que 



48 

clasifican las cosas enmueblesy raices y lasque or- 
denan las adquisiciones por accesión á raices, ^la 
constitución de Las servidumbres personales y reales 

tímente admitidas, y la estension derechos y 
obligaciones de aquellos á cuyo favor se hallan cons- 
tituidas servidumbres ú otras convencionales. 

- mismas leyes, haciendo abstracción de la capa- 
cidad que por regla general tiene el ciudadano, ri- 
jen en lo concerniente á la sucesión intestada y á su 
división, por la parte que álos inmuebles se refiere; 
en su toma de posesión, en el modo de conservarlos, 
trasmitirlos y de inscribirlos en los rejistrosde la pro- 
piedad inmueble, en las obligaciones que nacen de 
bu enajenación, en las causas porque esta se anula. 
resuelveó rescinde, en las obligaciones que provie- 
nen de su arrendamiento, en su espropiacion por 
causa de utilidad pública, en su prescripción y en 
la estension de las acciones para su reivindicación. 

78— Las leyesformales son las que determinan las 
mnidades de los actos lícitos, por ejemplo, de 
los contra! tamentos, juicios &. Esas solemni- 

dades se dividen en internas y esternas: las internas 
constituyen la esencia legal del acto, por ejemplo, 
tratándose de una venta, que la cosa sea rendible; 
'le mi íesi.'ün ue el heredero íin tenga prohibi- 

ción de heredar. Estas solemnidades internas son 
pues, el objeto de las leyes leales y personales, y por 
i artículo 15 del Código establece que, en or- 
den á la solemnidad interna de contratos ó testa- 
(jue hayan en la República y 

sen sobre mices en ella situados, debe observarse 
la lev de Guatemala. 

solemnidades esternas *<>n las que se re- 



49 

fieren á la forma ó requisitos externos de que ha 
de revestirse un acto. El testador solo puede insti- 
tuir heredero al que tenga capacidad para heredar, 
y observándolo así, guarda una solemnidad interna: 
la solemnidad externa consistirá en que concurran las 
condiciones exijidas para su otorgamiento, en cuan- 
to á, concurrencia de Escribano, número de testi- 
gos &. 

80 — Tratándose de la forma de los actos ó instru- 
mentos, ó sea de las solemnidades externas, el prin- 
cipio de derecho internacional es el siguiente: loras 
regit actum, esto es, la ley del lugar en que pasa el 
acto,' cualquiera que ella sea, es la que rige respecto 
de su, forma. Si así no fuera, el individuo se veria 
imposibilitado para ejercer acto alguno legal fuera 
de su patria, 6 los encargados de redactar esos actos 
tendrían que conocer las formalidades de todas las 
diversas naciones para a justar á ellas la forma de 
cada convenio, según la nacionalidad de los contra- 
tantes. Reconocimiento del principio espuesto es la 
disposición del artículo 15 del Código Civil que de- 
clara que, respecto de la forma ó solemnidades ex- 
ternas de los contratos, testamentos y de todo ins- 
trumento público, regirán las leyes del pais en que 
se hubiesen otorgado. Mas cuando el acto haya de 
tener ejecución en el territorio de la República, y 
puedan en país extranjero, llenarse las formalidades 
prescritas por nuestras leyes, uojiay razón para e- 
xigir precisamente que las formalidades sean las pres- 
critas por las leyes del lugar en que pasa el acto, y 
no puedan serlas que requieren las nuestras; y con 
ese motivo, el artículo deja en ese caso, á los guate- 
maltecos ó extranjeros residentes fuera de la Repú- 

TO.M. I. 4 



50 

blica, en libertad para escoger las formas exterioras 
ordenadas j.>or la ley del lugar en que el acto pasa, ó 
por el Código nuestro. 

81 — En aplicación de estos principios, el matrimo- 
nio contraido en el extranjero por guatemalteco ó 
guatemalteca, produce aquí efectos civiles, si apto el 
contrayente por nuestras leyes, hace constar que se 
celebró con las formas y requisitos que, en el lugar 
de su celebración, establece la ley respectiva (183 C.) 

82 — El testamento de un guatemalteco en pais ex- 
tranjero vale cuando se otorga en la forma que esta- 
blezca y ante quien determinen las leyes del pais en 
que se halla el testador; y valdrá también otorgán- 
dolo ante el agente diplomático, ó en su falta, ante 
el agente consular de Guatemala, observándose en 
cuanto al número de testigos y demás solemnidades, 
las disposiciones del Código (789 C.) 

83 — Los instrumentos públicos otorgados en el ex- 
tranjero hacen f é como tales, estando debidamente tra - 
ducidos, autenticados y legalizados, y con el pase 
del Presidente del Poder Judicial; pero la parte con- 
tra quien se presenten, puede alegar y hacer uso délos 
recursos que le favorezcan conforme ú las leyes de la 
República (682, 684 C. pr. 1. c del Dec. de22 de No- 
viembre de 1879 y art. 14 inc. 1. c Dec. de 17 de Fe- 
brero de 1880.) 

84— Relativamente á las senteni Las dictadas eD pais 
extranjero, tienen en La República la fuerza que i 
tablezcan los tratados respectivos, y en Ealta de <■- 
lio seguirá el principio de reciprocidad, '.lucien- 

do lo mismo que en el pais de donde proceden, se ob 
serva con las nuestras (1563, 1504. L665 C. Pr.) De 
todos modos, para qne tenga fuerza La ejecutoria ex- 



51 

tranjera, debe reunir las. circunstancias siguientes: 
(1566 C. Pr.) 

1. ^ Que haya sido dictada á consecuencia del 
ejercicio de una acción personal. 

2. rt Que no haya recaido en rebeldía. 

3. °* Que la obligación para cuyo cumplimiento 
se ha procedido, sea lícita en la República. 

4. * Que sea ejecutoria conforme á las leyes de 
la nación en que se dictó. 

5. rt Que reúna los requisitos necesarios según el 
Código para ser considerada como auténtica. 

85 — Acerca de procedimientos judiciales, es prin- 
cipio umversalmente aceptado que deben emplearse 
los establecidos por las leyes de la nación ante cuyos 
tribunales se litiga, sea cual fuere el orí jen de la ac- 
ción. Ni podría ser de otro modo sin introducir la 
confusión mas monstruosa, poniendo ademas á los 
jueces en una verdadera imposibilidad, ya que ten- 
drían que conocer y aplicar, según cada caso, los pro- 
cedimientos fijados por leyes extranjeras, y de aco- 
modarlos á una organización diversa. 

86 — Por lo dicho se ve que habrá algunos casos en 
que nuestros tribunales, por tratarse de esos actos 
que hacen relación al Derecho Internacional priva- 
do, deban resolver según la ley estranjera, como ex- 
cepción al principio de que no se debe juzgar sino 
por lo dispuesto en las nuestras, ni dejar de aplicar- 
las (arts. 17 C. y 1. ° 19 C. Pr.) Cuando eso suceda. 
como los tribunales guatemaltecos no están obliga- 
dos á conocer todas las leyes extranjeras, á sato 
existen ónó, y si están ó nú derogadas 6 modifica- 
das, el que funde su derecho en ellas está obligado 
á probar su existencia (16 C.) Esta es la prueba que 



se llama de ley bjfoero, ;í laque se contrae <'l artícu- 
lo 600 del Código de Procedimientos Civiles, estable- 
ciendo qne solo los hechos están sujetos á prueba, y 
que el derecho lo estará únicamente cuando se fun- 
de en leyes extranjeras. Hablando con propiedad, 
aun entonces la prueba recae sobre un hecho, el de 
la existencia deesa ley extranjera. El artículo 16 ya 
citado del Código Civil decía también que habia de 
probarse que la ley extranjera era aplicable al caso 
en cuestión; pero esta última parte quedó suprimida 
en la reforma, porque ese punto es una cuestión 
de derecho que debe quedar al criterio del Juez, 
del mismo modo que quédala resolución de si las 
leyes nuestras son ó nó aplicables al caso en que al- 
guno las invoca en apoyo de alguna acción 3. ° Dec. 
núm. ■212. \ 

PÁRRAFO OCTAVO. 



I \' T E K 1» K E T A cío N I) E L A 8 1. E Y K 8 



S7 — La interpretación de la leye es la declara- 
ción <!<■ los conceptos de una ley que. aparecen du- 
dosas-, oscuros, 6 presentan varios sentidos, aislan 
en oposición con otrasleyes. La interpretación tiene 
pues, por objeto, darle su verdadero sentido, ó sea 
comprenderla intención del legislador y el objeto y 
msion de la ley. La interpretación es muchas ve- 
ces necesaria, ó porque realmente la ley se presta á 
andad y duda, ó por la imperfección del len- 
guaje, ó porque la ley indispensablemente tiene 



53 

que ser general, mientras que hay una infinita va- 
riedad en los casos á que se aplica, en los detalles 
que se ofrecen y en las circunstancias que los rodean. 

88 — Los tratadistas distinguían tres clases de in- 
terpretación: la auténtica, la usual y la doctrinal. 
Auténtica la que se hace por el mismo legislador- 
declarando el sentido de la ley: usual la que emana- 
ba de la costumbre, dando á la ley el sentido en que 
se ha usado; y doctrinal ó (-'nidifica la esplicacioü 
racional de lá verdadera inteligencia de la ley, he- 
cha por los que se dedican al estudio y á la éxp< 
cion del derecho. 

89 — La interpretación auténtica es la única que tie 
ne fuerza legal, y por consiguiente, la única admi- 
sible como obligatoria. Solo el que emitió la ley pue- 
de fijar legalmente su sentido, su inteligencia y 
tensión; y en ese concepto, y refiriéndose á esa in- 
terpretación con carácter obligatorio, es que el inci- 
so' 1. ° del artículo 54 de la Constitución señala co- 
mo atribución esclusiva del Poder Legislativo inter- 
pretar las leyes que deben regir en todos los ramos 
de la administración, siguiendo el aforismo de de- 
recho: ejus estlegem interpretar i cty'us est legem 
condere: solo puede interpretar el que puede legislar. 

90 — El sentido que se haya dado especialmente pol- 
los tribunales en sus resoluciones á una ley, ósea 
la interpretación usual, no tiene fuerza obligatoria 
desde que esuna prohibición la de juzgar por ejem- 
plos ó precedentes (Inc. 1. ° art. 19 C. Pr.) 

91 — La interpretación doctrinal tampoco tiene fuer- 
za legal obligatoria sino la de las razones y funda- 
mentos en que se apoye. Es indispensable, sin em- 
bargo, para el estudio ó inteligencia délos testos le- 



54 

gales, y es la que viene á formar la ciencia del dere- 
cho ilustrando á los que tienen que aprender y apli- 
car sus disposiciones. 

92 — Para esta interpretación que es la misma que 
debe hacer el Juez cuando aplica un precepto legal 
que ofrece alguna duda, sirven en lo general los 
principios racionales de una filosofía concienzuda y 
las reglas de lógica para el descubrimiento de la 
verdad. El Código consigna además como guias prin- 
cipales algunas de las reglas contenidas en los Có- 
digos antiguos, y son las siguientes: 

93 — 1. * — Citando el sentido de la ley es claro, no 
se desatenderá sa tenor literal á pretesto de consul- 
tar su espíritu. 

Pero bien se puede, poro interpretar una espre- 
sion oscura, de lo ley, recurrir á su intención ó 
espíritu claramente manifestado* en ella misma 
ó en la historia fidedigna de su establecimiento. 
(242o C.) Esta historia la componen los motivos que 
tuvo el legislado]' para adoptarla, consignados por 
lo regular en los considerandos que preceden á la 
parte dispositiva de la ley: la comparación éntrela 
nueva ley y la antigua, y el examen de los defectos 
de esta que el legislador se propnso remediar y de 
la innovación ó mejora que se quiso introducir, la 
disensión de la ley y los motivos de las variaciones y 
enmiendas que en la discusión haya sufrido. 

iM— 2. rt — Las palabras de la ley se > ntendt rá/n < n. 
su sentido natural y obvio f segun el uso gt ñero l de las 
mismos palabras; juro cuando el legislador las ha- 
yo definido espr esa/mente para ciertos materias, se 
les dará en estas su significado legal (2420 C.) La ra- 
zón es que en easo de duda, y no habiendo razón en 



55 

contrario, debe presumirse que el legislador usa las 
palabras en el sentido que todos les dan. Pero cuando 
espresamente les da otra significación para casos de- 
terminados, debe en esos casos estarse á ella, porque 
no hay duda ya respecto de su intención y voluntad. 
Así, para los efectos legales solo se llama ausente el 
individuo cuyo paradero se ignora ó que se halla fue- 
ra de la República (84 y 85 C.) Así, los artículos 6<>o 
y 601 definen lo que se entiende por víala fé en 
materia de accesión: el 647 reformado esplica lo 
que se llama, justo ¿£¿z¿Zo_parala prescripción; y el ar- 
tículo 811 espresa que para el caso de prohibición de 
heredar, se entiende por confesor del testador, el sa- 
cerdote con quien este se hubiere confesado, aunque 
no haya sido mas que una vez. 

95 — 3 d — Las palabras técnicas de toda' ciencia y 
orle se tomarán enei.senti.do queles dan los que las 
j>rofesan,á menos\que aparezca ciar amenté que se han 
tomado en sentido diverso (2427 C.) Respecto de esta 
regla debe decirse lo mismo que de la anterior: si la 
palabra técnica se ha empleado impropiamente en la 
ley, pero aparece con claridad que en ese sentido im- 
propio la tomó el legislador, no puede tomarse en o* 
tio que, aunque sea elpropio, no es el que se le quiso 
dar. 

96—4." — El contexto de una ley servirá para i- 
lustrar el sentido de cede una de sus per/e*, de ma- 
nera que haya entre ellas la debida correspondencia 
y armonía. 

Los pasajes os'curos de una leypui di n ser ilustra- 
dos por medio deotras leyes, particularmenü si i 
san sobreel mismo asunta (2426 C. 

Las disposiciones de una ley tienen todas entre si 



56 

íntima relación, y todas y cada una espíresan y com- 
pletan el pensamiento del legislador, de modo que pa- 
ra descubrir la verdadera inteligencia de cada una de 
sus lentes hay que estudiar el todo, invirih- est, de- 
fia la ley romana, nisi tota lege prospecta, judien r< 
ni responderé. 

97— 5. rt — Lo favorable ú odioso d< ana disposi- 
ción no se toma en cuenta para ampliar ó n súrinjir 
su interpretación. La estension que deba darse á to- 
da ley se determinará po^su' genuino sentido y se- 
gún las reglas de inierpretacionprecedéntes (2429 C.) 
Cuando la ley es clara, por dura que sea, por contra- 
ria que aparezca á la equidad, no puede prescindirse 
de ella, porque en todo caso, mientras el legislador no 
la reforma, vale mas someterse á una regla escrita, 
cierta y conocida que hacer prevalecer la arbitrarie- 
dad sobre la ley. Así pues, habiendo claridad en la 
disposición de laley, debe, conforme esplica Chacón, 
dársele su genuino y natural sentido, y no desaten- 
derse su tenor literal á pretesto de que, consultando 
su espíritu, se puede ampliar ó restringir su alcance, 
según que el objeto á que se reíiere, sea favorable ú 
odioso. Si por razón de equidad, ó délo odioso y de lo 
favorable, fuera lícito estender ó restringir la ley fue- 
ra de sus términos claros y precisos, la interpretación 
seria superior á la ley. Sin embargo, en materia de 
servidumbres el artículo 1300 establece que cualquie- 
ra duda sobre su uso y estension, se decida en el sen- 
tido menos gravoso para el predio sirviente, sin impo- 
sibilitar óhacer muy difícil el uso de la servidumbre» 

98—6. - — En los casos en que no pudieren a/picar- 
se los reglas de interpr< (ación precedentes, se inter- 
pretarán los pasajes oscuros <> contradictorios del ¡no- 



57 

do que mas conforme parezca al espíritu general de 
la legislación y á la equidad natural (2430 C.) Del 
contenido de esta regla y de su esplicacion habrá o- 
portunidad de hablar al tratar mas adelante de la a- 
plicacion de la ley. 

99 — 7. * — Como regla de interpretación ha de tener- 
se también la de que las disposiciones de una ley, re- 
lativas acosas ó negocios particulares, deben j> re ca- 
lecer sóbrelas disposiciones generales de Je misma 
ley, cuando entre lasunasty las otras: no hubiere a- 
cuerdo (8 C.) Esta regla es una aplicación del princi- 
pio de que lo especial (Irroga lo general: si una dispo- 
sición de la ley se fíjó en todos los casos generales y 
otra en alguno ó algunos particulares, con circunstan- 
cias y detalles propios, esta última que es mas conc 
ta y determinada debe naturalmente, en caso de con- 
flicto, tener preferencia sobre la otra, en las cosas ó 
negocios particulares á que se refirió, por 1q mismo que 
es mas circunscrita á ellos y (pie lí>s considera de un 
modo menos universal. 

100 — 8. * — Regla también de interpretación en la 
aplicación déla ley es que el que ejerciendo su pro- 
pio derecho, procura sus intereses, debe encaso de 
conflicto, y áf alta de. disposición especial, ceder al 
que trata de evitarse perjuicios (artículo 12 C.) El 
supuesto de la regla es, según es[>lica uno <le los in- 
dividuos de la Comisión de Códigos de la Baja Cali- 
fornia, que se están ejercitando derechos de dos ó mas 
personas colocadas en diferentes condiciones; porque 
mientras alguna ó algunas los hacen valer, encamina- 
dos á adquirir ganancia en virtud de un título luna- 
mente lucrativo, otra ú otras hacen valer unos que a] 
no ser atendidos, producirían daños positivos que ven- 



58 

drian á menoscabar él patrimonio que estaba ya ad- 
quirido. En armonía con. esta disposición, no hay h& 

rencia ni legados mientras no están pagadas las deu- 
das del difunto. En armonía con ella. puede hacerse a- 
notacion preventiva sobre bienes ya anotados, salva 
siempre la preferencia del tirulo oneroso sobre el lu- 
crativo (2120 C. 

101 — A veces sucede que aparecen dos artículos dei 
mismo Código en contradicción que no puede salvar- 
se. Algunos creen que en tales casos debe prevalecer 
la disposición del que tiene un número de orden pos- 
terior, por suponer que con este se quiso derogar el an- 
terior. No creo que esto pueda admitirse: una ley no 
se deroga por sí misma, ni un Código, que es un solo 
cuerpo, que recibe su fuerza legal de un solo y misino 
acto, en un mismo momento, puede derogarse á sí 
propio: délo sontrario, loque se habría hecho era su 
primirel artículo anterior que quedaba derogado. No 
habiendo allí le}* anterior ni ley posterior, porque es- 
to supondría que habían sido emitidas en diferentes 
tiempos, pienso que debería darse preferencia á la ley 
sustantiva sobre la adjetiva; y siendo ambas de la 
misma especie, habría que decir francamente que la 
dificultad era insoluole, y que representarla puraque 
el legislador le pusiera fin. Ejemplos de esas contra- 
dicciones se ofrecen, en materia de alimentos, éntrelos 
artículos 240 y 244: en el número de años cuyos rédi- 
tos garantiza la hipoteca entre los artículos 2028 y 
2392: en cuanto á la ejecución contra tercer poseedor, 
entre los artículos 2034 C. y ft68 inciso 2. ° Procedi- 
mientos civiles: en entinto al tiempo en que termina 6] 
derecho para reclamar las identidades entre loa artícu- 
los 2403 C. y 1432 C. Pr.: en entinto al término para 



59 

pedir posiciones, entre los artículos 231 y 634 C. Pr. : 
en cuanto al efecto de la confesión judicial, entre los 
artículos G40 y 650 C. Pr.;y en muchos otros; pero to- 
das esas contradicciones han desaparecido desde la 
emisión del Dea de Reformas á los Códigos que estu- 
diándolas, puso en armonía las diferentes disposi- 
ciones. 



PÁRRAFO NOVENO. 



A I' L I (' A (' I (» X ]) E L A L E V . 



102— La aplicación de las leyes civiles y penales 
que forman el derecho privado, á las cuestiones y he- 
chos particulares, corresponde al Poder Judicial, por 
medio de los Jueces y tribunal es (artículo 2. c del 
Dea de 17 de Febrero de 1880.) 

103 — Los Jueces no pueden dejar de aplicarlas ni 
juzgar sino por lo dispuesto en ellas (artículo 17 C.) 
porque para hacer esa aplicación se hallan esta- 
blecidos, y tanto faltarían á su deber negándose á 
aplicarlas, como aplicando, en vez de ellas, principios 
caprichosos y arbitrarios. 

104 — Alguna vez podrá acontecer (pie los Jueces no 
encuentren ley aplicable, ó que la que existe, aparezca 
oscura,ó dudosa ó insuñciente. El Código declara que. 
ni aun entonces, pueden suspender ni negar la admi- 
nistración de justicia por falta, oscuridad ó insuficien- 
cia de las | leyes (artículo 18 C.) Tan estricta es esta 
obligación que faltar á ella, constituye motivo (\r res 



60 

ponsabilidad criminal, y se castiga con la pena de sus- 
pensión de ofício de seis meses á un año (200 C. 
Pen. i Las leyes establecen disposiciones generales que 
no pueden siempre amoldarse exactamente á los infi- 
nitos accidentes y especialidades de los casos particu- 
lares. Los Jueces, consultando la razón y el buen sen- 
tido, y los principios de una interpretación lójica y 
justa, deben hacer la aplicación del precepto jeneral á 
las cuestiones especiales: no puede ocurrirse en cada 
caso dudoso al legislador, porque se establecería un 
caos en las resoluciones, y porque convirtiéndolo en 
Juez, se le despojada del carácter de imparcialidad 
que debe tener al dar la ley, no fijándose en este ni en 
el otro caso, en esta ni en aquella persona, sino en la 
justicia y el interés social. 

105 — Y como la ley en realidad no puede preveerlo 
todo, y como por meditada quesea, siempre puede te- 
ner imperfecciones y vacíos, se lia señalado al Juez el 
camino que debe seguir para resolver esos casos difí- 
ciles. Debe atender: 1. c al espíritu de la ley: 2. ° á 
otras disposiciones sobre casos análogos; y 3. ° á los 
principios generales del derecho, sin perjuicio de diri- 
gir, por separado, las correspondientes consultas á fin 
de obtener una regla cierta páralos nuevos rasos que 
ocurran (18 C. inciso 12 artículo 16 C. Pr. i 

106 — La aplicación por analojia no es mas que la 
aplicación de la ley á un caso para el que no ha sido 
dictada, pero se estiende á él por la semejanza 
que hay, y en falta de otra mas adecuada y concreta. 
De aquí el principio de que donde liay la misma ra- 
zón de la ley, debe ser aplicable la misma dispo- 
sición. 

107 — Las consultas «pie los Jueces pueden y del ten 



61 

hacer respecto do las leyes cuya aplicación ofrece di- 
ficultad, 6 deben ser anteriores á rodo caso particular, 
ó si el caso se lia presentado ya, deben ser posteriores 
ala resolución de él. La disposición que se dé en vir- 
tud de esa consulta debe servir para los nuevos 
que ocurran, y no para el que se presentó ya, el cual 
debe ser determinado por los Tribunales, del modo (pu- 
les parezca mas justo, siguiendo las reglas de que se 
ha hecho mención. Esas consultas se dirigen por los 
Jueces y Tribunales al Presidente del Poder Judicial, 
quien, con dictamen fiscal 6 informe suyo, las remite 
á donde corresponde (artículo 20 del Dec. de 17 de 
Febrero de 1880.) 

108— En la aplicación de las leyes civiles el urden 
es el siguiente: 1.° las disposiciones posteriores al 
Código, y entre ellas principalmente la ley funda- 
mental; 2. ° el Código; y 3. ° las leyes patrias vi- 
gentes el 15 de Setiembre de 1877. 

109 — Las leyes españolas vigentes en esa misma fe- 
cha, debian consultarse después, según el art. 2441 
del Código que decia quedaban derogados iodos 
los Códigos españoles que, en materia civil hablan 
formado la legislación del país, las leyes, decretos, ór- 
denes y resoluciones emitidas en materia civil desde 
el 15 de Setiembre de 1821. que se opusieran á las 
disposiciones del Código. Difícilmente hay materias 
de derecho civil no tratadas por el Código, y así, no 
se esplicaba por qué se dejaban vijentes, como de- 
recho supletorio, todas las leyes anteriore iüo- 
las, cuyos inconvenientes, para que rigieran entre no. 
sotros, fueron uno de los principales motivos parala 
formación de Códigos propios. Pero esa dificultad 
quedó obviada ya por el artículo 871 del Decretode 



62 

Reformas al Código Civil que declara derogados de 
una manera absoluta todos los Códigos y leyes es- 
pañolas. 

110 — En materia de hacienda, de minería, de los 
fueros de guerra y de comercio, se observan de pre- 
ferencia sus Códigos, ordenanzas y reglamentos res- 
pectivos, sujetándose al Código Civil solo en lo que 
no se halle resuelto por ellos (2442 C.) 

111 — En materia de procedimientos solo 'rige el Có- 
digo respectivo y las leyes posteriores á él (1917 C. 
Pr.) Lo mismo sucede en materia penal, pues por 
el artículo 446 del Código respectivo solo quedaron 
en vigor las leyes anteriores relativas á delitos espe- 
ciales. Lo mismo en los procedimientos criminales. 
(151 C. Pr. Pen.) 



PÁRRAFO DÉCIMO. 

A B R «» <; A C I o X V D E R O (i A ( I <> X 1) K 

I. A L E Y . 



112 — La tuerza obligatoria de la ley subsiste mien- 
tras el Poder competente no la declara sin vigor en 
todo ó en parte. Puede en efecto, suceder que la ley 
no deba subsistir, en su totalidad ó en alguna de sus 
disposiciones, porque hayan cambiado las circuns- 
tancias que la motivaron, ó porque haya variaciones 
en la sociedad que hagan inútil ó perjudicial lo que 
ánte.s era conveniente y aun necesario. Entonces, el 



63 

Poder que tuvo facultad para dar la ley, tiene fa- 
cultad para modificarla ó derogarla. 

113 — Hay abrogación de una ley cuando otra pos- 
terior la deja absolutamente sin vigor en todas sus 
disposiciones. Hay derogación de una ley cuando la 
ley posterior solo deja sin efecto algunas, quedando 
subsistentes otras de las disposiciones de la anterior. 
Entre nosotros, sin embargo, y en muchas otras le- 
gislaciones, se usa casi esclusivamente de la palabra 
derogación, aplicándola tanto á la anulación comple- 
ta como á la parcial de leyes anteriores. 

114 — La ley no queda abrogada ni derogada sino 
por otra posterior (II C.) y esa derogación ó refor- 
ma es atribución esclusiva del Poder Legislativo (In- 
ciso 1. ° art. 54 Const.) De aquí se deduce que no 
puede admitirse la costumbre contra la ley, ó lo que 
es lo mismo, que una ley no puede ser derogada pol- 
lina costumbre ó práctica en contrario ó por el no 
uso de ella, ya que nada de esto constituye ley, y 
que una ley no puede quedar sin efecto sino median- 
te otra ley, ni corresponde la derogación de ella 
mas que al Poder que tuvo facultad de formarla. 
El artículo 6. °.del Código Civil declara, de un mo- 
do terminante, que contra la observancia de la ley 
no puede alegarse desuso, costumbre ó práctica en 
contrario. La razón que para ello se ha dado es cla- 
ra: nadie puede eximirse del cumplimiento de la ley 
sin violarla é infrinjirla, y esa infracción es un ac- 
to atentatorio á la soberanía de la sociedad. Para 
que una costumbre derogue una ley, se necesita una 
sucesión de actos contrarios á ella, es decir, una cons- 
tante violación de la ley; y si permitiera esto, sumi- 
nistraría ella misma los medios de eludir sus pres- 



64 

cripcipnes y sancionaría su desobediencia y oposL 
cion. Por otra parte, es cierto también que admiti- 
da la costumbre contra ln ley, ademas de faltarse al 
requisito indispensable de la promulgación, ningún 
jurisconsulto, ningún .Juez podría saber qué leyes se 
hallaban vigentes y cuales estaban derogadas, pues- 
to que bastaba una costumbre que no se promulga, 
para abrogar 6 derogar una ley escrita. 

ll.-> — La derogación ó abrogación de las leyes pue- 
de ser espresa 6 tácita* Espresa cuando la nueva ley 
dice que deroga la antigua. Tácita cuando la nueva 
ley contiene disposiciones contrarias á las de la an- 
terior, sin espresar que la deroga. Esta derogación 
tácita se funda en que dos leyes de la misma natu- 
raleza, inconciliables entre sí, y sobre la misma ma- 
teria, no pueden existir á un tiempo, y debe supo- 
nerse así, que prevalece la posterior cuyo objeto de- 
be ser corregir la anterior. En lo que no haya in- 
compatibilidad, la ley anterior se tiene como incor- 
porada en la nueva, de suerte que la derogación tá- 
cita deja vigente en las leyes anteriores, aunque ver- 
sen sobre la misma materia, todo lo que no pugna 
con las prescripciones de la nueva. 

116 — Una ley general posterior no deroga tácita- 
mente una ley especial anterior, porque no hay in- 
compatibilidad de tal naturaleza que puedan presu- 
mirse ipsojv/re derogadas las disposiciones que no lo 

ii expresamente. Otra cosa será si. con evidencia, 
por el objeto ó espíritu de la ley posterior, resulta 
el propósito de dejar sin efecto la especia] ¡interior. 



65 
PÁRRAFO UNDÉCIMO. 

D E R E C U O C 1 V I i. 



117 — Según el objeto sobre que recaen, hay unas 
leyes fundamentales, otras orgánicas y adminis- 
trativas, otras civiles que pueden propiamente ser 
tales, ó de 'procedimientos, 6 de comercio; otras pena- 
les, militares, fiscales ó de hacienda. 

118 — La palabra justicia se toma unas veces piu- 
la razón 6 legitimidad que asiste á una persona res- 
pecto de alguna pretensión: otras, como una cuali- 
dad moral para dar á cada uno Jo que legítimamen- 
te le corresponde: otras, como la conformidad de los 
actos con las leyes existentes; y oirás en fin, como la 
aplicación de esas mismas leyes, y aun como las per- 
sonas que hacen esa aplicación. 

119— Las leyes civiles propiamente tales de que va 
á" tratarse, pertenecen al derecho privado y son las qut 
determinan las relaciones particulares* délos indi- 
viduos entre sien las diferentes circunstancias <!< 
la vida. Estas leyes generalmente se denominan sus- 
tantivas, á diferencia de las que solo lijan la forma ó 
el procedimiento, que se llaman adjetivas, porque 
suponen una ley que determina la naturaleza y con- 
diciones constitutivas de un acto. El conjunto de las 
leyes civiles es lo que forma el derecho civil, y la 
ciencia de ese derecho, ó sea i I esl lidio razonado y li- 

losófico de las Leyes, constituye la jurisprudencia. La 
jurisprudencia examina los principios fundamenta- 
les y, aplicando ese criterio, explica y juzga las leves 

TOM. I. 5 



66 

positivas existentes. El Código civil es la reunión 
ordenada y metódica de todas las leyes civiles qu< 
se refieren al Derecho privado. 

12o — Eli Derecho Civil y el Código en que se ron- 
tiene, se ocupa del hombre, de su personalidad y de 
sus derechos desde el instante de su nacimiento. Le 
sigue después en las diversas situaciones de la vida, 
ya como miembro subordinado de una familia, ya 
como jefe de ana nueva por medio del matrimonio; 
ya entrando en sociedad con otros. La acción de la 
ley aparece aun al acabarse con la vida los derechos 
del hombre, para fijar los efectos que respecto de 
los demás produce ese acontecimiento. El Derecho 
Civil no se ocupa solo de las personas, sino también 
d<' las cosas, elementos indispensables para la vida 
y comodidad del hombre: determina su calidad, el 
modo de adquirirlas, de poseerlas y de trasmitirlas, 
á fin de garantizar esos elementos precisos de la exis- 
tencia del individuo. Por último, autoriza y ¡•••ola- 
menta las relaciones cutre los individuos que produ- 
cen obligaciones recíprocas, para nacer eficacesypo- 
sitivos sus efectos y precaver sus al misos. 

121 — Siguiendo esta división, que es la misma de] 
Código, se tratará 1. c de las personas, su estado, su ca- 
pacidad y derechos en sus diferentes condiciones: 2. - 
délas cosas, sus divisiones y diferencias, los modos de 
adquirirlas y conservarlas, de los derechos sobre ellas. 
de-las desmembraciones que puede sufrirla propiedad 
y de la trasmisión por sucesión testamentaria ó intesta- 
da; 3. ° por último, de las obligaciones y contratos. 
de sus 1 caracteres, de las condiciones que deben tener 
para surtir efectos legales, de su cumplimiento y re- 
solución. 



LIBRO PRIMERO. 



DE JL A. S PERSONAS 

TITULO PRIMERO 

DE LAS PERSONAS Y SU DIVISIÓN. 



PÁRRAFO PRIMERO. 



E 6 T A I) O N A T r K A !. V I V ] I. 



122 — Se coloca en primer lugar el tratado de Las ¡ 
sonas, porque ellas son Los sujetos de LosderecHt 

123 — Bajo la palabra persona se comprende todo 
capaz de derechos y de obligaciones cioües\ y siendo 
capaces deesos derechos y obligaciones, lauto el hom- 
bre individualmente, como algunas asociaciones 
corporaciones en su er de tales, las personas son 



68 

naturales ó jurídicas (20 C.) 

124— Persona naturales todo individuo de la espe- 
'<■ humana, porque cualquiera es capaz de derechi 
sean los que fueren bu edad, sexo, estirpe ó condición. 
Así pues, entre nosotros no cabe la distinción que ha- 
cían las leyes romanas cu i n> hombre y persona: el es- 
clavo era hombre y nó persona; mientras que en nu< 
tra legislación, hombre y persona natural son sinó- 
nimos. 

12o— Persona jurídica, en contraposición á la perso- 
na natural, es toda asociación ó corporación estab 
cida con algún fin, ó por algún motivo de nulidad 
publica i-l-l I 

126— Los hombres, bajo cuya palabra se coínpn 
de en todas las disposiciones legales á los individuos d i 
uno y otro sexo, cuando no distinguen espresamente, 
tíos varones, (26 C.) tienen diferen 
>ndicionómodo deexisl social que les dá dis- 

tintos derechos y rr<Ki diversas relaciones legales. La 
m en <¿ue cad'i persona se encuentra en .sus 
relaciones de derecho, es lo quése llama esta* 

127— El estado es natural ó civil. Es natural el que 
resulta • '¡Tíos naturales, independient la 

voluntad di Ividuo; y es civil el que resulta 

las disp délas lepes civiles. La naturaleza 

misma es la que coloca al hombre en uno ú o ita- 

do natural: ¡a ley locólo-,: mediante algunas cir- 
cunstancias, en uno ú otro de los estados civiles que 
ella reconoce. El estado natural y el civil, y su deter- 
minación, son importantes porque forman el punto de 
partida de los derechos y obligaciones. La ley debe 
é igual, pero esc mismo principio de igual- 
dad exije, segó ¡ h i di afecte diversa- 



69 

ment" á las personas, conforme á su diferente capaci- 
dad física 6 moral. Según su estado natural los hom- 
bres se dividen 1. c en nacidos y por nacer: 2. ° cu 
varones y mugeres: 3. c en mayores y menores <!<■ 
edad: 4. ° en capaces ¿incapaces. 

128 — A diferencia del estado natural que es la co 
dicion en que el individuo ha sido puesto por la natu- 
raleza, el estado civil es una condición b calidad a 
da por las le¡/es civiles, mediante la cual sep 
ejercer cortinas ó me i kj* amplitud, ciertos derechos ó 
contraer ciertas obligaciones civiles (434 C.) En el 
estado civil se hacen las distinciones siguientes: 1. c 
Entre guatemaltecos y extrangeros. 2. ° Entre domi- 
ciliados y no domiciliados. 3. ° Entre presentes y au- 
sentes. 4. ° Entre personas que no tienen dependen- 
cia jurídica y lasque sí la tienen de otras,por razón de 
matrimonio, de patria potestad, ó de tutela 6 guarda. 
Estas disposiciones, ó proceden solamente de la ley. ó 
si dinamande la naturaleza, como la paternidad, i 
ben de las leyes civiles su sanción y complemento. 



PÁRRAFO SHGUNDO. 



rsr a c i d o s v pok nao e i: 



129— Según el estado natural, como que se lín 
en un fenómeno de la naturaleza, el hombre es nacido 
ó por nacer (21 C.) Desde que princip 3tencia, 

necesita de algunos elementos y condiciones para & 
tinuarla; desde entonces, -pues, goza de los derecl 



70 

que como hombre le reconocen las leyes (22< 
130 — Estas llevan su protección hasta á los seres 

concebidos ya, pero que aun están por nacer; nías no 
pndiéndo entonces suponerse en ellos ninguna obliga- 
ción, solo los reputan nacidos para todo aquello que 
les favorece (23 C.) Así es que el hijo que está por na- 
cer, y ha sido concebido durante el matrimonio, tiene 
á su favor la presunción de legitimidad, á no ser que 
se pruebe en la forma competente,lo contrario 1 2< 10 C.) 
Así es también que basta estar concebido en la época 
de la donación entre vivos, para ser capaz de adquirir 
por este título, ó en la época del fallecimiento del do- 
nante, cuando la donación es por causa de muerte 
(7:22 C.) Así es igualmente que para ser heredero, bas- 
ta estar concebido al tiempo de la muerte de la perso- 
na á quien se hereda (760 C.) y que puede darse tu. 
tor al que está por nacer. 

131 — Para que el no nacido herede y trasmita esos 
derechos, es indispensable que llegue á nacer: tratan- 
do del donatario, la ley requiere que nazca capaz d 
vivir, y tratando del heredero, que viva, por lo menos. 
veinticuatro horas, y que nazca configura humana. Se 
necesitaba pues, según el Código, mas para la herencia 
que para la donación, pues debe suponerse capaz de 
vivir al que ha vivido veinticuatro horas, de modo 
que, para heredar, concurren las tres condiciones. 
mientras que para la donación no se pide mas que na- 
cer con capacidad de vivir, capacidad que aun podrá 
haber en muchos casos en que la vida no llegue á du- 
rar veinticuatro horas. 

132 — La razón dice (pie en uno y otro caso deberías 
igualmente exijirse las mismas condiciones, y así es 
hoy, conforme al articulo 140 del Decreto de reformas 



71 

al Código Civil, habiendo quedado suprimida la de la 

capacidad de vivir por ser inútil desde que se requie- 
re que la vida haya durado veinticuatro horas. La ne- 
cesidad de esa capacidad para vivir ó de que él feto 
nazca viable, se refiere á los términos que la naturale- 
za ha fijado para la gestación ordinaria, suponiéndose 
asi incapaz de vivir á aquel que nace antes de cierto 
tiempo, contado desde la concepción; pero si la ley ha 
fijado un término de la duración de la vida y ese fcéi - 
mino se recorre, debe admitirse la capacidad para vi- 
vir, sin entrar en otras cuestiones ó indagaciones so- 
bre viabilidad. 

133 — Es preciso que el nacido viva veinticuatro !. 
ras completamente separado de la madre, esto es, con 
vida propia (artículo 140 eit.) con el objeto de evita;' 
los difíciles pleitos que resultarían si, naciendo muer- 
to un niño por ejemplo, se pretendiera heredarlo, ale- 
gando que tuvo un instante ó dos de vida. Los dere- 
chos civiles, dice Calderón, se dan para entrar en la 
vida; y deben negarse, por consiguiente, al que no en- 
tró en ella. Cuando una criatura ha vivido veinticua- 
tro horas ó mas, se puede asegurar sin equivocación. 
que hubo vida en ella, y capacidad de derechos, j 
aléjala posibilidad de un fraude, porque muchas per- 
sonas podrán ya dar testimonio déla vida de! niño. 
El período de duración de la vida que líjala ley, tiene 
necesariamente que ser arbitrario: el de veinticuatro 
horas, sin ser muy dilatado, es el suficiente para cercio- 
rarse de la existencia y establecer la presunción «1»' 
que el nacido entró en posesión de sus derechos. 

134— Se necesita también que el nacido tenga figura 
humana (artículos citados» pon pie. se dice, los derechos 
civiles son para los individuos de Laespecie humana. \ 



72 

esclusivamente para ellos; y no se puede tener como in- 
dividuo de esa especie, al que no tiene la figura que la 
distingue y caracteriza. El liecho solo de nacer con al- 
guno ó algunos miembros muertos, imperfect< >s <'> du- 
plicados, no debe considerarse bastante para estable- 
cer la incapacidad del nacido, siempre que tenga la fi- 
gura humana, la cual supone el hecho de vivir veinti- 
cuatro horas. 

13.5 — Cuando dos ó mas nacen de un mismo parto, 
son iguales en los derechos civiles que dependen de 
la edad, sin distinción por razón de sexo ó por otro 
motivo (24 C.) La ley no puede autorizar ni reconocer 
distinciones que la naturaleza no ha hecho: si natu- 
ralmente han nacido á un tiempo, no debe admitirse 
entre ellos diferencia de edad ni desigualdad alguna 
en los derechos que de ella provengan. El punto que 
decide aquí la leyera de suma importancia cuando 
admitían las vinculaciones y mayorazgos y era de tan- 
ta trascendencia establecer á quien correspondían los 
derechos de primogenitura. Poruña razón análoga, 
siempre que no fuere posible saber cual murió prime- 
ro de dos ó mas personas que fallecieron en un nau- 
fragio, incendio, terremoto úotro acontecimiento, se 
les a muertas á un tiempo (748 C), punto im- 

portante en materia de sucesione 

13G — Efecto también de la protección que dan las 
leyes al que aun no ha nacido es erigiren delito el 
hecho del quede proposito causa un aborto, bien pro- 
hecho de la misma muger encinta, & de otro 
cualquiera (262, 263, 264 y265C. Pea.) 



73 



PÁRRAFO TERCERO. 



V A IX O N E S Y M I" Q E i: !■: s . 



137 — Otra división que se hace délas personas, a- 
tendido su estado natural y por la diversidad del sexo, 
es en varones y mngeres (25 C). Unos y otros gozan 
de los derechos civiles y están sujetos ;', las obligacio- 
nes que el Código establece (27 C. i: así es que los 
principales efectos de esta división, se relacionan con 
el ejercicio de derechos políticos y funciones de carao 
ter público. Tiene todavía, sin embargo, algunas apli- 
caciones en el derecho privado, pues aun prescindien- 
do de las relaciones especiales que crea el matrimonio. 
las mujeres, con excepción de las madres y demás as- 
cendientes no pueden servir la tutela (inciso 3. a ! 
C.) ni ser guardadoras; ni desempeñar poderes judi- 
ciales, á menos que sean de sus maridos 6 parientes 
dentro del cuarto grado (inciso 3.° 133 0. pr. > Tampo- 
do pueden ser síndicos de un concurso aunque sean 
comerciantes (inciso 2° 250 C. Comercio y 280 del D 
de reformas al Cod. de Pr. eiv;) 

138 — Por las consideraciones debidas ¡i su sexo, pi; 
de el Juez, según las circunstancias, recibir las de- 
claraciones de las mugeres propuestas comotestig 
en la casa de ellas (801 C. Pr. | 

139 — En ('aso de divorcio 6 de nulidad del matrimo- 
nio, las hijas de cualquiera edad, que sean menores, 
quedan en poder de la madre; y los varones mayores 



74 

de cinco años, en el del padre, excepto que aquel a 
quien corresponda tenerlos, sea de conducta deprayada 
(182, 183 y 184 0, 



PÁRRAFO Cl ARTO. 



21 A Y O B E S V M E X o R V. s 



140— División que procedí' de la naturaleza es i 
gualmente laque, por razón de la edad se hace de Las 
personasen mayores y menores, pues por mas qm 
la ley civil la que jija la época en que se alcanza la ma- 
yoría, es observando la edad en que ya setieneel 
desarrollo y la capacidad indispensable para ejercer 
iodos los derechos civiles por sí y de un modo inde- 
pendiente. 

141 — Nuestrasleyes fijan la edad de la mayoría á los 
21 años; y así, son mayores de edad Los que los han 
cumplido; y menores los que aun no lian licuado á e- 
Llos (28 C:) Por la mayoría se adquiere la capacidad 
para todos los actos de la vida civil, y en esa virtud; a- 
caban la patria potestad y la tutela (incisoS. 2'.)2 y 
392 C.) no habiendo otro motivo ó impedimento que ;¡ 
ello se oponga independientemente de la edad (29 C.) 
Los menores de veintiún a üos pueden, sin embargo, 
ejecutar por sí algunos actos para Los que la ley los 
declara capaces; pero es indispensable, por lo mismo, 
que haya una disposición espresa que los autorice 

142 — Como ae ha indicado antes, al fijarse en los 



7.-) 

veintiún años la mayoría de edad, lia sido atendiendo 
á que, al llegará ella, se tiene ya la madnréz de juicio 
necesaria para manejarse por si: no todos los indivi- 
duos la obtienen precisamente en el misino periodo; 
pero se ha estado á lo qne sucede mas frecuentemen- 
te, para establecer así una regla general como ha de 
ser la que dé la ley. 

143 — La edad, ó sea el tiempo que se h<> vivido 
desde el nacimiento, no solo sirve para lijarla ma- 
yoría, sino que las leyes contienen diferentes pres- 
cripciones para diversas edades. Se hará mención de 
la.s mas importantes. 

144 — Desde que el varón cumple catorce años y 
doce la muger, se les reconoce aptitudes para con- 
traer matrimonio (inc. 1.° 120 C.) 

14;") — Los menores de veintiún año- [tan, p¡ 

contraer matrimonio, el consentimiento de las per- 
sonas de quienes dependen 1 122 y 123 < 

140 — El adoptante debe ser mayor de sesenta años, 
y lo menos quince mayor que el adoptado; 3 
siendo mayor.de catorce años, debe prestar ante el 
Juez su consentimiento para la adopción 1 Art. 86 del 
Dec de reforma», 269 C. y 1811 C. Pr.) Cuando el 
hijo es menor de diez y seis años, su padre puede 
ordenar su detención, sin espresar causa, debiendo 
consignarla, si fuese mayor de esa edad. (288 y 289 • '. 
En defecto del padre, la madreó los demás que lic- 
úen á su cargo el cuidado del menor, pueden usar 
de ese derecho, con tal que no tenga diez y seis años 
(290 C.) 

147 — Para que el hijo pueda ser emanoipado, 
preciso que haya cumplido diez y ocho años (301 C. 
reformado por el 93 del Dec. de 20 delibro, de 1882 



76 

148 — En caso de divorcio 6 de nulidad del matri- 
monio, todos los hijos menores de cinco años quedan 
en poder de la madre, y los varones mayores de e- 
sa edad. »-n el del padre, á menos que, por la depra- 
vación de aquel á quien corresponde tenerlos, sea 
mas conveniente confiarla al otro (183 y 184 C.) 

149— Durante los tres primeros años del hijo, el 
padre no tiene facultad de llevarlo;! su casa ¡-ara cum- 
plir allí la obligación de alimentarlo (249 C.) 

150— El varón mayor de catorce años y la mu 
mayor de doce, tienen, en su caso, derecho de ¡tro- 
poner tutor judicial (329 C.) 

151 — Los menores de veintiún años no mieden ser 
tutores (inc. 1. ° 340.) 

152 — Los menores de veintiún años generalmente 
no pueden por sí enagenar sus bienes (091 C.) y 
contra ellos no corre la prescripción (675 C.) 

153— Pueden sí disponer de ellos por testamento, 
acto para el que tienen capacidad si tienen catorce 
anos (inc. 1. ° 795 I 

154— El mayor de diez y ocho años aunque i 
lia jo la potestad del padre, puede donar los bienes 
que le pertenecen en propiedad y usufructo (710 C. l; 
con igual razón puede enajenarlos á título onero- 
so y disponer libremente de esa misma clase de 
cuando no esté sujeto á patria potestad sino á 

tutela 

155 — Los menores de veintiún años están sujetos 
a tutela ó patria potestad; y para la enagenacion y 
arrendamiento de sus bienes, deben observarse las 
disposiciones de que se hará mención tratando ele I:' 
patria potestad y de la administración de la i niela. 

156 -Los que no han cumplido veintiún años no 



77 

pueden ser albaceas (165 Dec. de reformas al Código 

Civil.) Tampoco pueden contratar por .sí. sin estar 
provistos de la correspondiente habilitación d. c 
1417 C), ni ser mandatarios extrajudiciales (2194 C. . 
ni judiciales (1. ~ 133 C. Pr. i, ni ser*Juecesi L1C. Pr. 
y84del Dec de 17 de febrero de 1880). ni asesores 
(30 C. Pr.) ni notarios (2. c art*4. c Dec. 20 de 
brero de 1882,) ni síndicos de concurso aunque * sten 
emancipados é habilitados de edad (1. c 1250 C. com. 
y 28<) del Dec. de reformas al Código de Procedimien- 
tos de 2o de febrero de 1882, (ni Jueces arbitros (1. c 
35 C. Pr.) ni ejercerla profesión do Abogado (1. c 
117 C. Pr.) para lo cual no se ve razón, por lo que 
esta disposición debiera haberse derogado en la re- 
forma. 

157 — Para que los varones ó mugeres puedan de- 
clarar como testigos encausas civiles y en las cri- 
minales del fuero militar, deben tener diez y seis a- 
ños (783 C. Pr. y 202 Cod. Mil. 2. * parto; y ningu- 
no, aunque sea mayor de esta edad, puede declarar 
sobre hechos acaecidos antes de cumplir doce años 
(784 C. Pr.) Cuando los testigos son de edad avanza- 
da., y no puede deducirse todavía la acción respe* 
déla que han de declarar, puede recibirse su 
claracion como información ad perpetuara <•_'. - 301 
C. Pr.) Mientras mas próximos son por su edad 
testigos á los hechos antiguos sobre que declaran, 
son mas atend idos sus dichos (821 C. Pr.) L 
ñores de diez y seis años no pueden i un 

testamento (1. c 156 del Dec. de reformas al Código 
Civil que alteró el \.~ ~, ¡a misma edad de- 

ben tenerparalos otros instrumentos públicos (fr. 
1. " 51 Dec. de reformas al Código de procedimientos 



78 

que modificó e] Los testigos de asistencia en 

lo judicial deben ser mayores de veintiún anos (131 
¡. i? febrero de 1880.) 

mayores de veintiún años no pueden re* 
clamar alimentos, ano Ber habitualmente enfermos 
ó impedidos (1. c 255 I 

159— El hijo de familia mayor de diez y ocho anos. 
legalmente emancipado ó con autorización espresa de 
su padre, puede ejercer el comercio, y también el me- 
nor habilitado legalmente ó con licencia espresa del 
tutor; pero para celebrar sociedad colectiva necesita- 
ría siempre ademas, autorización especial conferida 
por la justicia ordinaria (arts. 8, 9 y 234 C Com.) 

160 — Los menores de edad no pueden desistir <!" 
:¡n juicio (440 C. Pr.): la posesión definitiva de la he- 
rencia puede darse ruando lia trascurrido, sin haber 
noticia suya, <■] tiempo necesario para que el aus< n- 
¡ngasetenta años (100 C): losque lian cumplido 
s.'scjit;i años, pueden esousarse 'Ir ser tutores (104 
del Dec. d anas ;i¡ Cod. Civ. núm. 27-2): y puede 

• ■1 Juez recibir, en sus casas, á los testigos mayores de 
esa edad, y según Las circunstancias, sus respectivas de- 
clarado "1 C. Pr.) La edad de los otorgantes de- 
be espresarse, así «orno el estado civil, en los instru- 
mentos públicos (2. ° 163 C. Pr.) 

1G1— Por la legislación española, los menores te« 
nian también el privilegio llamado de restitución in 
¿ntegrum, en virtud del cual podían rescindir, du- 
rante su minoría y cuatro años mas, los netos ó con- 
tratos 'ui que hubieran sido perjudicadosj aun cuando 
hubiera intervenido el guardador. El artículo. 483 lo 
abolió, declarando que la ley no lo reconoce; y con 
razón, porque ademas de dejarse con él inseguros 



79 

pormucbo tiempo los derechos, se perjudicaba á los 
mismos menores, porque nadie quería esponerse á 
contratar con ellos. Envezdela restitución, la ley 
ha ocurrido á velar por los verdaderos intereses "de 
los menores estableciendo garantías, generalmente hi- 
potecarias, á favor de éstos, fijando reglas estrictas 
para la administración desús bienes, y creando en los 
administradores, serias respi >nsabilidad< 

16^ — La, determinación de la edad es indispensa- 
ble en ciertos casos, en materia criminal, para estable- 
cer cuándo hay, y en qué grado, msabilidad 
criminal (inc. 1. c y 2. ~ art. 6: => 2. = art. 7. c 3 
( '. pen), y para la forma en que deben cumplir 
condenas de presidio ó prisión ordinaria los mayo- 
res de 60 años (art. 69 id. I 

163 — Según laedad del naeido, es diferente la pe- 
na del infanticidio (261 C. Pen.): para (pie haya ó 

lió hecho justiciable (le estupro, es indispensable. 
gun los casos, atender á si es mayor de doce ó de 
veintiún años la ofendida (289 C. Ten.», y lo misino 
datándose del rapto (2!>1 y 292 < '. pen. |: las penasde 
la sustracción de menores son diversas también, se- 
gún que recaen en individuos mayores ó menores de 
siete anos (328 y 330 C. pen. I 
164— Siendo de tanta trascendencia la fijación de 

la edad de las personas, la ley lia establecido el re- 
gistro civil en que deben inscribirse todos los naci- 
mientos que ocurran, y comprobarlos así con la par- 
tida respectiva: si no se encontrase, 6 se tratare de per- 
sonas nacidas antes de la creación del Rejistro, yno 
fuere posible determinarla por medio de documen 
ó declaraciones que puntualicen la fecha del na 
miento del individuo, se atribuirá á la persona una 



8U 

edad media entre la mayor y la menor que parecie- 
ren compatibles con el desarrollo y aspecto físicos 
de ella, para lo cual el Juez oirá el dictamen de ex- 
perto - C.) Si quiere averiguarse, por ejemplo, 
si un individuo tiene la edad requerida para ser tu- 
tor, y por su desarrollo y aspecto físicos resulta que 
el número mayor de años que puede tener es de vein- 
ticuatro, y el menor de veinte, se le atribuirá la de 
veintidós, teniéndolo, en consecuencia, como hábil 
para «1 des fio de la tutela. Este medio supleto- 
rio á que tiene que acudirse, no está exento de in- 
convenientes; ¡>ero, en falta de otro mejor, lia sido 
preciso aceptarlo. 

105 — Antes se lia dicho ya que los menores de e- 
dad no pueden administrar sus bienes por sí. Haj 
una excepción, y es la de que él menor haya obteni- 
.énia ó Habilitación de edad. Antes de la inde- 
icia nacional, concedía esta venia 6 habilita 
el Supremo Consejo ;i los varones mayores de veinte 
años y á las mugeres mayores de «lie/, y ooho que, 
careciendo de padre, acreditaban, con informa* 
judicial, que eran hábiles para la administración y 
manejo de sus interósea Otorgada, podía el mi 

talesquiera contratos y comerciar del mo- 
do que quisiera; pero como la habilitación era para 
administrar, no- india que comprendiera la fa- 

cultad gravar los raices sin licencia judi- 

cial, ni la de ejecutar otros actos permitidos solamen- 
los ¡nayo. i-dad, á menos que en <1 despa- 

cho en quese hacia constarla gracia, se hiciese men- 

a espresa de la autorización. 

166 — Después de la indepen I el decreto de la 

Asamblea Nacional Constituyente de 6 de S< tiembre 



81 

de 1823, estableció: 1. ° Que los Jefes Políticos su- 
periores, oyendo el dictamen de las diputaciones 
provinciales, pudieran habilitar, para la administra- 
ción de sus propios bienes, á los menores de vein- 
ticinco años y mayores de veinte, que acreditaran 
suficientemente su idoneidad y buena conducta: 2. ° 
Que para la comprobación de estas calidades, con 
arreglo á las leyes, se instruyera espediente ante los 
Alcaldes constitucionales; y, con informe de la Mu- 
nicipalidad respectiva, ocurrieran los interesados, 
por medio del Jefe Político subalterno, al Superior 
déla Provincia, para que concediese la habilitación; 
y 3. ° Que los menores habilitados se reputaran co- 
mo mayores en todo lo respectivo á la administración 
desús bienes. 

167 — Un decreto posterior, emitido por el Congre- 
so Constituyente en 9 de Octubre de 1824, estableció: 
que la facultad concedida en el anterior para otor- 
gar habilitaciones, se ejercería en lo Sucesivo por el 
Jefe del Estado, y que éste debería proceder en la 
habilitación délos menores, con solo el dictamen de 
las Municipalidades de los pueblos á que pertenecie- 
ran, las cuales, para darlo, habrían de oír previamen- 
te al Síndico. Esta ley, aclaratoria de la anterior, en la 
parte últimamente espresada, dejó en su fuerza y vi- 
gor todas las demás disposiciones de aquella que ar- 
reglan el espediente, el conducto por donde deben di- 
rigirse las solicitudes y determinan las calidades que 
deben tener los menores. 

168 — Ocurrió duda en la Municipalidad de esta ciu- 
dad sobre la inteligencia del artículo 2o del Decreto 
de 18 de Agosto de 1823: dirijida la consulta al Go- 
bierno y por éste á la Asamblea, en orden legislati- 

TO.M. i. c. 



B2 

va. de 1. z de Setiembre de JS41 se declaró: que la 
Municipalidad, para cumplir con lo que se prevenía 
en el decreto citado, debería tomar informes y noti- 
cias privadas, y podría así mismo mandar seguir, de 
oficio, las informaciones oportunas, á fin de cerciorar- 
se de que el interesado que solicita la gracia, es a- 
creedorá ella, y de que no será perjudicado por el 
hecho de obtenerla; bajo el supuesto de que los do- 
cumentos que se presenten por los solicitantes, por sí 
solos, no bastan para que, en su virtud, se evacúe el 
informe como mera formalidad. 

169 — En cuanto á la edad necesaria para obtener 
habilitación, «1 Decreto de 2 de Noviembre de 1872. 
introdujo la reforma de que fuera la de 19 años cum- 
plidos, reforma exijida por la necesidad de poner en 
armonía este punto, con el Decreto de 19 de Diciem- 
bre de 1871. en qué se estableció que se alcanzaba la 
mayoría de edad para rodos los efectos civiles, al cum- 
plirse veintiún anos; y antes de emitirse el primero de 
los decretos (pie acaban de citarse, se dirijió en 4 de 
Octubre de 1S72, por el Ministerio de Gobernación, li- 
na circular ¡i los .Jefes Políticos de los Departamen- 
tos para prevenir á las Municipalidades une, en las 
informaciones sobre habilitación, no se limitaran las 
autoridades á dirijir á los testigos preguntas vagas 
sóbrela idoneidad de los pretendientes, sino hacer 
constar la razón en que los declarantes fundan su di- 
cho, puntualizando el oficio ú ocupación en que el 
solicitante Laya dado pruebas de su aptitud parala 
administración de sus bienes. 

17o — En el Código Civil no se registran preceptos 
que alteren lo dispuesto en las disposiciones de que 
se ha hecho mérito; y aunque no se ocupaba de un 



83 

modo especial de la habilitación, debían estimarse 
vigentes los decretos que la establecen y reglamentan, 
tanto porque el artículo 2441 solo derógalas leyes pa- 
trias que se opusieran al Código, cuanto poique en 
varios artículos se mencionaba la habilitación de e- 
dad, reconociéndola como procedente y legal, ilu- 
diendo citarse como ejemplos el art. 290 que declara 
corresponder exclusivamente al padre el derecho de 
hacer deteneral hijo habilitado de edad: el 1417 inc. 
1. ° que declara que tienen impedimento para con- 
tratarlos menores, á no estar provistos de la corres- 
pondiente habilitación: el 0. ° del Código de Comer- 
cio que permite el ejercicio del comercio al mayorde 
diez y ocho años y menor de veintiuno habilitado 
edad; yel inciso 1. c art. 1250 del mismo que con- 
signa que no podrán ser Síndicos los menores de vein- 
tiún años, aunque se hayan emancipado y hayan 
obtenido habilitación de edad. En esc concepto, se 
había extimadoque, aun después de la promulgación 
de los Códigos, el Presidente de 1:¡ República con- 
tinuaba en el ejercirío de la facultad de otorgar las 
venias de edad. Lo que sí se entendía era que, conce- 
dida por la ley mediante ciertos requisitos á los me 
ñores, y habiéndose extendido por el Código la patria, 
potestad ;í las madres, seria indispensable que el que 
la solicitara no tuviera padre ni madre, ó hubiera si 
do legalmente emancipado por ellos, para que pn 
diese tener lugar. 

171 — En virtud de las varias disposiciones men- 
cionadas, la práctica acostumbrada era que el que 
quería obtener habilitación, ocurría por medio de 
un memorial en papel sellado, al Jefe Político del 
Departamento: éste lo mandaba pasar á la Munici- 



84 

palídad del domicilio del pretendiente: la Municipa- 
lidad, con andiencia del Sindicólo pasabaá uno de 
los Alcaldes municipales, para que siguiera informa- 
ción de tres testigos, por lómenos, que sé examina- 
ran con la minuciosidad requerida por la ley; y con 
el resultado de esas diligencias, con el de los da- 
tos y noticias privadas que hubieran obtenido los 
concejales, y con el mérito de los demás que creye- 
sen oportuno recojer, previo dictamen del sindico, 
informaban al Gobierno en favor ó en contra de la 
solicitud, dirigiéndose el espediente por medio del 
Jefe Político. El Presidente de la República, por 
medio de la Secretaria de Grobernacion, y dando vis- 
ta del espediente al Ministerio Fiscal, resolvía si se 
accedía ó nóála solicitud de habilitación; y en caso 
afirmativo, mandaba que por la Escribanía del Go- 
bierno se estendiera á favor del peticionario, el des- 
pacho respectivo. 

172 — Todo esto quedó innovado por el Decreto de 
reformas de 20 de Febrero de 1882. Según el artícu- 
lo 95 la habilitación de edad es la facultad <jh<- en al- 
gunos casos se concede á los menores, no sujetos á 
patria potestad^ para ejecutar lodos los actos y con- 
r toólas las obligaciones de que son capaces to- 
dos los mayor es de edad, salvo los </n<<sl<¡i espre- 
samente esceptuados. La habilitación puede ser legal 
y judicial. Legal la qut tienen por ministerio déla 
ley los emancipados y los marones casados qui han 
vplidodiez y ocho o ños. Judicial la que se otorga 
¡/o- elJuez de \.~ instancia del Jugarla petición 
del menor que acredite lo aptitud </"<■ tienepara el 
. ¡¡anejo de sus i>¡< tus, y lo convertieneia que l> repor- 
ta dr administrarlos por sí. (96 Dec. citado.) La lia- 



85 * 

bilitacion de edad no puede concederse por .-1 Juez á 

los menores de diez y ocho años ni á las tnugei 
casadas aunque estén separadas ele bienes (97 id.); y 
pava otorgarla en los otros casos, debe exijir informa- 
ción de testigos competentes y de los parientes mas 
inmediatos del menor, y oír á éste y á un tutor 
pecial que se nombre para el caso (98 id), todo con 
el objeto de cerciorarse perfectamente deque concur- 
ren las circunstancias que hacen procedente la ha- 
bilitación. La habilitación de edad no se estiende á 
los derechos políticos porque se refiere solo á la ca- 
pacidad civil, y las consideraciones que, por escep- 
cion, puede haber para otorgar ésta, no existan para 
conceder aquella. En cuanto á lo civil, el efecto de 
la habilitación de edad es poner fin á la tutela, y fa- 
cultar al menor para hacerlo que podría si fuera ma- 
yor, con solo las limitaciones que en interés de él 
mismo fija la ley (99 id.) Esas limitaciones son: que 
necesite autorización judicial, dada con conocimiento 
de causa, para enagenar ó hipotecar sus bienes raices, 
y para aprobar las cuentas de su tutor; y que la < 
genacion de los raices, deba hacerse precisamente 
pública subasta (100 id.) 

173 — Según se habrá observado, antes era atribu- 
ción gubernativa la de otorgarla habilitación de edad, 
y hoy es atribución judicial. Esta innovación par- 
justa y fundada porque se trata de la capacidad civil 
para actos déla vida civil, y por lo mismo,la autoridad 
judicial es la llamada á intervenir. Como esa habilita- 
ción crea la capacidad del que no la teína debe enlis- 
taren el Registro del estado civil 1 lir> id.) 



S6 



PÁRRAFO QUINTO 



C A 1' A C K S K I X ( A PAC E S 



174 — Entre las divisiones que pueden hacerse de las 
personas, según el estado natural, se encuentra La de 
capaces é incapaces (artículo 31 C.) Capaces son los 
que tienen la aptitud necpsaria para manejar sus 
bienes; é incapaces los que carecen de esa aptitud 
i»>r estramo de sus facultades intelectuales, <> porque 
llegada la edad conveniente, no obtienen el desar- 
rollo di su razón ¡i contMuan privados de ella. Así. 
la ley declara incapaces 4 los locos y á los fatuos; y 
como esta incapacidad es la excepción, porque al lle- 
se á la mayoría la pr< 'sanciones de capacidad, son 
tenidos como capaces todos aquellos que no se com- 
prenden en ninguna de las dos incapacidades mencio- 
nadas (artículos 32 y '■>'■'< < '. y 4.° Dec. de, 20 de febrero 
de 1882.) No coloca la ley entre los incapaces á los 
menores, porque aunque no les reconoce aptitud para 
dirijirsepor sí y manejar sus bienes, la falta de aque- 
lla proviene <le una ley déla naturaleza que, aunque 
ee constante y general, tiene an carácter manifiesto de 
temporalidad, como que desaparece al llegar á cierta 
época, á diferencia de las otras causas de incapacidad 
que no son generales y sí de duración Incierta é in- 
determinada. Con razón pues, de loa que son incapa- 
ces j>or razón de edad, se forma una categoría espe- 
cial, designándose la causa con el nombre de minoría 



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y dando lugará la división de las personas en mayo- 
res y menores, de la cual ya se ha tratado. 

175 — Porestravío ó falta del desarrollo natural de 
la razón en la época conveniente, se ha dicho que son 
incapaces los locos y los fatuos (inciso 1." y 2." artícu- 
lo 33 C.) Como esta incapacidad no es un hecho gene- 
ral y constante, sino por el contrario, puramente escep- 
cional y propia de ciertos individuos que, por un e- 
fecto extraño, salen de la ley común de la naturaleza, 
es indispensable examinar ese hecho escepcional, com- 
probarlo, y declarar la incapacidad, cuando ya esté 
competentemente acreditada su existencia. 

176 — La declaración compete á la autoridad judicial 
que, llenando las fórmulas del Código de Procedi- 
mientos civiles (Título 14Lib. 1.°) la hace, examinan- 
do previamente al presunto incapaz, haciendo exami- 
narlo por experto», y oyendo también al Ministerio 
pública La intervención de la ley cu esta materia, por 
medio de las autoridades del orden judicial, se justi- 
fica plenamente por el doble interés que tiene en que 
no se declare sin razón incapaz al que no lo es. ni 
abuse de la debilidad de una persona para hacerlo, 
aumentando así arbitrariamente el número de los que 
no pueden gozar de sus derechos; y de (pie. una vez 
establecida en la forma debida la incapacidad, noque- 
de el mcapaz abandonado á sí mismo, pues resulta- 
rían gravísimos males de dejarle la dirección de sus 
personas é intereses cuando estámuerta ó trastornada 
la inteligencia que débia* guiarlo. 

177 — La declaratoria judicial de incapacidad de los 

loros ó fatuos puede solicitarse no solo por las pe' 

ñas de la familia, mas inmediatamente interesadas en 
ello, sino también por el Ministerio fiscal que répre- 



88 

senta y defiende los intereses del orden social y por 
cualquiera del pueblo (360.) La ley lia dado á esta 
acción el carácter de popular, porque es un interés 

jeneral el de que los locos ó fatuos no se perjudiquen 
á sí misinos ni perjudiquen á los demás, y que se les ro- 
dee de garantías suficientes para su persona y para 
sus bienes, precaviéndose á la sociedad de los desór- 
denes (pie. de otra suerte, se podrían en ella causar. 

178— El efecto de la declaración de incapacidad es 
que la persona queda en estado de interdicción, es de- 
cir, que no puede ejercer por sí sus derechos civiles 
(37C.) Los incapaces por locura ó fatuidad, una vez 
declarada la interdicción, son reputados menores: no 
salen déla patria potestad (293 C); y muerto el pa- 
dre, viven como menores, bajo la protección desús tu- 
tores ó guardadores (42 y 424 C.) El Juez, al decretar 
la interdicción, hace que la persona á quien correspon- 
de, según los casos, se haga cargo desde luego de la 
persona y bienes del incapaz I 4G6 C. Pr.) 

179 — No pudiendo los incapaces consentir libremen- 
te, no pueden contraer matrimonio (inciso 9." 120 C): 
si la incapacidad sobreviene, La muger puede ser au- 
torizada judicialmente para los actos en que necesita- 
ba licencia marital. No podían tampoco, por los ma- 
les que de lo contrario cansarían, ejercer ciertos car- 
gos ó profesiones, ó servir para ciertos actos de que 
los aleja bu estado de enfermedad mental Así es que 
no se les permite ser tutores, como privados de admi- 
nistrar sus propios bienes (inciso 2. a 340 Q.) ni albaceas 
por estar reputados como menores (906 C), ni Jueces 
arbitros ni ordinarios (inciso 4.°35C. pr.), ni ejercerla 
profesión de abogados (inc. 2.° 117 C. pr. ) ni ser testi- 
gos de instrumentos públicos (inciso 4." 793 C. ref. y 180 



89 

C. pr.) ni en juicio (1.° y 2.° 78o C. pr. ) En general, .no 
pueden desempeñar ninguno délos empleos y cargos 
ni ejecutar ninguno de los actos que requieren el ejer- 
cicio de los derechos civiles. 

180 — Los incapaces no pueden hacer testamento. 
pero vale el otorgado antes de la enfermedad, ó el (pie 
hace el loco durante los lúcidos intervalos, llenando 
ciertas formalidades, prescritas como garantía indis- 
pensable de que está en actual ejercicio de sus facul- 
tades al testar (inciso 3. " 795 C). Contra los incapaces 
no córrela prescripción (67o C.) y no pueden, por sí, 
enajenar sus bienes (691 C. ) 

181 — Como para la validez de los contratos se nece- 
sita que las partes tengan capacidad para contratar, 
está declarado,en general, que los incapaces no pueden 
hacerlo (inciso 3.° 1417 C.) y en particular, que no 
pueden vender (1525 C.) Por ellos, lo mismo que por 
los menores, contratan sus representantes, sujetándo- 
se generalmente á las mismas formalidades y con las 
mismas restricciones que tienen los tutores en la ad- 
ministración de su cargo (429 C. y 1699 v siguientes 
C. pr.) 

182 — En materia de contratos, la ley contiene respec- 
to -de los incapaces varias prescripciones especiales. El 
contrato de sociedad se disuelve por la interdicción 
de cualquiera de los socios, 6 por cualquiera otra cau- 
sa que lo prive de administrar sus bienes (5.° 1812 C.) 
El mandato termina por la interdicción del mandante 
ó del mandatario (3.° 220^0.) No hay acción civil pa- 
ra demandar lo que se dá en nuil no á persona inca- 
paz (1905 C.) Tampoco se dá por el deposito hecho en 
persona incapaz, sino únicamente para recobrar lo 
que existe ó lo que se ha consumido en proveoho del 



deposilsuioi 1 !>.">:> G¿) VA depositario de bienes entrega-» 
dos por un incapaz, queda su jeto'á las obligaciones de3 

contrato 1 2: 1952 < '. |; pero tanto en este caso comí» cu 
el de que la interdicción judicial haya sido declarada 
con posterioridad al depósito, éste debe ser restituido, 
no á la persona que lo hizo, sino á sus representantes 
respectivos 1 1968 y 1970 C.) El pago hecho á un inca 
paz sin conocimiento de su guardador, no extingue la 
obligación, ano ser enlo que se pruebe que de Lo paga- 
do se invirtió en los alimentos ó medicinas (338 Dec. 
de reformas número 2?\ 

183— Por los incapaces piden la partición sus repre- 
sentantes legítimos (1017 C.); siempre que sean par- 
tícipes en una cosa común, la venta Se hace en pública 
subasta (1631 < 

184— Siendo indispensable para presentarse en jui- 
cio tener capacidad civil, los incapaces no pueden de- 
mandar ni ser demandados personalmente sino por me 1 - 
dio de bus guardadores (99 y I o lol C. pr.): sus cuestio- 
nes no pueden someterse á arbitros sino en los mismos 
términos que las de los menores (1.° :'>7 C. pr. i No 
pueden prestar juramento decisorio (660 ('. pr.) nicon*- 

ton judicial (638 ('. pr. > 

L85 — La ley no solamente priva al incapaz por locu u 

ra ó fatuidad de] ejercicio de los derechos civiles desde 

la fecha en quese declara la interdicción. Bino <¡'"' lv " 
trot rayendo las consecuencias de esl a. concede la facul- 
tad de anularlos actos anteriores á ella, con tal de que 
la causa que la motivó hubiera existido notoriamente 
cuando se verificaron (43 C. I Esta facultad es una ga- 
rantía contra el abuso que pudiera hacerse de la debi- 
lidad del que ejecutó esos actos, y se apoya también 
en que el que contrae debe cerciorarse deia capacidad 



01 

civil de aquel ron quien lo hace, Desde su oríjen soj 
nulos; pero se exije que la incapacidad fuera notoria 
para que también los contra tan tes por su parte ten- 
gan alguna garantía, porque nadie está obligado á co- 
nocer, ni es posible que conozca, un vicio ó defecto in- 
terno del individuo, cuando no se revela por manifes- 
taciones inequívoca»,, ó es advertido por las personas 
que con él se hallan en contacto, ó por la fama públi- 
ca, medios de constituir la notoriedad. La prueba de 
la notoriedad puede nacerse por testigos; pero la ig- 
norancia de ella, con tal de (pie efectivamente existie- 
ra, no puede alegarse como escusa para la validez de] 
acto. 

180— Produciendo una alteración tan trascendental 
en la capacidad civil délas personas la declaratoria de 
interdicción, debe dársele toda publicidad y anotarse 
en los rejisti-os civil y de la .propiedad (4." 2oü:> ( 
473 C. pr. ) La ley decia también que a! declarara 
interdicción por cualquiera causa, debia es] >esi 

era absoluta La suspensión provisional del ejercicio de 
los derechos civiles. ó solo particular de alguno ó algu- 
nos derechos (472 C pr.); peto como la suspensión ó 
prohibición del ejercicio de los derechos civiles debe 
ser absoluta y sin limitaciones respecto de l< apa- 

oes por locura ó fatuidad, puesto que para ninguno 
de esos derechos puede reconocérseles capacidad,y ya 
no subsiste la incapacidad por prodigalidad, esa dis- 
posición quedó suprimida por el artículo uc> del De- 
creto núm. -21'.) de reformas al Código de procedimi 

tos civiles. 

187 — Pudiendo cesar la incapacidad, cuando esto 
tiene lugar, la persona que la Bufría puede ser rehabi- 
litada en el ejercicio de sus derechos OÍVÜeS. Esa P8- 



habilitación se declara por fel Juez, guardando en lo 

aplicable las mismas formalidades que para decretar 
la interdicción; y debe publicarse y anotarse del mis- 
mo modo que ésta, cesando desde entonces iodos los 
efectos de la incapacidad (465 C. pr. ) 

188 — El Código declaraba también incapaces a' los 
pródigos declarados judicialmente tales, es decir, á 
aquellos que dilapidaban ó disponían inconsiderada- 
mente de sus bienes, y consignaba varias disposiciones 
para esplicar los hechos en que podia consistí]' la dila- 
pidación, las personas que podían solicitar la inter- 
dicción y los efectos y consecuencias de ésta. (33 in- 
ciso 3.°, 34, 35, 36, 39, 40 y 41 C.) Todos estos ai r ¡cu- 
los quedaron suprimidos por el 4.° y 5.° del Decreto 
de reformas al Código Civil que quitó la causa de in- 
capacidad por dilapidación ó prodigalidad. La Memo- 
ria presentada á la Asamblea Legislativa por la Secre- 
taria de Gobernación en 1.° de Marzo de 1882 dando 
cuenta de esa reforma, esplica la razón (pie hubo para 
ella en los términos siguientes. "El Código Civil, si- 
guiendo lo establecido en los Códigos españoles, y con- 
formándose á lo que consignaban muchos Códigos mo- 
dernos, habia incluido á los pródigos entregos incapa- 
ces sujetos á interdicción, habia determinado los ca- 
sos en que podia declararse la prodigalidad y las cir- 
cunstancias y condiciones en que podia tener lugar 
esa declaración. La reforma ha suprimido esa causal 
de incapacidad; y la ha suprimido respetando e] de- 
recho de propiedad, que es el derecho de disponer li- 
brementede los bienes, y tomando en consideración lo 
difícil que es determinarla prodigalidad, y lo incon- 
secuente que es confundir esa circunstancia con la fal- 
ta de razón ó voluntad que constituyen verdadera- 



93 

mente las causas de incapacidad. Se tuvo presente n© 
solo que se halla establecida ya la libre testamentif; 
clon, sino también que, como lo esplican distinguidos 
escritores europeos, cuyas doctrinas reproduce un 
notable jurisconsulto sud-americano, la ley no tiene 
potestad para establecer respecto de los pródigos una 
incapacidad, porque esta proviene de la falta de razón 
y de voluntad en los individuos, y no puede hacerse 
recaer, sino arbitrariamente, sobre aquellos que pose- 
an el uso de esas facultades. Imponer, dice, la inca- 
pacidad á los pródigos, es equiparar un defecto de la 
inteligencia, un hábito, un vicio de la educación, el 
buen ó nial uso que se haga de los bienes, á la caren- 
cia délas facultades intelectuales. El hombre, ade- 
mas, es dueño absoluto de lo que posee, y no se pue- 
de, sin menoscabar su libertad, poner trabas al modo 
como entienda y quiera hacer 1 uso de ello. La interdic- 
ción de los pródigos solo seria concebible cuando di- 
lapidaran bienes ajenos; pero se comprende fácilmen- 
te que entonces la prodigalidad tomaría otro carácter 
y quizás otro nombre, y que la seguridad de esos bie- 
nes podría conseguirse por otros medios que por la 
interdicción. Solo así se salvarían las razones de con- 
veniencia que existiesen para establecer la incapaci- 
dad de los pródigos; y si hay razones de moralidad, no 
pertenece^ ;í la legislación civil, sino en cnanto las 
acciones del pródigo se traduzcan en hechos públicos, 
con perjuicio de tercero ó de la sociedad, que den mé- 
rito á acciones civiles y criminales. No todos los pre- 
ceptos de la moral entran en la esfera di- la legisla- 
ción positiva: si el hombre pródigo peca contra ellos, 
también peca el avaro: todos los extremos son viciosos; 
y si se castiga un vicio, debiera también castigarse el 



94 

6tro. La sima moral y la cautelosa economía conde- 
nan igualmente la prodigalidad y la avaricia; y ya 
que la legislación civil avanza sobre ese terreno, no 
hay razón para que castigue la una dejando impune 
la olía." 

189— Hay también querecordar por último en esta 
materia de incapacidad, que hay ana creada puramente 
por la ley. y es la inhabilitación para Los derechos civiles 
y de familia, anexa á" la pena de muerte indultad;! ó ala 
de presidio con retención; y la inhabilitación delosde- 
rechos civiles anexa á la de prisión ordinaria (artículos 
35, 36 y 87 C. pen.) Se entiende por derechos de fa- 
milia los de patria potestad, de la autoridad marital. 
de la administración de los bienes y del derecho dé 
disponer de ellos por acto entre vivos. En consecuen- 
cia, debe proveerse de guardador á aquel á quien se 
haya impuesto tal inhabilitación como accesoria; de 
las penáis mencionadas. Tal incapacidad páreceinsí 
tenible, por lo menos, en cuanto á que el condenado 
no tenga la libre disposición de sus bienes por acto 
entre vivos, ni pueda administrarlos por medio de re- 
presentante 6 apoderado. Ninguna razonse vé para 
que no pueda venderlos ó donarlos, y ninguna tampo- 
co para (pie no pueda constituir una persona que los 
administre en su nombre y le dé sus productos. Cri <> 
pues, (pie debería hacerse desaparecer. 



95 
TITULO SEGUNDO. 

DIVISIÓN DE LAS PERSOJS A S S VA HJN EL 

ESTADO CIVIL. 

PÁRRAFO PKDIEKO. 

c; u a t e m a i, 'i' ecos v i: x T i: a x .i e R o 8 . 

190— Una dé las mas importantes delaciones <!-■ La 
piernona es con la fien-;! que habita. Esta relación tie- 
ne d.06" elementos.el habitante que püéde ser natural ó 
extranjero, ó sea la nacionalidad; y el lugarque habi- 
ta!, esto es¿ donde tiene su hogar y sus negocios 
donde se reputa que existe, ó sea el domicilio: 

191 — La distinción de* guatemaltecos y extranjeros, 
tiene toda su importancia en el derecho públieo, y por 
eso la Constitución es la que se encarga especialmen- 
te de determinar quienes son guatemaltecos y quie- 
nes extranjeros (-18 C.) 

192 — La Constitución decretada en l! «le Diciembre 
de 187!) divide á los guatemaltecos en naturales y na- 
turalizados (artículo 4. ) 

L93 — Son naturales (artículo 5.°) 
l. c — Todas las personas uncidas ó que nazcan en 
territorio de la República, cualquiera quesea la na 
cionalidad del padre, con escepcion délos hijos de los 
agentes diplomáticos. Como se espresa Chacón, es 
ley de lanaturale/.a que el hombre pertenezca á la tier- 
ra en que nace, como el hijo pertenece á la madre 



90 

que le dio la vida. Desde la mas remota antigüedad se 
ha sancionado esa ley natural, cuyo fundamento es el 
amor innatoque el hombre tiene por la tierra en que 
recibe ''1 ser. 

2. c — Los hijos de i nubes guatemaltecos, ó hijos 
ilegítimos de madre guatemalteca nacidos en el ex- 
tranjero, desde el momento eu que residan en la Re- 
pública, y aun sin esta condición, cuando, conforme á 
las leyes del país del nacimiento, tuvieren derecho á 
elejir nacionalidad, y optaren por la guatemalteca. 
A sí. el orí jen 6 la procedencia, no trasmiten por sí solos 
la ca I ¡dad de guatemal teco; pero habilitan al nacido en 
tierra extraña para serlo, á condición de que fije en 
Guatemala su residencia, ó de que, teniendo derecho 
de elejir. optepor la nacionalidad guatemalteca. 

194-Se considera antmbien como guatemaltecos na- 
turales, en virtud de la unidad de origen, y como me- 
dio para la realización de la unión Centro- America na, 
«í los hijos de cualquiera de das otras Repúblicas de 
Centro-América, por el hecho de encontrarse en cual- 
quier punto del territorio de Guatemala, á no ser que. 
ante la autoridad correspondiente manifiesten el pro- 
pósito de conservar su nacionalidad (Const. artícu- 
lo 0. o.) 

195 — La guatemalteca casada con extrangeroy La 
extrangera casada con guatemalteco, siguen la condi- 
ción de sus maridos. Si enviudan, la primera recobra 
y la segunda conserva la calidad de guatemalteca, con 
tal que residan en la República 'oC C.) 

19G — Son naturalizados, según el artículo 7. c de la 
misma Constitución. 

1. ° — Los Hispanp-mericanos domiciliados en 
la República, si no >e reservan su nacionalidad. Los 



97 

que deseen conservar ésta, deben presentarse al En- 
cargado del Registro Civil, acompañando una certifi- 
cación debidamente autenticada del agente diplomá- 
tico ó consular de la Nación á que pertenezcan, ó en 
falta de éstos funcionarios, hacer que dos personas 
que puedan ser testigos conforme alas leyes, declaren 
ante el mismo Encargado del Registro, que los intere- 
sados pertenecen á la nacionalidad que indican. Lle- 
nándose esas formalidades, el mismo Registrador ex- 
pedirá el certificado correspondiente (Acuerdo Gu- 
bernativo de 5 de Agosto de 1880.) 

2.° — Los demás extrangeros que hayan sido na- 
turalizados conforme á las leyes anteriores. 

3.° — Los que obtengan carta de naturaleza con 
arregloála ley. Esta última nose lia emitido todavía. 
197— -La distinción de naturales y extranjeros, fué 
muy importante en el derecho civil, cuando los ex- 
tranjeros no gozaban de los derechos civiles, ó los te- 
man sugetos á muchas restricciones. Nuestras leyes 
consignan el principio eminentemente liberal de que 
no reconocen diferencia entre el guatemalteco y el ex- 
tranjero, en cuanto á la adquisición y gocede los de- 
rechos civiles que determina el Código, así esque los 
principales efectosde esa distinción se refieren al or- 
den político. Eso no obstante, tiene algunas aplicacio- 
nes en el derecho civil, porque hay casos en que los 
actos délos extranjeros estañó pueden estar sugetos 
á las leyes de sn país(13yl5 C.),óenque se necesita 
alguna constancia especia] como para el matrimonio 
(32delDec. dé reformas al C. civil. I y también, porque! 
al extranjero puede oponerse en juicio. La excepción 
dilatoria de arraigo personal 6 caución de estar ;í de 
cho(577C. pr. > 

T03Í. I. ? 



98 

198 — No todos los guatemaltecos Bon ciudadanos, 
aquella calidad hace relación á la nacionalidad; mien- 
tras que la de ciudadanía se refiere á los derechos po- 
líticos, qu-- Lo son ej derecho electoral y el <!.• opción á 
los cargos públicos, páralos cuales la ley exije'esa ca 
lidád(9Const.)Delosgnatemaltecos,pues,notodosson 
ciudadanos sino solo los que siendo mayores de vein- 
tiún años, tienen renta, oficio industria ó profesión 
que les proporcione medios de subsistencia; y los que 
siendo mayores de diezy ocho años pertenecen al ejér- 
cito (S. Const. i La calidad de ciudadano se suspende. 
se pierde y se recobra con arreglo á la ley (11 Const. | Se 
suspende, según las prescripciones de los Códigos, por 
dictarse auto motivado de prisión y por eso debe á- 
notarse en el Registro de ciudadanos (454 C. (i? y J42 
C. pr. crim.) levantándose la suspensión si se manda 
sobresee]', use pronuncia sentencia absolutoria de la 
instancia, ó se declara purgada la culpa con la prisión 
sufrida (l44C.pr. criml.)El Juez respectivo debe, ai 
efecto, ponerlo en noticia del Registrador. Las penas 
de arresto mayor ó menor llevan consigo las suspen- 
sión de derechos políticos por el tiempo de la condena 
(30C.pen.)Se piérdela ciudadanía por la condena- 
ción á la pena de muerte indultada, á presidio con re- 
tención, prisión ordinaria y reclusión correccional (35, 
:5(5. 87. 38 C. pen.) 

199 — Los derechos políticos y civiles perdidos, se 
recobran mediante el cumplimiento de la condena 
que se hubiere impuesto (143 C. pr. crim.) Los que 
han sufrido las penas de inhabilitación ó suspensión, 
sea absoluta ó relativa, sin que hayan sido indulta- 
dos, no pueden ser rehabilitados, sino mediando cier- 
tos requisitos (36 C. pen.), y son: que haya trascur 



99 

rido el tiempo de la pena remitida y un año m¡ 
si era de reclusión ú otra mayor; y que se acred 
la buena conducta durante ese tiempo. Esa pru< 

'(• consistir, 6 en deposiciones de testigos de hon- 
radez notoria, 6 en informe de la Municipalidad del 
pueblo donde haya residido el que pr< 
hablitacion. Los testigos no deben sérmenos de ti' 
y se recibenjsus declaraciones por elJuez de 1. d Ii 
tancia del Departamento respectivo, con citación del 
Síndico Municipal, pudiendo el Juez desechar, de ofi- 
cio, á todos ó algunos de los testigos de cuya vera- 
cidad y honradez deba racionalmente dudarse. El 
Presidente de la República es quien concede la reha- 
bilitación; yel que la solicite, debe acompañar á su 
memorial las justificaciones que se han mencionado. 
El Gobierno pide Lnferme á la Sala de la Corte 
Justicia á quien corresponda, por medio del Presi- 
dente del Poder .indicia!, con el objeto dacerciorar- 
se, si se han cumplido, por paite del peticionario, las 
responsabilidades consiguientes al delito ó falta en 
que incurrió; y resuelve después, concediéndola ó ne- 
gándola. 

200 — En este último caso, no podrá solicitarse de 
nuevo la rehabilitación negada sino pasado un ai 
y llenando nuevamente las formalidades de que 
ha hecho mérito. J)e toda sentencia que produzca la 
pérdida de los derechos políticos, debe hacerse ano- 
tación en el Rejistro Civil; (454 C.) y por la misma 
razón debe también ser anotada la rehabilitación 
cuando se conceda (145 á 149 C. pr. crim. y 116 del 
Dec. de reformas al C. Civil.) 

201 — A diferencia di rechós políticos deque 

gozan solo los ciudadanos, el ejerciciode los derechoe 



100 

amenté civiles, es decir, creados por leyes civiles, 
y nódel orden político, corresponde á todos los gua- 
temaltecos, porqne esos derechos son independien- 
de la calidad de ciudadanos. Se esceptúa cuando 
i algún caso de prohibición espresa de 
la ley, ó de condenación apenas que según ésta, 
produzcan el efecto de suspenderé perderé] ejerci- 
cio de tales derechos (40,60 y 57 C.) Esa pérdida ó 
suspensión está reconocida como pena en el art. 22 
del Código penal, y llevan consigo la inhabilitación 
absoluta para su ejercicio, la pena de muerte indul- 
tada y la de ¡.residió con retención (35 y :!6 C. pen.j, 
punto que debía ser modificado, según ya se espresó. 
A.SÍ como la ley declara indistintamente, en favorde 
o habitante déla República, guatemalteco ó ex- 
ugero, el goce de los derechos civiles, establece 
ibien que ninguno de ¡sus habitantes pueda exi- 
mirse del cumplimiento de las obligaciones contrai- 
en la República, conforme á las leyes. (52CL I Así 
es que los extranjeros <l<>iii¡< r il¡<i<lox que son aque- 
llos que se establecen permanentemente en el país, a' 
¡rencia «lelos transeúntes que solo transitan por 
el territorio, é están en él como simples viajeros, ó 
para el despacho de negocios que no suponenánimo 
dé permanecer largo tiempo, pueden ser eitados ante 
Jos Tribunales de Guatemala, por razón de esas obli- 
gaciones, ya se hallen en el berritorio ó fuera de él. 

2<)2 — Cuando el contrato no se ha celebrado en la 
República sino en país extranjero, entre guatemalte- 
cos *ó extranjeros domiciliados en Guatemala, se pue- 
de pedir su cumplimiento en Guatemala, estén pre- 
sentes ó ausentes los contratantes; pueS tanto los 
guatemaltecos como los extrangeros domiciliados don- 



101 

(le quiera que se hallen, pueden ser citados para I 
cumplimiento de las obligaciones que hubieren con- 
traído, aun en pais extrangero, en materias sóbrelas 

cuales las leyes de Guatemala permiten contratar 
(6. ° Dec. de Reformas al C. civil.) 

203 — En estos casos, los extrangeros domiciliad) 
son iguales en los derechos y obligaciones á los guate- 
maltecos, y por eso se estiende á ellos la jurisdicción 
nacional, aunque se hallen en el extranjero y allí 
hayan celebrado su contrato, porque siempre quedan 
sometidos en sus negocios civiles al fuero de su do- 
micilio. No sucede lo mismo con respecto á los tran- 
seúntes que no han contraído el fuero del domicilio,, 
á no ser que el contrato se halla celebrado en Gua- 
temala y el extrangero esté en su territorio. Di 
tenerse presente que siempre que se trate de una o 
bligacion contraída en pais extrangero, lasleyesdel 
pais en que se celebra, sirven para juzgar del con- 
trato, en todo aquello que no esté prohibido por las 
déla República: y regirán éstas esclusivámente, si á 
ellas se sometieron los contratantes (55 C.) Esta dis- 
posición consigna el principio del derecho internacio- 
nal privado, según el cual, para fijar las leyes porias 
cuales se rije un acto, se está ;i la voluntad r^ü i 
délos contrayentes, ó ala presunción racional de 
misma; y conforme á esto.se supone que quisieron que 
la obligación contraída se sujetará á las leyes del luf 
en que se contrajo. 

204— Hay tres casos en que los extrangeros, ^indis- 
tinción, domiciliados ó transeúntes, aunque se hallen 
ausentes déla República, pueden ser citados ;¡ n 
ponderante los Tribunales [de ella, y son: (54 < 

1. ° Cuando se intente alguna acción real C< 



102 

cerniente á bienes que están en Guatemala, porque 
son las leyes del país las que rigen respecto de i 

bienes (5.° C.); y *i n ofenderla soberanía nacional 
no puede quitarse á sns Tribunales el juzgamiento \ 
decisión de esas cuestiones; y entonces la jurisdic- 
ción, mas bien que sobre la persona del extranjero, 
jerce sóbrelos bienes que posee. 

2. ° Cuando se intenta alguna acción civil, á con- 
secuencia de un delito ó falta que el extrangero hu- 

se cometido en Guatemala. Tal acción es depen- 
diente y accesoria de la criminal, y las leyes pena- 
les obligan del mismo modo á los habitantes queá los 
transeúntes (4. c C.) 

3. c Cuando se trate de una obligación civil con- 
feraida por el extrangero, en la cual se haya estipulado 
que los Tribunales de Guatemala decidan las contro- 
versias relativas á ella. En tal supuesto, ningún a- 
gravio se causa secundando la voluntad de los con- 
tratantes que espresamente se sometieron á nuestros 
Tribunales. 

20o — Si las obligaciones lian sido contraidas en país 
extrangero, y entre extrangeros no domiciliados en 
Guatemala, nopuede pedirse aquí su cumplimiento, 
sino en el caso de que se sometan á los Tribunales de 
la República (66 C.) porque fuera de ¿esta sumisión 
no hay otro motivo que pueda fundar la compe- 
tencia de nuestros Tribunales, ni por razón di 
personas de los contratantes, ni por razón del lugar 
del contrato. 

200 — Lo espuesto puede resumirse en las reglas si- 
guientes: 1. ~ Los delitos cometidos en Guatemala y 
lo relativo á bienes raices aquí situados, son obje- 
orresponden exclusivamente ala jurisdicción 



103 

guatemalteca,sean guatemaltecos ó extranjeros, los que 

delinquen 6 intervienen en esos actos. 2. ° Las obliga- 
ciones contraidas en Guatemala, pueden hacéis»' cum- 
plir por los Tribunales déla República, sea cual Enere 
la ealidad de los obligados. 3. ° Las obligaciones con- 
traídas en el extrangero, pueden hacerse cumplir en 
Guatemala, cuando se interesa en ellas un guatemal- 
teco ó extrangero domiciliado, ó cuando los contra- 
yentes extranjeros se han sometido voluntariamente 
á la jurisdicción de Guatemala. 

207 — Para concluir ha de advertirse que la ley de- 
clara, espresamente que el cambio de nacionalidad no 
produce efectos retroactivos (59 C.) Así pues, los de- 
rechos y obligaciones anteriores á él. no sufren alte- 
ración por la nueva calidad, ni en virtud de esta 
puede pretenderse esencion para su cumplimiento. 
Así también, para la resolución de cuestiones que se 
susciten sobre hechos acaecidos en tiempo en que el 
extranjero era ciudadano de Guatemala. deben tenerse 
presentes estas leyes, y ñolas de la nacionalidad nue- 
vamente adquirida, á las que pudiera querer aco- 
gerse en caso de serle mas favorables. Esta disposi- 
ción es justa 6 indispensable, sobre todo en países co- 
mo el nuestro, para evitar que el guatemalteco, por 
el hecho de adquirir, ó el extranjero por el dé reco- 
brar, una nacionalidad extraña, cuando conviniera á 
sus intereses, pretendiera conseguir preferencias in- 
debidas que diesen lugar á conflictos internaciona- 
les (Calva y Segura.) 



104 
PAKRAFO SEGUNDO. 

DOMICILIADOS Y NO DOMICILIADOS: VKCIMis Y TRAN- 
SEÚNTES. 



!?n8 — El domicilio tiene inmediata relación con el 
estado civil de las personas por la necesidad de lle- 
nar allí formalidades relativas á él para el matrimo- 
nio, el divorcio, la tutela, para las citaciones judi- 
ciales y para la apertura de sucesión de los bienes. 
Su determinación exacta es indispensable, porque el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento <le las 
obligaciones se hacen efectivos, por lo común," ante 
la autoridad del domicilio; y porque es necesario, 
para el efecto de las disposiciones legales, que la 
persona tenga un asiento fijo en donde se presuma 
siempre presente. 

209 — El domicilio puede decirse que es lo relación 
jurídica entre una persona y el lugar en que se re- 
puta presente, en cuanto ai ejercicio de sus derechos 
privados y al cumplimiento de sus obligaciones. Es 
relativo á una parte determinada del territorio déla 
República, y por eso se llama domicilio civil, regla- 
mentándolo elDerecho Civil por referirse á relacio- 
nes privadas civiles. 



105 

210— El domicilio civil de una persona lo constituyen 
la residencia en un lugar, y la intención real ó j «resunta 
de permanecer en él. El hecho solo de habitar en un 
lugar no constituye mas que residencia: la residen- 
cia, unida al ánimo de permanecer, constituye el do. 
raicilio. Este se toma muchas veces por el lugar mis- 
mo en tpie está la relación jurídica ó La persona; y 
por esto se dice que el domicilio de una persona es 
el lugar en que reside habitualmente: el asiento prin- 
cipal de sus negocios; y á falta de uno y otro, se re- 
puta que es el lugar en que se halla (60 C.) y allí se 
le demanda (85 C. Pr.) Como délos elementos de qne 
se compone el domicilio, solo la residencia es un he- 
cho susceptible de ser conocido por sí solo, mien- 
tras que la intención de permanecer no puede ser co- 
nocida sino por hechos que la revelen, la ley, para 
determinarlo, se fija primero en la residencia habi- 
tual. Si la sola residencia no induce ánimo de per- 
manecer, la residencia habitual no puede menos de 
suponerlo, porque debe creerse; que, donde ordinaria 
y habitualmente se reside, están La familia, el centro 
de los negocios, las relaciones principales de la per- 
sona. En falta de residencia habitual, el ánimo de 
permanecer se revela por el asiento principal de los 
negocios, pues no hay otro lugar (pie deba llamar 
mas la atención de la persona, que aquel en que tiene 
todos sus asuntos é intereses, y es natural que allí 
se consideren existentes relaciones íntimamente li- 
gadas con (dios. V por último, cuando nadfchaj que 
indique el ánimo de permanecer, siendo sin embar- 
go indispensable determinar el domicilio, Be acude al 

Único dato (píese ofrece, y es el del lugar en qllc Be 

encuentra la persona, de suerte que aquí la residen- 



106 

cáa hace las veces de domicilio civil (Go ( 

211 — Consecuencia de necesitarse para la constitu- 
ción de éste, el ánimo de permanecer, es que no se 
adquiere domicilio civil en un lugar por el solo he- 
cho de habitar en él por algún tiempo, casa propia ó 
ajena, sise tiene en otra parte el hogar doméstico, 
y si por otras circunstancias, aparece que la residen- 
cia es accidental, como la del viajero, ó la del que 
ejerce una comisión temporal, ó la del que se ocu- 
pa en fin tráfico ambulante, porque en ninguno de 
esto- casos puede presumirse la intenciónele perma- 
i! scer (72 C.) En consecuencia con esta prescripción, 
ni aun los empleados adquieren domicilio en nn pue- 
blo por el solo hecho de estai' desempeñando en él 
una comisión, cuando ésta es accidental y no tiene 
carácter permanente (62 C. | 

212 — La ley permite que mi individuo tenga dos 
6 mas domicilios y así declara (pie, cuando concur- 
ran respecto á una persona, en varias secciones ter- 
ritoriales, circunstancias constitutivas de domicilio 
civil. Be entenderá que en todas ellas lo tiene, y en 
cualquiera de ellas puede ser demandada (86 C. pr. i: 
pero si se trata de cosas que dicen relación especial 
á una de dichas secciones esclusivamente, ella sola 
será para tales casos el domicilio civil (71 C.) Esta 
disposición tiene por objeto que no se burle el cum- 
plimiento de una obligación con la alegación de di- 
ferente domicilio, cuando lo hay también legalmente 
en el lugar en que se exige, y la limitación respecto 
de loque se relaciona esclusivamente con una sección 
determinad;), se funda en que esa misma relación es- 
clusiva hace presumir, no solo que allí están 16b me- 
dios de comprobación v de hacerse efectivo el dere 



107 

cho, sino también qué fué la intención de los intere- 
sados referirse á ella preferentemente. 

213 — El domicilio de que se ha hablado hasta aho- 
ra es enteramente toZutitarió, porque el individuo 
puede constituirlo donde él quiera, dependiendo so- 
lo de él la residencia en uno ú otro punto del terri- 
torio y el ejercicio de los actos que revelen su inten- 
ción de permanecer. Voluntario como es, puede mu- 
darse, cuando así convenga ala persona, sin perjuicio 
estar á las consecuencias que legalmente resulten 
del domicilio anterior; y en ese concepto, nadie pue- 
de impedir que cualquiera, sea natural ó extrangero 
mude de domicilio, lo cual se efectúa por una inten- 
ción contraria, unida al hecho de residencia en otra 
parte (78 y 79 C.) Teniendo el individuo como una 
garantía constitucional libertad para permanece]- en 
el territorio de la República, 6 para salir dé él, por 
regla general, debe indudablemente reconocérsele el 
derecho á lo que es ménOS, es decir, á cambiar de do- 
micilio dentro del mismo territorio(19 Constitución 
de 11 de Diciembre de 1879.) 

214— A diferencia de ese domicilio voluntario, es- 
tá el que algunos llaman necesario, porque no pro- 
viene de actos <¡ue dependan esclusivamente de la 
voluntad de la persona, sino del estado civil ó con- 
dición déla persona, ó déla comisión ó empleo que 
tiene, aunque en este último caso, lo q*ue hay pro- 
piamente, es (pie la ley declara el domicilio por he- 
chos que, para ella, hacen presumir la intención de 
permanencia. 

215 — ("liando una personase encuentra bajo la di- 
rección ó dependenciade otra, la ley establece que 
tiene elmismo domicilio que ésta, porque siendo el 



108 

principal objeto de la determinación del domicilio fi- 
jare] lugar en que deben hacerse efectivos Jos dere- 
chos y obligaciones civiles, los que no pueden ejerí 
cerlos por sí solos, sino que necesitan del ministerio 
de administradores, deben seguir el domicilio de es- 
tos, que son los que completan su personalidad ju- 
rídica. Así, el domicilio del menor deedad no eman- 
cipado, fs el déla persona á cuya patria potestad es- 
tá sujeto (04 C): el del menor que no está bajo patria 
potestad y el del mayor incapacitado, es el del tutor 
ó guardador (65 C.) Si la mujer enviuda ó se separa 
légalmen te, para determinar su domicilio, se está á 
los principios generales que lijan el domicilio vol un. 
tario. porque ya por sí sola, y completa su personali- 
dad jurídica, queda sujeta á las disposiciones comunes. 
216 — También los que sirven á ana persona y habi- 
tan en su casa, sean mayores ó menores de edad, tie- 
nen el domicilio de la persona á quien sirven; pero si 
son menores, yposeen bienes que estén acargode un 
tutor, el domicilio, en lo que se relacione con los bie- 
nes, será el del tutor (G7 C. i Desde que habitan y 
sirvemen la casa del patrón, tienen en ella su Uogary 
su negocio, y debe presumirse su intención de esta- 
blecer allí su domicilio. Están comprendidos en la dis. 
posición Legal, aun los menores, porque estos pueden 
servir y sirven, de hecho, en punios diferentes y dis. 
tan tes del domicilio de los padres ó tutores, y Be en. 
tiende «pie estos al permitirlo, consintieron en el cam- 
bio de domicilio. Mas si el servicio se presta por una 
mujer casada, aunque sea con el consentimiento del 
marido, parece propio que conserve el domiciliode és- 
te. por estar señalado como necesario para todos los 
casos sin distinción, y porque haciendo á la esposa el 



109 

matrimonio una misma persona con el esposo, es mas 
conforme eso al decoro público y al buen orden domés- 
tico. 

217 — Los empleados públicos tienen forzosamente 
su domicilio en el lugar en que sirven su destino (6d 
€.): los militares en servicio activo, ene! Lugar en que 
están destinados (63 C): y ios que se hallan estin- 
guiendo una condena, en el lugar donde la extinguen, 
por lo que toea alas relaciones jurídicas posteriores á 
la condena, conservando en cuanto á las anteriores el 
último que hayan tenido (7. del Dea de Ref. al C. ( !iv. ) 

?18 — Respecto de los empleados civiles y militar* 
la, razón de la ley es que debe < reersequeel que acep- 
ta destino de una ú otra clase. en un lugar determinado, 
se propone dedicarse ;i él, llenar sus deberes con exac- 
titud, y per consiguiente, constituirse en el lugar del 
desempeño. En los empleados no quedan comprendi- 
doslos que sedo temporal ó periódicamente van á des- 
empeñar funciones, como los Diputados ;i la A- 
samblea. 

219 — Acerca del domicilio por razón de condena, la 
ley exceptuaba el caso de los condenados á destierro 
simple, y establecía que estos conservaban su domici- 
lio anterior (68 C.) Esto se esplicaba bienen los Códi- 
gos en que el destierro figuraentre las penas porque 
no tiene lugar determinado para su extinción: pero el 
Código Penal nuestro no lo comprende entre las penas, 
y aun la de extrañamiento del lugar que sí admitía, 
quedó suprimida sustituyéndose á ella el arresto ma- 
yor (artículo 2. - Dec. de 21 de Enerode 1879. i i' 
se suprimió esa parte en la reforma, y se suprimió tara 
bien la disposición del artículo que la precedía ¡ 
rente al confinamiento que tampoco existe legalmen 



LIO 

220— En orden á los que sirven en La marina, ésta 
puede ser mercante ó de guerra; de la República óex- 
tranjera, y el domicilio se fija diferentemente, según 
losdi\ casos. 

221 — Los que sirven en la marina de guerra de la 
República, tienen .su domicilio en el lugar guatemalte- 
co en que se encuentran (73 0.) Los que sirven en su 
marina mercante, se tienen por domiciliados en el lu- 
gar de la matricula del buque; pero si Eneren casados, 
no separados, y su mujer tuviere casa en otro lugar, és- 
te se reputará domicilio de aquellos (74 C); porqm 
de suponerse que allí tienen el centro desús uegocios, 
y pueden compararse con los traficantes que sin tener 
establecimiento fijo, buscansu subsistencia como por- 
teadores. 

222 -Cuando ademas tuvieren algún establecimien- 
to en lugar distante del de la matriculado] buque, se 
consideran domiciliados en él, no siendo casados; y 
siéndolo, el lugar del establecimiento será el domici- 
lio respecto de los actos relativos al jiro, y respecto de 
los demás, el déla habitación delamujer(75 C.) Esto 
se funda en que los que sirven enla marina mercante 
pueden tener obligaciones contraidas en diferentes lu- 
gares, unas relacionadas con el establecimiento, y otras 
independientes de él. 

223 — Los ciudadanos guatemaltecos que, sin licen- 
cia del Gobierno, sirven en la marina de guerra extran- 
jera, ó en buque armado en corso porgobiérno extran- 
jero pierden porese hecho, no solo la ciudadanía gua- 
temalteca, sino también el domicilio que tenían, y so- 
lo pueden recobrarlos del mismo modo que los que 
sirven ;í potencia extranjera (76 C.) $i el servicio se 
presta en marina mercante extranjera, los guatemalte- 



111 

eos conservan el domicilio que tenían al entrara] ser- 
vicio, ámenos que hubieran renunciado la ciudadaí 
guatemalteca (77 C.) 

224 — La ley señala no solo el domicilio de Las per- 
sonas naturales sino también el de las jurídicas, por- 
que éstas, lo mismo que las otras, tienen derechos 
civiles que ejercitar y obligaciones que cumplir. Así, 
declara que el domicilio de las corporación cia" 

cionesy establecimientos legalmente reconocidos, 
el lugardonde está situada su dirección ó administra- 
cion, porque ejercen losderechos por medio de los 
presentantes ó apoderados legales que lo son 
directores ó administradores. Mas esa declaración de 
la ley debe entenderse en falta de disposición de la> 
leyes especiales ó estatutos, pues en éstos pue 
terminarse otro domicilio, con la única condición 
que el lugar que se fije, esté dentro déla demarcación 
territorial sujeta á nuestras leyes, pues de otro modo' 
no podrían hacerse efectivas las responsabilidades y 
obligaciones (70 ( 

22o — La determinación del domicilio es indispensa- 
ble en muchos casos muy importantes, entre los que 
ligaran los siguientes como principales. El Juez del do- 
ra icilip es el que presta el consentimiento para el ma- 
trimonio de los menores, en falta de tutor; ó lo suple 
por impedimento de las personas que deben prestarlo 
I 126 yl27C.) 

220— En la, solicitud para contraer matrimonio, debe 
espresarse el domicilio de los contrayentes y el de 
sus padres, y la autoridad política del domicilio es 
la competente para la celebración (25 y 28 del Pee. 
de líef. al Código Civil). El Juez del domicilio es e] 
que decide si la viuda que pasa á segundas nupcias 



1 1 2 

continua con la hítela de sus hijos de primer matrimo- 
nio (314 C.) 

'j-27 — El domicilio determina de preferencia el Juez 
competente (84 y 94 C. Pr.Civ.) de suerte que por li- 
gia general, el que no está domiciliado sino que es tran- 
seúnte en un lugar, no puede ser demandado allí, sino 
ante sus. hieres territoriales, á*ménos que conste que 
ha renunciado espresa y terminantemente el fuer*) del 
domicilio (88 C. y5.°55 Pr. Civ.) Antee! Juez deldo- 
miciliose pide la información para litigarcomo pobre 
(319 C. Pr.) Debe expresarse el delosque otorgan un 
testamento ó cualquier otro instrumento público (artí- 
culos L53del Dec. deRef. al Cod. Civ. y 2. ° 103 C. 
Pr.Civ.) Determina preferentemente la competencia 
en los juicios de testamentaria 266 del Dec. de Ref. 
al C. de pr. civ. ): el interventor de la testamenta- 
ria debe ser domiciliado en el lugar (3. ° 1313 C. 
Pr. Civ.): El juez, al recibir las declaraciones de los 
testigos, cuando se abre un testamento cerrado, debe 
hacer constar el domicilio délos testigos ni otorgarse 
(1674 C. Pr.): el Juez del domicilio es el competente 
para decretar el depósito de personas y para conceder 
habilitación judicial para comparecer en juicio (1750 y 
L793 C. Pr. i S >gun «'1 Código 'le Comercio, los testigos 
ante quienes se haceel protesto deben ser del domici- 
líodel aceptante (010." | 

11. 

228 — Yecindad es la calidad de una persona con 
relación á la jurisdicción municipal < n <¡nc /¡ene su 
residencia. Se diferencia del domicilio en que éste se 
refiere á todo un Departamento y al ejercicio «le los de- 



118 

reclios y cumplimiento de las obligaciones civiles, 
mientras que ¡avecindad se refiere solo á la jurisdic- 
ción municipal, y casi siempre hace relación á dere- 
chos exclusivos deesa localidad, ó á cargos ú pensio- 
nes municipales. 

229— Según el artículo 6.° del Decreto del 30 de 
Setiembre de 1879, los habitantes de una jurisdicción 
municipal, ósea del territorio á que se extiende la ac- 
•cion administrativa de una Municipalidad, se dividen 
■envecinos y transeúntes. Son vecinos los que tienen 
habitualmente su hogar en una jurisdicción muni- 
cipal, ó seradican en ella con ánimo de per manee r, 
teniendo allí el centro de sus negocios; y son transe- 
úntes los que.de paso (81 C.) y accidentalmente,se < n - 
•cuenlran en una jurisdicción municipal^ teniendo 
su residencia en otra distinta. La calidad de vecino 
se declara, en caso de duda, por la Municipalidad res- 
pectiva; y los vecinos, sean naturales ó extranjeros, go- 
zan de los derechos y están sujetos á las obligaciones 
ó impuestos municipales, á diferencia de los transe- 
úntes (artículos (!. c á 11 del Dec. citado, y Si). 82 y 
83 C.) 

230 — En algunos casos, la ley determina loquedebe 
entenderse por vecindad para ciertos efectos. Así es. 
que para la obligación de contribuirá los gastos de ca- 
minos, se tienen como vecinos por el artículo 1. ° Dec. 
de 30 de Mayo de 1877, los que tienen nn año de re- 
sidencia en cualquier punto de la República. 

231 — La determinación de la vecindades indispensa 
ble además, para algunos actos civiles. Así, los (pie no 
eslan domiciliados en la cabecera ocurren, para con- 
traer matrimonio, al Alcalde I. - municipal del 
pueblo de donde son vecinos (artículo 36 Dec. de Reí. 
TOM. L 8 



111 

;il Cod. Civ. i: Los testigos de los testamentos deben te- 
ner, por lo menos algunos, la calidad de vecinos (772 

inciso 1. . 77f> inciso 2. c y 777 inciso inciso 2. - ('. i, 
y deben tenerla también Jos que comprueban al Escri- 
bano, en su caso, la identidad de una persona que vé 
á otorgar un instrumento (inciso 7. c 163 0. l'r. » Es 
indispensable, también, la determinación de la vecin- 
dad, que se confunde entonces con el domicilio, para 
establecer quienes Juez competente en asuntos de me 
ñor cuantía. La solicitud del que pida laposesion de al- 
guna rosa por tí tu lo especial debe expresarla vecindad 
del peticionario (1124 G. Pr.) 

2H2 — Respecto dalos transeúntes, se ofrecen desde 
luego como disposiciones cine deben tenerse presentes, 
la de que al demandante transeúnte se puede oponer 
como excepción dilatoria, la de arraigo personal ó pres- 
tación de üanza de estar á derecho (677 C. Pr. >,y lade 
(pie falleciendo un transeúnte, el Juez, de oficio, pro- 
cedes asegurar sus bienes, aun antes de los nueve 
dias señalados para comenzar el inventario (1810 C. 
Pr. i Como se habrá notado, el domicilio y la vecindad 
ao se confunden con la naturaleza ni con la ciudada- 
nía: uno puede ser vecino de una jurisdicción munici- 
pal, ó estar domiciliado en un Departamento, y no ser 
guatemalteco, ó por lo menos, no ser ciudadano si no 
goza de los derechos políticos. Por el contrario, un 
guatemalteco, aunque tenga la calidad de ciudadano, 
solo será vecino del tugaren que tiene su residencia. 



1 1 5 
PÁRRAFO TERCERO. 

1) E I. <i s AU8E N T K S . 
1. 

•S.Y.', ausi;.\( t.v -El tratado de ausencia,puede decirse 
que es enteramente nuevo entre nosotros. La legisla- 
ción española no contenia un cuerpo dedoctrina sobre 
esta materia, sino una ú otra disposición dispersa é in- 
cidental y relacionada, casi exclusivamente, con los 
juicios. La facilidad de las comunicaciones, la I 
cuencia de los viajes, debida á osa facilidad y ala 
extensión de las negociaciones industriales y mercan- 
tiles, y la necesidad de provecí- á la situación de la 
familia y á la conservación de los intereses de loa au- 
sentes, han hecho indispensables un conjunto de pn 
cripciones legales que determínenlo que procede ha- 
cer en el estado de ausencia. Se lia formado de ella 
un estado especial por las importantes modificacio- 
nes que sufre el derecho de los ausentes en .su fa- 
milia y en sus bienes; pero es un estado que general- 
mente solo depende de la voluntad de] que enél se ha 
colocado. 

234 — En el sentido Legal, y para los efectos del 06 
digo, salvo que se trate de materias como La pres- 
cripción enque hay otra disposición especial, es au- 
sente el individuo que se TíaUafuera (lela üepúbli 
ca, ó cupo paradero -se ignora (84 y 85C.) Así, pues^ 
bodo aquel que está fuera del territorio de GLuatema 
La, aunque se sepe el lugar de, su residencia es aus* n 
te; y es aúnenle también, todo aquel cuyo paradero 
sea ignorado, esté ó nó cu la República, Otros Códi 



116 

gos, comoel francos, no consideran ausente páralos 
efectos ele que vá á hablarse, sino solo á aquel cuyo 
paradero es ignorado, y nó al que tiene residencia 
'conocida, aun cuando sen fuera de la República, y 
tienen en su apoyo varias consideraciones. Figuran 
entre ellas la de que no debe confundirse un indivi- 
duo cuya existencia es un hecho averiguado ó in- 
dudable, con otro cuy:) vida es incierta, y que pue- 
de presumirse muerto, desdequeno es natural que, 
teniendo familia y bienes en ^\n lugar, no mande no- 
ticias suyas: la de que no debe confundirse, tampo- 

un hombre con quien se puede entrar en comuni- 
cación y mantenerla, ya (pie se sabe su residencia. 

Le aviso de cnanto ocurra en su familia é intere- 
y excitarle á que tome medidas en favor de 

•a y de aquella, con otro, con quien esa comu- 
nicaciones imposible por no saberse sn paradero: la 
de que no debe confundirse á uno cuyo regreso de- 
pende de su voluntad y de los motivos que, para 
ello, se le hicieran presentes, con otro cuyo regreso 
es incierto, quizás independiente de su voluntad, y 
a quien no es posible estimular para que vuelva; y 
finalmente, la de que no puede equipararse á un hom- 
bre que, á pocaómucha costa, y en mas ó menos 
tiempo, puede con seguridad tener conocimiento del 
estado de sus negocios, con otro que se halle en to- 
ral ignorancia acerca de ellos por la imposibilidad 
de trasmitirle algún aviso. A pesar de esto, como la 
ley hace cesarlas precauciones que, en beneficie del 
ausente y de su familia é intereses, adopta, desde 
queél constituye persona que lo represente; y como 
para las medidas mas trascendentales, se requiere, co- 
mo vá á verse, que no se tengan noticias del ausen- 



117 

te. se destruyen casi por completo los inconvenien- 
tes que, á primera vista, pudieran hacer insosteni- 
ble la equiparación del que está fuera de la Repúbli- 
ca en lugar conocido, con el de residencia ignorada. 
Para proceder con mas claridad en esta materia, 
tratará separadamente de los efectos de la ausencia 
relativos á la familia y á los bienes: de la posesión 
provisional: déla posesión definitiva y del fin de la 
posesión; y délos asuntos judiciales. 

II. 

235— familia. Las leyes tienen que llenar del me- 
jormodo posible, el vacío que el ausente deja en la 
familia y fijar los medios de que se cumplan las o- 
bligaciones que él ha def< uids do. Cuando 1< s ¡m] ul 
sos de la naturaleza no bastan para que el padre. 
vuelva al lado de su familia, ó cuando un aconteci- 
miento inesperado, ó una desgracia cualquiera lóale 
jan de ella, la ley tiene que prescribir lo que se hace 
para suplir la falta del que es marido ó padre. 

236— La mugei' del ausente tiene, en todo caso, la 
patria potestádde los hijosde ambos (102, 280. 5 
C.) y tendrá también, en falta de apoderado, la ad- 
ministración ile los bienes de] marido (86 y L03 C. 

237 — Si el marido ausente deja hijos menores <!<■ 
un matrimonio anterior, se lesprovéede tutor pa- 
ra sus bienes propios, por no ser prudente confia, 
á una persona (pie, como la madrastra, no los quiere 
bien, y tenga intereses encontrados ú opuestos. La 
muger dará sin embargo, <1" Los bienes que adminis 
tra, Loque falte para los alimentos de aquellos hijos- 
si no bastaren Los bienes de ellos, como tendría que 



L18 

hacerlo el padre si estuviera (103, 241, 242 <J.) 

238 — Si el ausente no tiene cónyuge, se constituye 
á los hijos menores bajo el poder de un tutor, y és- 
srá también guardador de los bienes del ausen- 
te (105 C.) Pueden pedir el nombramiento de un tu- 
tor en favor délos hijos menores del ausente, todos 
los que puedan pedirlo para los huérfanos cuyos pa- 
dres han fallecido (89 C), es decir, ellos mismos si 
son púberes; y sino, los parientes ó cualquiera del 
pueblo; y, en último caso, el Juezlo lince de oficio 
(1032 C. pr.) 

239 — Todos los que administren bienes del ausen- 
te deben proveer de alimentos á los que tuvieren 
derecho á recibirlos (104 C.) 

240— Por ausencia real ó aparente del marido, 
cuando de la demora se siguiese perjuicio, el Juez 
puede suplir la autorización marital para los actos 
en que lamugerlá necesita (fr. 2. * 156 C.) 

241— La ausencia de uno de los cónyuges sin justa 
causa, y por mas de cinco años, es una délas cau- 
sales para que se solicite y se declare el divorcio 
(inc. 7. °, art. r»3 Dec de reformas al C. civ.) Cuan- 
do el nacimiento del hijo ha acaecido cuando hace 
mas de diez meses que está ausente el marido, pue- 
de éste desconocerlo alegando adulterio de la ma- 
dre (art. 62 Dec. de reformas al ('. civil.) 

242 — Si las personas respectivamente llamadas á 
prestar el consentimiento para el matrimonio délos 
que son menores de edad, se hallan ausentes, en 
países extranjeros distantes, de donde no se puede 
Obtener Contestación en menos de cuatro meses, el 
Juez del domicilio suple el consentimiento (127 inc 
*. z C.)Ysiel guatemalteco, ausente ene) extran- 



119 

jera, quiere contraer matrimonio y está en caso de 
urgencia que no permita recurrir á Las autoridades 
déla República, suplen el consentimiento el Minis- 
tro ó el Cónsul residente en el Logar de su celebra- 
ción; en su defecto, los del mas inmediato; y no ha- 
biéndolos, y sí peligro de muerte próxima, basta pa- 
ra la validez del matrimonio, probar plenamente que 
concurrieron esas circunstancias (133, 1H4, 135 C.) 

243 — El hijo de familia menor de edad y la muger 
casada pueden obtener habilitación judicial para 
comparecer en juicio, si fuesen demandados ú seles 
siguiesen graves perjuicios de no demandar, y se ig- 
norase el paradero del padre ó del marido, ó estu- 
vieren ausentes sin que haya fundada esperanza de 

su próxima vuelta (1794 C. pu.) 

244— Cuando alguno ha estado ausente de la Re- 
pública por mas de cinco años, y quiere contraer a- 
quá matrimonio, además de Llenar las formalidades 
comunes á todos, debe presentar tres testigos que 
acrediten haberlo conocido en él lugar en que ha 
permanecido y constarles su Libertad de estado (art. 
32 Dec. de reformas núm. 272. i 

III. 

245— BIENES. La ausencia de una persona no des- 
truye los derechos que tenga sobre sus bienes: pue- 
de celebrar, directamente ópor medio de apodera 
do, cualquier contrato sobre ellos. Puede tomar po- 
sesión por medio de procurador sin intervenir per- 
sonalmente (628 C..); y el (pie en su ausencia se apo- 
dere de la cosa de que es dueño, y cuando vuelve 1<> 
repele, es poseedor violento (521 C.) 

24G — Puede, también, el ausente adquirir y perder 
por prescripción; pero cuando se trata de cosas in- 



130 

muebles, para que se adquieran por prescripción po* 
sitiva, Be necesita qne si el dueño está ausente, tra 
curraD diez años, es decir, un número doble de los 
(pie se requieren entre presentes (125 del Dec. de re- 
formas núm. 272). Para los efectos de la prescripcioii 
son ausentes los que están fuera del territorio de la 
República (12o Dec. de reformas núm. 272.) El au- 
sente puede donar sus bienes, comprar y vender, 
dar en arriendo (714, 1515 y 1669 C.) sin necesidad 
de estar presente. El término para aceptar la heren- 
cia es de tres meses si el heredero está en el Depar- 
tamento en que ha muerto la persona de cuya suce- 
sión se trata: de seis, si está fuera del Departamen- 
to pero en la República: y de un año, si se halla fue- 
ra déla República (857 C.) En los casos de ausen- 
cia fuera déla República, del heredero 6 herédelos 
conocidos, el Juez procederá de oficio al inventario 
y depósito provisional de losbienes heredados, del 
que haya fallecido ab-intestato (858 C.) 

247 — Cuando una persona está ausente de su do- 
micilio pero en la República, y se sabe su para- 
dero, no hay necesidad de tomar ningunas medidas 
respecto de sus bienes, porque se supone que pue- 
de y quiere administrarles desde el lugar en que se 
encuentra, y quenó ha creído oportuno nombrar re- 
presentante. Mas cuando la ausencia es Enera de la 
República ó en lugar desconocido, si bien por esto 
no se extinguen los derechos del propietario sobre 
sus bienes, debe haber alguno que tenga el inmedia- 
to cuidado y administración de ellos. La ley respe- 
ta el derecho del ausente de confiarlos á quien le pa- 
rezca; pero si por descuido, negligencia úptro moti- 
vo cualquiera, no lo hizo, sino que dejó abandona- 



121 

dos sus intereses, la autoridad que debe proteger á 
todos los individuos y evitar la usurpación de sil for- 
tuna, tiene que proveerlos de administrador, y tomar 
todas las precauciones conducentes á que el ausen- 
te no sea perjudicado. Respetando, pues, ante todo, 
la voluntad del dueño se dispone: que administre 
los bienes, en primer lugar, el apoderado que él hu- 
biese elegido con tal objeto: no habiendo apodera- 
do, nadie puede tener mayor interés por el ausente 
que su cónyuge é hijos, asi es que en ese caso, el 
cónyuge, y en falta de él, los hijos son los adminis- 
tradores legales si el ausente no hubiese dispuesto 
otra cosa (86 C.) 

248 — Si el ausente de la República, ó de domicilio 
ignorado, no tuviere apoderado ó éste rehusare ejercer 
el cargo (1643 C. pr.), ni hijos mayores ni menores, 
ni tutor de su persona, cuando él fuere menor co- 
mo debería tenerlo aun estando presente, probada y 
declarada previamente, conforme al Código de pro- 
cedimientos (Párrafo 3 o , Tít. 11, Lib. 2"). la necesidad 
de proveer de administrador, porque no lo haya, 
nombra el Juez, con ese carácter, al que resulte ser 
pariente mas próximo del ausente y tenga las condi- 
ciones necesarias; y en caso de no haber parientes, ;i 
una persona de conocida probidad (87 (\ I646y i " 
C. pr.) 

249 — Pueden pedir el nombramiento de guardador 
ó administrador délos bienes del ausente, en primer 
lugar, todos los parientes ó personas que tengan 
recho á ellos, como mas inmediatamente interesa- 
dos en que no se pierdan: en segundo Lugar el Mi- 
nisterio Fiscal, representante de ios intereses de la 
sociedad; y, por último, á falta de parientes, cual 



122 

quiera del pueblo, por e] interés público que tía \ 
de (¡ue esos bienes no se pierdan ó usurpen. Si el 
ausente fuese menor, se reenoarga el cuidado de los 
bienes á su guardador si Lo hubiere, ó se le nombra 

como á los demás menores (1643 C. pr.) 

250 — El guardador antes de encargáis* 1 de la ad- 
ministración de los bienes, tiene que practicar in- 
ventario y tasación judicial de ellos, dando hipoteca 
ó fianza en lo&' términos establecidos para los tibores 
• '•>. c Dea de reformas al G. civil núm. 272.) 

251 — La disposición que se reformó, y era el art. 
90 del código Civil, decía que la fianza se diera por 
el valor de los bienes; pero teniendo este adminis- 
trado]- las mismas limitaciones que los tutores y 
guardadores, no había razón para que la hipoteca o 
lianza se constituyera por todo el valor de los bie- 
nes, cuando los demás guardadores y los tutores la 
prestan únicamente por el importe de los muebles 
y por el valor de las rentas y productos délos raí- 
ces y utilidades, calculadas de las olías negociacio- 
nes (34G C.) Así, hoy están equiparados en este pan- 
to. La hipoteca ó lianza, se constituyen con intervención 
del agente fiscal, y obligándose á devolver los bienes 
y sus frutos luego que el ausente aparezca (1646 y 
1647 C. pr. civ.i 

27)~2 — Las facultades de este guardador y sus obli- 
gaciones y remuneración se rigen por las reglas es- 
tablecidas para los tatoles (lo, Dec de reformas 
núm. 272.) Así quedo modificado el artículo ¡H del 
Código Civil, ¡mes ni) había fundamento para res- 
tringir mas las facultades del administrador de bie- 
nes de un ausente que las de cualquier otro guarda- 
dor ó las del tutor de un tnenor.de modo que ya pueden 



123 

tender los raices con autorización judicial, y pueden 
enagenar loa muebles; y en conformidad con esta mo- 
dificación se encuentra el art. 1725 del Código de 
procedimientos civiles que establece que la enajena- 
ción de bienes de un ausente, puede promoverse por 
su representante, sujetándose á las mismas reglas 
dadas para los bienes de menores ó incapacitados. 

253 — Por los ausentes pueden pedir la partición 
sus representantes legítimos (1017 C); y en esc caso la 
partición debe ser aprobada judicialmente (1032 ( '. 

254 — Siempre que una cosa pertenezca á un au- 
sente, ó tenga participación ó interés en ella, láven- 
la debe hacerse en pública .subasta (fr. 2.- 1631 O. 
Las transacciones sobre bienes ó derechos de los au- 
sentes, no son válidas mientras no sean aprobadas 
por el Juez competente, quien, al efecto, debe oir 
el dictamen de dos expertos en el asunto de que se 
trate (1843 y 1844 C.) 

255 — Según el articulo 1324 del Código de pro- 
cedimientos civiles, cuando el representante de un 
ausente promueve el juicio de testamentaría debe 
presentar testimonio en formadel auto de la decla- 
ración de ausencia, ó de la presunción de muerte 
del ausente; pero si, durante el juicio, se hace cons- 
tar la fecha de la muerte del ausente, desde entonces 
se entenderá abierta la sucesión y cesará en sus fun 
ciones el representante (1325 C. pr. ) 

25G— Los productos de los Hienes raíces, > en su 
caso, su precio, el valor de los inmuebles que se 
vendan y las rentas que se cobren, deben ser co- 
locados á interés, en beneficio del ausente, para ha- 
cer productiva la suma quede ellos resulte (92 C.)í 
v se observará en este particular y en lo aplicable, 



124 

lo establecido acerca de la imposición á interés de 
capitales de los menores (371 y 372 C.) 
257 — El guardador puede adquirir para el ausente 

cualesquiera bienes ó derechos por sucesión ú otro 
título gratuito; pero debe dar fianza de <l< -volverlos 
á quienes correspondan, si no prueba dentro de cua- 
tro años, que el ausente vivia al tiempo de la ad- 
quisición (113 C.) La razón es que el guardador solo 
adquiere para el ausente, como su representan!»': 
y si el representado habia muerto con anterioridad, 
no hay derecho en que se funde la adquisición, por- 
que la representación habria terminado con la muerte.. 

268 — Cuando el acreedor se halla ausente del lu- 
gar en que debe hacerse el pago, y no tiene legíti- 
mo representante, el Juez, con citación del defensor 
que él nombre, puede autorizar la consignación que 
el deudor solicite, rindiendo la información de la 
ausencia y déla falta de persona que lo represente 
(347 Dec. de reformas núm. 272.) 

259 — El cargo <je guardador termina (1649 C. pr.): 
l. 08 Por muerte de él ó por muerte del ausen- 
te, debidamente comprobada y ocurrida antes de 
que ha; jado por otro medio. <1. °- y 2. ~ 431 C.) 

2. z Por ausencia del mismo administrador, ó 
j remoción declarada en í legal; pero 

tanto en este caso como enelde que muera, es in- 
dispensable proveer al ausente de otro administra- 
dor que lo reemplaze (8. z 93 y 3. - y 4. P 431 C.) 

:;. - Cuando vuelve el ausente ó constituye a- 
poderado, porque Calta entonces la razón de necesi- 
dad de la guarda (1. - 03 C. i 

4. c Cuando se dá á los herederos la posesión de 
los bienes del ausente, porcarecerya de objeto, pues- 



125 

to que los bienes pasan al poseedor (2. ° 93 C.) El 
guardador está en la obligación de rendir cuentas 
lo mismo que los tutores de menores. Terminado 
el cargo, tiene obligación de devolverlos bienes que 
recibió y los aumentos obtenidos; y si es por regreso 
delausente.y se duda que sea el mismo, cuyos bienes 
se dieron en administración, tiene que probar la i- 
dentidad de su persona, antes de que se haga la 
devolución. El Juez debe admitir esta prueba y re- 
solver según ella (1650 C. pr. civ.) 

IV. 

260 — POSESIÓN PROVISIONAL. El nombramiento de 
guardador es una medida de precaución en favor de 
los bienes del ausente; pero esa medida do puede 
subsistir de un modo indefinido. 

261 — Debiendo haberse publicado, antes de nom- 
brar administrador, la solicitud relativa á ella, por 
carteles lijados durante sesenta dias y por los pe- 
riódicossi los hay; si esto no obstante, pasan cinco 
años y el ausente no se presenta ni se tiene en ese 
período noticia de él, hay ya verdadera incertidum- 
bre acerca, de su vida. Por este motivo, y para no 
perjudica]- á sus herederos que recibirían daño de 
que la administración del guardador se prolongara 
sin término, porque se les privaría de mejorar los 
bienes, de celebrar contratos sobre ellos y de dis- 
poner de intereses á que tienen derecho en falta del 
ausente; la ley establece que si, durante cinc.» anos 
contados desde su desaparición, ó desde la última 
noticia posterior á ella, no se tiene noticia alguna de 

él, sus herederos testamentarios ('i legales, ¡> len 

pedirla posesión provisional de sus bienes, y con 



126 

cedida, acabala administración del guardador (12 
del Dec. de reformas núm. 272. i 

i— El término de cinco años es suficiente para 
que el ausente llegue á tener noticia de las medi- 
das que s»' han tomado relativamente á sus bienes 
y para que suelva ó disponga lo que -¡'debe hacer 
con ellos, constituyendo persona que lo represente; 
ó por lo menos, para que mande noticias suyas. El 
Código (96) no determinaba desde cuando comenza- 
ban á contarse los cinco años: se limitaba á decir 
que no se tuviera noticia durante cinco años, y I 
cando un término menos sujeto á variedad y duda. 
reformó en el sentido que queda expresado. 
263— Pueden pedir esta posesión los que 
rederos testamentarios ó legales del ausente, de- 
biendo abrirse el testamento cerrado del ausente si 
lo hubiere, y guardándose el mismo orden que 
guarda para la posesión hereditaria por causa de 
muerte; y atendiéndose, para la calidad de heredero, 
ala época en que la solicitud se formula. EIJuez, 
después de publicada ésta, por carteles lijados du- 
rante cuatro meses, y por los periódicos si los hay, 

y después de probada la ausencia, y de presentado 

el testamento ó acreditado el carácter de heredero 
legal, manda darla posesión provisional ill<>4. 1651 
\ 1653 C. pr. 

264— Son aplicables ú esta posesión las mismas re- 
glas que establece la ley, respecto de los que piden 
la posesión hereditaria. Así. habiendo otros herede- 
ros según el testamento que se presento, se manda- 
rá dar posesión proindiviso (1107C. pr.) Si todos ó 
la mayor parte de los herederos solicitasen la po- 
se3Íon ;í un mismo tiempo, mandará el Juez que se 



127 

dé en común ó proindiviso, confiándose la admrnis 
tracion al que eligiere la mayoría de los herederos, 
sin perjuicio «lo qne estos acuerden otro modo de po- 
seerla (1108 y 1109 C. pr. i 

2(3."i — Puesto que para otorgarse ta posesión provi- 
sional serequiere que hayan trascurrido cinco años 
sin tenerse noticia del ausente, no tendrá lugar 
neralmente sino respecto de los bienes de aquel, ou- 
yo paradero es desconocido, como que no se encon- 
trará en aquel caso el que tiene residencia conocí 
da, aunque sea fuera de La República, De este mo- 
do, según quedó ya antes indicado, se modifican 
los efectos de la definición de ausente que compren- 
de á uno yá otro del mismo modo, y no se oten 
den los principios, según ios cuales, la calificación 
de ausente debería reservarse para los de paradero 
ignorado dentro ó Fuera de la República. 

266— Al concedérsela posesión provisional, se lia- 
ce partición de bienes de la sociedad conyugal, en 
fregándose á lamugerlos que la correspondan por 
ser propios de ella, 6 como gananciales líquidos has- 
ta la fecha dé la posesión provisional; y de todo 
podrá ya disponer libremente, tanto por faltar »■! 
fundamento de la sociedad, como porque no hay ra- 
zón para que lo que le pertenece pase al poder de tos 
herederos de su cónyuge (9*7 y I l<■) ( .M , . > No por esto 
se disuelve el vínculo matrimonial, ni puede el con 
yugo pasar á segundas nupcias, hasta que haya no 
ticia cierta de la muerte del otro, si vuelve, se resta 
blece la sociedad conyugal. 

267 — El heredero que tiene la posesión provisto 
nal, está obligado, lo mismo que el guardador, 
practicar inventario y tasación de los bienes, para 



128 

que haya constancia de 1<> recibido, y ¡i «lar fianza 
hipoteca á lin deque Be pneda hacer efectiva cual- 
quiera responsabilidad. Según el artículo 98 del Có- 
digo, la garantía debia ser por el valor de loa bienes, 
;. el poseedor no podia enagenar ni hipotecar los 
bienes raices, aino solo los muebles con licencia ju- 
dicial, y eso previa la correspondiente información 
de utilidad y necesidad. Acerca de esta disposición, 
es lo referente al monto de la garantía que se dá y 
á las restricciones para enagenar ó hipotecar, debe 
reproducirse lo expuesto en orden al mismo punto 
respecto de los guardadores. Se modificó, pues, por 
el artículo 13 del Decreto núm. 272; y hoy, la lian 
z:t ó hipoteca la dan como los tutores; y pueden ena- 
genar ó hipotecar en los casos y con las formalidades 
que ellos. Esto queda de acuerdo así, en el fondo, con 
el artículo 1726 del C. procedimientos que establece 
(pie. después de la declaración de ausencia y de la 
presunción de muerte del ausente, solo los poseedo- 
res provisionales ó tos definitivos, puedeo promover 
la enagenacion de bienes con arreglo á sus respecti- 
vos derechos, entendiéndose que Loa primeros solo 
pueden hacerlo sujetándose á las reglas prescritas 
por la ley para la enagenacion de los bienes de me- 
nores é incapacitados. 

3 — Las garantías (|ue Be exigen al poseedor pro- 
visional dependen de que por la posesión no ad- 
quiere .-I dominio de los bienes: el ausente ú otro 
que tenga mejor derecho puede aparecer y pedirlos, 
y seria ilusoria la acción que estos ejercitaran sino 
hubiera medios de hacerla efectiva. 

i— El poseedor provisional, lo misino que el guar- 
f dador, puede adquirir para el ausente, cualesquiera 



120 

bienes ó derechos por sucesión ú otro título gratuito: 
pero dando fianza de devolverlos á quienes correspon- 
dan, sino prueba dentro de cuatro años que el ausen- 
te vivia al tiempo de la adquisición (113 C.) Sin em- 
bargo de esta disposición, en materia de sucesionle- 
gal, si el ausente tiene herederos con derecho de repre- 
sentación, el que tiene á la sucesión pasa á ellos 
en virtud de tal derecho, aun cuando hubiese muer- 
toantes de abrirse aquella (759, 763, 954 C.) En mate- 
ria de legados, la ley dice de un modo terminante: 
que el legatario que muere antes que el testado]-. 
no adquiere derecho al legado ni lo trasmite á 
sus herederos, á no ser que estos hubiesen sido 
igualmente llamados por el testador (883 C.) Laley 
habla en el supuesto de estar el legatario présen- 
le-, pero si está ausente y aun en lugares deseo 
nocidos, es de presumir que la intención del b stador 
al instituir un legatario en semejantes circunstan- 
cias, hasido favorecer no solo al ausente sino también 
á los ipie lo representan. En cuanto ú donaciones, 
deberla, adoptarse la misma doctrina, pues si es cier- 
toque|deben entenderse hechas á persona determinada, 
también lo es que no son necesarias li presencia y acep- 
tación personales del mismo donatario, sino que basta 
I: aceptación del apoderado ó representante que, en 
el caso deque se trata, es el guardador óposeedorpro- 
visioaal; y esde presumirse también que la intención 
del dona aldonaráiino,cuyo'parade] aeraba, 

\ sobre cuya existencia podia haber dudas, era Favo- 
recerlo no solo á él sino á Slis descendientes i?|S (\t 
Oon/iQ consecuencia «e deduce, que cuando hay !¡ 
deros del. a úsente» de la clase de los mencioi . no 
del. >ria requerirse la prueba de su existencia al tiempo 

TOM. !. 



[30 

en que se ha abierto la aucesion,se ha constituido un le- 
gado ó hecho una donación, pero sí en todos los demás. 

2?o — El poseedor provisional, lomismoqueel guar- 
dador, es representante del ausente; y romo nadie pue- 
de'nerednr despnes de muerto, por que lia cesado su ca- 
pacidad de* derechos, si el ausente no viviaal tiempo de 
la adquisición, el poseedor provisional noadquiere,en 
representación de él lo que él nopodia adquirir. El pla- 
zo de cuatro años es bastante para, que el poseedor 
haga las diligencias necesarias para averiguar los he- 
chos conducentes y rinda la prueba de que el ausente 
vivia. Lo dicho no obsta á que el poseedor provi- 
sional 'pueda adquirir, por derecho propio, los bienes 
que no pudo adquirir á nombre del ausente, especial- 
mente en las sucesiones de famflia,ni le priva tampoco, 
si es hijo del ausente, del derecho de representación 
que le concede la ley para heredar á los hermanos de 
su padre (763 C.) 

271 — El poseedor provisional hacesuya la mitad de 
los frutos naturales, industriales y civiles, reservando 
la otra mitad para el dueño de los bienes (99 C.) Se to- 
ma este término medio, para conciliar los derechos 
del ausente con los desús herédelos, pues si hay que 
interesar á estosen la mejora y cuidado de los bienes 
y compensarles su trabajo, los motivos que para pre- 
sumirla muerte de aquel hay hasta entonces, no son 
tan poderosos como'para no poner una limitación re- 
servándole algún derecho. Tanto es así que, mientras 
no se haya dado posesión definitiva de los bienes del 
ausente, se le reputa vivo y con derecho de adquirir 
por cualquier título (112C.),y ni se le podría privar de 
él, sin despojarlo desu carácter jurídico de persona 
que es inherente al individuo durante toda su vida. 



L31 

272 — Cesa la posesión provisional, ademas de los ca- 
sos que son comunes á ella y á La definitiva, cuando se 
concede esta ultima. 



V 



273 — posesión definitiva. —Puede suceder que 

no solo hayan trascurrido cinco años desde que se 
nombró guardador al ausente, sin tener noticias suyas. 
sino que se tenga prueba de su muerte; 6 que haya pa- 
sado, sin tenerse noticia de él. el tiempo indispensa- 
ble para que tenga la edad de setenta años. En el 
primer caso, la prueba de la muerte del ausente hace 
innecesarias ya las limitaciones de la posesión provi- 
sional, y procede una posesión absoluta que es la mis- 
ma hereditaria que se da á los herederos del que muere 
en el lugar de su domicilio en la República. En el se- 
gundo, hay una presunción vehementísima, casi igual 
ala certeza, de que el ausente ha muerto: porque á la 
faltade noticias, se agrega la circunstancia de «pie la 
ley, fijándose en lo que ordinariamente sucede, consi- 
dera que el término mayor de duración de la vida es 
de setentaaños, y que, solo por excepción, [podría »■! 
ausente haber pasado de esa edad. Los herédelos testa- 
mentarios 6 legales que acrediten tener derecho á los 
bienesal tiempo de hacer la solicitud, podrán, portan- 
te, pedir que se les dé posesión definitiva, comproban- 
do la muerte del ausente, ó que ya pasó el tiempo pa- 
ra que cumpliera setenta años, y deberá publicarse la 
solicitud durante cuatro meses por medio de carteles 
y en los periódicos (100 C. 1654 C. pr.) 



1 32 

•.'", I biste último artículo dice también que se lia de 
tereditar quela ausencia ha continuado desde que se 
confirióla posesión provisional (inciso 1. r r. y como 
esto hace entender,en cierto modo, que la posesión de- 
finitiva ha de ser precedida siempre de la provisional, 
ronviene manifestar quenohay razón para qne sea ;isr. 

, que si seconsignóde esa suerte, fué porque lo general 
iiése dé posesión definitiva cuantío ya se huya 
dado provisional; mas no porque forzosamente haya de 
haberse dado ésta para que pueda procederse á dar 
aquella. Y enefecto, si antes de concederse la posesión 
provisional, hay pruebas de ja- muerte delausente, 6 
ha trascurrido, sin haber noticia suya, el tiempo su- 
ficiente para (pie cumpliera la edad de setenta años, la 
posesión provisional no tieife objeto ni procede en ri- 
íjor legal; y seria ridículo que, por mera formalidad, 
seprivara .-i los herederos de entraren el pleno goce de 
sus derechos. 

2?."¡ VA poseedor definitivo, á diferencia del provi- 
sional, entra en el goce pleno de todos los d< pechos de 
sucesión, incluyéndose en la masa hereditaria la mitad 
de frutos que reserva el poseedor provisional, y <\*' 
bjendo cancelarse las fianzas de Ja posesión p] 
nal. \ quedar sin efecto ya cualquiera responsabili- 
dad proveniente de ella contra el fiador. La posesión 
ni ti va, lo mismo que l.i muerte'real de una perso- 
na, hace pasar loa d< s que á ésta correspondían 
é sus herederos ó orea, verificándose en éstos u- 
ua verdadera confusión de las obligaciones ¡i que es- 
taban sujetos á favor del ausente, y del derecho que'és- 
Ce tenia para exigir su cumplimiento, ni seria justo 
■ pie el fiador quedase indefinidamente responsable, 
'•ua.ndo los principales obligados, de poseedores pro- 



i:;:; 

misionales que eran, pasan á serlo definitivos, que 
casi lo mismo que propietarios 1 101 C. I Comprobada 
la muerte, 6 establecida la vehementísima presunción 
de que ocurrió, no hay razón para poner limitaciones 
alheredero, en Lo relativo á la administración y libre 
disposición de los bienes, ni para exigirle caucione» 
de hipoteca ó lianza respecto de la devolución. Tiem 
po es ya de que se fijen los derechos hasta entonces 
inciertos y precarios de los herederosy de que se mi- 
re por la movilidad de la propiedad y por el créd 
territorial. La posesión definitiva se Tunda, pues, 
solo én el interés de los herederos, sino también en n 
na razón de conveniencia pública. 

276 — Como consecuencia de esto, y produciendo 
efecto el testamento desde La muerte del testador, lo» 
legatarios y todos los que por fallecimiento realó i 
suntivo del ausente, tengan algún derecho á Busbie 
nes como donatarios por causa de muerte, iisufrucl 
ríos etc. pueden hacerlo valer contra el herederoqu< 
obtenido la posesión definitiva, y podrán por lo mismo. 
pedir que ésta se confiera á quien corresponda I L06C. 
Debe ademas inscribirse la providencia que la mande 
dar en el registro de la propiedad i 1. - 2065C. i Bien 
se pudiera sin 'embargo, dará los Legatarios la facul- 
tad de hacer valer sus derechos después de la p 
provisional, dando la respectiva lian/a como losdemas. 



VI. 



277-fin de la posesión Cesa la posesión provisto 
nal 6 la definitiva en cualquier estado que apare 



134 

revocado el testamento que las motivó,ó que si- mani- 
fieste otro nuevo testamento del ausente; y se conferi- 
Ltónces la herencia ;i los que resulten herederos tes- 
tamentarios ó legales, según los últimos documentos, 
sin que lo impida la posesión anterior 1 107 C.) Conte- 
nia idéntica disposición, casi en los mismos términos, el 
artículo ios, y por esto quedó suprimido porell4 del 
Dec. de IW. núm. 272. En el caso de revocación, revo- 
,1a que se presumía última voluntad del ausente, 
y no teniendo, por consiguiente, valor, los bienes per- 
tenecen álos sucesores legales; y en el cuso deapan 
otro testamento, el nuevanu nte presentado (iebe consi- 
derarse como la última voluntad del ausente y como la 
ley que ha de regir en la distribución de su¡ Jos 

cuales pertenecerán á los herederos en él instituidos. 

•J~iS — •' imbien la posesión provisional 6 defini- 

tiva, cuando haynoticia cierta de que el ausente vi- 
ve. Desde entonces, como que ha dejado de existiría 
presunción de muerte que le servia de fundamento, 
el heredero queda reducido á la clase de guardador y 
sujeto ú todas las obligaciones de este (110 C.) Espre- 
ique, sin volverá tener noticia del ausente, pasen 
los términos respectivos desde que se tuve la última, 
para qué pueda volverla ser admisible otra solicitud 
de posesión. • 

270 — Con mayor razón pesa, por último, la posesión 
provisional ó definitiva, cuando aparece el ausente, 
pues, teniéndose por revocada, debe el poseedor entre- 
garle los bienes que -cu de su pertenencia! Cualquie- 
ra ficción ó presunción legal desaparece ante la reali- 
dadde Las cosas, y por éso está declarado que el au- 
sente, mientras vive, no obstante las presunciones que 
den lugar á la posesión provisional ó definitiva, con- 



i:;;» 

serva la <!<> sus bienes bajo el amparo de La ley i L09 y 
111 C.)En virtud deeste principio, se halla prevenido 
que ninguno de los que se encarguen de la adminis- 
tración ó custodia de los bienes del ausente, ó tomen 
de ellos posesión provisional 6 definitiva, pueda, por 
razón de mejoras, ni por otra causa., retenerlos ni re- 
husarsu entrega inmediata al ausente, ó á la persona 
que en forma legal lo represente. Así, no debe extra- 
ñarse que suponiendo la ley que e ate que cum- 
plió setenta años, ha muerto, por lo cual da la pose- 
sión definitiva, trate después de suponerlo vivo,por< 
aunque los setenta años sean el mayor período* 
rio, 'puede haber yhayc isos excepcionales d aas 
larga: vera menester encar: le ellos para que 
disposiciones legales fuesep completas <lll C); 
prendiesen iodos ios casos. 

Vil. 



280 — DERECHOS V RESPONSABILIDADES D£ LOS PO£ 

BDOBES-Siempre que por cualquier motivo cesa la ; 
sesión provisional ó la definitiva porparte délos que 
la han tenido, esconforme a justicia que el que la 
ja, no esté obligado á entregar al que.! las 

rentas. y frutos á que ha tenido derecho durante la 
posesión. Solo (Miando se le probara (pie la obtuvo de 
mala fé, estaría obligado á esa devolución. El trabajo 
de administración queda compensado con los frutea 
percibidos, con la facultad (pie se lia tenido de dispo- 
ner de los bienes y con la obligación del ausente de 
tomarlos en e] estado en que se encuentren. 
281— Los poseedores definitivos, como antes queda 



1 36 

indicado, disponen libremente y sin restricción de los 
bienes, enagenándolos por cualquier título. Esto si a- 
poya en que la misión en posesión definitiva se con- 
funde con Inmisión en posesión hereditaria, y en vir- 
tud de ella, loa que la obtienen, adquieren el dominio 
de los bienes; en que la ley no restringe laenagenacion 
sino á los poseedores provisionales y noá los poseedo 
lefinitivos ; en que la prohibición de oar los 

bienes después de la posesión definitiva, equivaldría a 
vincularlosy á dar por destruida por la misma ley la 
presunción en que la posesión definitiva se funda; y. 
por último, en que si asi no fuera, no habría diferen- 
cia de importanci la posesión definitiva y la pro- 
visional. 

282— En este concepto, y ya que la posesión defi- 
nitiva se acaba si se presenta nuevo testamento del 
ausente, ó si, contra loque se creyó, residía que éste 
vire, ocurre la duda de loque deba hacerse respecto 
de los bienes enagenados por el poseedor qu Al- 

gunos, como Calderón, piensan que si la enagenacion 
ha sido á título gratuito como en la donación termina 
ó se rescinde desde que vuelve el ausente ó se dá la 
posesiona otro; porque en ese caso no sufre daño <•' 
donatario; y que en consecuencia, sin poderse recla- 
mar les frutos percutidos, como que lo fueron de bue- 
na fé, se puede reclamadla cosa del tercer poseedor. 
Si la enagenacion ha sido á título oneroso como en la 
venta ó permuta, el ausente tiene derecho de cobrare* 
precio á los poseedores definitivos ó de recuperar la 
cosa del tercer poseedor, pues cuando se véndelo age- 
no, el comprador en virtud del contrato no adquiere 
el dominio sino la posesión ó la mera tenencia que hu- 
biese correspondido al vendedor. ( 1400 C.) 



137 

28H — Noencuentro aceptable esta distinción, porque 

el poseedor definitivo ha usado de un derecho legíti- 
mo enagenando, por cualquier título, los bienes; y en 
consecuencia, ámenos que hubiera habido mala fé de 
su parte, si sabia que estaba vivo e] ausente, y mala 
fé también de parte de aquel á quien por la na- 

cion onerosa ó gratuita trasmitió la propiedad, no hay 
razón alguna para dar acción, en ningún otro caso, con- 
tra el tercer poseedor. La ley no da acción al dueño de 
los bienes sino contra el poseedor definitivo, y cxteu 
laá los que trajeran de éste un derecho sancionado por 
la ley, seria destruir la seguridad de La propiedad y 
la firmeza y validez de los con?. sobre todo cuan- 

do hay de por medio elhecho de la ausencia, depen- 
dientede ordinario de la voluntad del que la ha t< 
do largo número de a ños. Pero me- 

nos justo que el ausente jpueda col - 
unitivo, el precio de los bienes enagenados, porque si 
existieran en su poder estaría obligado á devolverlos; 
y si se le eximiera del pago, nada le seria mas fácil que 
enagenarlos inmediatamente después de obtenida la 
posesión definitiva, poniéndose asi á cubierto de toda 
restitución. Mas esta acción será personal contra el po- 
seedor definitivo, siendo muy racional la prescripción 
del Código Francés, que es hoy la fracción 1. - de! ar- 
tículo 15 del Dec. de reformas núm. 272. que declara 
que si el ausente aparece, 6 se prueba su existencia aun 
después déla posesión definitiva, recobrará bus bienes 
en el estado en que se encuentren, el precio de Loa «pie 
hayan sido vendidos y loa bienes que provengan del 
empleo que se haya hecho del precio de ellos. El prin- 
cipio de equidad es que todo lo hecho de buena fépor 
el poseedor definitivo sea válido; pero que éstenose 



188 

enriquezca ;1 costa de losque resulten verdaderos pro- 
pietarios. Así, sí al poseedor definitivo competía algu- 
na acci pudiera ejercitar para anular ó rescin- 
dí:- la e cion de alguno de los bienes, esa acción 
i al ausenteó ú sus representantes. La cosa adqui- 
rida abio de alguna del ausente, 
también pi óltimo,é igualmente le per- 
i comp on el precio de las co udi- 
dite queo cióse hizo: 
la adqui '• i >n de '-: : □ fué por títu- 
lo lu ■ ->i en cambio de larcosa donada no re- 
maelp ■ ¡finitÍ70,deberá aten 

un ellaí 
el p< Sjhabria 1: • donación 

de si ida ten- 

drá qu- valor, pues se enriqueció en tan- 

a cuanto ahorró de su capital para ladonacion. La 
lira para resolveren justicia las dudas 
sobre el particular, es que el poseedor no se enriquez- 
n perjuicio del ai s; pero qné tampoco resulte 

>n definitiva le ceda eu perjuicio, y se 
convii rtapara él en an lazo yque, por medio de la res: 

le hacer, lo deje iu;¡s pobre dé lo 
ion. 
284 — Respecto de los demás contratos que haya ce* 
»el poseedor, como arrendamientos ó hipote- 
cas, el ausenteó sus representantes tienen que pasar 
elli 3; ; i la sociedad formada, parece Datu- 

ra! que i- ) se le pueda obligará continuar ni obligar 
tampoco a los otros socios. 

28a — Ya que, como se lia dicho, el poseedor definiti- 
vo tiene la libre disposición de los bienes, puede cam- 
biar su estado y sn forma (fr. l. ~ ortt 15cit.);y podrá 



L39 

suceder que si aparecen el ausente ó sus representan 
tes, i ncuentren en los bienes deterioros ó mejoras. Si 
los bienes están deteriorados pero no se prueba mala 
Eé de parte del poseedor, su obligación se limita 
á entregarlos en el estado en que Be encuentren, 
salvo la parte en que realm i haya enrique- 

cido con el deterioro. Si ha mejorado los i ; ha- 

ciendo en ellos expensas necesarias ó útiles, mienl 
nose le pruebe i o contrario, debe ser reputado siempre 
sedorde buen i ^ozar, en > la 

acción correspondiente para que se le pague el valor 
mejoras. 

280 — Si es el ausente mismo el qui lla- 

marla restitución de su-; bienes, no podrá opo 

prescripción, seacuaJ fuere el tiempo trascurrido; 
porque el ausente, mí j vive, con 3Íon 

desús bienes bajo el amparo de la ley, y no puede pres- 
cribir la cosa poseida, aquel que la poseí nombre 
suyo ni suceder en los bienes de anhombrevivo (636 
C.)Mas si noes el mismo ausente sino que son herede- 
ros testamentarios ójlegales, conmejor derecho que los 
poseedores definitivos, no hay razón para que, contra 
dios, no córranlos mismos términos ordinarios de La 
prescripción común parael ejercicio de la acción 
reditaria (fr. 2. * artículo 15 Pee de reformas núm. 
273.)E1 tiempo déla prescripción de orrer desde 

la fechaque se compruebe serla de la muerte efectiva 
del ausente, porque mientras éste vivia, los 'poseedor 
res caiecian de título para adquirir por prescripción; 
pero si ellos han entrado en posesión con posterio- 
ridad ala fecha de la muerte verdadera, solo princi- 
pian á prescribir desde que comienzan á poseer. 

287 Debe tenerse presente que, si después de dada 



14(» 

la posesión definitiva, secompruebala fecha verdade- 
ra en que ocurrió la muerte del ausente, bien sea an- 
terior ó posterior á ia de la posesión definitiva, el] 
la que sirve para que se entienda abierta l;i sucesión 
*an llamados á ésta los que, conforme aJ último 
amento, 6< orno herederos legales, lo fu d el 

dia en que ocurrió la muerte, pudiendo reclamar los 
l>iene-¡ si por la posesión definitiva se hubiera dado a 
otros. Se da, por ejemplo,la posesión definitiva de los 
bienes de un individuo, ell. ° de Enero de 188o, y se 
da la posesión definitiva como herederos abintestato, 
á sus colaterales, á falta de otros. Sí resulta que des- 
pués s" comprueba que tal individuo murió efe< tiva- 
mente antes ódespues, de esa fecha, podrán reclamar 
los bienes los que en la fecha de la muerte eran legíti- 
mos herederos por testamento ó abintestato, pues de- 
sapareciendo la ficción ante la realidad, debe tenerse 
por'abierta la sucesión y conferidos los derechos cuan- 
do e amenté ocurrió la muerte queda lugar áe- 
llos. 

VIII. 



288— Asuntos JUDICIALES. Aunque las disposicio- 
nes relativas á la ausencia, en lo que toca á la repre- 
sentación del ausente en lo judicial, son mas propias 
délos procedimientos, se hará una ligera reseña de 
ellas, ya que en la parte de que se va tratando, algo 
contiene el Código en orden á esa materia. Tienen o- 
bligacion de defender los derechos de! ausente, ha- 
ciéndolos valer en juicio ó respondiendo á una .deman- 
da, su apoderado; y no teniéndolo, su cónyuge, sus 



141 

hijos mayores, su tutor si es menor, ó el guardador 
nombrado; y en falta de ellos, el defensor qnese le 
nombre por el Juez (11 del Dec. de Bel núm. 272. 

289— Ce.su el cargo de defensor desde que termine 
el asunto para que fué nombrado, ó desde que por ha- 
cerse necesario, se provea de guardador al ausente, 
pues á él compete entonces la representación. < 
con mayor razón, sí se di) posesión provisional ó <! 
nitiva, ó si el ausente regresa y nombra apoderado 
(95 C.) 

290— Cualesquiera pagos ó entregas que • jan 

al actor por resultado del juicio contra un ausente 
que no fué citado en persona, ó que no dióinstrucci 
nes, serán bajo de lianza de resultas. Estas lianzas 
tendrán por canceladas á los cuatro años, si antesno 1<> 
fueron con intervención del ausente, ó de suapodera 
do especial, ó de sus herederos (l w 2s C. p 

'i — Termina la jurisdicción de los arbitros por au- 
sencia que exceda"de tres meses (2. ~ M 0. pr. i 

292 -Se ¡Hiede exigir que un litigante nombre pro. 
curador sise halla en lugar distinto de aquel en que 
aesigueel juicio ótrata de ausentarse después de 
menzado el pleito (1. z y 2. = 142 C. pr 

29 indo se teme fundadamente la ausen 

alguna persona, se pueden pedir posiciones antes de 
contestada la demanda (3. ° 232 ('. pr.) 

2í>-l Puede dictarse providencia precautoria cuan 
hubiere temor de que, se ausente la i ersona cpntr.i 
quien deba entablarse ó se \, atablado una denian 
da (V o 270 C. pr.) 

293, Uno de los ca?sps en que tiene lugar Ui in 
formación ad perpetuara es si, no pudiéndose dedu 
cir desde luego una, acción, los tea tan p¡ 



142 

mosá ausentarse á un lugar para el cual sean tardías. 6 
difíciles las comunicaciones (2. ° 381 C. pr.) 

•290— Cuando el ausente hubiese otorgado una es- 
critura simple de obligación y se pida su reconoci- 
miento judicial, si riñólo hubiere hecho, deben ha- 
cerlo los testigos que la suscribieron (2. c 095 C. pr. | 
Puede también hacerse el reconocimiento por la per- 
sona que firme á nombre del ausente; pero la escritu- 
ra reconocida así, no hace plena prueba (726 C. pr.) 

297 — En los juicios de concurso, el acreedor que se 
ausentare después de haber presentado sus documen- 

», será siempre considerado en el prorateo ó en la 
sentencia. El acreedor que no comparezca, ó que deje 
de concurrir á las juntas por sí ó apoderado, 'quedará 
sujeto á lo que en ellos se disponga, óálo que resuel- 
va el Juez en su raso (1441, 1442 C. pr.) 



PÁRRAFO CUARTO. 



I' i RS O N A 8 I \ I) K P K X D l K X T E 8 Y P K II- 



s o N A s SU .1 E T A 8 A 01 !: A > 



298— Según el estado civil, las personas pueden 
clasificarse también por la condición de dependencia 
ó independencia en que se encuentran para el ejerci- 
cio de sus derechos. Son dependientes de otro, en cuan- 
to á ese ejercicio, lasmugeres casadas, y délos efectos 
de esa dependencia se trata al hablar del matrimonio; 



143 

y lo son también los menores é incapaces, dependen- 
cia sujeta á lo que se expresará oportunamente en la 
materia de tutela. 



TITlfiO TBKCKKO. 



D E L A s I' K i: 8 O N \ > .1 i i: [OIGAS 



299 — Xa se ha dicho que las personas pueden ser 
naturales ó jurídicas, y que pertenecen á esta últi- 
ma clase, las asociaciones ó corporaciones tempora- 
les óperpetuas, establecida* con alijan fin, ó por al- 
gún motivo de utilidad pública, (41 C.) Jurídicas se 
llaman estas personas, en oposición á los individuos, 
para manifestar que no existen en calidad de perso- 
nas, sino para un fin jurídico; y son, no una persona- 
lidad natural sino ficticia que debe su existencia sola- 
mente á la ley, pero que es capaz de ejercer todos los 
derechos civiles relativos á los intereses legítimos de 
su institución (-10 C.),de contraer obligaciones, de ser 
representada judicial y extra judicialmente. Así, es 
una persona jurídica la Municipalidad, son las ca- 
sas de Beneficencia &. 

300 — La personalidad jurídica, á diferencia de la na- 
tural, no existe sino en virtud de la autorización su- 
prema, así es que ninguna asociación ó corporación 
tiene esa entidad si no ha sido creada ó autorizada ] nu- 
la ley (45 C.) Es indispensable esa intervención de 



144 

La autoridad pública, porque la política requiere que 
el Estado intervenga en La creación de esas entidades 
ficticias, ya que pueden sor peligrosas ó inútiles en 
su introducción ó extensión, j porque La naturaleza 
misma del derecho Lo exige, pues [asi como los indi- 
viduos fijan el principio de su existencia por el naci- 
miento, Las personas jurídicas deben tener nacimien- 
to legal para fijar el tiempo desde el que comienza su 
personalidad que les da capacidad jurídica; lo cual 
debe hacerse por la idad y no por la voluntad 

individual, para evitar así laincertidumbre en el dere- 
cho y con ella, gran número de abusos (La Serna y 
Montalban.) Así es que, aun respecto de sociedades 
anónimas de interés privado, se exige generalmente la 
intervención y aprobación del Gobierno (303 C. Com.): 
asi es tambienqueel artículo 25 de la Constitución, 
garantizando el derecho de asociación, prohibe sin 
embargo, el establecimiento de congregaciones con- 
ventuales y de toda especie de instituciones ó asocia- 
ciones monásticas. 

301— La ■; corporaciones tienen sus estatutos ú orde- 
nanzas, y como ó^tos son las reglas por las que se ri- 
t sus miembros, y por otra parte pudieran causar 
daño á terceros, ó ser perjudiciales al publico y con- 
trarios á La moral óá las leyes, deben ser previamen- 
te idos ;í la aprobaciqn del Gobierno. Es esen- 
cial al carácter de una corpox*acion que s,u derecho 
descanse, nó sobre cada uno de sus individuos toma- 
dos particularmente, ni aun sobre todos ellos reunidos, 
sino sobre la persona moral (Pothier) En i ato, se dis- 
tingue el derecho ¡1" una rorporarion.de un derecho en 
que solo hay poraunion'porque pertenece á varios indi- 
viduos. En consecuencia, loque pertenece á una cor- 



14.') 

punición, no pertenece, en todo ni en parte; á ningu- 
no de los individuos que la componen; y recíproca- 
mente, las deudas de una corporación, no dan á nadie 
derecho para demandarlas, en todo ó en parte, á nin- 
guno de los individuos que la componen, ni hacerlas 
efectivas sobre los bienes propios de ellos, sino sola- 
mente sobre los de la corporación. Este es un princi- 
pio umversalmente reconocido y consignado terminan- 
temente en algunos Códigos como en el Civil de Chi- 
le, (artículo 549.) Eso no obsta á que, si alguno ó to- 
llos los individuos de la Corporación, quieren obligar- 
se y sehan obligado personalmente por deudas de ella. 
se esté á lo que se hayan comprometido. 

302 — Las personas jurídicas ejercen sus derechos y 
contraen y cumplen sus obligaciones por medio de sos 
representantes, que son las personas á quienes la ley. 
Las ordenanzas óestatutos respectivos, ó en su defec- 
to, un acuerdo déla Corporación, confieren este carác- 
ter. Así, los Síndicos tienen la representación judi- 
cial de su Municipalidad. Los actos de los representan- 
tes obligan a la Corporación en cuanto no excedan de 
los límites del ministerio que se les ha confiado; en lo 
que excedan, son de su responsabilidad' personal. Est;i 
doctrina tiene también en algunos Códigos el carác- 
ter de ley. 

303 — En general, las obligaciones nacidas de contra- 
to, cuasicontrato ó cuasi delito, tienen para las per- 
sonas jurídicas, los mismos efectos que para las natu- 
rales. Aquellas, lo mismo que estas, pueden ejercer 
también las acciones que resulten de un delito come- 
tido en su perjuicio; pero en su carácter de corpora- 
ción, no son capaces de delito ni pueden sajelarse ;i 
pena. Si sus miembros ó representantes delinquen 

l'O.M. i. lo 



146 

en el ejercicio de sus funciones, de cali uno de olios 
personalmente,es la responsabilidad criminal. (Chacón) 

304: — Las Corporaciones pueden adquirir y poseer 
M'-nes en los términos que lo permita la ley que las 
orea, ó autoriza su establecimiento. La ley puede res- 
tringir eso derecho porque las Corporaciones difieren 
esencialmente de los individuos en cuanto al origen 
de sus derechos: los individuos existen independien- 
temente de la ley: tienen derechos que proceden de 
su propia naturaleza y facultades; que la ley no c 
sino que reconoce y protege, sin poderlos destruir. Las 
Corporaciones, por el contrario, traen su existencia 
directamente de la ley: no tienen mas derechos que 
los que ella les otorga: la autoridad que las crea puede 
suprimirlas; y la ley, así como puede negarles la fa- 
cultad de adquirir ciertos bienes, ó de adquirirlos por 
determinado título, puede también limitar su capaci- 
dad de poseerlos. (Id.) 

305 — Los bienes que pertenecen colectivamente á 
una Ciudad, aun Pueblo 6 á una CorpoMJcion legal- 
mente reconocida, so llaman rósasele comunidad. 
(510 C.) 

306— Los pueblos, las corporaciones y el fisco; to- 
man posesión por medio do las personas que los re- 
presentan. (6.° 528 C.) 

307 — El Estado así como los ayuntamientos y todos 
los demás establecimientos públicos, se consideran 
como particulares para la prescripción de sus bie- 
nes, dereclios y acciones (642 C.) 

808— '■Las donaciones á favor de los hospitales, de 
las «-isas de huérfanos, do los éstable«iíhientós de 
instrucción, dolos pobres de algún pueblo*; ó de o 
bras públicas, se aceptan por los administradores. 



147 

síndicos 6 personas debidamente autoriza- las (719 C.) 
309 — Por los establecimientos y demás institucio- 
ciones ({ue tengan capacidad de heredar, aceptan la 
herencia, con beneficio de inventario, sus respecti- 
vos administradores ó sus personeros sufi cien temen 
le autorizados (849 C.) 

310 — Son nulas las donaciones de inmuebles á fa- 
vor de ruanos muertas (743 O.) Estas, tampoco tie- 
nen capacidad de heredar (1. ° 811 ( 

311 — Cuando una servidumbre está constituida á 
Pavorde un Municipio ó población, el convenio que 
haga el dueño para eximirse de ella, no surtirá 
fecto alguno respecto de toda la población; si no se lia 
celel interviniendo el síndico del Ayuntamieii 

perosí producirá acción contra cada uno de los par- 
ticular- hayan renunciado á la servidumbre;; 

si ésta- ,--,<) público, el coir s nulo i ;i lo- 

docaso (l.'c y 2.® 13' 

312— Las corporaciones civiles que no puedan ad- 
quirir ó administrar bi raices, tampoco pueden 
lenes' usufructo constituidos* le esta - 

si- (1316 C.) El usufructo constituido á favor 
corporaciones ó sociedades que puedan adquirir y 
administrar bienes raices, solo dura diez añ< 
sando en el caso de que, i I se término, se di- 

suelvan dichas sociedades ó corporaciones (1374< 

313- Los administradores de establecimientos] 
blicos, sean de beneficencia, de instrucción ó di 
tro ramo, no pueden venderlos bienes que manejan 
sino en pública subasta y con licencia del Gobierno 
(1527 C.) 

:>bl- Los admii ¡s de rentas nacionales so- 

lo pueden transigir adose á las leyes de Hacien- 



148 

vía (1841 ('.i y para la transacción que, por Utilidad 
manifiesta de los establecimientos de beneficencia y 
¡i.' instrucción pública, deba hacerse sobre sus bie- 
y rentas, se requiere, así como para su enajena- 
ción, la licencia del Gobierno (1842 C.) 

31o — Los administradores no pueden recibir á mu- 
tuo sino con las formalidades prescritas para tran- 
sir (1906 C.) 

316 — Las causas pertenecientes á la. Hacienda na- 
cional y las de beneficencia y establecimientos pú- 
blicos, no pueden someterse á juicio de arbitros (2. c 
- 3?C.pr.) 

:¡i? — Por las Corporaciones comparecen en juicio 
las personas que las presiden, ó sus procuradores, 
síndicos ó p -rsoneros (2. z 101 C. Pr.) Efi la prime- 
ra y en las demás instancias, defienden la hacienda 
pública y los establecimientos de beneficencia los 
agentes fiscales (29 Dec. núm. 27:!. | 

318 — Los que defienden intereses fiscales no pueden 
desistir del juicio en lo absoluto (441 C. pr. i 

319 — Cuando una obra nueva perjudica al común, 
produce acción popular que puede ejercitarse ante 
los tribunales ordinarios ó ante la autoridad muni- 
cipal, para que esta dicte una providencia guber- 
nativa (1184 C. pr. ) 

320 — Cuando se trate de enagenar ú obligar bienes 
de alguna Corporación ó personalidad jurídica, se 
necesita intervención judicial, licencia del Gobierno, 
y aprobación de éste del remate, previa á la del .Juez. 
conforme á las prescripciones de los artículos 1711 y 
siguientes del Código de Procedimientos Civiles. 

'.vil — En particular, respecto de Municipalidades, 
la Constitución establece: que la ley organiza las 



149 

Municipalidades sin alterar el principio de elección 
popular direeta, y designa las facultades que les cor- 
responden (96): que las Municipalidades podrán 
táblecer con lajiprobacion del Gobierno, loa arbitrios 
que juzguen necesarios para atender al objeto de sn 
institución (97) y que el Gobierno, cuando lo cre- 
yere conveniente, 6 á solicitud de las mismas Muni- 
cipalidades, puede reformar las ordenanzas d 
pueblo, y darlas á los que no las tuvieren (! 

322 — La ley de Municipalidades decretada en 3o 
de Setiembre de 1879 establece que los Síndi< 
presentarán ala Corporación en todos los asuntos 
en que sea, parte (58.) En la administración y mane- 
jo de los bienes, los gastos que tienen á su c:¡ 
se dividen en ordinarios y extraordinario*. Los pri- 
meros son los determinados por la ley, ó por 
dos especiales del Gobierno; los segundos, los que 
ocurren eventualmente (8o.) Los gastos ordinarios 
no pueden cubrirse, sin la orden de pago del Pn 
dente de la Municipalidad y el Visto Bueno de la 
Comisión respectiva (86.) Los gastos extraordinarios 
necesitan acuerdo de la Municipalidad, previa com- 
probación de su necesidad (87.) Los gastos extraor- 
dinarios que sean necesarios á juicio de las Munici- 
palidades, pueden acordarse por éstas, consultándo- 
los al Gobierno por conducto del Jefe Político, las 
de las Cabeceras de Departamento cuando excedan 
de $500; y las de los demás pueblos, á los Jefes Polí- 
ticos, si pasaren de 50 (88.) Todo gasto quesehí 
de los fondos municipales, debe redundar en utili- 
dad positiva del Municipio: y si así no fuere, serán 
personalmente responsables los que lo hubieren acor 
dado (89.) Los individuos délas Municipalidades son 



150 

solidariamente responsables de los acuerdos que con 
su voto se dictaren; y esa responsabilidad puede de- 
ducirse por los Síndicos ante los Tribunales ordina- 
rios, previo acuerdo expreso de la Corporación (artí- 
culo 114.) 

323 — La existencia legal de una Corporación ter- 
mina por su disolución: la autoridad que legitimó su 
principio, puede también aboliría, y esto, apesar de 
la voluntad de sus miembros, si llega á comprometer, 
ó ser perjudicial á la seguridad ó intereses del Estado, 
ó no corresponde á los objetos de su institución 
(Chacón.) No puede disolverse por sí misma sin in- 
tervención y aprobación de la autoridad que le dio 
personalidad jurídica, porque su existencia no de- 
pende de la voluntad de sus miembros. Tampoco 
se disuelve por la muerte de alguno ó algunos de 
sus miembros, por lo mismo que su derecho reside 
en la entidad moral que debe ser reintegrada ó re- 
aovada por la autoridad y en la forma correspon- 
diente. Al disolverse una Corporación, Be dispone 
de sus bienes en la forma que prevengan sus estatu- 
tos aprobados por el Gobierno, y si nada se hubie- 
re consignado allí, las propiedades pertenecen al 
Estado. 

324 — Diferentes délas personas jurídicas de que sfe 
ha tratado y están establecidas con algún fin ó por al- 
gún motivo de utilidad pública,, son las asociaciones 
de intereses particulares. Estas se rigen por las reglas 
del contrato de sociedad, y lo mismo que sucede en 
toda sociedad, ésta forma una personalidad jurídica 
distinta de los socios individualmente considerados 



151 



TITULO CUARTO. 



DE LOS ESPOXSALKS. 

32o — Después de constituida la "persona, el Códi- 
go se ocupa de los derechos y obligaciones de que 
ella es capaz en las diferentes situaciones de su vi- 
da. Por esto se trata primero del matrimonio, ósea 
del origen de la familia, y después, de las diferentes 
relaciones legales que nacen entre los esposos y en- 
tre ellos y los hijos. Antes de hablar del matrimo- 
nio, va á tratarse ligeramente de la~promesa de con- 
traerlo, ó sea de los esj)onsales, que aunque hoy no 
tienen valor legal, lo. tuvieron de derecho entre no- 
sotros-, por las antiguas leyes españolas. 

326 — Según el derecho canónico y español, la 
promesa de futuro matrimonio mutuamente acep- 
tada, y con las solemnidades legales, producía de- 
fectos: 1. ° la obligación de contraer matrimonio, 
salvo causa grave y 2. ° una especie de paren- 
tesco de afinidad entre un novio y los parientes del 
otro. El Código nuestro, aceptando la considera- 
ción de las funestas consecuencias que acarrean, <-n 
los países en que esa institución está en las costum- 
bres, esponsales impremeditados, la facilidad eon 
que pueden contraerse inconsideradamente en la 
juventud, y los perjuicios que podrían causar á la 
moral y á la libertad del matrimonio, lea ha qui 
tado el carácter de hecho legal, y lia abolido el 



152 

apremio para llevar á efecto el matrimonio, y hasta 
la acción para demandar indemnización de perjuicios. 
acción que antes, una vez confia idos , procedía 
cuando no se cumplía la promesa. Declarándolo un 
hecho del todo privado, que no produce obligación 
alguna ante la ley civil, deja exclusivamente some- 
tido su cumplimiento, como el de cualquiera obli- 
gación natural, al honor y conciencia del individuo 
(114 y 115 C.) 

327 — Muchas veces en esta estipulación, lo mis- 
mo que en las estipulaciones comunes, se fijaba en 
garantid de la obligación, una multa que debia pa- 
gar, á favor del otro, aquel por cuya culpa no se 
cumpliera lo prometido. La ley, queriendo quitar 
todo lo que, bajo cualquier concepto, comprometa con 
penas ó restricciones la libertad del individuo, y 
atendiendo á que demandas de esta naturaleza, ha- 
rían necesaria, casi siempre, una investigación de la 
conducta privada de los esposos, y la admisión de 
la prueba testimonial, de graves inconvenientes en 
la práctica, niega también la acción civil para re- 
clamar la multa estipulada (116 C); pero no por es- 
to prohibe el pacto esponsalicio: solo le niega ac- 
ción legal dejándolo subsistente como obligación 
natural. De aquí es que si ya se hubiere pagado la 
multa en virtud de lo convenido, no puede pedirse 
su devolución (fr. 2. d 116 C), lo cual es conforme 
al principio general de que no se puede recobra r co- 
mo indebidamente pagado lo que aunque no se hubie- 
ra podido exigir con arreglo á las leyes, se hubiese 
satisfecho según la equidad (2264 C.) 

328 — Otra cosa debe decirse acerca de la restitu- 
ción de las cosis donadas y entregadas bajo la con- 



ise 

(lición de un matrimonio que no se ha efectuado: 
puede demandarse (117 C.) porque lia faltado la 
causa que motivó esas donaciones, y desde entonces 
va no pueden sostenerse. 

329 — El único efecto legal que. segun el Código, 
producia el pacto de esponsales y para el cual se 
admitía su prueba, era el de constituir una circuns- 
tancia agravante en los delitos contra la honestidad 
(118 C); pero como esta circunstancia no se expre- 
sa en el artículo 8. ° *del Código Penal que enume- 
ra las de esa clase, ni en el Tit. 8. ° , Lib. 2. ° del 
mismo Código que se ocupa de los delitos contra la 
honestidad, quedó aquella disposición suprimida 
en la reforma (16 Dec. núm. 272.) Bebe tenei 
presente que si el estupro es cometido en una muger 
mayor de 12 y menor de 21 años, solo es justiciable 
según el art. 289 del Código Penal, cuando inter- 
viene engaño, y como tal puede tenerse la promesa 
de matrimonio. 



TITULO QUINTO 

DEL MATRIMONIO. 
PÁRRAFO 1. 



380 — VA matrimonio puede considerarse bajo dife- 
rentes aspectos, según las diferentes relaciones que 

tiene, con la natundeza. con la lev civil ó cotí la re 



l.VI 

ligion. La ley no lo considera sino como mi contra- 
to civil, sin perjuicio de que, independientemente de 
clin, los que lo celebran puedan solemnizarlo con las 
ritualidades del culto religioso á que pertenezcan. Lo 
considera solo bajo ese aspecto, es decir, como fuente 
de derechos y obligaciones civiles y de modificaciones 
del estado de las personas, porque dada la diversidad 
que puede haber de creencias religiosas, éstas no de- 
ben influir en la formalidad y efectos de un contrato, 
cuyos elementos suministra la naturaleza y que la 
andona y garantiza, por la relación inmediata 
que tiene con los fines mas importantes de la socie- 
dad. Conformé al Código, el matrimonio es un contra- 
to solemne por > 1 cual un hombre y una muger se 
unen indisolublemente y por toda la vida., con^elfin 
de tirir juntos, de procrear y de auxiliarse mutua- 
mente (119 C.) Esta definición pone como esencia 
del matrimonio el contrato revestido de la solemni- 
dad legal: como caracteres de él la unidad y la indi- 
solubilidad ó perpetuidad; y como objeto del mismo, 
la vida común, la procreación y el mutuo auxilio de 
los cónj ages. 

:»:¡1 — El matrimonio es un contrato, porque lo cons- 
tituye el consentimiento de los que lo celebran; pe- 
ro aunque esencialmente consensual, no puede con- 
fundirse con ninguno de los otros contratos, porque 
éstos se refieren especialmente á los bienes, mientras 
que el matrimonio se refiere primeramente á la per- 
sona; y asi, por su naturaleza, por su importancia y 
por su afinidad íntima con el orden social, se sujeta 
a prescripciones determinabas, y debe verificarse y 
constar de una manera solemne su celebración. 

332 — La lev establece como caracteres del niatri- 



1 65 

monio, la unidad y la indisolubilidad. La unidad 
significa que se contraiga por un solo hombre con so- 
lo una muger, porque la pluralidad de maridos 6 de 
mugeres, ó seria incompatible con la procreación, ó 
por lo menos, con la tranquilidad y el orden de la 
familia; y establece la perpetuidad 6 indisolubilidad, 
lo cual significa que el vínculo que se produce no a- 
rabfi sino con la muerte do uno de los esposos. 



PA lili A 10 II. 



CONDICIONES DE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO. 



333 — El matrimonio es contrato consensúa! solem- 
ne, celebrado por personas que pueden contraerlo 
legalmente. Consensual porque necesita imprescin- 
diblemente del consentimiento: solemne porque re- 
quiere formalidades indispensables para la expresión 
del consentimiento y para su celebración; y entre 
personas legalmente capaces, porque no todas pue- 
den contraerlo. De alguna de estas tres circunstan- 
cias, se derivan las condiciones esenciales para la cele- 
bración del matrimonio, habiendo además otras, con- 
diciones que no son esenciales por referirse á prescrip- 
ciones legales que no tienen la sanción de nulidad del 
matrimonio. Este puede celebrarse en la República 6 
fuera de ella, entre nacionales ó extranjeros; y asi el 



156 

orden natura] pide que se trate: I. ° de las condicio- 
nes esenciales al matrimonio por razón de la capaci- 
dad de las personas: 2. ° de las que no son esencia- 
les annqne sí están ordenadas por la ley con alguna 
sanción; 3. ° de las esenciales relativas al consenti- 
miento y á la solemnidad de la forma; y 4. ° del ma- 
trimonio contraído fuera del pais ó entre extranjeros. 



II. 



334 — Hay personas que no pueden contraer ma- 
trimonio: la ley no lo autoriza, ni permite: se opone 
á que se contraiga, y si contra su prescripción se 
contrae, lo declara nulo. Los motivos que determi- 
nan esta incapacidad, se llaman generalmente im/pe- 
<! i mentos dirimentes, que pueden ser absolutos ó ri- 
la tiros, según que la persona que los tiene, con nin- 
guno pueda contraer matrimonio, ó que solamente 
no pueda contraerlo con determinadas personas. 

335—1. ° Bajo pena de nulidad no pueden contraer 
matrimonio por razón áeedojJ: 

Los hombres menores de 14 años v las muareres me- 
ñores 3e 12 (120 C.) Se lia lijado esta edad para po- 
der contraer matrimonio, porque esa es entre noso- 
tros la de la pubertad, en que se adquiere ya el desar- 
rollo necesario para la generación. Contraído antes. 
en edad prematura y anticipada al desarrollo físico 
é intelectual que es indispensable, produciría e 
fectos desasí i-osos en uno ú otro orden, por vio- 
lentar estérilmente la naturaleza, é porque se ca- 
lece todavía del juicio bastante para apreciar la 



157 

gravedad y consecuencia de la.s obligaciones que im- 
pone ese contrato. Naturales como son los elemen- 
tos ele éste, la ley lia exigido la edad que la natura- 
leza exige, sin requerir la mayoría, que es la de la 
plena capacidad civil, porque ya en la edad dé la pu- 
bertad no puede decirse que falte el discernimiento 
absolutamente necesario para apreciar los deberes que 
el matrimonio impone; porque con esa edad coincide 
el desarrollo de las pasiones qüeacercan á los indivi- 
duos de sexo diferente, creando en ellos vínculos que 
si no se sancionaran por la ley, influirían frecuente- 
menteenla corrupción de las costumbres; y en lin, poi- 
que la amplitud queda esta disposición legal, encuen- 
tra su natural correctivo en las costumbres, en el * 
tema de educación y en la necesidad que tienen los 
jóvenes de obtener el consentimiento de sus padres 
ó de otras personas. {La Serna // Montalban. i 

336— Al establecer la ley esta incapacidad para 
matrimonio, se funda en la presunción que de la ob- 
servación y la experiencia resulta, de que, antes de los 
catorce años los varones, y de (lócelas mugeres, no 
tienen la necesaria aptitud para la procreación. Es- 
ta presunción no admite prueba en contrario, porque 
la ley no reconoce caso de excepción: así es que no 
podría autorizarse el matrimonio del que siendb'mi 
ñor de edad, fuera ya exivpcionalmente hábil para 
la generación. Lo contrario supondría una indaga- 
ción que además de ser contraria al pudor, seria en 
la mayor parte de los casos, de éxito sumamente du- 
doso, por lo menos. Los que antes de la pubertad con 
traen matrimonio, además de la nulidad, incurren 
en multa de quinientos pesos ;í un mil (316 C. Pen.) 
La disposición del Código Civil quedó adicionada 



L58 

por el art. 1? del Dep. de Ref. núm. 272; y en conse- 
cuencia la nulidad no puede ser reclamada si hay rati- 
ficación.. En este caso que está dé acuerdo con lo (pu- 
se prescribe en varios Códigos modernos, se tiene por 
revalidado ¿jjsofacto, y sin necesidad de declaración 
expresa, el matrimonio contraído por impúberes, si un 
dia déspüesde llegar ala pubertad legal, hubieren vi- 
vido juntos, sm haber reclamado en juicio contra su va- 
lidez, ó si la muger hubiere concebido antes de la pu- 
bertad legal, 6 de haberse entablado la reclamación. 
La razón es que continuando en la vida matrimonial 
cuando ya son capaces, subsanan el consentimiento que 
antes no tuvo valor: y cuando la impúber resulta em- 
barazada, hay contra la presunción de imcapacidad 
una realidad ante la que aquella debe ceder. 

337—2. ~ — No pueden contraí-r matrimonio por ra- 
zón de parentesco natural 6 civil: Los que son parien- 
tes consanguíneos enlinea recta de ascendientes ó des- 
cendí . sin limitación alguna, ni distinción de le- 
gitimóse) ilegítimos (120 C.) 

Los afines en la misma línea de ascendientes y des- 
cendientes (120 C.) 

El adoptante con la hija adoptiva, ni el hijo adop- 
tivo con la madre adoptante 6 la que fué muger del 
padre adoptante : 120 C.) 

B — El par- el vinculo que une ó las per- 

sonas ya porque descienden de un t ronco común, ya 
por razón de matrimonio ó de adopción. ]E1 primero 
se llama de consanguinidad^ porque los parientes es- 
tán unidos por la misma sangre: el segundo de afi- 
nidad^ y en virtud de él, un cónyuge es pariente por 
afinidad, délos consanguíneos del otro, ene! mismo 
grado en <■ te lo es por consanguinidad: el úl- 



160 

timo es el civil que se produce por la institución pu- 
ramente civil de la adopción. 

389 — Prohibido el matrimonio en linea recta de a>- 
(•endientes sin limitación ni distinción, la hija no pue- 
de casarse con el padre, ni con el abuelo, ni con ol bisa- 
buelo, ni con ningún otro de sus ascendientes que 
supusiera vivo, por muchas que fuesen las generaciones 
que mediaran. ¡La naturaleza misma repugna y recha- 
za esas uniones entre padres ó hijos, incompatibles 
con los deberes recíprocos que ella impone y con el 
respeto y veneración filial, y ocasionadas á producir la 
confusión délas ffeneraciones v el trastorno de las fa- 
milias. 

340 — Limitada la prohibición á la línea recta, el 
puede oaearse con la sobrina, y el sobrino con la tia. 

341— Por razones anal' e ha establecido el in- 

pedimento entro los afines en la linea deascendiei 
y descendientes; y en virtud de ella, ni el suegro ni el 
padre ó abuelo de éste, podrán contraer matrimonio 
con la nuera. Respecto de la afinidad en esta lima de 
descendientes y ascendientes, hay que decir que, por 
mediar el mismo motivo, debe entenderse que, lo mis- 
mo que en la consanguinidad, el impedimento es sin 
limitación ni distinción de legítimos ó ilegítim» 

342 — No admite tampoco la ley <•! matrimonio entre 
hermanos ó medio hermanos legítimos 6 ilegítim 
y Como podrá fácilmente observarse, se ha reducido 
la prohibición en la línea colateral hasta donde podia 
reducirse. Los hermanos están llamados á vivir bajo 
el mismo techo y en la mas íntima familiaridad; y 
la necesidad de conservar entre ellos afecciones ino- 
c 'lites, el peligro de inmoralidad si tuvieran esperanza 
de poder contraer matrimonio, el temor fnndadot de 



160 

discordias en las familias, el interés social de que una 
familia no se concentre en sí misma, sino que se una y 
relacione con otras por medio de los matrimonios de 
sus individuos; y hasta las observaciones de la ciencia 
respecto á la debilidad y enfermedades del cuerpo y 
de la inteligencia en los hijos que son fruto de uniones 
entre parientes inmediatos, hacen indispensable el im- 
pedimento de que se ha hecho mención. Fuera de los 
hermanos, no hay prohibición para el matrimonio en 
tre los otros colaterales consanguíneos, de suerte que 
los primos hermanos, hijos de dos hermanos, no vienen 
prohibición para contraer matrimonio entre sí. 

343 — El adoptante y la adoptada no pueden con- 
traer matrimonio, por que también seria origen de 
profunda inmoralidad y corrupción en el seno déla, 
Familia que los que ocupan el lugar de padres é hijos, 
aunque sea en el orden puramente civil, pudieran ali- 
mentar esperanzas de casarse, disuelto el matrimonio 
del adoptante. El impedimento debe entenderse que 
es también entre la hija adoptiva y el que fué marido 
de la madre adoptante; pero nÓ entre los hijos adopti- 
vos entre sí, ni entre estos y los lujos naturales del 
adoptante. 

344 — El matrimonio contraído entre ascendientes y 
descendientes, consanguíneos ó afines, ó entre herma- 
nos, ademas de ser nulo, sujeta á los contrayentes á la 
pena de reclusión en sus grados mínimo á medio, y el 
celebrado entre los que tienen impedimento por razón 
de adopción, á una multa de quinientos á mil pesos. 
(816 c. Pen.) 

84o -:>. z Por razón de la unidad >'> indisolubili- 
dad y perpetuidad del matrimonio, tiene impedi- 
mento: 



161 

El casado, mientras vive su cónyuge (120 C). Lo 
contrario seria permitir la pluralidad de maridos ó de 
mugeres, lo cual rechazan el interés público, el orden 
de las familias y la moral de la sociedad. Las deplo- 
rables consecuencias que en el orden doméstico pro- 
ducen frecuentemente las segundas nupcias, dan una 
idea de las que, en mayor escala, se seguirian de au- 
torizar varios matrimonios simultáneos. Aunque el 
matrimonio primero sea nulo, el impedimento existe 
mientras aquella nulidad no esté declarada, y ni la 
ausencia ni ninguna otra causa, fuera de la muerte de- 
bidamente comprobada de uno de los cónyuges, au 
torizan hoy al otro para contraer nuevo enlace. El 
casado que durante la vida de su cónyuge celebra 
otro matrimonio, incurre además en la pena de re- 
dusion en sus grados mínimo á medio. (316 C. Pen.) 

846-4. ° Por razones de moral ¡dadM persona que 
dio muerte á uno de los cónyuges, ó fué cómplice en su 
homicidio, no puede casarse con el cónyuge sobrevi- 
viente (7. ° 120 C); y si lo hiciere, además de la nu- 
lidad, debe sufrir reclusión en sus grados mínimo á 
medio (316 C. Pen.) Uno de los principales objetos de 
esta prohibición es quitar la esperanza de un enlace 
que pudiera servir de aliciente para la muerte de uno 
de los cónyuges; y para que proceda, no es necesario 
que se justifique conocimiento ó participación del otro 
cónyuge en el delito, ni adulterio anterior. La ley su 
pone que uno de los cónyuges no puede consentir en 
casarse con el que dio muerte al otro; y en caso de 
prestarse ese consentimiento, hay presunción mu\ 
fundada de estar relacionada la muerte COÜ el pro 
yeeto de segundo matrimonio. 

347 — 5. ° Por razón de falta de aptitudfísica para 

TOM. I. 11 



m 

el matrimonio, no puede contraerlo el impotente lart. 
18 Dec. de Reí', núm. 272.) La impotencia es la i 
neptitud del varón ó de la mujer para la nnion caí 
nal con individuos del otro sexo, ósea para la coha- 
bitación. No es lo mismo, pues, que la esterilidad, 
porque ésta solo obsta á la generación, pero podien- 
do sin embargo consumársela unión de los esposos 
porque los medios externos están expeditos, mientras 
que en la impotencia, la unión, por algún defecto de 
los medios naturales para la cohabitación, no puede 
llevarse á cabo. Así, la esterilidad no está considera- 
da como motivo de nulidad, ni generalmente hablando, 
puede decirse que haya nadaque indique su perpetui- 
dad. Para que la impotencia tísica, absoluta ó relativa, 
anule el matrimonio, se necesita que sea anteriora 
la celebración del matrimonio, y que se adolezca de 
ella de una manera manifiesta, perpetua é incura- 
ble, (art. cit.) 

:i48. — La impotencia se llama noli/ral cuando pro- 
cede de un defecto de la misma naturaleza, y ca- 
sual ó accidental cuando ha provenido- de algún <>- 
tro accidente. Es absoluta cuando la inhabilidad del 
que la padece, es para unirse cpp cualquiera indivi- 
duo del otro sexo: y <-s reláfica, cuando solo obsta 
para la cohabitación con personas determinadas. 
Ks perpetua cuando no puede cesar nunca, y temp.0- 
ral cuando puede desaparecer, 

349 — La nulidad del matrimonio porrazon.de im- 
potencia se funda en que aparece manifiestamente 
que no puede realizarse uno de sus objetos princi- 
pales que es la procreación: en que, no pudiéndose del 
modo autorizado por la ley, satisfacer una necesi- 
dad de la naturaleza, se condenaría al otro cónyuge 



163 

á una continencia forzada, ó ,-i tener que bnscaj ir 
niones ilegítimas, y acaso á prostituirse; y en que la 
ley no debe sancionar la anión de los que por la ji* 
t lindeza no se pueden unir. Por esto, la impotencia, 
para que sea impedimento dirimente del matrimo- 
nio, un debe ser temporal sino perpetua, siendo en en 
fe último caso, indiferente que sea natural ó acciden 
t il; que sea absoluta ó solamente relativa á la per 
sona con quien se contrajo, ó se va á contraer el ma 
trimonio. 

350— Según la ley, la impotencia debe Ber anterior 
al matrimonio para ser causa di- nulidad de. éste, de 
modo que siendo posterior ó sobreviniente, ne 
tiene como una desgracia que ambos cónyuges deben 
soporta]'. Mas si bien es cierto que produciría ii. 

convenientes establecer como regla absoluta que la 
impotencia superviniente anula siempre el mafn 
monioy los efectos legalmente producidos en época en 
que los cónyuges tenían la aptitud indispensable; no 
dejarle ser muy duro también, que e] matrimonio leu 
ga que subsistir cuando la impotencia viene ppoo 
tiempo después de celebrado el matrimonio, y espe- 
cialmente cuando los cónyuges son jóvenes todavía. 
La impotencia ha de ser manifiesta, y eso para evi- 
tar prácticas <le reconocimientos vergonzosos y ardí 
ñañamente 1 ineficaces; y perpetua é incurable, pan» 
evitar la declaración de nulidad cuando el motiva 
puede desaparecer con solo el trascurso de cierto 
tiempo y con los auxilios de la ciencia. Kl impoten 
te que conociendo su ineptitud, contrae matrimonio. 
debe ser condenado auna multa de quinientos á mil 
pesos. (816 C. Pem) 
ííiil — 6. c Por razón de falta du ilincemhniento 1 



1(54 

loco y las demás personas que tienen incapacidad 
mental, no pueden, tampoco, contraer matrimonió. 

(120 C.) Es indispensable para éste el pleno ejercicio de 
la razón, porque sin él no puede conocerse que haya 
consentimiento válido para el matrimonio (pie es un 
contrato, y contrato (pie impone muchos deberes y 
delicadas responsabilidades, y porque no se aviene 
tampoco con el estado de locura la vida común que 
d>}ben hacer los esposos, ni puede lograrse la reali- 
r.í.oion de los diversos fines sociales de esta institu- 
ción. La locura ó incapacidad mental de que se tin- 
ta, es la anterior ó simultánea á la celebración del 
matrimonio, pues la posterior es una de las calami- 
dades que por la ley debe hoy sobrellevar el otro cón- 
yuge, y que no autoriza la solicitud de nulidad, y por 
sí sola, ni aun el divorcio (171 C.) Cuando el loco tie- 
ne lúcidos intervalos, y en uno de ellos hubiera con- 
traído el matrimonio y pudiera probarse de un mo- 
da inequívoco su consentimiento, creen algunos que 
el enlace pudiera sostenerse, sobre todo si nó hay pe- 
ligro para la vida del otro cónyuge que, con conoci- 
niento de la enfermedad, seunia libremente á él. Pa- 
rece sin embargo, mas conforme á la ley y a la Lnsti- 
r.'oion del matrimonio, (pie éste no se autorizo mien- 
tras no conste que ha desaparecido la locura ó inca 
vpacidad y se haya recobrado la aptitud intelectual 
que es indispensable. Ninguna pena impone la ley al 
1 >oo ó incapacitado que se casa, porque bajo el su- 
puesto de la existencia de la locura, no hay respon- 
sabilidad criminal. (4. C. P.) 

3.*»2 — Debe advertirse que como regla general, Jos 
.impedimentos (pie legalmente anulan el matrimonio 
•no son causa para su disolución cuando sobrevienen 



1 66 

después de la celebración de éste, i frac. 2. ~ 19 Deereft. 
de Ref. niim. 272.) 



III. 



353 — Para contraer matrimonio válidamente son de 

lodo punto indispensables las condiciones de capa- 
cidad de los contrayentes <lo que acaba de tratarse, 
6 lo que es lo mismo, que no haya impedimento di- 
rimente. Hay otras condiciones que la ley exige tan* 
bien para que pueda procederse al matrimonio; pero 
no son esenciales como las otras: obstan á (pie se 
contraiga, y su falta constituye por lo mismo un im 
pedimento, pero tal, que ya celebrado el matrimo- 
nio, no lo hace nulo, sino solamente ilícito y su ge í a 
á los contrayentes á una pena. Los impedimentos de 
esta clase se llaman impediehU's. 

:?o4 — Aunque se echaba démenos en el Código to- 
da la claridad necesaria <ui materia tan importante 
como es la del efecto de los impedimentos que van 
á expresarse, estudiando la naturaleza de éstos. ¡a 
calificación que se les da en otras Legislaciones, y la 
relación de las diversas prescripciones Legales sobre 
este particular (art. í) del Pee. de 21 de Nov. de 
1879) que no hacen nulo sino solo ilícito el matrimo 
nio celebrado, podía comprenderse que no tenían o 
tro que el de BUgetar á una pena distinta déla ni» 
lidad. Se ha dicho que no habja la claridad necesaria 
porque uno de los artículos del Código (188) decla- 
raba que no producía efectos el matrimonio celebrar 
do contra las prescripciones, de los artículos anterio 



166 

i ¡ él, > entrevistos figuraban los que se refieren d 
los impedimentos de que se ha hecho mérito. Para 
evitar esa dificultad, debía interpretarse aquella dis- 
posición como refiriéndose únicamente á las prescrip- 
ciones especiales que mas próximamente la prece- 
den, y versan Bobre las formalidades de los matrimo- 
nios .entre extranjeros ó por apoderado. Con la refor- 
ma al Código, desapareció esa oscuridad porque se 
fijó claramente que la falta de los requisitos de que 
:ii tratarse solo nacen ilícito el matrimonio, y sé 
Jijaron los únicos casos en que puede tener Lugar la 
nulidad. Esto supuesto, no pueden contraer matrimo- 
nio lícitamente portener impedimento impertiente: 

355 — L. ° Los que no han obtenido el asenso ó li- 
cencia de las personas que deben prestarlo para ¿me 
se proceda á su celebración. [20 Dec. deRef. núm. 272] 

2.° — El tutor y sus hijos con la persona que ha 
;©stado ó está bajo su guarda, á no ser después de ;i- 
probadas legal mente las cuentas rte la tutela. [21 
F)ec. de Reí. núm. 2T>. ] 

í. ° La viuda antes de que trascurran diez meses 
después de disuelto él' matrimonio anterior. [100 (!. |; 
y. ella y el viudo que, teniendo hijos de un matrimo- 
nio anterior bajo su potestad ó tutela, no hagan pre- 
viamente inventario de los bienes propios de ellos ó 
lindan cuenta de su administración. [105 y 107 C 

r J50— CoXSKNTIMIKNTo l'AUA EL M ATKI M OM o. L.i 

ley permite que el varón mayor de II años y la mu 
íter .mayor de 12 puedan contraer matrimonio} pero 
así como esa facultad es absoluta respecto de los que 
han cumplido 21 años y no tienen otro inpedimento, 
pues solo dé ellos, sin necesidad de obtener el Consen- 
timiento de persona alguna, depende que lo hagan 



HIT 

1 123 CJ; tratándose de Jos que son menores de edad, 
se necesita el consentimiento de los padres ú abue- 
los, ó tutores, ó de la autoridad judicial en último 
caso. Esto es asi, porque tratándose de mi contrato 
que compromete perpetuamente la libertad de los 
que lo celebran, y que produce para ellos y para la 
sociedad efectos tan trascendentales, la ley lo debe 
rodear de todas las condiciones posibles de garantía 
que prevengan funestos resultados, fruto del ardor de 
la edad y las pasiones y de la inexperiencia y falta 
de reílexion y de calma. Por eso declara [90 Deo. cit.] 
que no puede precederse lícitamente á la celebración 
del matrimonio sin el asenso ó licencia de las perso- 
nas cuyo consentimiento sea necesario, según las re- 
alas que van á expresarse; ó sin que conste que el 
respectivo contrayente, no necesita para casarse del 
consentimiento de otra persona, ó que ha obtenido el 
de la autoridad competente, en subsidio. 

X)7 — Necesitan esa licencia, según antes se ha di- 
cho, los menores de 21 años, sean varones ó mu- 
geres. En algunos Códigos se fijaba mas tempra- 
no para éstas, la edad en que ya pueden casarse sin 
necesidad de ella, dándose por razón que en eilas Be 
anticipa el desarrollo físico, que la flor de la juven- 
tud se marchita tanto rnaS pronto cuanto es mas tem- 
prana, y que las gracias figuran como dote de la mu- 
ger. El Código nuestro, atendiendo á que esa licen 
Cía se requiere, no en razón del desarrollo físico, sino 
de la prudencia y juicio que en la muger son, dé or- 
dinario, mas flacos y mas fáciles de engañar y sor 
prender, no ha reducido la edad; asi como n<> hace 
diferencia entre hijos legítimos é ilegítimos pata el 
efecto de necesitar consentimiento, porque en unos y 



168 

otros milita la misma razón, la falta de madurez de 
juicio. No derivándose de la patria potestad precisa- 
mente la necesidad de esa licencia, tendrán que soli- 
citarla los emancipados; y aun el viudo 6 viuda que 
sea menor de 21 años, porque la circunstancia del ma 
trimonio anterior contraido, no destruye los funda- 
mentos que apoyan la exigencia de ese consentimien- 
to para los hijos legítimos ó ilegítimos reconocidos. 

368 — La licencia debe darse primeramente por el 
padre que es el Jefe de la familia: en defecto de éste. 
por la madre aun cuando haya pasado á segundas 
nupcias (124 C] A falta de padres, se necesita el 
consentimiento del abuelo paterno; á falta de éste, 
el del materno; á falta de éstos, el de la abuela pa* 
terna;y en su defecto, el de la materna. Faltando los 
padres y abuelos, se necesita el consentimiento de 
los tutores; y en defecto de todos, el del Juez de 
1. rt Instancia del domicilio. [124 i 26 C] 

359 — Si el hijo ilegítimo menor no está reconocido, 
necesitará el consentimiento de la madre: en falta de 
ésta, el del abuelo materno: en su defecto, el de la a- 
buela; y sucesivamente, el de los tutores y el del 
Juez [125 CJ. 

360 — Si se trata de un hijo adoptivo menor de e- 
dad, se necesita del consentimiento del padre adop- 
tante: en defecto de éste, del de la madre adoptante: 
en falta de ellos, del de sus padres, á cuyo poder 
vuelve en caso de muerte de los mismos; y luego, del 
de los abuelos por su orden, los tutores y el Juez. 
(2. © 125 y 281 C] 

361 — En algunos Códigos se establece graduación 
de edad para ' poderse casar sin licencia, según que 
los que la deben dar son los padres, los abuelos, los 



169 

tutores ó el Juez, disminuyéndola en ese mismo orden.- 
El nuestro no la hace, porque derivando la necesi- 
dad del consentimiento, de la falta ó debilidad de 
juicio del menor, no hay razón para alterar la edad 
por circunstancias que no influyen en el acierto de la 
elección. 

362-C uando la ley establece que en defecto del padre 
se exige el consentimiento déla madre; en defecto de 
esta, el de los abuelos y así sucesivamente, se refiere 
á falta absoluta de las personas que en el orden que 
ella fija deban dar su licencia. Si no es caso de fal- 
ta absoluta por muerte, sino de impedimento de la 
persona que debe darla, por demencia absoluta ó 
temporal, ó por interdicción judicial ó por ausencia 
á países extranjeros distantes de donde no se pue- 
da obtener contestación en menos de cuatro meses, el 
Juez del domicilio puede suplir desde luego el consen- 
timiento de las personas llamadas á prestarlo (127 ( J. | 
acreditando previamente el solicitante que se halla en 
alguno de esos casos, y resultando de los informes pre- 
vios que prudentemente adquiera, que no hay obstá- 
culo que legalmente pueda. 'impedir el matrimonio 
(1744 C.Pr.) 

363 — La ley no exige que el que ha de dar su censen 
timiento dé la razón de su negativa cuando lo niega; 
pero para poner á cubierto á los hijos, délos casos en 
que esa negativa fuera infundada y caprichosa, da al 
interesado el derecho de que, cuando el disenso de los 
ascendientes, tutores y Jueces, sean estos últimos 
llamados á prestarlo directamente óá suplirlo, parez- 
ca irracional, se pueda ocurrir al Presidente déla Ke 
pública, quien, con audiencia de los que negaron la 
licencia, y con los datos indispensables y la preceden 



170 

be calificación de las razones de una y ota/a parte, tie- 
ne facultad de habilitar de edad al menor para el efec- 
to de contraer matrimonio, el cual no se celebra sin 
esta previa autorización (128 C. y 1745 C. Pr.) Al con- 
ceder la ley este remedio, tiene en cuenta que si bien 
es muy respetable la autoridad paterna y no deben 
prodigarse los recursos á una autoridad extraña con- 
tra sus decisiones, se ha establecido para el bien y 
felicidad de los hijos, y debe apoyarse no en el ca- 
pricho sino enmotivos justos y racionales. 

:¡<54 — Una vez prestado el consentimiento' por el que 
debe darlo para el matrimonio del menor, no es na- 
tural que pueda revocarse sino por causas supervi- 
nientes; y constando haberlo obtenido en debida for- 
ma, aunque muera el que lo prestó, ya no puede cam- 
biarlo el que sucede en el ejercicio de ese derecho. Si 
por el contrario, hubiere sido negado por el que [mu- 
rió, no hay inconveniente en que el que le sucede, que 
• ■su quien corresponde ya ejercitar esa facultad, pueda 
otorgarlo. 

368 — La condición de no casarse, impuesta al here- 
dero testamentario, se tiene j>or no puesta; pero es 
válida la que se dirige á impedir el matrimonio con 
persona determinada (822 C.) 

866 — El menor que contrae matrimonio sin el con- 
sentimiento de las personas que deben prestarlo, in- 
curre en la pena de arresto mayor en sus grados mí- 
nimo á medio; pero deberá ser indultado desde que 
ellas aprobarenéi matrimonio contraido (3170. Pen.) 
La última parte de esta disposición indicaba suficien- 
temente que no ha sido nulo el matrimonio, pues si 
lo hubiera sido, no se explicarían esa aprobación y el 
efecto que se la atribuye. 



171 

367 — Tutela — El tutor y sus hijos ó descendien- 
tes no pueden contraer matrimonio con la persona 
que ha "estado ó está bajo su guarda, sino después <!•• 
a probadas legalmente las cuentas de la bátela (21 Dec. 
de Ref. núm. 272.) Bajo la palabra hijos están com- 
prendidos en la generalidad de la disposición legal, 
los varones y las mugeres; y tiene por fundamento* la 
prohibición, la necesidad de prevenir el abuso de que 
se hiciera ese matrimonio para evitar las acciones re- 
lativas á la restitución de los bienes dilapidados, la 
de que no se abuse de superioridad, y quede restrin- 
gida la libertad de los contrayentes; y por último, la 
de impedir las desastrosas consecuencias que, sin 
iluda, produciría un enlace impulsado, no por recí- 
proco afecto, sino por miras de interés. Rendidas y 
aprobadas las cuentas, desaparecen esos inconve- 
nientes. 

368 — Algunos Códigos exceptúan de esta prohibi- 
ción el caso de que el padre mismo hubiera autoriza- 
do el matrimonio entre el. tutor ó sus hijos y la pe¡ 
sona sujetad guarda, porque nadie puede conocer me- 
jor que 61 todas las circunstancias, ni apreciar lo 
que conviene á sus hijos. Entre nosotros, aun sin tes- 
to expreso podia también sostenerse esa excepción 
porque el art. del Código Penal que castiga con ar- 
resto mayor en su grado máximo ó reclusión en su 
grado mínimo y multa dte veinte á quinientos pesos 
al tutor ó guardador que antes de la aprobación legal 
de sus cuentas, contrajere matrimonio ó prestare 
su consentimiento para que lo contraigan sus hijos 
Ó descendientes con la persona que tuviere ó hubiere 
tenido en guarda, exceptúa el caso de que el padre de 
•'•sta hubiere autorizado debidamente ese matrimonio 



172 

1 820 Pen. ) Hoy, después del Decreto de reformas que 
lo consigna así terminantemente, no cabe ya ninguna 
duda. 

369 — Ski;indas nupcias. — Por las razones que se 
expondrán oportunamente, la muger no puede pa- 
sar á contraer nuevo matrimonio sin que hayan tras- 
currido diez meses después de haberse disuelto el an- 
terior (61 Dec. de Ref. núm. 272); y la contravención 
está penada con arresto mayor en sus grados medio 
á máximo ó multa de cien á mil pesos (318 y 319 C. 
Pn.) 

370 — Debe ademas el viudo ó viuda que tuviere hi- 
jo^ de precedente matrimonio, antes de volver á ca- 
sarse, proceder al inventario de los bienes de aquellos, 
bajo pena de pérdida del derecho de sucederles como 
heredero legítimo por testamento ó abintestato (195 y 
196 C. y 59 Dec. de Ref. núm. 272.) 



IV 



371 — Supuesta ya la habilidad de los contrayentes 
I eirá el matrimonio, es decir, que no tengan impedi- 
mento alguno dirimente ó impediente, se requiere el 
consentimiento de los esposos y la observancia de las 
formalidades que para su celebración establece la ley 

<ÍA T Í1. 

372 — Se requiere en primer lugar, el consentimien- 
to, porque el matrimonio es esencialmente consen- 
súa .1, de tal suerte que aunque las personas sean ca- 
paces, no hay matrimonio sin él, ó sino es libre y mu- 
tuo y manifestado de un modo externo; ó si interviene 



178 

error sustancial de uno ó de ambos contrayentes 1 1JI 
C.) Debe ser mutuo porque el matrimonio es un con- 
trato recíproco é igual: debe ser libre, porque aun ; 
pecto de los contratos comunes de menos importancia, 
no es válido el consentimiento arrancado por fuerza ó 
violencia tales que sean las que determinan la deci- 
sión en el ánimo del que las sufre (1408 y 1413 C); y 
debe ser 'manifestado de un modo externo, para que 
conste inequívocamente y pueda darse le de una ma- 
nera cierta y no por interpretaciones ó congeturas de 
que se lia prestado; un mudo podrá contraer matri- 
monio siempre que por señales que ao dejen lugar é 
duda, signifique su voluntad. Debe por último, no 
mediar error sustancial, porque este destruye el coa- 
sentimiento respecto de cualquier contrato (1508 C'.i 
El error para que se tenga por sustancial en el matri 
nionio , ha de recaer sobre la persona, y no sobre sup 
cualidades. El que creyendo y queriendo contraer ma- 
trimonio con Juana, lo con trae con María, ha sufrido 
un error sustancial que significa (pie no prestó su con 
sentimiento para casarse con esta última. El que en •• 
que la muger con quien contrae matrimonio es riea ó 
instruida, y resulta que no lo es, ha padecido un error 
sobre las cualidades de la muger; pero este error d 
subsistente el matrimonio porque hubo consentimi 
fco para casarse con esa persona; y hallar ó nó, en 
ella, tales ó cuales circunstancias que se creyó qu< 
tenia, es accidental. Como consecuencia de lo es 
puesto, el consentimiento debe ser también inc&i 
cional. Las condiciones imposibles, contrarias á la 
naturaleza ó á los fines del matrimonio, han de tener 
se por no puestas, no pudiendo decirse nulo el con 

trato por voluntad de los contrayentes cuando ellos 



174 

mismos están poniendo en practícalos actos necesa- 
rios para su válida celebración. 

378.-^— El consentimiento necesario al contraerse < 
matrimonio, puede prestarse directamente por los 
esposos, ó por el apoderado especialmente autoriza- 
do, y determinándose en el poder la persona con 
quien lia d s aerificarse el matrimonio (130 C.) La 
determinación de la persona es indispensable, por- 
que el apoderado va á expresar el consentimiento de 
su comitente y nó á consentir por él: no va á elegir, si- 
ño á representar al poderdante entuna elección He- 
cha ya por éste, si después de la fecha del otorga- 
miento del poder, y antes de' celebrarse el matrimo- 
nio* ¿t poderdante se vuelve locoó contrae otra inca- 
pacidad, no hay matrimonio. El consentimiento de- 
be subsistir hasta la celebración, y no podrá soste- 
nerse el que «'1 poderdante dé en mm época en que 
sea inhábil para consentir. 

:>74. - Pañi la validez del matrimonió celebrado por 
apoderado, es preciso también que antes de celebrar 
se no haya sido revocado el poder, pues desde el mo- 
mento en que se revoca, se acaban las facultades del 
apoderado Jaunque éste ignore la revocación. Por 
motivo, para poder determinar si el matrimonio se 
celebró antes ó después de ésta, la revocación tiene que 
liacerse por instrumento público lijándose la hora. 
< ¡:!7 ( '. i Se ve jn»r tanto, que la revocación en esfe caBo 
surte su efecto desde que se hace, á diferencia de le 

(¡ue sucede c!i el uiaudaro judicial ó exf raj udicia 1 ei, 

Los demás negocios, 1 én que lo surte desde qu^eesnoti- 
fioada (2210, 221 1, 2'il'iC. ) La razón <jue se dá es <j n< 
>A matrimonio es un contrato en que, mas que en 
cualquiera otro, debe atenderse al consentimiento, 



175 

de suerte queel mandatario se ve como un mens.'. 
ro del poderdante, como un órgano cuyas palabras 
son inútiles, si al tiempo de pronunciarlas falta el con- 
sentimiento del poderdante, alma y esencia de] matri- 
monio. Falta pues, éste, porque falta la voluntad de 
contraerle y porque se seguirían tristísimos efectos 
de dejaren pié un enlace válido en apariencia, peí o 
que desde su origen descausa en la voluntad de uno 
solo, y que desde entonces es repugnado, y pronto 
será aborrecido por el otro. No obstante estas razo- 
nes j! en otras leyes, como en la de matrimonio civil 
de España, se ha establecido un principio contrario, 
declarando válido el matrimonio celebrado antes de 
notificarse la revocación, apoyándose en que, si es 
grande el respeto que debe inspirar la libertad délos 
contrayentes, nOes justo ni conveniente que á ba som- 
bra de ese respeto se protejan el fraude y mala le 
del seductor á bosta de la inocencia déla víctima, N< • 
es indispensable que haya revocación expresa: basta 
quede un modo auténtico y positivo conste la vo- 
luntad del poderdante de desistir del matrimonio, co- 
mo si dio segundo poder para casarse con otra perso- 
na; y con mayor razón, si él mismo contrajoya otro 
matrimonio. El poder dado para casarse puede sus 
tituirse si contiene esta facultad sin que sea preciso 
que esté determinada de antemano la persona del 
sustituto, ya, que debe estarlo la de la persona con 
quien el matrimonio na de contraerse^ 

'575. — Además del consentimiento de los esposos, 
es esencial para que sen válido el matrimonio oelebra- 
do'en Guatemala entre guatemaltecos) que se celebre 
ante laautoridad y en la forma prescrita por la ley ci- 
vil. Al promulgarse el Código, el matrimonio entre 



17o 

católicos se celebraba ante la autoridad eclesiástica 
con las formalidades establecidas por las leyes canó- 
nicas, y producia efectos civiles con solo que se ins- 
cribiera en el Registro Civil. El artículo 130 establecía 
que el matrimonio entre personas de diferentes cre- 
encias podia celebrarse conforme á las leyes civiles; 
y con motivo de los términos de esta disposición, se 
suscitaron dudas sobre si los guatemaltecos podían 
casarse civilmente, ó era indispensable que lo hicie- 
ran canónicamente para que ese matrimonio fuera 
reconocido por la ley, El acuerdo gubernativo de 4 
de Diciembre de 1878, considerando que si bien el 
Código no autorizaba expresamente á los guatemal- 
tecos para contraer matrimonio puramente civil, tam- 
poco podia prohibirlo, porque decretada la libertad 
de cultos, seria atacarla impedir su celebración en esa 
forma civil, resolvió que podían contraerlo; pero no 
se declaró todavía, obligatorio sino hasta el 17 de 
Noviembre de 187f en que se emitió un Decreto 
que considerando: que el matrimonio es un con- 
trato que por su importancia y trascendencia so- 
cial debe celebrarse ante la. autoridad civil y con Las 
solemnidades que la ley determina; y que si bien de- 
be dejarse en absoluta libertad á los que pretenden 
contraer matrimonio pata solemnizarlo con las forma 
lid ríes del culto á que pertenezcan, esa libertad no 
pna le llegar hasta el extremo de que esos actos pro- 
duzcan efectos civiles legales, no obstante que en su 
celebración se prescinda de las leyesy autoridades ci- 
viles, estableció: que los matrimonios deben cele- 
brarse precisamente ante la autoridad civil, observán- 
dose his formalidades prescritas por la ley civil, y que 
los que así no *e celebren, no serán reconocidos como 



17? 

cálidos y legítimos para los efectos civiles. La auto- 
ridad política no hace con esto masque usar de su le- 
gítimo derecho: si el matrimonio ha de producir efec- 
tos civiles y ser amparado por la ley, la ley puede re- 
glamentario, sin perjuicio de que, por separado, se 
lemniee con las ritualidades de éste ú otro culto reli- 
gioso. 

376, — Hasta aquí, el matrimonio civil era ya el úni- 
co que producía efecto s civiles, mas no era indispen- 
sable que precediera al religioso; pero el artículo 1. ~ 
del Decreto de la Asamblea Legislativa de 28 de Abril 
de 1881 estableció esa precedencia, sancionando con 
pena el hecho de que un Ministro de cualquier culto 
proceda á las ceremonias religiosas de un matrimonio 
sin que se le exhiba la certificación competente de es- 
tar celebrado ya el civil. 

377. — Las razones que hubo para esto se expresan 
en la iniciativa que para la emisión de esa ley dirigió 
el Gobierno en 23 de Marzo de ese mismo año. 
"Desde que el matrimonio civil, dice, es el únicolegí- 
timo y válido, la ley que tiene que velar por el estado y 
condición civil de las personas, tiene también que es. 
tiiblecer una sanción (dicaz y competente para que sus 
prescripciones sean respetadas, y para que, á la som- 
bra del error y de la ignorancia, no se introdúzcala 
mas lamentable y desorganizadora confusión; perju- 
dicial á los individuos y á las familias y trascendental 
á toda la sociedad. 

Los hábitos de ésta hacen que todos, ócísi iodos Ion 
que quieren contraer matrimonio, acudan á solemni- 
zar su unión coalas ritualidades del culto religioso á 
que pertenecen; y esos mismos hábitos hacen creer, ó 
sirven para que se aparente creer, qu" bastan tales ri- 
tom. r. 18 



178 

(nulidades para que la unión del hombre y d<- La muger 

sea legítima, para que se produzcan entre ellos, respec 
to desús personas y de sus 1 tienes, los derechos que 
la ley civil reconoce y sanciona; y para que su descen- 
dencia tenga igualmente la condición de legitimidad. 
Este es un error funesto: los que viven como esposos 
sin haber contraido matrimonio civil, viven á los ojos 
de la ley, y á Ios-ojos (Te la sociedad que debe respe- 
tar la ley, en verdadero concubinato: no pueden invo- 
car respecto de sus personas y bienes los derechos que 
la ley da á los cónyuges, ni pueden dará sus hijos la 
legitimidad que solo confiere la ley mediante la extric- 
ta obsen-ancia de sus disposiciones, y el cumplimiento 
de los requisitos que ella fija. 

Paraevitarel mal, es indispensable buscar otra san- 
ción: en paises como el nuestro, en circunstancias como 
en las que se ha encontrado, pasa lo mismo que. con 
idéntico motivo, pasaba en Francia al establecerse la 
ley del matrimonio civil. La sanción mas extensa y mas 
fuerte no fué allá, como no es aquí, lamas eficaz. ;!>•• 
qué sirve que la ley no tenga como esposos á los que 
no han contraido matrimonio civil, si ellos en virtud 
de la costumbre 6 de las preocupaciones, se consideran 
legítimamente casados; y si una parte de la sociedad, 
de buena fé por ignorancia,} - la otra de mala fé por sus 
ideas, tolera como legítimas esas uniones que, lejos de 
serlo, son'reprobadas é inmorales? Y de esas uniones 
nacerán hijos que se creerán legítimos y no lo son: re- 
sultará una perturbación indefinible en la condición 
de las personas, y se sem brarán para el porvenir los 
gérmenes de una cosecha interminable de discordias 
y pleitos en las familias y de desorden y perturbación 
de toda la sociedad. La ley no puede contemplar im- 



17'.' 

pasible el espectáculo de ese abismo á que mas tarde 
pueden arrastrar el error, la ignorancia, la credulidad; 
ó los últimos, aunque impotentes esfuerzos de un es- 
píritu de oposición agonizante ya, pero refractario 
siempre, á todos los triunfos del progreso y á todas 
las conquistas de la libertad. Si el matrimonio es un 
acto social de la mayor trascendencia, si el estado y 
condición civil de las personas están y deben estar ba- 
jo la salvaguardia y garantía déla ley civil; y si tocaá 
la autoridad evitar todo lo que en el porvenir pueda ser 
origen de disturbios y desconciertos en la familia cuya 
moralidad y situación se reflejan en la sociedad, parece 
incuestionable que es un deber imperioso del legislador 
ocurrir con eficaz remedio alo que puede ser en lo # de 
adelante un gravísimo mal. 

Casos se han dado ya de personas tenidas por ilus 
iradas y cultas, que después de. -algún tiempo de ce 
lebrado el matrimonio religioso han fallecido sin con 
traer el matrimonio civil: casos se lian dado también 
de viudas que lian pasado á contraer canónicamente s 
gandas nupcias sin haber llenado los requisitos que 
taley civil exige para que se pueda contraer un nuevo 
matrimonio. Si las personas llamadas á velar por la 
paz de su familia y por la legitimidad y derechos di 
los hijos que ¡Hiedan nacer de su unión no lo hacen, 
sino que por ignorancia ó por espíritu de partido com- 
prometen su suelte y su porvenir, lo debe hacerla ley: 
si un hombre no se detiene en engañar á una nragei 
sencilla, haciéndola creer que con solo que el ministro 
de un culto bendiga su unión quedan legítimamente 
casados, la ley no debe permitir es»- abuso ni tolera» 
ese engaño: no debe dejar que se explote la credulidad 
de una pobre muger á quien se hace pensar que tiene 



181) 

los derechos y la categoría de esposa, ruando no es 
.mas que una concubina que podrá serabandonada por 
su Beductorel <li:i que unís Le acomode. Si á los con- 
trayentes poco importa el trastorno y el desorden en 
dentro de algunos años estaría envueltoel estaco 
civil de las personas, ;í la ley no puede ser indiferente 
trastorno en los derechos de familia y en las rela- 
ciones de la sociedad. 

Es indispensable, pues, establecer como ley que no 
pued;i autorizarse el matrimonio con las solemnidades 
de ningún culto religioso, mientras no coñete debida- 
mente (¡iie está contraído ya el matrimonio legal. Es- 
ta disposición, ()iiees el punto cardinal á que se refie- 
re la iniciativa que en nombre del < Gobierno tengo la 
honra de presentará la Asamblea, consulta perfecta- 
mente, á mi juicio, todos los intereses sociales, no 
ataca en lo mas mínimo á la libertadnise opone en 
manera algún, á aningunprincipio religioso bien enten- 
dido. 

Consulta los intereses sociales, puesto que. solemni- 
zándose casi siempre el matrimonio con las ceremonias 
de algún culto, y no pudiendo ya tener lugar éstas, sin 
constancia formal de estar celebrado previamente el 
matrimonio civil, se tiene asegurado poruña partee] 
cumplimiento de la ley, y se deja removido por la otra; 
el inconveniente que dá lugar á perturbaciones ycon- 
furion en el estado civil de las personas. 

Se dirá tal vez que hay alguna coacción á la libertad 
porque se obliga á contraer matrimonio civil á los 
que no lo quieran contraer, pero esto no es exacto. Un 
hombre y unamuger libres pueden vivir en concubi- 
nato sin que la ley los obligue á que contraigan ma- 
trimonio; pero si este hombre y esa muger, de buena ó 



ISI 

(le mala fé, quieren dará su anión un carácter de Le- 
galidad que la haga it<*'iJ t ü l »1*> en la sociedad \ i 
muestran ese propósito acudiendo á que sea sanciona- 
dacon las ceremonias religiosas de un cidto, di*; 

pensable hacer que el acto se revista de verdadera li 
lidad. Si dos personas desean vivir como esposo y 
posa, es decir, ser legalmente casad i, j significan 
esa voluntad, acudiendo al ministro de la religión que 
profesan, sucede añade dos cosas: ó esas p< 
creen que bastan las ceremonias del culto religi< 
para hacer que el matrimonio sea legal y válido en 
todos conceptos, ósabenque uo alcanza,], y se propo- 
nen burlar la ley civil. Si es loprimero, no debe dejar- , 
se que subsista un eiror cuyas consecuencias uo son 
trascendentales solo á los contra} entes, sino qu< 
tienden también á sus hijos, á leda la familia, á la so- 
ciedad entera; y así, estando de por medio c! Interés, 
público y no tratándose solo de un derecho particular 
y privado, la autoridad debe intervenir para que ese 
error no siga produciendo funestos resultados. Si es 
losegundo, es decir, si se procede de mala l'é. si solo 
se quiere seducirá una muger que se abandonará 
pronto, y para eso se busca el apoyo de la idea reli- 
giosa, ósequiere nada masque llenar una apariencia 
social, burlando los preceptos de la autoridad civil, es 
mas obvio y mas claro todavía que ésta debe forzó 
mente intervenir para evitar la violación desús dispo- 
siciones y para'no favorecer la'infraccion de la I< > 
fomentar el fraude y la mala te. La ley. deja, pu 
en libertad de contraer ó no contraer matrimonio á los 
qne no quieren hacerse pasar por «'sj »sos, pero 
que quieren tener en la sociedad la condición '!•• tales. 
deben sugetarse á las prescripciones establecidas por 



182 

la ley de la sociedad. Debe temerse, como lo temía <•! 
Legislador Francés, que personas crédulas se dejen 
persuadir fácilmente de que el matrimonio religioso 
produce por lo menos los mismos, efectos que el civil, 
y que se multipliquen así uniones ilegales de las que 

^ulte un gran número de hijos ilegítimos á la som- 
bra de u n error tanto mas fatal y contagioso cuanto 
jiip va abonado con la intervención de un ministro de 
una religión. 

La ley que se proyecta no infiere agravio alguno á 
ningún principio religioso. La ley no prohibe el matri- 
monio religioso; lo único que quiere es que, con moti- 
vo ó que con protesto de él, no se eludan sus prescrip- 
ciones ni se defrauden los importantes objetosque se 
ha propuesto al establecer el matrimonio civil. La au- 
toridad no penetra en el santuario de la conciencia ni 
ateca las creencias y los sentimientos de los indivi- 
duos: el que cree quepa religión debe santificar su ma- 
trimonio, y el que por cualquier otro motivo, desea ó 
juzga conveniente que ella se interponga, son muy 
dueños de hacerlo, y para esto no se les crea ningún 
obtáculo ni se les opone ninguna traba. Cumplan y 

ispeten La ley civil y el Estado los deja, por lo demás, 
en una completa y amplia libertad respecto de lo que 
crean que deben á la religión que profesan. Den al Cé- 
sar lo que es del César, y el Gobierno está muy lejos 
de querer impedir que den á I'ios lo que juzguen que 
debe darse á Dios." 

378 — Tratando ya de las formalidades legales con 
que se contrae el matrimonio civil, las personas que 
quieran contraerlo pueden, ¡i su arbitrio, presentares 
posición escrita ante el Jefe Político dd Departamen 
to, si ano de los pretendientes por lo menos estuviere 



183 

domiciliado mi l:t cabecera; ó ante el Alcalde Muni- 
cipal del pueblo de dónde ambos ó uno de ellos fueren 
vecinos; ú ocurrir de palabra á las mismas autorida- 
des, que deberán levantar una acta (artículo 20 Dec. 
de Ref. núm. 272), manifestando su voluntad de casar- 
se, y pidiendo que, previo el examen de tres testigos 
que ellos nombrarán, para que declaren sobre la ap- 
titud de los contrayentes, se señale dia, hora y lugar 
para la celebración del matrimonio (25 id.) Si alguno 
délos contrayentes es extrangero ó ha permanecido 
fuera de la República por mas de cinco años, presen- 
tará ademas tres testigos que acrediten haberle cono- 
cido en el país extraño y constarles la libertad de es- 
tado (32 id.) El papel de la exposición ó acia, y de las 
demás diligencias matrimoniales será de última clase. 
siempre que á juicio de la autoridad que instruye las 
diligencias, sean pobres los dos contrayentes (26 Dec. 
citado.) 

370 — En esa exposición 6 acta, y con el objeto de evi- 
tar cualquiera confusión entre personas de igual nom- 
bre y apellido, se debe hacer constar los nombres. 
apellidos, domicilio y edad de los contrayentes, el 
nombre de sus padres y abuelos en ambas líneas, sí 
fueren conocidos. Ademas, de]»» acompañarse la i'é de 
nacimiento de los contrayentes para saber si 
edad para casarse y si necesitan del consentimiento de 
alguno: la Licencia de las personas cuyo < itimien- 

lose necesite, si fueren menores, ó constan* 
suplido por el Juez ode haberse concedido habilitación 
por el Presidente de la República; y por último, elcer- 
bifleadode viudedad si alguno de los pretendientes ha 
sidocasado, tanto para que se compruebe la libertad 
de estado, como para no autorizar el matrimonio de la 



184 

viuda antes de diez meses de la disolución del prim< i 
matrimonio; y la constancia de haberse piaeticado el 
inventario de los bienes de los hijos del matrimonio 
anterior ó de haberse rendido las cuentas (artículo 28 
Dec. cit.) 

JO — ElJeí'e Político, Juez de Paz ó funcionario 
que haga sus veces y ante quien se presente la solici- 
tud, procede con citación del Síndico Municipal, á re 
cibir las declaraciones de los testigos; y si de eí tas re 
sulta la aptitud de los contrayentes, manda fijar avi- 
sos anunciando el matrimonio en los parajes púb-lioos 
de todos aquellos puntos en donde hubieren estado 
avecindados los pretendientes, avisos que podrás 
también publicarse en los periódicos cunado se estime 
conveniente (artículo 30 Dec. citado.) El objeto de 
tos avisos es que lleguen á noticia del mayor núm 
de personas, para que cualquiera pueda denuncia t 
los impedimentos que tengan los que quieren celebra] 
el matrimonio; y á ese fin, permanecerán fijos quince 
dias continuos, y sise trata de personas que no tienen 
domicilio fijo, el término será de dos meses (31 D 
cit.). 

1— Teniendo un objeto tan importante las publj 
(•aciones del matrimonio que se proyecta, solo pueden 
dispensarse con justa causa y por la autoridad poli ti 
ca superior del Departamento en donde se ha de cele 
brar (33 Dec. cit.) Desde luego, es razón suficiente pa- 
ra la dispensa, el peligro de muerte de uno de los pre 
tendientes; pero no es ésta la única, sino cualquier o 
tro motivo que, á juicio de la autoridad política men 
cionada, sea racionalmente bastante y esté suficiente 
mente comprobado. La calificación queda, pues, á su 
prudente arbitrio, debiendo tomarse en cuenta las cir 



185 

cunstancias de las personas, el conocimiento .que de 
ellas se tenga, y las demás consideraciones atendibles 
(34 Dec. cit.) ' 

:3S2— Si dentro del término de las publicaciones 
denunciase algún impedimento dirimente, el Jefe 
Político, Juez de Paz 6 Alcalde, lo hará constar; y ra- 
tificada la denuncia, debe remitirla al Juez de 1. ~ 
instancia del Departamento, para que él haga la 
lilicacion que corresponda (artículo ?>?> Dec cit.) El 
Juez de 1. rt instancia, recibido el espediente, manda 
ampliar la declaración del denunciante y recibir cuan 
tas pruebas estime convenientes para exclarecer la ver- 
dad, incluyendo las que presente la parte contraía que 
se hace la denuncia. Estas diligencias han de practi- 
carse en el término de tres días, á no ser que alguna 
prueba importante tenga cpie rendirse fuera del lugar. 
en cuyo caso elJuez prudentemente concede para ren- 
dirla el menor tiempo posible (36 Dec. cit.) Resultan 
do por plena justificación ser efectivo y Legal el impe- 
dimento, elJuez hace la declaración de que los pre- 
tendientes no pueden contraer matrimonio, y de esa 
declaratoria procede el recurso de apelación ante la 
Sala correspondiente de la Corte de Justicia. Notifica 
da la resolución que cause ejecutoria, se devuelve el 
expediente con certificación de ella, á la autoridad de 
quien se recibió (37 Dec. cit.) Si el impedimento no 
resultare probado, hace la declaración en el sentido 
de que puede contraerse matrimonio, devolviendo las 
diligencias del modo expresado (artículo38 Dvr. cit. i 

383 — Pasados los términos de las publicaciones sin 
haberse denunciado impedimento alguno de los pre- 
tendientes, ó hecha la declaración judicial de no estar 
probado ó no ser legal, se señala el lugar, dia y hora 



186 

en que debe celebrarse el matrimonio (89 id. ) Ese din. 
los interesados ocurrirán ante la autoridad que ha se- 
guido las diligencias matrimoniales, y el que la ejerce, 
asociado de su Secretario y de dos testigos por parte 
de los contrayentes, pregunta ácada uno de ellos, de- 
signándolo por su nombre, si es su voluntad unirse 
en matrimonio con el otro. Si alguno de ellos diere 
mesta negativa en el acto de ser interrogado, todo 
se suspende, haciéndose constar así (42 id.); pero si 
ambos contestaren anulativamente, les leerá los artícu- 
los del Código Civil que definen el matrimonio y ex- 
presan las obligaciones y derechos que de él nacen, 
y son los artículos 119, 148 á 153; y después de hacer- 
les presente la importancia del matrimonio como tí- 
nico medio moral de fundar la familia, declara en 
nombre déla ley que quedan unidos solemne y legí- 
timamente (40 id.; 

384 — Concluido el acto del matrimonio, se levadla 
la acta respectiva que firma la autoridad que haya in- 
tervenido, los contrayentes si supieren escribir, y el 
Srio. de la Jefatura ó Municipalidad, y se remite la 
acta en copia certificada al Depositario del Registro 
< i vil (43 id. ) 

385 — Es desadvertir que por estas diligencias no se 
jen ningunos derechos (45 id.), y que cuando des- 
pués de la presentación, información y avisos, hayan 
pasado seis meses sin efectuarse el matrimonio, no po- 
drá autorizarse ya sin que estos se repitan [44 id.), 
porque durante ese tiempo puede haber sobrevenido 
alguna causal de impedimento, y es necesario prevenir 
cualquier fraude. En caso de peligro inminente d<- 
muerte de uno ó de ambos contrayentes, el funciona- 
rio ante quien deba celebrarse el matrimonio civil, 



187 

podrá autorizarlo sin observar las solemnidades que 

no sea posible llenar de las que se han mencionado, 
«on tal de que no haya algún impedimento ostensible 
y evidente (41 id.) 

V. 



38G — El matrimonio celebrado fuera de la Repúbli- 
ca, ó en su territorio, por extrangeros, tiene algunas 
disposiciones especiales que prorienen de la modiíi- 
cacion que imprimen á la forma del contrato, las pres- 
cripciones del Derecho Internacional privado. Los ca- 
sos que pueden suponerse son de dos extrangeros que 
hayan contraído matrimonio fuera del país, ú que lo 
contraigan en la República; y de contrayentes, guate- 
maltecos ambos, ó uno por lo menos, que lo celebren 
>>n el extrangero. 

387— El matrimonio celebrado entre dos extrange- 
ros fuera del territorio nacional, y que sea válido con 
arreglo á las leyes del país en que se celebró, surte 
todos sus efectos civiles en Guatemala (131 Q.) Este 
artículo no hace mas que aceptar la regla del Derecho 
Internacional privado, según la cual, el matrimonio 
válido conforme á la ley del lugar de la celebración, 
debe ser reconocido en todas partes. Los contrayentes 

lo estaban obligados á respetar esa ley al contraer 
lo; y habiendo cumplido, la valide/, del matrimonio 
ya no puede quedar sujeta á la circunstancia acciden 
tal de quedespuea se trasladen á otro país. Esos efec- 
tos civiles seapreciarán por las leyes del país en que 
se verificó el matrimonio, y especialmente por el con 
trato ó capitulaciones que hayan tenido lugar al cele 



188 

brarse, atendiendo, en falta dé ellos, á loa tratados \ 
á los principios comunc i del Derecho Internacional 

privado, con excepción délos netos que deban tener 
ejecución en Guatemala, que sí estarán siempre süge- 
á nuestras leyes. 

•'—Como la ley considera que «es condición del 
matrimonio que sea de un solo hombre con una sola 
inuger, y como hasta ahora considera que esa unión 
indisoluble, solo se reconocerla la legitimidad 
de los que guardaran esos requisitos. La ley pues, 
resp ¡tara en su casólo que disponga una legislación 
extrangera respecto de capacidad para casarse, respec- 
to de solemnidades y formas, pero bajo el supuesto 
de la monogamia y la indisolubilidad. La ley guate- 
malteca no reconocerla en consecuencia, mientras no> 
se cambie y se cambie con ella la definición legal del 
matrimonio, el de uno que viniera casado con varias 
«nugeres, ni autorizaría aquí, sino conforme á nuestras 
leyes, la disolución de un matrimonio que pudiera 
disolverse según las leyes del país en que se contrajo 
y según las leyes personales de los contrayentes. 

389 — Los extrangeros residentes en la República 
pueden casarse válidamente en la forma establecida 
por nuestras leyes civiles, porque entonces también 
domina el principio antes citado déla ley del lugar, y 
su matrimonio produce aquí efectos civiles. Pueden 
igualmente contraer matrimonio válido, por concesión 
déla ley, fundada en la práctica y en prescripciones 
de tratados internacionales, con arreglo alas leyes de 
sus respectivas nacionalidades; y el matrimonio asi 
celebrado, produce los mismos efectos civiles que el 
celebrado entre guatemaltecos, conforme á nuestras 
leyes (Dec. núm. 106 de 2*de Octnbre de 1873 y 182* 



189 

C¡.) Este artículo, tal como estaba escrito en el Código, 
no abrazaba el caso del matrimonio que se con; 
aquí entre un guatemalteco y una extranjera ó vice- 
versa, pero debe extenderse a él su disposición, como 
se consignó en nota de 18 de octubre de 1877 dirigida 
por el Ministerio d'e Relaciones Exteriores déla Repú- 
blica al Ministro Residente de S. M. B. sobi re- 
conocería aquí como válido el matrimonio de una gua- 
temalteca con un inglés celebrado en la Legación Bri- 
tánica ante un Clérigo protestante de conformidad con 
Ja ley inglesa (Guatemalteco núm. 152 serio 7. a ), y en 
^se sentido se reformó por el artículo 23 d '1 Dec. núm. 
572. 

390— Respecto del matrimonio celebrado en el ex- 
trangero entre esposos, de los que, uno ó ambos son 
guatemaltecos, el Código no acepta mas que parala 
.forma, la ley del lugar en que se contrajo, como sí la 
acepta sin restricción si los contrayentes sonextrai: 
ros. Así es que para que aquel matrimonio produzca, 
efectos civiles en la República, debe constar que se ce- 
lebró con las formas y requisitos que establecen las 
leyes del lugar de su celebración, y además que el 
guatemalteco al contraerlo, no contravino á las leyes 
de Guatemala relativas á la aptitud para contraer ma- 
trimonio y al consentimiento de los ascendientes ó de 
.la persona de # quien deba obtenerse (133 C.) 

391 — -La razón de la diversidad está en que el gua- 
temalteco, á diferencia del extranjero, aun en pais 
extrangero se halla sugeto á la ley personal de Guate- 
mala, en lo que toca alas obligaciones y derechos que 
nazcan délas relaciones de familia; y así, si contrae 
matrimonio en el extrangero, contraviniendo á núes 
iras leyes, la contravención produce aquí los mismos 



I '.MI 

efectos que si aquí se hubiera cometido. Media tan» 
bien la consideración de que, de otra suerte, cualquie- 
ra podría burlar nuestras leyes con solo salir del país y 
contraer fuera de él, en otro donde no hubiera iguales 
disposiciones, un matrimonio prohibido por las nues- 
tras, el cual, sin conculcarlas, nopodria ser reconocido 
aquí. 

392 — El guatemalteco ó guatemalteca que se casa 
en el extra ngero, debe, según se ha dicho, para que su 
matrimonio produzca efectos civiles en Guatemala, 
obtener, siendo menor de 21 años, el consentimiento 
délas personas que, según nuestras leyes han de pres- 
tarlo. En caso de que estos se hallen impedidos, ó lo 
nieguen irracionalmente, habrá que recurrir á las au- 
toridades de la República, y solo por urgencia que no 
permita acudir á ellas, están, por razón de esa peren- 
toriedad y de la distancia, facultados para suplirlo, el 
Ministro ó Cónsul residentes en el lugar en que haya 
•de celebrarse el matrimonio; y no habiéndolo en ese 
lugar, el del mas inmediato, prefiriendo siempre el 
Ministro al Cónsul, (134 C.) Si no hay en el lugar Mi- 
nistro ni Cónsul y alguno délos contrayentes está en 
peligro de muerte próxima, el matrimonio será válido 
siempre que se justifique con prueba plena que con- 
currieron esas dos circunstancias (13.") C.) porque fal- 
ta entonces la presunción de que se quiere burlar 
la lev. 



191 



TITILO SEXTO 



DEBERES Y DERECHOS QUE NACEN DEL 
MATRIMONIO. 



393 — Del matrimonio resultan para los cónyuges de- 
rechos y obligaciones recíprocas. De ellos se va á tra 
tar en este título; y para el orden de la materia se ha- 
blará 1. ° de las obligaciones y derechos personales 
entre los cónyuges, 2. ° de la autorización marital y 
judicial, y 3. ° de los demás efectos Legales que produ- 
ce el matrimonio. 



PÁRRAFO PRIMERO. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES PERSONALES ENTRE I o< 

< &NYUOEÍ 



394— El contrato del matrimonio que. por razón de 
su naturaleza ó importancia como base y origen de la 
familia, tiene principios especiales que no se confun 



192 

den con los de los demás contratos, establece entre 
ios cónyuges obligaciones y derechos recíprocos. To- 
das las legislaciones que lian tomado por guia á la na- 
turaleza, distribuyen los cargos del matrimonio según 
la condición y destino especial de cada sexo. Impo- 
nen al hombre un deber de protección y de trabajo, á 
lamuger un deber de sugecion y guarda del hogar 
(150 (Y): á ambos un deber de fidelidad, socorros y a- 
aistencia mutuos (149 C.) 

395 — Debiendo los esposos vivir juntos, el matri- 
monio desde luego origina entre ellos, una doble aso- 
ciación de personas y de bienes. Esta doble asociación 
exige un gobierno interior y una representación exte- 
rior, y la ley confia ésta y aquel al marido á quien de- 
signa para ello la misma naturaleza, dotándolo délas 
eualidades propias al efecto. 

396 — La ley, encargando al marido la dirección de 
esa doble sociedad, le otorga los medios adecuados 
dándole la potestad marital ó sea un conjunto de de- 
rechos sobre la persona y los bienes de la muger. 
(Chacón ) De estos principios se deducen las reglas 
que rigen en la materia. 



II 



397— El marido debe proteger á la muger y la mu- 
ger obedecer al marido (150 C.) La ley. al expresarse 
así, no confiere al marido un poder ilimitado ni obliga 
á la muger á una obediencia ciega, sino que ésta y 
aquel deben ser racionales, y tales, olíales se necesitan 
para el objeto con que se establecen. El marido no 



193 

puede castigar á la muger: no puede considerarla co- 
mo se la consideraba antiguamente como esclava ó pu- 
pila, sino como una compañera a quien no puede impo- 
ner vejación personal. El deber de obediencia es sim- 
plemente de subordinación al consorte, y no de una su- 
jeción absoluta y degradante. 

398 — La muger está obligada á habitar con el mari- 
do, y á seguirle donde él tenga por conveniente resi- 
dir (151 C. ) Tal es otro de los deberes que nacen del ma- 
trimonia 

399 — El silencio del Código acerca de los medios 
coercitivos que puede emplear el marido para hacer 
eficaz este derecho, significa que no puede emplearse 
la fuerza pública para compeler á la muger, pues de 
otra suerte, se habría declarado explícitamente como 
se hizo en algún caso respecto del hijo de familia (288 
y 289 C.) 

400 — No caben, pues, masque los medios de coer- 
ción indirecta; y así es que la ley admite como una 
causal de divorcio la de que se niegue la muger si n 
graves y justas causas á seguir á su marido (6.° 53 
del Dea de Ref. núm. 272): priva en algunos casos del 
derecho de heredar abintestato al cónyuge separado 
por su culpa (Inciso 1. ° 980 C.)i y la muger que no 
quiera ir á habitar á casa del marido, y que, contra 
la voluntad de éste, permanezca en cualquiera otra, 
no participará de los gananciales por todo el tiempo 
que dure la se] lalación (1159 C.) Lo mismo sucede 
cuando la muger abandónala casa común; mas enton- 
ces sí da la ley al marido la facultad de pedir el depó 
sito déla muger, en la casa que señale elJuez. 

401 — Esta obligación de la muger de vivir con el 
marido y seguirle,debe cesar cuando su ejecución acar- 
TOM. i. 13 



194 

rea peligro inminente de su vida ó media otra cansa] 
justa y poderosa. Así se deduce del inciso C. ° del 
artículo . r i3 del Decreto de Reformas antes citado, que 
se refiere á que la muger se niegue sin graves y jus- 
tas causas, lo que prueba que existiendo éstas, cesa 
su obligación. Así se deduce igualmente del inciso 1. c 
del artículo 1160 C. que deja subsistente la participa- 
ción de los gananciales cuando la muger prueba algu- 
na justa causa en virtud de la cual pueda autorizárse- 
le para estar fuera de la casa conyugal mientras a- 
quella no desaparezca. La calificación de la gravedad 
y justicia de esas causas, debe hacerse por la autori- 
dad judicial respectiva, y por ella debe darse también 
la facultad del caso. 



III. 



4(>2— El mando por su parte está obligado á recibí)' 
y tener en su casa á la muger y á suministrarle todo 
lo preciso para la vida, según sus facultades y situa- 
ción (152 C), esto es, á darle alimentos civiles. 

403 — Esta obligación de prestarse alimentos como 
la de guardarse fidelidad, asistirse y socorrerse, es 
mutua entre los cónyuges y procede de la misma na- 
turaleza. De parte del marido, se funda además en la 
potestad marital que le dá varios derechos en cambio 
de algunos deberes, entre los cuales figura el de ali- 
mentar á la muger, deber que subsiste aunque ella no 
haya llevado bienes, mientras que departe de ella, la 
obligación solo procede del deber natural que los 



195 

cónyuges tienen de asistirse recíprocamente (149 O.) 
La negativa del marido á suministrar alimentos á su 
rauger, autoriza á ésta para pedir el divorcio (Inciso 
5. °, 58 Dec. de Ref. núm 272); y la obligación de 
darlos es exigióle ante los Tribunales, acompañando 
la certificación del Registro civil del matrimonio. 



PÁRRAFO SEGUNDO 



FUNDAMENTO DE I. A AUTORIZACIÓN. 



404- Kl matrimonio es una sociedad y necesita así, 
para la unidad y buena administración, que uno de 
Jos socios, el mas aparente, tenga la dirección, el ma 
nejo y la representación de la sociedad. En esa virtud ^ 
la ley dá exclusivamente al marido el derecho de ad 
ministran on, ó incapacita íi la muger para aquellos 
actos que pueden ser perjudiciales para ella, ó para la 
sociedad conyugal. 

405 — Esta incapacidad no procede solo del sexo, 
puesto que, cumplidos los veintiún años, la misma 
capacidad civil tienen el varón y la hembra. Tampo 
codel debei' de obediencia de la muger, porque aquel la 
hace relación al régimen interior de la familia, y í-al 
obediencia personal no requiere indispensablemente 
su incapacidad; el verdadero fundamento es que 
lo exige la unidad y buena administración de la socie 
dad conyugal, y así la incapacidad es solo relativa 



196 

bu estado de matrimonio, y es consecuencia del dere- 
cho del marido de administración de los bienes. 
La autorización marital, que es necesaria á causa de la 
incapacidad de la muger, proviene del mismo prin- 
cipio que ésta; y á él se debe atender para el estable- 
cimiento y la resolución de los casos en que se re- 
quiere. 

II. 



\ I TORIZACIOS MAIMTAI. 



4oü — Délos actos de la muger, hay unos que requie- 
ren la autorización del marido y otros que no la necesi 
tan. De unos y otros v;i á tratarse. La muger no puede 
presentarse en juicio sin la concurrencia del marido ó 
autorización escrita de él, (100 C. pr.) ni demandan- 
do nidefendiéndose.porquehí ley es general/ ni por sí 
ni por medio de procurador (132 C. pr. y 46.Dec,deKef. 
aum. 272); y tampoco podrá proseguir los pleitos co- 
menzados antes del matrimonio; pero una vez dada la 
autorización, debe entenderse que sirve para todas las 
instancias hasta la conclusión del pleito, á menos que 
se haya limitado, expresándose lo contrario. 

407 — Tampoco puede la muger, sin intervención del 
marido, expresa y directa, ó sin su autorización? gene- 
ral ó especial en escritura pública, contratar; ni de- 
sistirde un contrato anterior, ni remitir deudas ni ad- 
quirir entre vivos á título gratuito ú oneroso, ni ena- 
genar ó hipotecar (47. Deo. de Ref. núm. 272); y todo 
esto, aunque el negocio sen manifiestamente útil ilf>4 



11)7 

C.) y Tampoco podrá ella sola constituir servi- 
dumbre sobre sus tincas (1281 C.)La ley no le permi-" 
te ni aun adquirir por título lucrativo, porque pueden 
imponerse condiciones cuya trascendencia no puede 
ella apreciar debidamente, ó porque pueden las dona- 
ciones tener una significación que ofenda la delicadeza 
del marido, ó perjudique la paz del matrimonio. 

408 — Todo esto no obsta á que la muger pueda que 
dar obligada en algunos casos que no se refieran á los 
actos y contratos que el Código enumera, y le prohi- 
be ejecutar sin previa autorización; así es que puede 
quedarlo por consecuencia de un delito ó cuasi delito, 
por consecuencia de un cuasi contrato, como si duran- 
te la ausencia de ella y de su marido, un extraño ha* 
tomado la gestión de sus negocios (2. a 2257 C): 6 pue- 
de quedarlo por equidad natural en lo que se haya' 
aprovechado efectivamente del préstamo ó pago que 
se le hubiere hecho. Fuera de estas materias en que 
se obligue sin el concurso de su voluntad no puede, 
sin autorización del marido, estar en juicio ni obligar- 
se civilmente; esta es la regla, y las excepciones para.' 
quesean válidas, deben estar expresamente menciona- 
das en la ley. 

409 — Corresponde ahora ocuparse de los actos on 
según la ley, puede la muger ejecutar sin autoriza- 
ción de su marido. 

410 — En materia penal, la muger puede sin autori- 
zación del marido defenderse en causa criminal en qué 
se proceda contra ella (100 C. pr. y -¡<¡ \h>r. de R< 
núm. 272), porque interesando al orden público y á 
las buenas costumbres la pronta y eficaz represión 
de los delitos, la autoridad del marido que trataría • 
negar su licencia, desaparece ante la autoridad déla 



198 

ley; y la necesidad de la defensa natural, dispensa á 
la muger de toda formalidad (Portalis.) 

411 — La ley solo autoriza á la muger para estar en 
Juicio como acusada. Cuando puede proceder como 
acusadora, por ser voluntaria la acusación y por no 
militar la razón de orden público que existe cuando á 
edla se le procesa, debe el marido calificar la conve- 
niencia ó inconveniencia de la acusación; y para en- 
tablarla, la muger no puede estar en juicio sin su 
autorización (46 Dec, cit.) 

412 — En materia civil, la muger no necesita de esa 
autorización para demandar ó defenderse civil ó cri- 
minalmente en los pleitos con su marido (46 Dec. cit. l 
Basada esa autorización en la conveniencia de buen 
Orden de la sociedad conyugal no se requiere para es- 
tar en juicio con el marido, porque esto no se opone ;i 
los derechos y administración de aquel en los bienes; 
y porque seria inútil y hasta ridículo obligar á la mu- 
ger á pedir una autorización que habría de serle nega 
da, ó sujetarla á dilaciones molestas para que se la su- 
pliera el Juez. Debe advertirse que además se impo- 
ne al marido la obligación de suministrar á la muger 
los auxilios que necesite para demandar 6 defender- 
se en los pleitos quesigacon él, para no hacer impo- 
sible el ejercicio de sus acciones (47 Dec. cit. ) 

413 — La muger tampoco necesita de la autorización 
del marido para testar (1. ° 155 C), porque esa facul- 
tad requiere absoluta independencia y libertad, y por- 
que no puede afectar al marido ni á la sociedad con- 
yugal en ninguno de sus derechos, un acto que no 
surtirá efecto sino cuando se haya acabado la socie- 
dad conyugal y los derechos que ella dá al marido. 

414 — Del mismo modo, no la necesita para suceder 



199 

por testamento ó abintestato con beneñcio de inven- 
tarío (2.° 155 C.) porque aceptada [así la herencia, 
ningún perjuicio puede causarse al marido ni á la so- 
ciedad. 

415 — Últimamente, no necesita la mugerde la auto- 
rización del marido para la administración y goce de 
sus bienes de cualquiera clase, en los casos que siguen; 
1. ° — Cuando media entre los cónyuges simple 
separación de bienes (parte 1. rt 1175 C;) y, en ese ca- 
so, ni aun se requiere, como parece consecuencia natu- 
ral, para estar en juicio en causas concernientes á la 
administración que tenga por la separación (210 Dec. 
deRef. núm. 272.) 

2. ° — Cuando se ha declarado el divorcio (175 C. > 

3. ° —Cuando se ha estipulado en las capitulacio- 
nes matrimoniales que la muger administre separada 
mente alguna parte de sus bienes (1183 C.) 

4.° — Cuando estos han sido donados ose le dejan 
por herencia ó legado con la condición precisa de que 
no los administre el marido (1182 C.) 

5.° — Cuando la muger ejerce una industria, pro 
fesion ú oficio (1. ° 159 C.) 

6. ° — Cuando la muger ejerce publicamente el oo- 
mercio (12 C. Con.) 

416 — Además de estos casos en que por lo menos, 
respecto délos negocios á que se refieren, se permite 
expresamente á la muger obrar sin autorización, la ley 
la presume en los siguientes: 

1. ° — Se presume la autorización del marido en 
las compras de cosas muebles que la muge¿' hace al 
contado (frac. 1. rt 158 C.) 

2. ° — Se presume, tambien,en las compras al liado 
de objetos naturalmente destinados al consumo ordi- 



20Q 

oariode la familia (frac. 2. ~ 168 G. i 

417— La razón de esto es que no debe hacerse impo- 
sible el régimen doméstico: y tocando á la muger el 
cuidado y manejo de la casa, no debe imposibilitársela 
para atenderá ellos, ni producirse humillación á ella 
y ridículo al marido, teniendo la una que conseguir, y 
el otro que dar autorización para actos de esa clase. 

418. — Aunque esta autorización no se presume en 
las compras al fiado de galas, joyas, muebles precio- 
sos, aun de los naturales destinados al vestido y me- 
naje, se entienden tales compras ratificadas tácitamen- 
te siempre que esté probado que esos objetos se com- 
praron para el uso de la muger ó la familia, ó se em- 
plearon en ella con conocimiento y sin reclamación del 
marido (frac. 3. rt 158 C.) Este uso consentido por el 
marido prueba su asentimiento á tales compras; y jus- 
tifica la disposición de la ley la experiencia que de- 
muestra que á veces el marido no se detiene ante el 
descrédito propio y de su muger, por sostener en i a 
sociedad un lujo que no está en armonía con sus re- 
cursos, abusando de leyes dadas precisamente con un 
fin opuesto. El fraude no debe serles favorable; y así, 
el marido que conoce el despilfarro ó lujo inmoderado 
de su muger, y no protesta, sino que lo tolera ó con- 
siente, no tiene derecho á la protección de la ley en 
perjuicio de tercero (G-oyena y Aguirre.) 

419— Nuestras leyes no han declarado expresnmen- 
te si la muger necesita ó nó de autorización para re- 
pudiar la herencia que se le defiere, y aunque en el de- 
recho romano, se resolvía que no la necesitaba por- 
que el derecho de admitir una herencia no se reputa- 
ba adquirido y formando parte del patrimonio; si se 
observa la importancia de ese acto, y que no cst.í 



201 

comprendido en las excepciones que detalla la ley pa- 
ra fijar los casos en que no se requiere autorización, 
debe decirse que es indispensable, y que el marido no 
quedaría obligado por la renuncia que la muger hicie- 
ra sin esa formalidad. Lo que se dice de la herencia 
es aplicable al legado y ¡i la donación entre vivos. 



111. 



FORMA DIO I. A AUTORIZACIÓN MARITAL 



420— La necesidad é importancia de la autorización 
requiere que se fije la forma en que debe darse. 

421 — La autorización del marido debe ser otorgada 
por escritura pública, ó interviniendo él mismo expre- 
sa y directamente en el acto (47 Dec. de Ref . 272) La 
licencia escrita es la forma mas segura; pero la concur- 
rencia del marido directa y expresa al acto, lo será i- 
gualmente si aparece de un modo indudable su volun- 
tad de concederla. La ley exige que al hacerse por es- 
crito, sea en instrumento público para dar fodagaran- 
rantia y cortar los pleitos que de otra manera podrían 
resultar. 

422 — La autorización puede ser especial para cada 
negocio determinado, ó general para todos los ¡icios 
en que la muger la necesite, pues si el marido puede 
conferir ]»oder general á un extraño y á la misma mu- 
ger (3. ° 133 C. Pr.), debe también poder conferirlo á 
ésta bajo el nombre de autorización general, ya que 
ella divide con ella suerte de su persona y de sus bie- 
nes. Si la incapacidad de la muger bs establece ^<>lo 



2US 

pasa la buena administración de la .sociedad conyugal. 
«liando la capacidad no obsta sino que contribuye á 
la buena administración, no hay razón para- negarla 
concurriendo la voluntad del marido. 

423 — El Código no se ocupaba de la facultad para 
revocar la autorización marital; mas parece induda- 
ble que debia tenerla, porque si la concesión ha de- 
pendido enteramente de él, de él ha de depender tam- 
bién su duración y subsistencia. Se ocupa de ella el 
art. 48 del Dec. de Bef . al Cod. Civ. y establece: que 
el marido puede revocar esa autorización á su arbitrio, 
sin efecto retroactivo, por medio de instrumento pú- 
blico, cuyo contenido se anotará al margen de la es- 
critura original y del testimonio de la autorización ge- 
neral ó especial; y si pendiesen autos ante algún tri- 
bunal en los cuales ha ya obrado la muger con autoriza- 
ción del marido, la cual se presume por hablarla dado 
para la demanda ó contestación, ó intervenido en e- 
llas, deberá hacer constar en los mismos la revocato- 
ria presentando el testimonio con la razón correspon- 
diente. 

EFECTOS DE LA AUTORIZACIÓN MARITAL. 

424 — Los actos ejecutados pou la mugas sin autori- 
zación marital son nulos como ejecutados por una 
persona incapaz; y no obligando ni á ella ni al marido, 
(1106 C.) una úotro. ó sus respectivos herederos, pue- 
den reclamar su nulidad. Esta se ha establecido como 
nulidad relativa en beneficio exclusivo de la muger y 
del marido; y fuera de ellos, no puede deducirse ni 



203 

oponerse por ninguna, otra persona, ni aun por los li;i- 
dores ó conjuntos del contrato (1G4 C. y 50 Dec. de 
Ref. núm 272. » 

42o — La razón es que con la falta de autorización, 
«■linteres que se ha ofendido es el del marido cuyo 
consentimiento exigido por la ley, no se ha consulta- 
do, y el de la muger que para ese acto ha estado pri- 
vada de la protección legal del marido. La nulidad 
pues, no puede reclamarse sino por ellos, ya que en 
interés de ellos la ha declarado la ley. En cuanto á Loa 
terceros que han contravenido á la ley contratando con 
una muger no autorizada, no puede ser que su infrac- 
ción venga á darles un título que los exima de sus pro- 
pias obligaciones. Los fiadores ó conjuntos del con- 
trato que debían conocer la disposición de la ley, no 
tienen razón tampoco para aprovecharse de la nulidad. 

42G — Siendo relativa la nulidad, conforme al carác- 
ter de todas las de esta clase, el marido puede dar 
valor álos hechos no autorizados de la muger, ratifi- 
cándolos expresa ó tácitamente; y después de esa ra- 
tificación, ninguno , ni la misma muger cuya concur- 
rencia no se necesita para hacerla, puede intentarla ac 
«•ion de nulidad (ñO Dec. de Ref. 272. ) , 

La ratificación es él consentimiento posta ior pres- 
tado por el marido á los actos de su muger no auto- 
rizados par él. Puede ser expresa ó tácita: eorpreaa, 
la que te otorga terminantemente opear escrito: tá- 
cita, la que se deduce de luchos del marido <¡uc ma- 
nifiestan inequívocamente su aquieseendaf y se ten- 
drá siempre como tal, no haberse reclamado contra el 
acto después de 30 dias desde que Be tuvo conocimien- 
to de él (50 Dec. cit.\ para cortar :isí redamaciones de 
mala fé. 



204 

427 — A semejanza de la autorización, se admita ade- 
más de la ratificación especial que se contrae á uno ó 
varios actos determinados, la general que comprende 
todos los actos de la muger ejecutados sin licencia 
(50Dec. cit.) 

428 — Por sn naturaleza, y según los principios ge- 
nerales de derecho, la ratificación retrotrae el consen- 
timiento ala época en que tuvo lugar el acto; y así, és- 
te valdrá, no solo desde que es ratificado, sino desde la 
fecha en que se otorgó. 



V. 



A UTORIZACION .M'lncfA !.. 



429— Como la potestad marital no debe ser despóti- 
ca, la autoridad judicial puede corregir los abusos de 
ella que sean perjudiciales á la muger. 

430 — Dos son los motivos por los que puede suplir 
elJuez ]$ autorización marital: negativa irracional é 
impedimento del marido. Así, el Juez está facultado 
para autorizar por si mismo á la muger, con conoci- 
miento de causa, cuando el marido le niega sin justo 
motivo la autorización, y de ello se signe perjuicio ala 
muger (frac. 1. rt art. 156 C.) 

431 — Puede suplirla, también, en caso de algún im 
pedimento del marido como el de ausencia real ó apa 
rente; por ejemplo, si se esconde, cuando de la demo- 
rase siguiere perjuicio (frac. 2. ri 156 C.) 

432 — Debe asi mismo suplirla cuando el marido es 



205 

menor de 18 años, el cual necesita de tutor para la ad- 
ministración de sus bienes y los de la sociedad conyu- 
gal (419 C.) El artículo 162 del Código hablaba de todo 
menor; pero fué modificado por el 49 del Dec. de Ref . 
núm. 272, según el cual, el marido mayor de 18 años 
no necesita de tutor para la administración de sus 
bienes y los de la sociedad conyugal; pero no podrá 
enagenar ni hipotecarlos bienes raices sino con auto- 
rización del Juez con las formalidades prescritas para 
los bienes de menores. Con esta restricción, es muy 
justa esa facultad que por excepción seda al que sien- 
do mayor de 18 años tiene por el matrimonio oblign- 
ciones que llenar respecto delamuger. 

438— El Juez que otorga la licencia es el del domi- 
cilio y basta para pedirla que se ignore el paradero 
del marido oque se halle ausente sin que haya espe- 
ranza de su próxima vuelta (1794 C. Pr.): la autoriza- 
ción judicial solo se necesita para los actos en que 
indispensable la licencia marital (179."> id), y para con- 
ceder elJnez la habilitación para litigar, basta que la 
muger sea demandada. La calificación del motivo pa- 
ra otorgar la autorización y del perjuicio que se siga 
á la muger de no obtenerlo, queda á la apreciación del 
Juez, quien puede tomar los datos que juzgue indis- 
pensables, puesto que ha de proceder con conocimien- 
to de causa. Desdeluego son casos de impedimento] 
los de incapacidad del marido por interdicción judicial 
(37 C.) y aun puede entóneosla muger ser nombrada 
guardadora judicial de su marido (480(1.); y lo serán 
también los de condenación del maridó á una pena 
que prive de los derechos de familia, como son la de 
muerte indultada, la de presidio con calidad de re 
tención y la de prisión ordinaria (81, 85,36, 87C.Pen.) 



206 

484— -La faite de licencia marital u<> destruye J;i <>- 

bligacion natural ó de equidad; así es que siempre que- 
darán obligados marido y muger, en cnanto ¡se hayan 
enriquecido. Por lo mismo, si la mnger, disuelto ya 
el matrimonio paga algo por razón de ella, no podrá 
recobrarlo (2263 C.) Aun disuelto el matrimonio, la 
muger podrá oponerla nulidad; pero si prefiere sos- 
tenerla, podrá exigir su cumplimiento, si el marido 
murió ignorando la obligación contraída: nó, si la su- 
po y la desaprobó. El marido siempre podrá reclamar 
lo que á consecuencia de la obligación haya, pagado 
la muger, porque esta carecía de capacidad para 
pagar. 

VI. 



KPE0TO8 DK l.A AUTORIZACIÓN .1 r DK'I A I.. 



La autorización judicial representa la del marido 

( fr. J. - J.V7 C.) y produce los mismos efectos, salvo 
las diferencias que van áVespresarse: 

1. * — Si la muger ha sido autorizada por el mari- 
do, ó lo ha sido judicialmente por impedimento ac- 
cidental de éste en casos urgentes y pudiendo presu- 
mirse su consentimiento, obliga al marido en sus bie- 
ues de la misma manera que si el acto fuera de él, y 
obliga además los bienes propios de ella, hasta La 
concurrencia del beneficio particular que ella reporte 
del acto (fr. 2. - 157 C.) 

436 — Por el contrario, si la autorización judicial es 
dada contra la voluntad del marido, la muger queda 



207 

obligada principalmente en sus bienes propios, y no 
quedan obligados el haber social ni los bienes del ma- 
rido sino hasta la concurrencia del beneficio que la so- 
ciedad ó el marido hubieren reportado del acto (fr. 
.3. * 157 C.) 

437 — La razón es que cuando La autorización judi- 
cial se dá por ausencia 6 impedimento del marido, pe- 
ro sin oposición de él, y mas bien, con su consenti- 
miento presunto, se reputa dada por él mismo, y de- 
be responder de las consecuencias del acto reputado 
suyo, lo mismo que si efectivamente lo fuera; mas 
cuando es dada contra su voluntad, no puede reputar- 
se suyo el acto autorizado, y tío debe responder de 
sus consecuencias, sino en cuanto le reporte provecho, 
pues la equidad obsta ¡i que se enriquezca con detri- 
mento de otro. Esta responsabilidad subsidiaria evita 
colusiones y fraudes, yaque sino la tuviese el marido 
por el acto de la mujer judicialmente autorizada, le 'bas- 
taría negarle siempre su autorización y obligarla i 
que, contra la voluntad de él, obtuviera la delJuez, 
para quedar así libre de responsabilidad y gozar sin 
embargo, de los provechos que se reportaran del acto. 

438 — 2.^ — El Juez debe concederla autorización 
expresamente, y no puede ratificarlo hecho sin ella: 
así lo demuestra la exigencia del previo conocimiento 
de causa que no recae sobre hechos consumados. Lo 
hecho pues, por lamuger sola, en caso de ausencia 6 
impedimento del marido, como que es un hecho aca- 
bado que ya fué ventajoso ó perjudicial, queda re- 
servado ¡í laapreciacion del marido para ser 6 no ra 
tincado. 



21 >8 



VII. 



KX< KC'loNKS RELATIVAS A i.A PE0FE8I0N Ú OFICK» HK 



I.A MUGEI?. 



439— Lais reglas generales para Jas relaciones entre 

esposos tienen algunas excepciones délas que unas se 
producen en el estado anormal del matrimonio, y son 
las relativas á la separación de bienes y al divorcio; 
y otras en su estado normal, y son las que se refieren 
á la profesión ú oficio que ejerza la muger, délo cual 
va á tratarse. 

440 — Estas últimas modifica n solamente las reglas 
sobre incapacidad de la muger casada, porque en el e- 
jercicio de su industria ó profesión la muger necesita 
de autorización; pero no es necesario que sea expresa 
sino que la ley entonces la presume. La modificación 
consiste así en que por razón del giro de la muger, la 
ley cambia de presunción legal, y en vez de exigirla 
prueba de la autorización como en los rasos comunes, 
presume que la tiene la muger en el ejercicio déla 
profesión, industria ú oficio, ámenos que haya prue- 
ba de lo contrario. 

441 — Fundada la incapacidad de Lamuger en el or- 
den déla sociedad conyugal, comprende la excepción 
no solo ¡í la muger mercadera, sino á la que ejerce in- 
dustria 6 profesión separada, porque el ejercicio de e- 
sa industria óprofesion no perjudica á la administra- 



209 ' 

cion general del marido. Así mies, si la muger casada 
ejerce públicamente una profesión 6 industria cual- 
quiera, como la de Directora de Colegio, maestra de 
escuela, actriz, obstetriz, posadera, nodriza, ó ejerce 
el comercio, se presume la autorización general del 
marido para todos los actos y contratos concernientes 
á su profesión ó industria, mientras no intervenga re- 
clamación ó protesta de él, notificada de antemano 
al público, ó especialmente al que contratare con la 
muger casada (160 C. y 12 C. Com.) 

442 — La muger casada mercadera está sujeta ade- 
mas á otras reglas especiales determinadas en el Códi- 
go de Comercio (161 C.) Según ellas, para que sea re- 
putada tal mercadera es indispensable que haga un co- 
mercio separado del de su marido (14 C. Com.); y pue- 
de ejercerlo, si es mayor de 21 años y tiene autoriza- 
ción expresa de él dada en escritura pública; ó si está 
legalmente divorciada, ó por lo menos, separada de bie- 
nes. En el primer caso, quedan responsables los bienes 
dótales y parafernales de la muger, y los derechos de 
ambos cónyuges en la sociedad. En el segundo caso, 
están obligados todos losbienes propios de la muger 
(10 id.) 

443 — La mugei' casada mercadera puede hipotecar 
libremente sus bienes raices para seguridad de sus 
obligaciones mercantiles, pero no los inmuebles de 
su marido, ni los que pertenecen á la sociedad conyu- 
gal, á no ser que en la escritura de autorización para 
dedicarse al eomeroio, le haya dado el marido facul- 
tad, expresa y especial para ello (11 id.), enouyocaso, 
procede como niandataria deél. Puede también la mu- 
ger comparecer en juicio. por sisóla en las cuestiones 
relativas á su comercio (l.'i id ); y cuando el marido 

TOM. I. 14 



• 210 

revoque la autorización dada á su mugerpara comer- 
ciar, debe publicar un extracto déla escritura revoca- 
toria, bajo pena dé responderá Iota terceros de buena 
fé, de las obligaciones que. la muger contrajere des 
pues déla revocación. 



PÁRRAFO TERCERO. 

PRINCIPALES EFECTOS CIVILES QUE PRODUCE EL 

MATRIMONIO. 



444 — De la naturaleza misma déla institución del 
matrimonio y de las relaciones que produce entre nía 
ridoy mnger, resultan importantes efectos de los que 
se enumerarán los principales que son los que signen: 
1. ° — Se forma una sociedad legal de bienes en- 
tre marido y mnger (1090 C), y el marido es adminis- 
trador de esos bienes con excepción de los parafernales 
que no le hayan sido entregados (1091 C.) 2.°-En virtud 
déla administración, el marido representa en juicio á 
sumuger, siendo defensor nato de ella; y sn tutor, si 
ella es menor (419 C.) 3.° — Toma posesión en nom- 
bre de ella (2. ° 528 C.) 4. ° -Puede reclamar la devo- 
lución de loque ella haya perdido al juego (1864 C.) 
y reclamar e] depósito hecho por ella antes del ma- 
trimonio; ó después de él, sin su autorización (4. ~ 
1968 C. y 1970 C.) 5.° Puede formar sociedad con 
los bienes de la muger; peto hade ser singular ó par- 
ticular, estoes, para una negociación determinada, y 
no general (1784 C.) 6. z Puede pedir con el consentí- 



211 

miento de la muge?, partición de bienes á nombre de 
ésta, ó autorizarla para que la pida, debiendo e] Juez, 
en su caso, suplirla falta del uno ó de la otra (1018 C.) 
7.° Como conserva la muger, no obstante la adminis- 
tración del marido ¿su dominio en los bienes dótales que 
sean inmuebles, alhajas ó cosas que no se consumen con 
el uso, el marido no puede sin el consentimiento de e- 
11a, enagenarlos, hipotecarlos ni empeñarlos (205 Dec. 
de Ref. núm. 272); pero sí, en caso de necesidad ó por 
indivisión del inmueble (1129 y 1130 C), teniéndola 
muger hipoteca legal en los bienes del marido (2050 y 
1122 C.) 8.° La muger no puede ser mandatariaó 
procuradora sino del marido (3. ° 133 C. Pr.) 

445. — Las mismas relaciones crean algunos efectos 
como los siguientes: 

1.° — Se acaba la patria potestad (inc 4.° artículo 
292 C.) 

2.° — Se legitiman los hijos procreados antes entre 
los cónyuges, que sean reconocidos (258 C.) 

3.° — Se produce el parentesco de afinidad, por el 
cual cada cónyuge está, respecto de los parientes del 
otro, en igual grado de afinidad que aquel lo está de 
consanguinidad (900 C.) 

4." — Se acaba la tutela déla muger menor (392 

C. inc. 6. c ). 

.">."— El marido mayor de 18 años puede adminis- 
trar sus bienes y los de su muger. (41) Dec. de Ref. nú- 
mero 272). 
440. — Son derechos entre ellos: 

I.» — El de sucesión recíproca abintesta t o, en defec- 
to de descendientes y ascendientes (173 Deo. de Ref. 

citl. 

2." — El de pedir la posesión proindiviso en los 



212 

bienes del cónyuge premuerto (1. ° 1112 C. Pr.) 

3.° — El de administrar los bienes del cónyuge au- 
sente, en defecto de apoderado (86 C.) 

447 — Del mismo modo hay entre ellos varias res- 
tricciones que van á enumerarse. 

1. a — No corre entre ellos la prescripción (127 Dea 
de Ref. cit. I 

2. a — El marido no puede comprar de su muger, ni 
esta de aquel (1516 C.) 

3. a — El cónyuge y sus parientesdentro del segun- 
do grado, no pueden ser testigos por regla general, en 
los pleitos del otro cónyuge (2.° y 3.° art.790 C. Pr.) 
ni en los testamentos en que se le instituya por here- 
dero (2? 156 Dec. de Ref. núm 272.) 



TITULO SETI310. 

SEPARACIÓN DE BIENES. 

PÁRRAFO PRIMERO. 

Sepaeacio» V SUS < usas. 

I. 

448— Las reglas generales consignadas ya para la 
administración délos bienes en el matrimonio, son a- 
plicables en su estado normal, esto es, mientras sub- 
siste la sociedad de personas y de bienes entre los cón- 
yuges. Sise disuelve ana, ó ambas, se produce un es- 
tado anormal que forma excepciones á las reglas de 
que se ha hecho Deferencia. He disuelven ambas socie- 



213 

dades en el caso de divorcio perpetuo; y una sola, la 

de los bienes, en el de simple separación de 1 tienes, de 
la cual va á tratarse. 

449 — Definición. Simple separación de bienes es 
la que se verifica sin separarse las personas de los 

cónyuges, esto es, sin divorcio: puede tener lugar en 
virtud de decreto judicial,, ó por convenio ó por dispo- 
sición déla ley (1164 C); y se llama .simple para dis ; 
tingxdrla de la doble separación de personas y de bie- 
nes que tiene lugar en el divorcio. Kl caso de separación 
por decreto judicial se distingue deaquel en que tiene 
lugar por disposición de la ley en que, en este último, 
por ministerio de ésta misma, y sin necesidad de otra 
cosa, porque es consecuencia forzosa de algún hecho. 
tiene lugar la' separación. 

450 — La separación de bienes puede ser total ó par- 
dal. La primera abraza la totalidad de los bienes, é 
importadla disolución de la sociedad conyugal. La se- 
gunda elimina solo una parte de los bienes <le la mu. 
de la administración del marido. 

451 — La separación total (¿ene lugar por decreto <le 
Juez 6 por convenio: la parcial, por ministerio de la 
ley. Se hablará 1.° délas causas de separación: -2." dé 
quienes pueden pedirla: 3.° de sus Eonnalidad.es: 4." de 
sus efectos: 5.° de su terminación; y 8.°de la separa- 
ción parcial! <le]bienes. 



11. 



452 — Causas dk la SEPARACIÓN. Ld separación de 

bienes trae su origen del sistema romano de la resti- 



214 

tueion de la dote que podía pedir la muger. siempre 
que peligrara en manos del mando y no sirviera para 
suíin, que era sostener las cargas del matrimonio. Las 
causales para pedirla son cuatro, á saber: insolvencia 
del marido: administración fraudulenta de éste: 
conducta que haga temer la insolvencia como si fue- 
se jugador habitual ó de profesión (1167 C); y ausemia 
que ha dado lugar á la posesión provisional ó definiti- 
va, ó su condenación apenas que lleven consigo la in- 
terdicción civil, ó la privación del derecho de patria 
potestad, ó de la autoridad marital (1169 C.) Acerca de 
la insolvencia, para establecerla se ha tomado por ba- 
se el principio deque tratándose de salvar los intere- 
ses de la muger, no es necesario que el mal estado de 
los negocios del marido provenga de culpa ó mala con- 
ducta de él: la insolvencia siempre es causa de peligro 
para la restitución de los bienes de la muger, y ese pe- 
ligro es el fundamento para la separación. Algunos, 
como Troplong, la han objetado hallando contrario á 
los principios de la unión conyugal, autorizar á la mu- 
ger para pedir separación de bienes, precisamente 
cuando el marido ha venido á pobreza sin su culpa y 
necesita del auxilio de aquellos bienes; pero debe ad- 
vertirse que, por la separación, no acaba parala mujer 
la obligación de contribuir por su parte á las cargas 
del matrimonio; y si el marido carece absolutamente 
de bienes, debe ella proveer á las necesidades de és- 
te y de la familia común (1176 C.) Así, la separación 
no perjudica al marido insolvente, sino, como expre- 
sa Chacón, lo favorece porque pone en salvo un fon- 
do destinado ala familia, fondo que en su poder cor- 
ría riesgo y sobre el cual pretenderían hacerse efecti- 
vas las acciones de terceros. 



315 

453 — Administración fraudulenta. Esta causal 
se funda en la razón de conveniencia que, para ese 
caso, Justifica la disolución de cualquiera sociedad 
Habrá lugar á esta separación sea que la defra udacion 
recaiga sobre los bienes de la mugef ó sobre los bienes 
sociales, porque el artículo 1167 C. al designar la cau- 
sal, no hace distinción entre estas dos clases de bienes. 

464 — Disipación del marido. Cuando el marido es 
jugador habitual ó de profesión, está en el camino de 
la insolvencia, y su administración puede equiparar- 
se á la fraudulenta. Por razones análogas puede, pues, 
pedirse la separación. 

45o — En cualquiera de estos casos, puede el marido 
oponerse á la separación prestando ñanzas ó hipotecas 
que garanticen suficientemente los intereses de bu mu- 
ger(1168C); porque siendo el objeto de la separación 
ponerlos en salvo, desde que quedan así plenamente 
resguardados, queda satisfecho ese objeto y concilla- 
dos ya, equitativa y prudentemente, los recíprocos in- 
tereses, y debe evitarse el remedio extremo de la sepa- 
ración. La palabra intereses de que se vale la ley. á 
diferencia de la de bienes, dá á entender que esas se- 
guridades deben extenderse nú precisamente solo á lo 
aportado por ella sino á todo lo que pueda correspon- 
derle. 

456— AUSENCIA 6 CONDENACIÓN DEL HABIDO. PrOOt 

de también la separación de bienes si el marido ha si- 
do condenado á alguna pena que lleve consigo la in- 
terdicción civil, 61a privación del derecho de patria 
potestad ú de la autoridad marital; ú si hubiere sido 
declarado ausente, y en esa virtud se hubiese manda- 



210 

do dar la posesión definitiva ó provisional de sus bie- 
nes (1169 C), bastando en este caso para decretarse, 
que se presente la ejecutoria dada contra el marido 
culpable ó ausente (1170 C.) La inhabilitación pasa 
el ejercicio de los derechos de familia quita el ejer- 
cicio de los de patria potestad, autoridad marital, ad- 
ministración desús bienes y derecho de disponer de 
ellos por acto entre vivos (fr. 2. a 31 C. Pen.) y la lle- 
van consigo la pena de muerte no ejecutada j)or in- 
dulto, y las de presidio con calidad de retención y pri- 
sión ordinaria (35. 30 y 37 C. Pen.); y no administran- 
do ya sus 1 tienes, menos puede continuar manejando los 
déla mujer. En la posesión provisional, y al decretar- 
se, debe hacerse partición de bienes de la sociedad 
conyugal (97 C): basta que se presente la ejecutoria 
en que se dé, porque la separación de los bienes es 
uno de los efectos y consecuencias de ella. 



PÁRRAFO SEGUiNDO. 
Quienes pueden pbdib la separación de bienes. 



4."»7 — La ley establece la separación en provecho de 
la muger, y en resguardo de las amplias facultades 
que confiere al marido. Pudiendo el marido, adminis- 
trador nato délos bienes de la sociedad conyugal, a- 
busar de su derecho, ha debido darse á la muger un 
recurso contra el abuso, y se ha creado así la sepa- 
ración de bienes, para defenderla de él y délas conse- 
cuencias ruinosas déla administración incapaz ó lian 



217 

dulenta, 6 de la disipación del mando. 

458 — Rigiéndose entre nosotros la sociedad conyu- 
gal por el principio de la comunidad, no es preciso 
para qne haya lugar á la separación, que la dote esté 
en peligro, sino que basta que corran riesgo los bienes 
comunes ó los déla muger, y hay entonces no simple 
restitución sino disolución déla comunidad. En con- 
secuencia, puede lamuger solicitarla separación, no 
solo cuando llevó dote sino también cuando nada lie- 
va, porque siempre hay de su parte una colaboración 
de todos los dias que tiene su representación en el ac- 
tivo social, porque se reputa haber contribuido á for 
marlo, conservarlo y mejorarlo, concurriendo con su s 
brazos, su economía, sus cuidados domésticos (Mar- 
eadé.) Tanta importancia se da á este beneficio que, 
para contrapesar el poder marital está prohibido i 
presamente á lamuger, que renuncie en las capitula- 
ciones matrimoniales, ala facultad de pedir la separa- 
ción de bienes á que le dan derecho; y que la renuncia 
que hiciere, es nula (1165 C.) 



PÁRRAFO TERCERO. 



Formalidades de la separación. 



459 — La separación de bienes (píese efectúa por de- 
creto judicial, debe ser con conocimiento de causa, es 
decir, se necesitaquela muger aduzca y pruebe los lu- 
chos que justifiquen la adopción de esa medida. Si el 
marido, teniendo conciencia de esos hechos, conviene 



218 

en una separación voluntaria, con el fin d< j evitare] jui- 
eio y <¡ue se hagan públicos sus fraudes, el mal esta- 
do de sus negocioso la disipación de su conducta, la 
ley ée lo permite pareciendo natural que se consigne 
el convenio en instrumento público. Inconsecuente 
con esto era la disposición deque en el juicio de se- 
paración de bienes por el mal estado de los negocios 
del marido, la confesión de éste no hacia prueba (1172 
C.) Tal disposición solo estaría bien cuando no se 
autorizara la separación por convenio, pues entonces, 
para evitar la colusión que podria haber entre marido 
y muger, era necesario que los hechos que á ésta sir- 
ven de fundamento, fueran justificados por otros me- 
dios diversos de la confesión del marido. Si puede ha- 
ber convenio extrajudicial ¿porqué no judicial i Por e- 
so se suprimió ese artículo por el 209 del Decreto de 
Reformas N.° 272. 

460 — La muger, autorizada por la ley para estar en 
juicio en los pleitos con su marido (46 Dee. de Ref. 
N." 272.), puede entablar el pleito de separación sin 
necesidad de autorización de ninguna especie, pero si 
es menor, debe ser autorizada por un tutor especial 
(1166 C), porque siendo la separación un asunto tan 
grave que deroga las reglas normales de la sociedad 
conyugal, se necesita esa formalidad para que la de- 
manda que inicia negocio de tanta significación y 
trascendencia, sea resultado de una madura delibe- 
ración. 

461 — Como la separación produce la disolución de 
la sociedad conyugal, para que el marido durante el 
juicio no hipoteque, enagene ó arriende por largo 
tiempo los bienes por cualquier precio, con el fin de 
reducirlos pronto á dinero y sustraerlo de la liquida- 



219 

cion correspondiente, demandada la separación, pue- 
de el Juez, á petición de la muger, tomar las provi- 
dencias conducentes á la seguridad de los bienes de 
ella, mientras dure el juicio (1171 C.) Esto es indis- 
pensable desde que no se da efecto retroactivo á esa 
sentencia, ni se prescribe bajo pena de nulidad, la pu- 
blicación de la demanda. 



PÁRRAFO CUARTO. 



Efectos de la separación. 



462 — El primer efecto de la separación, es la diso- 
lución de la sociedad conyugal. Decretada la separa- 
ción, se entregan á la muger los suyos y en cuanto á 
la división de los gananciales, se siguen las mismas 
reglas que en el caso de disolución del matrimonio 
(1173 C.) 

463 — La muger no tiene desde entonces, parte algu- 
na en las ganancias que provengan de la administra- 
ción del marido; y éste, á su vez, no la tendrá en las 
que provengan dé la administración de la mugen 1174 
C.) 

464 — La muger separada de bienes necesita de tu- 
tor ó guardador para la administración de los suyos. 
en todos los casos en qui'. siendo soltera, necesita de 
curador para administrarlos, pues la separación no le 
dá, mas derechos (1179 C.) Este artículo establecía <-n 
su segunda fracción que por esa tutela 6 curaduría 
no cesaba la necesidad que la muger tenía de laau- 



220 

torLaacion del maridó, ó del Juez en subsidio, para 
estar en juicio; pero eso quedó alterado por el artícu- 
lo 210 delDec, de Ref. al Código Civil que cambió 
la última fracción del artículo 1175 á que aquella se 
referia, y estableció que la muger no necesita de la 
autorización del marido, para estar en juicio en cau- 
sas concernientes á la administración que tenga por 
la separación. 

•46o — Otro efecto de la sentencia de separación, es 
c¡ue la muger recobra el ejercicio de su capacidad ci- 
vil. La medida en que la recobra, la dá la considera- 
ción de que, siendo recurso extremo y excepcional en 
el matrimonio, r no debe tener mas efectos que los que 
bastan para evitar el mal que hace indispensable a- 
doptarlo, sin producir otro mal mayor. 

466 — En consecuencia, adquiere la muger el ejerci- 
cio de su capacidad, y no necesita de la autorización 
del marido, pero solamente páralos actos y contratos 
relativos á la administración y goce de los bienes que 
separadamente 'administra. Para todo acto que no sea 
de esta especie, necesita la muger de la autorización 
del marido'ó del Juez en subsidio, conforme á las re- 
glas generales (1.° 1175 y 2.° 159 C.) 

467 — La'muger, conforme á la última fracción del 
artículo citado, necesitaba de la autorización del ma- 
rido ó del Juez"en subsidio, para estar en juicio, aun 
en casos concernientes á su administración separada; 
salvo en^los'casos especiales de ser acusada en causa 
criminal; ó demandar 6 defenderse en los pleitos con su 
marido, pero -sto se alteró con razón, según ya se ex- 
puso, por el artículo 210 del Dec. de Ref. N.° 272, 
pues no'subsistiendo ya las razones de la unidad de la 
sociedadVn el matrimonio, y pudiendo la muger ad- 



221 

ministrar sus bienes, no hay razo n para que, por sí. 
no pueda parecer en juicio por razón de filos. 

468 — La muger tampoco necesita de la autorización 
del marido, para enagenar á cualquier título, onero- 
so ó lucrativo, los bienes muebles que separadamen- 
te administra (2. a 1175 C.) porque esa facultad ea in- 
herente al derecho de administración. 

469— Debe notarse que la muger separada de bie- 
nes que, con autorización del marido, ejecuta actos 
que no tienen por causa la administración ó goce, no 
obliga al marido en sus bienes conforme á las reglas 
generales (157 C.) La razón es que, en el estado de se- 
paración, la autorización del marido reconoce dife- 
rente motivo del que tiene en el estado normal del 
matrimonio. Mientras subsiste la sociedad conyugal, 
depende de su carácter de Jefe y administrador; y a- 
si, deben reputarse suyos los actos que él autoriza; 
pero disuelta la sociedad, su autorización solóse es- 
plica como un simple derecho de vigilancia, ó mas bien. 
como una formalidad que la ley requiere para habi- 
lita]' á La mnger y que. en rigor, sería mas consecuen-* 
te suprimir. Así, el Código décima que la simple au- 
torización del marido no le constituye responsable. ;í 
no 86r cuando hubiere accedido como fiador ó de O- 

tro modo á las obligaciones contraidas por la muger 
(1177 C.) 

470 — En los actos de la mujer que hubiesen sido 
beneficiosos aJ marido, éste es responsable tanto cuan- 
to se extendió su provecho, esto es, á prorata del be- 
neficio que hubiere reportado de las obligaciones con- 
traídas por la muger, comprendiendo en este benefi- 
cio el de la familia común, en la parte que. de dere- 
cho, haya él debido proveer á las necesidades de < 



222 

ta, pues de otro modo se haría mas rico en detrimen- 
to de tercero i'fr. 2.* 1177 C.) El beneficio del mari- 
do debe probarse por el que lo haga responsable, 
según las reglas generales. 

471 — En cuanto á los actos ó contratos que legíti- 
mamente han podido celebrarse por la muger, los a- 
creedores tienen desde luego expedita su acción con- 
tra los bienes de ella (1177 C.) 

472 — Si la muger separada de bienes confiere al ma- 
rido la administración de una parte de los suyos, so- 
lo quedará obligado á ella como simple mandatario, 
puesto que ya no tiene sobre ellos el carácter de ad- 
ministrador legal ni la responsabilidad de tal (1178 
C.) 

473 — La sentencia, de separación surte como último 
efecto, el de modificar la distribución de las cargas 
del matrimonio entre los cónyuges. En el estado nor- 
mal del matrimonio, son cargas de la sociedad que 
pesan sobre el marido, la crianza, alimentación y e- 
ducacion délos hijos comunes (148 C), mientras que, 
i en el estado de separación, ambos cónyuges, deben 
proveer á las necesidades déla familia común en pro- 
porción de sus facultadas, ya que ese estado no po- 
ne fin á las obligaciones que tienen en su calidad de 
padres. El Juez, en caso necesario, regula la cuota 
con que cada uno debe contribuir (117G C.) Ese fon- 
do podrá ser administrado por el cónyuge que el Juez 
designe, para no destruir los benéficos efectos de la 
separación. 



223 

PÁRRAFO QUINTO. 

Tebminaoton de la beparmjioj 

474 — La condición para que termine La separación 
pronunciada judicialmente, por el nial estado de los 
negocios del marido ó por disipación, es que haya un 
convenio extra-judicial ó judicial. El consentimiento de 
los esposos es necesario porque, siendo por la sepa- 
ración dos personas jurídicas distintas, no puede res- 
tablecerse la sociedad sino por la voluntad de ambos, 
tanto mas cuanto que se afectan intereses de terce- 
ros, pues extinguida la responsabilidad civil de la 
muger, el marido queda responsable de las deudas y 
obligaciones contraídas por ella, durante la separa- 
ción. No bastaba el simple acuerdo de los cónyuges 
para el restablecimiento (1180 C.) sino que se reque- 
ría decreto judicial, con el objeto sin duda de que no 
pudieran burlarse los derechos de terceros, y para 
que no se inutilizara el beneficio de la separación, que- 
dando expuesta la muger á los mismos peligros que 
antes; mas establecido que la separación puede ha- 
cerse por mutuo convenio, debía poder terminar del 
mismo modo, y así lo establece el artículo 212 del Dec 
de Ref. N.° 272; pero sí deberá constar ese convenio 
de un modo inequívoco, siendo el mas seguro el do- 
cumento público ó auténtico. 

475 — Cuando termina la separación, la sociedad 
conyugal se restablece ,-í su estado anterior, sin ad- 
mitirse condición que derogue las estipulaciones que 
preceden al matrimonio: délo contrario, se autori- 
zarla la alteración de las capitulaciones matrimonia- 



224 

Les, formándose así ana nueva sociedad, y no un res- 
tablecimiento de la primera. Como ese restablecimien- 
to no importa sino la restitución de las cosas al esta- 
do anterior, borra tan completamente las huellas de 
la separación que se reputa, según la doctrina de 
Chacón, que ésta nunca tuvo lugar. La separación se 
considera entonces como una simple medida provisio- 
nal 6 de seguridad, que no crea derechos permanen- 
tes; y en consecuencia, los acrecimientos ó gravámenes 
que hayan experimentado los bienes de cada cónyuge 
durante la separación, se reputan adquisiciones ó 
cargos de la sociedad; y el marido, al paso que re- 
cobra la administración de los bienes de la muger 
y los derechos consiguientes, se hace responsable de 
las obligaciones legítimas contraidas por ella, duran- 
te la separación (1181 C.) Sin embargo, para po- 
ner á cubierto su responsabilidad, podrá hacer 
enastar, por inventario solemne 6 judicial que de- 
be protocolizarse, los bienes de la muger que en- 
tren de nuevo bajo su administración; y en ese caso, 
solo responde por las obligaciones de ella, hasta 
la concurrencia de dichos bienes (fr. 2. a artículo ci- 
tado.) Con esta precaución, se evita el inconveniente 
que pudiera suponerse de hacer difícil el término de 
la separación, por el temor de participar de la res 
ponsabilidad de los actos ejecutados durante la se- 
paración. 

470 —La separación se tiene como no ocurrida, so- 
lamente respecto de los cónyuges entre sí; mas no 

-pecto de terceros. Como estos trataron con la mu- 
ger en virtud de la autorización 1 1; u a administrar que 
le dio la sentencia de separación, valen, respecto de 
ellos, todos los actos ejecutados legítimamente por la 



225 

mujer durante la separación, como si los hubiese au- 
torizado la justicia (1181 C.) 



PARRiFO SEXTO. 

Separación paroial de bienes. 



477-Ln separación 'parcial es la que recae sobre una 
parte délos bienes; y aunque se trata junto con La 
total, es de muy diferente naturaleza; y solo se e- 
quiparan en que ambas forman excepción a las reglas 
generales del matrimonio, por loque toen «á los bie- 
nes. Se diferencian notablemente, porque la total mo- 
difica el estado civil de la mujer y la dá personalidad 
legal; y la parcial nó, sino que solo la deja la admi- 
nistración de ciertos fondos. 

478 — La separación parcial tiene lagar en dos Mi- 
sos y de dos modos diferentes. 

1.°— Por convención preliminar entre los esposos. 
esto es, caiando en las capitulaciones matrimoniales, 
se estipula que la mnger administre separadamente 
alguna parte dr sus bienes (1183 O») 

2.° — Por donación entre vivos ó por causa de muer- 
te que contenga, la expresa condición, aceptada por 
el marido ó por el Juez en subsidio, de que el mari- 
do no administre las cosas donadas ó dejadas por 
herencia ó legado (1182 C.) 

479 — En este segundo caso, el marido debe pré 
viamenie exigir que se acéptela, herencia con bene- 
ficio de inventario, so pena de constituirse respon- 
sable con sus bienes á las resultas de la aceptación 
TOM. i. 16 



226 

(Regla 1.» 1182 O.) 

480 — En la separación parcial .se siguen las mismas 
reglas que en la separación total de bienes. 

481 — Con respecto á las cosas donadas, heredadas 
6 legadas bajo condición que no las administre el 
marido, éste no es responsable por su simple auto- 
rización para contratar; la mujer solo podrá ejecu- 
tar los actos de mera administración y goce; mas no 
los de libre disposición: deberá contribuir propor- 
cionalmente á las necesidades de la familia común: 
si confiere al marido la administración de alguna par- 
to de los bienes, él solo queda obligado como man- 
datario: y, por último, si es menor de edad, se le 
dará tutor específico que administre los bienes sepa- 
rados, sin perjuicio del derecho del marido, de auto- 
rizar á su mujer para estar en ¡uicio(2.' Regla 1182 

482— Los contratos de la mujer en que no aparece 
la autorización del marido y que hayan podido cele- 
brarse por ella sin tal autorización, la obligan en los 
bienes que. separados, administra (Regla 3. a 1182 
O.) 

483 — Los contratos autorizados por el marido, ó por 
el Juez en subsidio, obligan al marido en sus bi< 
y subsidiariamente, á la mujer en los suyos! Regla 4. :l 
1182 C.) 

-i v 4 — En la separación parcial de bienes son exclu 
sivamente de la mujer, las cosas que administra y to- 
do lo que con ellos adquiera del mismo modo que en 
la separación total de bienes (Regla 5. l 1182 ('. | 

485 — Para concluir, se advertirá (pie el acto de la 
separación de bienes, como que modifica la capacidad 
civil, ya proceda de convenio entre los cónyuges ó de 



227 

sentencia judicial, debe anotarse al margen de la ins- 
cripción matrimonial en el Registro Civil. La nota 
marginal debe contener la fecha del documento en que 
conste la separación, los nombres de los cónyuges, del 
Juez que dicta la separación 6 la aprueba, y del Es- 
cribano que autoriza, expresando además las causas 
que motivan el decreto ó en las que se funda el con- 
venio, si en dicho documento se determinan (1184 C. 
y fr. 2.* 57 y 116 Dec. de Reformas N.° 272.) 



TITULO OCTAVO. 

DEL DIVORCIO. 

PÁRRAFO PRIMERO. 

Divorcio y sus caus \ i 



486— Establecida por la ley la indisolubilidad del 

matrimonio, el divorcio no es hoy entre nosotros la 
disolución ó insubsistencia del vínculo conyugal, sino 
solo la separación de los casados, subsistiendo por 
consiguiente, la recíproca obligación de no contraer 
otro enlace. Lo consideran nuestras leyes como el re- 
medio de un nial mayor, cuando los inconvenientes 
que ese estado anormal produceá los esposos y á sus 
hijos, son menores que los que resultan de la conti- 
nuación de la vida común entre dos personas que no 
pueden guardar la paz y la armonía necesarias. Pue- 



228 

de definirse: el estado de separación de personas y 
Limes de los cónyuges^ que sin disolver el vínculo del 
matrimonio, declara la autoridad judicial, media/i- 
do las causas determinadas por la ley, 

487 — Según esta definición, para el divorcio debe 
concurrir: 1.° causa legal: 2.° declaración de la auto- 
ridad judicial. 

488 — La ley no admite como causas motivos lijeros, 
como las pequeñas diferencias que suelen ocurrir en 
las familias, y pueden estimarse como inevitables y 
pasajeras, sino motivos graves, de aquellos que 
hacen que el matrimonio falte á su objeto, y que esa 
sociedad, en vez de tener atractivos y de ser fuente de 
felicidad páralos esposos, contraríe sus afecciones y 
los condene a un sufrimiento continuo, de suerte que 
resulte que es imposible ó peligrosa la vida común, 6 
aparezca claramente que los cónyuges no se profesan 
el cariño que se prometieron al casarse. Exigiéndose 
estos motivos que sean de carácter tal que pongan en 
peligro la moralidad de la familia, ó lastimen profun- 
damente los derechos y sentimientos de los cónyuges, 
no se reconoce hoy el divorcio fundado simplemente 
en el mutuo consentimiento de los cónyuges. 

489 — De Jas causales del divorcio, unas son comu- 
nes á ambos consortes, y otras relativas solo ni mari- 
do ó solo á la mujer. 

400 — Son comunes á ambos; 

1. a — Lo sevicia <> trato cruel y el ¡><i¡o manifestado 
par frecuentes riñas graves (4>° .Vi Dec. de Ref. N.° 
272); porque entonces, el matrimonio, lejos de ser la 
comunicación de cariño y consideraciones délos es- 
posos, es una situación viólenla é insostenible y oca- 
sionada ámales de trascendencia. Ordinariamente se 



229 

ha supuesto que la sevicia ó trato cruel solo podía exis- 
tir de parte del marido contra la mujer; y aunque 
to será lo común, si se da el caso excepcional de que 
exista de parte de una mujer fuerte y áspera ó irrita- 
ble contra un marido débil y tímido, éste podría in- 
vocar esa causal para pedir el divorcio. No deberán 
considerarse como sevicia ó trato cruel las desavenen- 
cias y rencillas pasajeras, ni los desagrados de pora 
importancia, sino lo que realmente haya de estimarse 
de gravedad según la prudencia delJuez; pero no se- 
rá necesario que haya heridas, golpes ó malos trata- 
mientos de obraque puedan alterar l;i salud ú ocasio- 
nar la muerte, bastando muchas veces para consti- 
tuirlas, según las circunstancias, las injurias conti- 
nuadas ó las amenazas y otros manejos que, como al- 
gunos expositores han observado ya, pueden dejar en 
una persona delicada huellas mas profundas que los 
mismos hechos; y que, aun cuando materialmente no 
constituyeran sevicia, sí serian la manifestación de 
un odio declarado. 

2. a — El atentado de uno de los cónyuges contra la 
vida del otro (3.° 53 Dec. de Ref. cit. ); porque un he- 
choque revela tan profunda animadversión, es abier- 
tamente opuesto ala subsistencia del matrimonio, y n<> 
deja, para lo futuro, ninguna tranquilidad ni garan- 
tir al cónyuge contra quien se hubieran dirigido las 
asechanzas del otro. 

3. a — La ausencia sin justa caufatpor mas dé cinco 
años (7.° 53 Dec. cit.) Con ella se manifiesta una in- 
tención decidida, de no nacer vidaoomun, abandonan- 
do «1 cuidado «lela, familia y los intereses de la su- 
ciedad conyugal; y así, hay motivo para justa des- 
confian zi. de parte del qué sufre ese abandono, cuya 



230 

cansa mas probable es el disgusto doméstico ó el a- 
borrecimiento del consorte. 

491 — La demencia, la enfermedad contagiosa ú o- 
tra calamidad semejante de uno de los cónyujes, lia 
sido yes todavía en algunos códigos, justa causa de 
divorcio, sobre todo cuando puede peligrar la vida 6 
la salud del otro cónyuge. Nuestra ley, separándose 
de ellos, declara que ni la demencia, ni la enfermedad 
contagiosa ni otra desgracia semejante autoriza el 
divorcio; pero siendo necesario ocurrir, por lo menos 
al peligro que en realidad puede haber, el.Juez, con 
conocimiento de causa y á instancia del otro cónyuge, 
podrá suspender breve y sumariamente, en cualquie- 
ra de esos casos, la vida y habitación común; pero 
quedando subsistentes las demás obligaciones conyu- 
gales para con el cónyuge desgraciado (171 C.) 

II. 

492 — Son causas de divorcio que puede alegar el ma 
rido: 

1* — El adulterio déla muger (1.° 53 Dec.de Ref. 
núm. 272); porque la falta cometida por ella destru- 
ye el mas importante y delicado de sus deberes: con 
ella puede introducir á la familia hijos que no sean 
del, marido y que usurpen injustamente los derechos 
de sucesión propios de los herederos legítimos déoste, 
y le causa en su honra la mas profunda herida. Por 
eso se han reconocido siempre notables diferencias en- 
tre el adulterio de la muger y las relaciones que con 
otra pueda tener el marido. Así es que, atendiendo 
á las condiciones especiales de los sexos, y á las o- 
bligaciones que resultan para ambos de la naturaleza 
del contrato, para que la falta de éste sea causal de 



231 

divorcio, es preciso que vaya acompañada de actos 
que ultrajen la dignidad de la mujer, ó destruyan la 
moralidad y paz de la familia. Debe advertirse que, 
en obsequio de la subsistencia del matrimonio y por 
la delicadeza con que debe precederse en materia de 
separación y en la imposición de una pena, la ejecuto- 
ria por adulterio en causa de divorcio, surtirá sus é- 
fectos plenamente en lo penal, cuando fuere absolu- 
toria; pero si fuere condenatoria, será necesario nuevo 
juicio para la imposición de castigo (388 0. Penal.) 
Aunque la ley no lo declara expresamente, es natural 
sostener que el marido no podrá intentar el divorcio 
por adulterio de su mujer, cuando la haya inducido 
á él, ó lo haya consentido, porque entonces la mas re- 
pugnante criminalidad está de su parte; ni tampoco 
cuando sabedor de lá falta, él que es el Juez de su 
honra, la perdona expresamente, ú olvidando su agra- 
vio, se conduce de modo que el perdón deba presu- 
mirse, como si continúa haciendo vida común con e- 
11a. Asi también, el perdón otorgado y la remisión 
hecha deben estimarse irrevocables respecto de las 
faltas en que recayeron, pues lo contrario sería una 
burla para la mujer; y si la ley hace oesarpor la re- 
conciliación aun el divorcio declarado ya 1 17'.» C.)j con 
mayor razón debe quitar por ella, la acción para in- 
tentarlo. 

2* — La negativa <i>' la muger, sin graves y Justas 
causas, á seguir ó su marido (6.°58 Dec. de Reí. N. 
272.) Con ella, se falta también á uno de los j. rime- 
ros deberes que nacen del matrimonio, y el marido 
debe tener este medio de coerción indirecta para ha- 
cer que ella cumpla, ó para libertarse por su parte 
de las obligaciones que él á la vez contrajo. 






•232 
III. 



493 — Son cansas de divorcio que puede alegar la 
mujer: 

1. rt — El concubinato escandaloso, ola incontinen- 
cia pública del marido (2." 53 Dec. de Ref. cit.) No 
basta pues, como antes se ha dichoya, que el mari- 
do tenga relaciones con otra muger: es preciso que á 
ellas vaya unido el escándalo, una ofensa pública á 
lo moralidad de la familia val decoro de la muger: 
que haya ana vida de desorden, en que el marido qui- 
te sus cuidados, sus atenciones y sus bienes de su 
propia familia, perjudicando gravemente la educa- 
ción é intereses de ella. Desde luego deberá tenerse 
por escandaloso el concubinato del marido con man- 
ceba que tuviere dentro de la casa conyugal, por la 
ofensa á la mujer, y porque es uno de los casos en 
que aun se permite el ejercicio de acción penal (286 
C. Penal.) 

2. ^—La negativa del movido á suministrar ali- 
mentos á su muger (5.° 53 Dec. deRef. núm. 272.) De- 
ber del marido es proveerá su mujer de todo lo nece- 
sario para su subsistencia, y quién falta á él, debe ser 
privado de los derechos que tiene sobre la persona y 
bienes de su esposa, ya que, hasta cierto punto, pue- 
de decirse que atenta á su vida negando los alimen- 
tos que debe darla. 

404 — Hay que advertir, pe* último, que algunas de 
estas CaUsae dan origen, además de la acción civil de 
divorcio, á una acción penal cuando constituyen de- 
lito; y que el ejercicio de la una no obsta, al de la 
otra. 



233 

PÁRRAFO SEGUNDO. 

Autoridad que interviene en el divorcio. 



495 — No estando autorizado el divorcio por mutuo 
consentimiento, y requiriendo la ley paxa que tenga 
lugar, que medie "alguna de las causales que designa, 
declara indispensable que intervenga la autoridad 
para examinar la existencia deesas causales y califi- 
carlas. Debe pues, haber juicio y sentencia que de- 
clare el divorcio. Según el Código (169), esta senten- 
cia debia emanar en algunos casos de la autoridad 
eclesiástica conforme al derecho canónico: pero es- 
tablecido después "por Dec de 1.° de Noviembre de 
1879 que la ley solo re ¡onoqe como verdaderos y Le- 
gítimos para los efectos civiles, los matrimonios ce- 
lebrados ante la autoridad civil con las formalidades 
prescritas por el Código, el Dec. de 21 del mismo mes, 
declaró como consecuencia natural, en el artículo L8, 
que es hoy el52delDec.de Bef. alCód. Civ<, que 
todo juicio sobre divorcio, validez ó nulidad '\>> un 
matrimonio debe ventilarse, en la vía ordinaria, ante 
el Juez de 1. rt Instancia respectivo; y ésto, aun res- 
pecto de los matrimonios celebrados con anterioridad 
a la fecha del primer decreto citado. En tales juicios. 
no se pueden cobrar ningunos derechos (46 \)>'c. cit. | 

496 — EIJuez conipetent" es el del domicilio; la ac- 
ción compete exclusivamente á los cónyuges, y de i 
tos, solo al que no"dió causa al divorcio, á no ser que 
ambos sean culpaM- última 53 Dec. cit.), pues 



234 

á ningún otro debe permitirse que cuando ellos, por 
convenencia propia, por amor á la familia, por pru- 
dencia para evitar escándalos, ó por otras poderosas 
razones, no quieren usar de su derecho, vaya á su- 
jetar á la publicidad y decisión de los Tribunales, 
hechos sobre los que callan aquellos á quienes prin- 
cipal y directamente afectan, fuera de que seria dar 
una arma peligrosa contra la paz y Seguridad dé Las 
familias. Por lo mismo que debe intervenir sentencia 
del Juez ordinario, y (pie no está admitido el divor- 
cio por mutuo consentimiento, no será valídala tran- 
sacción que lo establezca (27.5 Dec de Reif. 272); per 
ro ?í aquella en virtud déla cual se prescinda del 
ya intentado; y aunque la ley no incluía antes expre- 
samente el divorcio en el número de las causas que 
pueden someterse á juicio de arbitros (37 C. Pr.), no 
debia tener lugar, así como no lo tenia en las cues- 
tiones sobre filiación, tan importantes como la de di 
vorcio. Hoy lo establecerá así el artículo 14 del Dec. 
de Ref. al Cód. de pr. civiles. Parece también que es 
consecuencia legítima que la confesión del cónyuge 
demandado no haga prueba respecto de las causales 
<lel divorcio porque lo contrario sería incongruente 
con la no autorización del divorcio por mutuo con- 
sentimiento. 

497 — El Juez civil es el que naturalmente debe co- 
nocer también de todas las demandas relativas á los 
efectos del divorció concernientes á los bienes .lelos 
cónyuges, á su libertad personal y á la crianza y edu- 
cación de los hijos (166 C.) Así es que él decide en 
orden á la habitación y alimentos de la mujer en pro- 
porción á sus circunstancias y á las del marido, y en 
orden á las expensas del pleito que deba suministrar- 



235 

la durante el juicio (51 Dea de Ref. uúni. 272.) E- 
j.icutoriada la sentencia de divorcio, como que afecta 
tan directamente el estado civil, deberá remitirse en 
copia al Registro respectivo y anotarse al margen del 
ta de matrimonio (fr. 2. !l 57 y 116 Dea cit.) 



PÁRRAFO TERCERO. 

Medidas preliminares al divorcio. 



498 — A la declaratoria de divorcio preceden algu- 
nas medidas, incidentes del pleito ya comenzado, 6 
próximo á comenzarse. Su objeto es, unas veces po- 
ner á cubierto ala mujer de la opresión del marido. 
procurándole la. libertad y los medios necesarios pa- 
ra que pueda sostener sus derechos; otras, consultar 
á la honra del marido, 6 ver por la suerte de los hijos 
y evitar la malversación que de los bienes de la mu- 
jer pudiera hacer la mala fe de su consorte; 

1. 

499 — La primera de las medidas que pueden tener 
lugar, es la separación provisional de los cónyugí 

por el depósito de la mujer. Esta puede, durante el 

juicio, pedir que se le autorice para vivir separada 
de la casa común (185 C.); y la razones porque, cuan- 
do la disidencia entre ella y el marido llega al punto 
d • que se intente el divorcio, la habitación común 
puede ser peligrosa para ella, y origen de escíndalos 
y desgracias. Puede pedir ese depósito la mujer, aun 



286 

antes de iniciado el pleito de divorcio siempre qué 
se proponga intentarlo (J.° 1748 0, pr,)¿ y debe ha- 
cerlo por solicitud escrita (1752 id.) al Juez del." 
Instancia de su domicilio, que es el que puede decre- 
tarlo 1749 y 1750 id.); pero si circunstancias especia- 
les lo exigieren, podrá también el Juez del lugar en 
que ella se encuentre, decretar el depósito, interina 
y provisionalmente, remitiendo las diligencias al del 
domicilio, y poniendo la persona á su disposición. 

500 — Si marido y mujer convienen en la cas;: 
que tenga lugar el depósito, esa se designará: en ca- 
so contrario, será la de una persona honrada, de la. 
confianza del Juez, quien podrá señalar, si le pare- 
ciere, alguna délas que marido y mujer hubieren in- 
dicado (1754 y k 1755 id.) 

501 — Cuando el depósito se haya solicitado y acor- 
dado antes de iniciarse la demanda de divorcio, la 
mujer debe acreditar, dentro de un mes, haberh 
intentado (1759 C. pr.); pero este término puede 
mentarse con el término de la distancia, un dia por 
cada cinco leguas que haya entre el pueblo en que se 
constituye el depósito y el del lugar en que esté «i 
Juez ó tribunal que hubiere de conocer del divorcio 
(1761 id.); y aun podrá prorogarse todavía si se com- 
probare que, por causas no imputables á la mujer, 
le ha sido imposible intentarla demanda (1764 id.) Si 
dentro de los términos expresados, no acreditare ha- 
berla iniciado, se levanta el depósito interino y se res- 
tituye á la mujer á la casa del marido (1766 id.); y 
si por el contrario, se justifica estar ya intentada Ja 
demanda, se ratifica el depósito provisionalmente 
constituido (1767 id.), pudiéndo entonces constituirse 
en otra persona que la mujer designe, aunque no sea 



237 

dé la aprobación del marido, si el Juez no hallaré 
fundada la oposición de éste (1768 id. | Esto para el 
caso en que la mujer pida el depósito y, bien sea e- 
11a demandante ó demandada en el juicio iniciado, y 
cualquiera que sea la causa en que se funde la deman- 
da, porque la ley no hace distinción, y porque las 
mismas razones militan en uno y en otro caso. 

502 — Va á verse ahora loque procede cuando el 
depósito es pedido por el marido. Según el artículo 
186 del Código Civil, está limitada la facultad del 
marido para pedir el depósito de la mujer, dorante 

divorcio, al caso en qne ella haya abandonado la 
casa común, mientras qne conforme al inciso 2.°del 

¡culo 1748 del Código de procedimientos t i\ i' 
podía decretarse el depósito de la mujer casada con 
solo que 89 acreditase que contra ella había instau- 
rado su marido demanda do divorcio. Para ponerlos 
de acuerdo, se modificó la disposición de] Código de 

"edimientos, estableciéndose por el artículo 316 
del Dec. de Ret'. núm. 27:5, que el depósito que pue- 
de decretarse á solicitud del marido, es el dé la mu 
que haya abandonado la casa común, y contraía cual 
haya intentado él, demanda de divorcio ó acusación 

¡didterio. Para hacer la modificación en es,, menti- 
do, se tuvo presente la observación de l\,, de 
el depósito judicial impuesto á la mujer contra 
su voluntad, es ya. una pena que necesita, por 1<> me- 
nos, La presunción de culpabilidad que fundadamente 
• recaer sobre ella misma con el abandono déla 

> común. En los demás casos, aunque ella sea la 
demandada, su permanencia en la casa común es una 
presunción en favo!- desu inculpabilidad: y mii 
no se declare el divorcio, el m irido está obligad 






238 

fterla en ella, á no ser que entonces la mujer haga li- 
so de la facultad que le da el artículo 185 del Código 
Civil, para pedir y obtener la autorización de vivir se- 
parada. La casa en que se verifique el depósito, será 
aquella en que convengan marido y mujer; y si no 
convinieren, la que el marido designe, sino hubiere 
razón fundada que lo impida, Habiéndola, el Juez e- 
legirá la que juzgue mas i propósito (1769 y 1770 C- 
pr.) 

503 — Sea que el depósito se constituya á petición del 
marido ó de la mujer, en el acto de hacerse deben ser 
entregadas a ella su cama y ropa de uso, formánd( 
de todo el oportuno inventario (1756 y 1771 C. pr.) 

504 — La mujer depositada en virtud de petición de 
ella misma; y con mayor razón si lo ha sido á peti- 
ción del marido, está obligada á justificar, siempre 
que se le exija, su residencia en la casa que se le de- 
signó, porque debe cumplir el mandato judicial, y 
porque la separación de la '-usa común, -i es para con- 
sultar la libertad de su defensa y su propia seguri- 
dad, es al misino tiempo para dar al marido garan- 
tía en un punto. que <se relaciona estrechamente con 
su honra. Si la mujer no da esa justificación, se suje- 
ta á perder la pensión alimenticia que debe pasarle 
el marido, óá que se adopten contira ella, las pr* 
cauciones de seguridad que. éste solicite, como la tras- 
lación á diferente habitación, íi otras que sean adn 
sibles según la prudencia del juez (187 C. I 

II. 

:>of>— Otro punto es el délos alimentos déla mu- 
jer durante el pleito de divorcio, y la suministración 



289 

de expensas para éste. No declarado ti divorcio to- 
davía, y estando los bieues que puedan corresponder 
á la mujer en poder y ba,jo la administración del ma- 
rido, subsiste la obligación de éste de darle alimen- 
tos, y aun la de darle todo lo que Bea preciso para 
que haga valer sus derechos por el divorcio (51 Dea 
de Ref. núm. 272.) El artículo 107 del Código, refor- 
mado por éste, no espresaba qué el ¡alimentos 
habían de suministrarse: hoy queda claro que han de 
ser civiles, estoes, según las facultades y situación 
de ambos, porque hasta entonces, nada hay que al- 
tere lo dispuesto generalmente (152 C. >; y la pensión 
sera regulada por el Juez, así como las cantidades que 
por litis expensas deba entregarle. 



III. 



»6 También interesa estal garantía tu- 

torías para los bienes de la mujer, por que pudi 
haber maridos que, exasperados con la cuestión de 
divorcio, quisieran malbaratarlo iodo por perjudicará 
la nrajer en venganza, ó qu su mala conducta ó 

disipación, lo perdieran, sin atender al derecho de la 
esp >s:t ni ¡i la suerte de los hij 

Asi, laleydá á la mujer, Facultad para que durante 
el juicio, solii ¡te que el marido asegure la conservación 
de los bienes dótales y de cualesquiera otros de los 
<pie estaría obligado á devolver ó entregaren <m^> ,],. 

declaración de divorcio ( 1SS \ 1171 C); y sí .1 marido 

se resistiere á prestar la seguridad que el .lúe/, estime 
procedente, éste nombrará un administrador de los bie- 
nesque deberían ser devueltos, el cual hade tener las 



240 

mismas calidades y prestarlas mismas garantios que 
se exigen á un tutor de menores (189 C.) 



IV. 



507 — Una de las materias mas importantes en pun- 
to á divorcio, es la relativa á la persona en cuyo po. 
der deben estar los hijos durante el pleito. Cesando la 
vida de familia, es indispensable determinar lo que 
toca á la crianza y educación de los mismos, y al de- 
recho del padre ó la madre para tenerlos en su po- 
der. 

508 — En cuanto á los gastos de crianza y educación, 
subsiste la obligación del padre y de la madre de 
criar, alimentar y educar á sus hijos (148 C.) El Juez 
regulará la pensión competente y la suministrará el 
marido que conserva los bienes en su poder; ó en fal- 
ta de estos, ayudarán ambos según sus respectivas 
facultades y aptitudes. 

509 — Respecto á la distribución de los hijos, la ley 
atiende á dos consideraciones: la edad y el sexo, fiján- 
dose siempre en la conveniencia de los hijos. La ma- 
dre siempre vigilante y presente en el hogar, puede, 
con mejores condiciones que el padre, prestar á los 
hijos el cnidado asiduo y oportuno que reclaman los 
primeros años de la vida. Del mismo modo, es la ma- 
dre quien puede prestar á las hijas mujeres en los 
diversos períodos de su vida, las atenciones y servi- 
rlos especiales que demanda su sexo. {Chacón.) Por 
estas consideraciones, la ley establece que á la madre 
divorciada, haya dado ó no motivo al divorcio, toca 
cuidar personalmente de los hijos menores de cinco a- 



241 

ños, sin distinción de sexo, y de las hijas de toda e- 
dad (182 C.) 

510 — Esta regla no tiene lugar en los casos en que 
su aplicación sea contraria á la conveniencia de los 
hijos. Así, no se confiará á la madre el cuidado de 
los hijos de cualquiera edad ó sexo, cuando por la de- 
pravación de ella, sea de temer que se perviertan, lo 
que siempre se presumirá, si ha sido el adulterio de 
la madre lo que ha dado motivo al divorcio (182 
C.) En estos casos, ó en el de hallarse inhabilitada 
la madre por otra causa, podrá confiarse el cuidado 
personal de todos los hijos de uno y otro sexo, al pa- 
dre (183 C. 

511 — Pasados los primeros años de la vida, los va- 
rones necesitan mas de la dirección y energía del pa- 
dre; y por eso toca á éste, durante el divorcio, el cui- 
dado de los hijos varones desde que han cumplido 
cinco años; pero por la misma razón de conveniencia 
de ellos, no se le confiarán cuando por su depravación 
sea de temer que se perviertan. En este cuso, lo mis 
mo que en el de hallarse Inhabilitado por otras cau- 
sas, puede el .lúe/, confiarlos á la madre (184 G 

512— Si el padre y la madre fueren de nuda con 
ducta, ó estuvieren inhabilitados, parece que deberá 
<d Juez confiar los hijos á una persona, parienl 
extraña, que reúna las mejores condiciones al efecto 
sin perjuicio de que los padres puedan verlos con 
la frecuencia y libertad (pe el mismo Juez concep- 
túe prudente. 

518 — Lo dicho respecto de la persona «pie debe te- 
ner en su poder á los hijos durante el juicio de divor- 
cio, rige igualmente después de declarado éste, porque 

Begun el epígrafe del párrafo respectivo en el Código, 
tom. i. lo 



242 

esas reglas se observan durante el juicio de divorcio y 
después de él. Todas las medidas de que se ha he- 
cho mérito tienen lugar, lo mismo que en el juicio 
de divorcio, en el de nulidad de matrimonio, por me- 
diar las mismas razones 1 1 9l ► C<) 



PÁRRAFO 11 ARTO. 

EFECTOS DEL DIVORCIO. 
I. 

.">14 — El divorcio comprobado con la sentencia que 
lo pronunció, ó con copia auténtica de ella, produce 
diversos é importantes efectos (art. 168.) 

515 — Relativamente á los bienes, el divorcio disuel- 
ve la sociedad legal (3.° 1113 C); y en consecuen- 
cia, se procede á la división de bienes como en caso 
de muerte, entregando á cada cual los que le corres- 
ponden. Si, separados los bienes, resultan todavia al- 
gunos derechos de un cónyuge contra el otro, puede 
adjudicar á aquel la parte de sus bienes propios 
que baste para el pago de esos derechos (1510 C), 
pues, aunque x>or razones de conveniencia y morali- 
dad, no puedan marido y mujer hacerse enagenacio- 
nes recíprocas, esas razones no existen en caso de di- 
vorcio ó separación de bienes, porque entonces es ne- 
cesario que la liquidación y división se hagan .sin que 
entre ellos quede pendiente ningún derecho. Fuera 
de este caso, subsiste, no obstante el divorcio, la 
prohibición general. 



248 
II. 



516 — Cuando el adulterio de la mujer es ío que d;í 
causa al divorcio, como pena para ella y por la extra- 
ordinaria gravedad de la causa, se establece el efecto 
civil de que el marido se mantiene en la adminis- 
tración y gana el usufructo de los bienes de ella, ex- 
cepto de aquellos que la mujer administre como se- 
parada de bienes, y de los que adquiera á cualquier 
título, despuas del divorcio (172 C.) Si se diera aquí 
al divorcio el efecto propio y general del ejercicio de 
la capacidad civil y la administración de los bienei . 
resultaría premiado ese crimen y alentada su perpe 
tracion. 

517 — Para contrapesar entonces el poder que se da 
al marido sobre los bienes comunes y sobre los de li 
mujer, laley da á ésta, en caso de administración frau- 
dulenta, el derecho de pedir que se pongan los bienes 
de ella á cargo de un administrador; y lo mismo sí 
peligraren por una administración Imprudente ó des- 
cuidada; pero en éste último caso, podfá el marido 
retenerlos, prestando fianzas ó hip iren 

suficientemente los intereses de su mujer, por que 
eso llena el objeto (173 C.) La ley. ya que aquí no pue 
de haber lugar ;í separación de bienes, pues (pie por 
disposición de ella los retiene el marido, da ;i la mu- 
jer un recurso fundado en el mismo principio que la 
separación, pero diverso de ól en cuanto á (pie la. mu- 
gerno adquiérela administración} ni los frutos ,|, 
esos bienes. 

r> 1 8 — Pronunciado el divorcio por adulterio, pierde 



244 

también la mujerío que le corresponde en los ganancia- 
les (1161 C); y si lo hubiere sido por abandono de la 
mujer de la casa común, negándose sin graves y justas 
causas á vivir con el marido y á seguirlo, pierde los 
gananciales adquiridos durante todo el tiempo de la 
separación, pues no debe participar de ellos, la que 
por culpa ó capricho, ha dejado de llenar los deberes 
conyugales y ha privado á la sociedad de su coopera- 
ción 1 11 :.S y'nnoc.) 



ni. 



519 — El divorcio produce otros efectos penales en 
que están equiparados ambos cónyuges, porque se 
refieren á casos en que se trata principalmente de la 
indignidad del cónyuge ingrato para gozar de cier- 
tos derechos establecidos bajo el supuesto de la paz 
y la observancia de los recíprocos deberes. 

530 — Así, el cónyuge inocente puede revocarlas do- 
nación. j s <pie, por razón de matrimonio, hubiere he- 
cho el culpable, siempre que éste haya dado causa 
al divorcio (54 Dec. de Ref. núm. 272.) 

521 — Acerca de la pérdida del derecho para here- 
dar abintestato en falta de ascendientes y descen- 
dientes, nada sí hallaba dispuesto ene] Código como 
regla general para todos los casos. Solo tratándose de 
la sucesión de los hijos ilegítimos, era cuando se es- 
tablecía que en falta de descendientes y aseendiem- 
con derecho de heredar, entrara el cónyuge so- 
breviviente que no estuviera separado por su culpa 
(regla 1. - 980 C): como no liabia razón para que se 



245 

limitara solo al caso de sucesión de hijos ilegítin. 
se modificó el artículo '.).">:> por el 173 del Dee. núm. 
272, y se estableció ya como regla general queelde- 
recho de herencia abintestato entre loa cónyuges no 
tiene lugar en favor < leí que está divorciado por su 
culpa. 

522— En lo que mira á alimentos, debe atenderse 
también á si el divorcio ha sido declarado por cau- 
sa de la mujer ó del marido, y ¡i si son ónó pobres. 
Si el divorcio se declara por culpa del marido, y la 
mujer no tiene bienes, el Juez asignará en favor <le 
ella, sobre los bienes ó industria <lel marido, una pen- 
sión alimenticia, en cantidad proporcionada á las cir- 
cunstancias de ambos; es decir, que procede de 
tar alimentos civiles (176 C.) Si es la mujer la que 
ha dado lugar al divorcio, el marido solo está obli- 
gado á proveerla délo que necesite para su modesta 
sustentación, porque no puede ser de igual condición 
en ambos casos (178 C); y si La causa del divorcio 
hubiere sido adulterio Ú Otro delito déla mujer, el 
marido no está obligado á suministrarle cosa algu- 
na. 

523— Tratándose de alimentos al marido, la mu 
jer solo estará obligada á pasarle una pensión. 
gun las circunstancias de ambos, sí se reúnen estas 
dos condiciones, l. * que elle sea la culpable del di- 
vorcio, 2. * que ella sea rica y él pobre, porque 
lo la reunión de estas condiciones justifica ana medi- 
da que no es La natural ordinariamente, pues por re 
gla general, es el marido el que mantiene á la mujer 
(177 C.) 

524 — Relativamente á la permanencia de los hijo 
estos continúan en poder de aquel á quien durante el 



246 

4 ni io de divorcio corresponde tenerlos; y no alteran- 
do esa declaración los derechos de ellos á ser ali- 
mentados, la obligación de los padres es la misma, 
y exigible en el mismo orden que durante el matri- 
monio, según se verá mas adelante (238, 239 C. y 
71 I)ec de Ref. núm. 272.) 



IV 



*>-Jf>— Efecto del divorcio es también que, verifica- 
da en virtud de él la separación de bienes, recóbrela 
muger su capacidad civil, y pueda administrar los 
bienes que lia sacado del poder de éste, ó que, des- 
pués del divorcio, ha adquirido (175 C.) Puede pues, 
contratar libremente sobre ellos, enagenarlos y pre- 
sentarse enjuicio, porque falta ya la razón de unidad 
y buena administración que justifica la restricción 
durante la sociedad conyugal. 



PÁRRAFO QUINTO. 



TERMINACIÓN DEL DIVORCIO. 



526— Cesan todos los efectos del divorcio si se re- 
concilian los divorciados: dado este caso, se restitu- 
yen las cosas, por lo tocante á la sociedad conyugal, 
al estado en que antes del divorcio se hallaban, co- 
mo si no hubiera existido éste (179 y 2. ° 1160 C). 



247 

Esta reconciliación qo basta que sea extrajudicial y 
dependiente del simple acuerdo de las partes, porque 
no permitido el divorcio por convenio, afecta la <-<>n- 
dicion civil de la mngery los intereses de terceros, 
sino que necesita decreto del Juez á petición de am- 
bos cónyuges, y produce los mismos resultados qne 
el restablecimiento de la administración del marido 
en el caso de simple separación de bienes (1181 C. y 
55 Dec. de Ref. núm 272en el cual ha de Leerse 1181 
en vez de 181.) 

527 — La cesación del divorcio no perjudica los <!<•- 
rechos de un tercero que hubiere contratado con los 
cónyuges cuando ejercían independientemente sus 
derechos (181 C.) porque la capacidad debe verse :il 
tiempo del contrato; y si asi no Cuera, nadie querría 
-contratar eonlamuger temiendo la contingencia de 
una reconciliación que anulara sus derechos. Del 
mismo modo, el divorcio declarado no debe perjudi- 
carlos derechos adquiridos por los que hubiesen ce- 
lebrado contratos con las esposos durante la comu- 
nidad matrimonial. 

528 — La cesación del divorcio debe hacerse constar 
en el Registro del estado Civil [57 Dec. de Ref. núm, 
272.! 



248 

titui.onovk.no. 

DE LA NULIDAD DEL M ATRIMOXIO. 
1. 



529 — Los impedimentos dirimentes, producen] se- 
gún ya antes se ha dicho, no solo el efecto de impedir 
el matrimonio antes de ser celebrado, sino también 
el de anularlo si, existiendo alguno de ellos, se cele- 
bró. Así pues, hay nulidad de matrimonio siempre 
que falta alguna de las condiciones requeridas como 
esenciales para su celebración; y se ha reconocido el 
remedio extremo de esa declaración, por un interés 
de orden público, pues sin ella, de nada servirían 
las prohibiciones de la ley, fundadas en razones de 
moralidad y de conveniencia de la familia y de la so 
ciedad. 

530 — Antes de la reforma, no estalla claro en nues- 
tro Código, el punto importante de los casos en que 
debía tener lugar la nulidad. Según el artículo 191, 
para pue pudiera declararse ésta, debia existir una, 
de las causas que se fijan en el párrafo que se ocupa 
del divorcio; pero evidentemente, como se declaró en 
Decreto de 14 de Setiembre de 1881, la referencia en 
equivocada, y debia entenderse que era cuando media- 
ra un impedimento dirimente, ó cuando el matrimo- 
nio 'no se celebrara en la forma, yántela autoridad 
que prescribe la ley (66 Dec. de Ref. núm. 272.) 



240 

531 — El Código no declaraba expresamente á quie- 
nes competía la acción ; hoy, el artículo 57 del De< 
to de Reformas núm. 272 establece que los cónyu- 
ges, el Ministerio Fiscal ó cualquiera persona que 
tenga interés en la declaración de nulidad, puede re- 
clamarla cuando sea por edad, por parentesco, por 
otro vínculo matrimonial anterior, por delito, por lo- 
cura ó por falta de formalidad esencial en la cele- 
bración. Si el motivo fuere la impotencia. el error ó 
la fuerza, solo podrá pedirla el cónyuge que no fuere 
el impotente, en cuyo favor se establece: ó «1 que hu- 
biere sufrido el error fuerza ó miedo, que qne 
tiene razón para quejarse. 

'532 — La acción debe intentáis»' en los Tribunales 
civiles, ante el Juez de 1." instancia respectivo, sin 
que puedan col uarse ningunos derechos ¡.V.' I)..' de 
Ref. núm. 272.) 

533 — Durante el juicio, se observan respecto á la 
muger é hijos, las mismas reglas presentas para el 
caso de divorcio, y relativas á pensión alimenticia y 
expensas del pleito, depósito de la muger, seguridad 
de los bienes de ésta, y persona cu cuyo pod< r deben 
estar los hijos (190 C.) Debiendo declararse la nuli- 
dad por la existencia de alguna de las causas legales, 
no cabe hacerlo por solo el mutuo consentimiento «le 
los cónyuges, por las mismas razones expuestas res- 
pecto del divorcio; y por tanto, no cabe trau- 
cíon ni compromiso, ni basta la confesión de uno 
de los cónyuges, reconociendo el motivo de nulidad. 
La sentencia se inscribe en el Registro Civil, al mar- 
gen de la partida de matrimonio, por la modificación 
del estado civil |frac 2.* ■">? y L18 !>•■<•. de ¡: 
núm. 272.] 



2:>< > 



ii. 



534— La sentencia de nulidad no produce propia- 
mente la disolución del matrimonio, porque éste le- 
galmente no ha existido, sino que se contrae á esta- 
blecerlo así, declarando que no lo hubo. Pronuncia- 
da esa. sentencia, los que se tenian como marido y 
muger, quedan sin ese impedimento para pasar á 
contraer otro enlace; pero la muger tiene que aguar- 
dar que transcurran diez meses, contados desde la 
fecha de la declaración de nulidad, en los mismos 
términos que cuando el matrimonio se disuelve por 
muerte del mando (61 Dec. de Ref. níim. 272). Fe- 
nece la sociedad conyugal (3. ° 200 Dec. citado), y 
se devuelven á la muger sus bienes, procediéndose 
como en caso de muerta de uno de los cónyuges, pa- 
ra la división. 

535 — Acerca de otros efectos relativos á los cónyu- 
ges y á sus hijos, pueden distinguirse tres casos: ó 
ambos conocían el motivo de nulidad y procedían 
de mala fé, ó ambos lo ignoraban procediendo am- 
bos de buena fé; ó uno lo sabia y el otro lo ignoraba, 
es decir, había buena fé de uno v mala del otro. 

536 — En el primer caso, ambos cónyuges deben su- 
frir las consecuencias de su fraude, de modo que el 
matrimonio no produce efecto alguno civil entre e- 
llos. 

537 — En los otros Jos casos, el matrimonio nulo 
toma propiamente el nombre de putativo; porque se 
ha juzgado ó creído válido en razón de haberse con- 



251 

traído, á lo menos por uno, de buena fé (192 (.'. i 

538 — Aunque en rigor solo el matrimonio verdade- 
ro y legítimo debiera producir sus efectos civiles 
propios; por consideraciones que siempre hay de 
equidad y de favor á los hijos, y por cónsul- ■ 
ciones á la buena fé que hay algunas veces cu los 
esposos, no se guarda la inflexibilidad del principio. 
Asi es que el matrimonio declarado nulo, produce 
efectos civiles respecto de los esposos yde los hijos, 
si se contrajo de buena fé (193 C), porque sí los dos 
celebraron el matrimonio 'absolutamente ignorantes 
del impedimento, no existiendo en ellos intención de 
contravenir á la ley, es justo que, sin perjuicio de 
que se mantenga el principio de la declaración de 
disolución, se relaje el rigor de sus consecuencias; y 
que se validen asi las convenciones y demás electos 
acerca de los bienes de los esposos, y se conserve á los 
hijos de ese matrimonio, el estado de legitimidad en 
que nacieron. 

539 — Si la mala fé estuvo solo de parte de alguno 
de los cónyuges, el matrimonio no produce efecto al- 
gimo civil ú su favor, así es que no tendrá derecho 
á gananciales, ni á porción alimenticia porque 
justo que súfralas consecuencias de su propio he- 
cho; pero sí respecto del otro esposo que no puede 
ser perjudicado por la malicia de su consorte; y i 
pecto á los hijos del matrimonio anulado, pues de- 
ben extenderse á ellos los efectos favorables, aun mas 
que á los bienes (58 Dec. de Ref. núm. 272 

540 — Si hubo nuda le de parte del hombre y de la 
muger, el matrimonio solo producirá efectos civiles 
favorables respecto de los hijos. 

541 — Estos efectos Favorables comprenden n< 



252 

á los hijos nacidos antes de la declaración de nuli- 
dad, sino aun á los que nazcan dentro de los trescien- 
tos dias siguientes á ella, porque entonces la ley pre- 
snme la concepción en época en que el matrimonio 
subsistía aún con apariencias de válido (58 Dec. de 
Ref. núm. 272 y 2.© 200 C.) 

~>~Í2 — El matrimonio putativo extiende sus efectos 
favorables para la legitimación, aun á los hijos pro- 
creados antes de su celebración, si uno délos cónyu- 
ges por lo menos, tuvo buena fé al tiempo de celebrar- 
lo (259 C.) 

543 — La buena fé requerida para el matrimonio su- 
pone la observancia de las solemnidades prescritas pa- 
ra la celebración del matrimonio y la falta completa 
de conocimiento del impedimento; y con ella no es 
conciliable el error de derecho, porque nadie puede 
acogerse á la ignorancia de la ley, sino solamente el 
error de hecho en que se incurre con justa causa. No 
seria atendible pues, la alegación de uno de los cón- 
yuges de que ignoraba que el parentesco ó el matri- 
monio anterior fueran un impedimento. 

544 — La mala fé no se presume sino que ha de pro- 
barse, y los términos en que están concebidas las 
disposiciones del Código, refiriéndose solo á la bue- 
na fé al contraer el matrimonio, hacen creer que, si 
ya contraído, sobreviene mala fé de uno ó de ambos, 
permanecerán, eso no obstante, los efectos civiles del 
matrimonio, mientras no recaiga la sentencia de 
nulidad. 

545 — Finalmente, debe advertirse que, en los casos 
en que el matrimonio celebrado resulte nulo, el hom- 
bre que lo haya contraído de mala fé, será condena- 
do á dotar á la mnger que lo hubiere contraído de 



253 

buena fé; y si ella fuere la culpable, pagará una mul- 
ta de 25 hasta 100 pesos (822 Código Penal.) 



TITULO DÉCIMO. 



J)E LAS SEGUNDAS NUPCIAS. 



546 — Con el fin de que se conserven loa bienes <le 
los hijos huérfanos de padre ó madre, La ley adopta 
varias medidas para el caso en que, el padre ó la ma- 
dre, vayan á contraer, ó hayan contraído, segundas 
nupcias, temiendo con razón que el nuevo enlace dis- 
minuya el cariño é interés por los hijos de mi matri- 
monio anterior que están bajo su patria potestad ó 
tutela natural. 

547 — El varón viudo y la mnger viuda que, teni 
do hijos de precedente matrimonio, bajo su patria 
potestad ó bajo su tutela, quisieren volver á casa: 
ó administran bienes desús hijos, ó nó. Si lo prime- 
ro, deben, antes de proceder al segundo matrimonio. 
formalizar inventario de les bienes que pertenezcan 
á sus expresados hijos, como herederos del cónyuge 
difunto, ó por cualquier otro título, para evitar asi 
que se confundan con los de la sociedad conyugal 
en que va á entrar. Si lo segundo, debe seguir, ante 
el Juez de primera Instancia del domicilio, informa- 
ción sumaria (pie lo acredite. Bu i stas diligencias, los 
hijos deberán ser representados por uu tutor especi- 
fico que, en el primer caso, asista á la formación del 
inventario, y en el secundo, sea citado y oido acerca 



254 

de que no existen bienes bajo la administración del 
padre viudo (196, 197 C. y 59 Dec. de Ref. número 
272). 

548 — Para impedir que se luirle el cumplimiento de 
esta medida, la ley previene que no pueda procederse 
al matrimonio cuando los dos ó alguno de los pre- 
tendientes son viudos, sin que se presente la constan- 
cia de haberse cumplido con su disposicion(3.° 28 Dec. 
de Ref. núm. 272); ó sin seguirse una información su- 
maria que acredite que el cónyuge viudo no tiene hi- 
jos del matrimonio precedente, ó por lo menos, que no 
tiene en administración, bienes de esos hijos (00 Dec. 
cit.). Además, el viudo ó viuda, por cuya negligencia 
hubiere dejado de hacerse el inventario, pierde el de- 
recho de suceder por testamento ó abintestato, al hi- 
jo ó hijos cuyos bienes ha administrado (196 C), de 
suerte que, en realidad, se establece una incapaci- 
dad relativa para heredar, incapacidad que no desa- 
parece ni por voluntad del hijo nombrando al padre 
heredero por testamento, ya que ni por este título 
puede suceder. 

549— Por militar una razón semejante á la que mo- 
tiva la disposición de la ley, cuando el viudo tiene 
hijos sometidos á su patria potestad o tutela, y cuan- 
do aunque no los tenga bajo ellas, los tuvo, y no ha. 
rendido cuentas de su administración, debe, previa- 
mente al otro matrimonio, acreditar que ya están ren- 
didas sujetándose en caso contrario, á los mismos 
efectos (i 97 C.) 

550 — Además de éstas prevenciones que son comu- 
nes al viudo y á la viuda, hay respecto de ésta últi- 
ma, precauciones de diversa naturaleza, en consonan- 
cia con las condiciones especiales de su sexo. La viu- 



255 

da puede haber quedado en cinta de su, primer ma- 
rido, aunque no se manifiesten todavía signos de pre- 
ñez; y si pudiera contraer segundo matrimonio antes 
del término máximo de la gestación, podría confun- 
dirse la procedencia de la prole, y atribuirse al 
gundo marido, el hijo que fuera del primero, ó al 
contrario. Esta razón, mas que la reverencia que el 
cónyuge sobreviviente debe guardar á la memoria del 
fínado, la cual es objeto de las costumbres mas bien 
que de las leyes, hace que nó el viudo, sino solo la 
viuda, no pueda pasar á contraer nuevo matrimo- 
nio, sin que hayan transcurrido, después de disuelto 
el anterior, diez meses, ó sean los trescientos dias den- 
tro de los cuales el hijo puede ser tenido como del 
marido anterior según el inciso 2. c del art. 200 
Dec. de Reí. núm. 272.) 

551 — Siguiendo lo prescrito en otras disposiciones 
análogas, y atendiendo al objeto y «razón de, la ley, pa- 
rece natural que, de ese plazo legal, puedan reba- 
jarse todos los dias que hayan precedido á la muerte 
del marido, y en los cuales, por ausencia ó por oí 
motivo, haya sido absolatamante ¡mposibl 
so á la muger; y así Lo establece ya hoy elartículo 
citado. Dei mismo modo, si el parto de la viuda 
realiza antes de diezmeses, desde entonces en 

libertad de pasar á segundas nupcias, pues falta ya 
el motivo de la prescripción Legal para guardar un 
plazo mas largo. Y como el matrimonio anterior pu- 
do disolverse, no solo por muerte del marido, sino 

por separación del matrimonio cuya nulidad se haya 
declarado, rige la misma prescripción en uno y eno 
tro caso. 
552 — Sino obstanteestos preceptos Legales, La viu* 



256 

da contrajere segundo matrimonio antes de Los diez 
meses contados desde la disolución del anterior, su 
matrimonio no será nulo, porque no es ninguno de 
los casos enumerados para la declaración de nulidad 
(50 Dec. de Ref. núm, 272); pero incurre ella en la 
pena de arresto mayor en sus grados medio á máxi- 
mo, ó multa de ciená mil pesos (318 y 319 C. Pen.), 
sin perjuicio de la pena á que también se hace acre- 
edor el funcionario que haya autorizado el matrimo- 
nio (321 C. Pen.) 

553 — Con las medidas mencionadas y con otras de 
que se hará mención en su oportunidad (314, 315, 
316 C), se ha sustituido la reserva de bienes [prees- 
tablecían las leyes españolas. Consistía en que el viu- 
do ó i inda que volvia á casarse, estaba obligado á re- 
servar para los hijos del primer matrimonio, conser- 
vando el usufructo, la propiedad de todo lo adqui- 
rido del consorte difunto por cualquier título lucra- 
tivo, universal 6 particular de lo que procediera del 
consorte difunto: la de lo que hubiera heredado abin- 
tto de alguno de dichos hijos; y la de los dos ter- 
cios de la herencia testamentaria recibida de alguno 
de los mismos hijos, como heredero forzoso. El art. 
1,188 C. declaró que la ley no reconocía bienes reser- 
vables, y es la razón porque siendo la pérdida de la. 
propiedad una pena, no podía imponerse por un he- 
cho que la ley no declara ilícito, como es el segundo 
matrimonio; y porque rehuyendo el temor de esa pe* 
na, de contraer segundo matrimonio, fomentaba indi- 
rectamente las uniones ilícitas que no la tenían, mien- 
tras que las segundas nupcias no se libertaban de 
incurrir en ella aunque fueran para legitimar hijos 
nacidos con anterioridad. 



2o7 



TITULO UNDÉCIMO. 

DE LA PATERNIDAD Y DE LA FILIACIÓN 
LEGITIMAS. 

DE LOS HIJOS LEGÍTIMOS. 

554 — Después de ocuparse de la persona, el Código 
se ocupa de la familia: al efecto trata del matrimonio 
y de las relaciones jurídicas que produce entre los 
esposos, de las cuales ya se ha hablado, así co- 
mo de las relaciones entre los padres y los hijos qui- 
se va á examinar. La primera de estas últimas es b 
de paternidad y filiación que se refiere al origen del 
hijo. 

PÁRRAFO PRIMERO. 

PRESUNCIÓN DE PATERNIDAD LEGÍTIMA. 



566 — Hijo se llama el indi? id un dé la especie hu. 
mana que un hombre engendra efl una mugir: está 
denominación es relativa al padre y a la madre, \ 
comprende á los individuos de ambos sexos, ádife 
renda de la de hija que se refiere solo á l;is mugeres: 
en rigor, solo designa á los descendientes de la pri- 
mera generación, mientras qne tanto los individuos 
tom, i. 17 



268 

de ésta, como los de las que siguen, se comprenden 
bajo la denominación de descendientes. 

656 — Aunque por solo la generación ó el nacimien- 
to, no cabe distinción entre los hijos, la hay por las 
relaciones que mediaban entre los padres, siendo le- 
gítimos los que proceden de una unión amparada y 
sancionada por la ley, esto es, de matrimonio; é ile- 
r/'/l/mos, los que proceden de unión que la ley no re- 
conoce ni autoriza, ó sea, que nacen fuera de matrimo- 
nio. De los hijos ilegítimos se hacían en el derecho es- 
pañol diversas clasificaciones, señalando á cada una 
diferentes derechos: el Código nuestro las lia borra- 
do todas, no quedando hoy subsistente mas que la 
de los hijos ilegítimos reconocidos y nó reconocidos. 

557 — Se ha sostenido la diferencia entre los le- 
gítimos é ilegítimos, fundándola en que el orden de 
la sociedad y la moralidad de ésta requieren el ma- 
trimonio; pero se ha tratado también de aumentar 
los derechos de los últimos, en lo que no sea en ¡per- 
juicio de los primeros. Cuando se hace mención so- 
lamente de hijos, se entiende hacerse referencia á 
los legítimos; por ejemplo, tratándose del orden de 
sucesión (951 C.) Cuando una disposición ha de com- 
prendes también á los hijos ilegítimos, se hace de ellos 
Lateralmente mención especial. 

558 — Para establecer la legitimidad del hijo y la 
consiguiente paternidad del marido de la madre, la 
ley atiende á si á| hijo ha sido concebido durante ei 
matrimonio de sus padres, fijando para el nacimien- 
to, en relación á la fecha en que se contrajo ó disolvió 
el matrimonio, plazos que hagan referir la concep- 
ción á una época en que el matrimonio subsistía. La 
época déla concepción es, pues, el hecho que decide 



259 

déla legitimidad del hijo; no lo es el nacimiento, 
porque una criatura puede nacer durante loa prime- 
ros meses desmatrimonio y ño ser legitima, si en él 
no ñié concebida. 

559 — Con estos antecedentes, se presumen por dere 
chó legítimos, y por lo mismo, hijos del marido 
(200 C.) 

i. °— Los hijos nacidos después dé ciento ochenta 
dias contados desde la celebración del matrimonio. 

2.° — Los hijos nacidos dentro de los trescientos 
dias siguientes á la disolución del matrimonio, ya 
proceda esta de nulidad del contrato 6 de muerte del 
marido. 

3. ° — Los hijos de cónyuges divorciados que nazcan 
dentro délos trescientos dias siguientes al de bu si 
paracion. 

560 — Como se vé, la ley parte de] Bupuesto de que 
el período mínimo de la gestación, es de ciento O' 
chenta dias, y el máximo es de trescientos, por lo 
cual no atribuye, de derecho, al marido, la pater- 
nidad del hijo nacido antes deciento ochenta días 
de celebrado, 6 después de trescientos dias de di 
suelto, porque en estos casos, la concepción tiene que 
referirse á una época en que no halda matrimonio. 

561 — Nacido el hijo en los términos que la ley s 
fíala, presume su legitimidad. La presume, porque 
siendo tan misteriosa la generación, y siendo ocul- 
to el hecho de la concepción, la paternidad que de 
ella resulta es también incierta y desconocida. Asi. 
no puede haber respecto del padre, La absoluta certa 

za que hay respecto de la madre, porque á ésta, pot 
el hecho físico y visible del parto, la da ¡i conocer 
la naturaleza con signos evidentes, lo que no aconte 



26ii 

on aquel. Debe sin embargo presumirla, adop- 
tando el principio de legislación universal de que 
el hijo concebido durante el matrimonio tiene por 
padre al marido de la madre, por las relaciones per- 
sonales exclusivas que la ley establece entre los es- 
posos, y por la suposición de que se guarda la fideli- 
dad que se lian prometido, necesitando para que cese, 
prueba de lo contrario, en los términos (pie ella mis- 
ma fija. 

562 — Los plazos adoptados por la ley para deter- 
minar el período de la gestación, son los adoptados 
hoy generalmente, como resultado de la experiencia 
y de la observación, y conformes con las doctrinas y 
adelantos de la ciencia, y se designan por dias y no 
por meses, para evitar la dificultad que pudiera re- 
sultar del diferente número de dins de que éstos 
constan. 

563 — Como habrá podido notarse, la ley dá el ca- 
rácter de legítimos, no solo á los que nacen de ma- 
trimonio válido y verdadero, sino también á los que 
proceden de matrimonio nulo, extendiendo ese ei'er 
to auna los nacidos dentro de los trescientos dias si- 
guientes ala declaratoria de nulidad '>. - 200 C). Si 
se trata del matrimonio putativo en «pie ha habido 
buena fé de los cónyuges, ó por lo menos, de uno de 
ellos, ninguna dificultad se ofrecía por el Código, 
porque estaba esa disposición en armonía con. laso- 
tras consignadas respecto del matrimonio putativo 
193 y 194 C i: La buena fé di- los padres ó de uno de 
ellos, no cesa sino cuando se pronuncia la sentencia 
de nulidad; porque solo entóneos cesan también, con 
seguridad, los motivos de duda- sobre .validez del en- 
lace, y así son legítimos los hijos cuya concepción se 



261 

refiere á fecha anterior á la de la declaración de 
nulidad. Esos hijos nacidos de un matrimonio puta 
tico, se llaman legítimos, aunque rw de legitimo ma- 
trimonio, á diferencia de los que proceden de un ma- 
trimonio válido y verdadero, que se conocen c<>in<. 
legítimos y de legítimo matrimonio. 

564 — Por la generalidad con que se explica la lej 
al establecer que son legítimos los hijos nacidos den- 
tro de los trescientos dias siguientes á la disolución 
por nulidad, podia entenderse que su disposición 
era extensiva aun á los hijos de cónyuges que tenían 
ambos mala fé, es decir, que ambos sabían al ca- 
sarse la nulidad del matrimonio. Favorecía esta inte 
ligencia la opinión délos que creen injusto qne el 
matrimonio nulo deje de producir, en algún case. 
fectos civiles á favor de los hijos, porque Beria < 
tigarlos por un hecho de que no son culpables, j 
porque la circunstancia del matrimonio, aunque solo 
aparente, debe diferenciarlos de los ilegítimos, como 
que la sociedad los había admitido ya como legíti- 
mos, ignorando la nulidad del matrimonio y la mala 
fé délos padres. Había sin embargo, en contra, que el 
artículo 194 solo atribuía efectos civiles ;i favor de 
los hijos, al matrimonio en qne, por lo menos de 
parte de uno de los cónyuges, había buena fé; pero 
esa dificultad ha desaparecido ya, Kl artículo 68 del 
Dec. de ref. al Código Civil, establero terminante- 
mente que, aun cuando baya habido mala fé de par 
te de los dos cónyuges, produce el matrimonio ef< 

tos civiles á favor de los hijos, peto ninguno :i favor 

de los padres. 



262 



PÁRRAFO SEGUNDO. 



S08 EN QUE PUEDE TENER LUGAE EL DEsroXOcl- 
MIENTO DE LA PATERNIDAD LEGÍTIMA. 



565 — El desconocimiento dal hijo puede suponerse 
en tres casos diferentes: 1. ° Si ha sido concebido an- 
tes, y nacido después de contraerse el matrimonio. 
2. c Si es concebido y nacido en el matrimonio. 3. c 
Si nace después de la disolución 6 separación del 
matrimonio. 

566 — El primer caso tiene lugar siempre que el hi- 
jo nace antes de que pasen ciento ochenta dias con- 
tados desde que se celebró el matrimonio, porque 
entonces, la concepción se refiere á una época ante- 
rior á éste. El padre puede desconocerlo, porque ni 
la ley presume entonces la legitimidad, como que 
para la presunción requiere que pasen mas de ciento 
ochenta dias desde que el matrimonio se contrae. 

567 — Eso no obstante, hay dos casos en que el pa- 
dre no podrá negar la legitimidad del hijo y son: 1. c 
Si antes del matrimonio tuvo conocimiento de la 
preñez, y así se acredita claramente, pues debe su- 
ponerse que contrajo el matrimonio para salvar el 
honor de la muger, y no habría consentido en él, 
sin estar persuadido de que el fruto que ella lie- 



263 

vaba en su seno, lo era de sus relaciones con él. Con 
mayor razón, si al casarse declaró que reconocía al 
hijo de quien la muger estaba en cinta, ó que lo re- 
conocía, en el supuesto de que aquella estuviera en 
cinta (1. © 212 C. y 85 Dec. de Reí. núm. 278) 2. - 
Si firmó ó hizo firmar á su nombre la partida de 
nacimiento del hijo en el Registro Civil (2. ° 212 C), 
pues su firma en ese documento auténtico del estado 
civil, consagra solemnemente el de legitimidad, y 
prueba plena de que lo ha reputado y reconocido 
como suyo. Así pues, la regla es que el marido pue- 
de desconocer al hijo nacido dentro de los ciento 
ochenta dias subsiguientes á la celebración del ttia- 
trimonio: la excepción son los casos mencionados y 
por tanto, en caso de desconocimiento, el que Be acó 
ja á la excepción debe probar que se halla en alguno 
de sus casos. 

568— El Código nuestro ha omitido por mu- 
rió, otro caso de excepción que figura en algunas le- 
gislaciones, á saber: el de que él hijo no haya nacido 
viable ó de término. No naciendo capas de vivir el 
hijo, no teniendo la forma humana, no es tina peta 
na: se considera como si no hubiera existido, y in> 
teniendo así el marido ningún interés civil en des 
conocerlo, no debe dársele derecho para entablar 
acción de desconocimiento, lastimando sin objeto j 
sin f andamento, el honor de nna mnger. Hay efltupj 
déz ó malignidad, dice Goyena, en el desconocimiento 
de lo que en el orden legal no existió; y por lo de 
más, el hijo que no nace viable antes de los ciento 
ochenta, dias del matrimonio, se reputa abortivo j 

fruto de ese matrimonio, porque eso prueba que no 

había llegado aún al sétimo hiles. 



264 



II. 



La segunda hipótesis en que puede suponerse el 
desconocimiento, es respecto de los hijos nacidos en 
el matrimonio y que se presumen concebidos en él 
siempre que nacen después de ciento ochenta dias de 
su celebración. 

569 — La ley presume entonces, según antes se ha 
dicho, la paternidad del marido (1. ° 200 C); pero 
como esa paternidad atribuida á él, no pasa de ser 
una presunción, debe ceder ante la evidencia de un 
hecho en contrario. Por esto se permite al marido con- 
tra esa presunción, una única prueba que es la de no 
haber tenido acceso carnal con la muger en los prime- 
ros ciento veinte dias de los trescientos que han pre- 
cedido al nacimiento (202 C). El término aquí fijado 
tiene su razón en que el tiempo en que puede presu- 
mirse legítima la concepción es durante los primeros 
1 20 dias de los 300 que preceden al alumbramiento, y 
fuera de ese término, es ilegítima. Si el marido prueba 
que no pudo tener ni tuvo acceso carnal con la muger 
durante esos primeros ciento veinte dias, el nacido no 
Xmede reputarse hijo suyo porque, de suponerlo con- 
cebido antes de los ciento veinte dias, habría que ad- 
mitir la gestación de mas de trescientos; y de suponer- 
lo concebido después de los primeros ciento veinte 
dias, habría que admitirla de solo ciento ochenta ó de 
menos. Para que esa prueba exista de parte del mari- 
do, es preciso que establezca hechos que acrediten la 
imposibilidad del acceso, como si durante todo ese 



2(5.-) 

tiempo se mantuvo ausente, á distancia tal que no 
pudo unirse con su muger, 6 hubo otra causa seme- 
jante que demuestre, con evidencia, que no pudieron 
cohabitar los consortes, por ejemplo, la prisión de 
uno de ellos, absolutamente incomunicada; una en- 
fermedad de tal naturaleza que la hiciera imposible 
en ese tiempo. Si la prueba que se rinde no es de es- 
ta clase, no puede estimarse suficiente: acreditará - 
lo una imposibilidad moral, constituida por el con- 
curso de una serie de circunstuncias, pue formarán 
una fuerte presunción contra la paternidad; pero que 
no fundan legalmente el hecho de la ilegitimidad. 
Siempre pues, que no se pruebe que el marido no tu- 
vo 6 no pudo tener acceso con la muger, se presume 
SU paternidad aunque haya imposibilidad moral <lc 
unión entre los esposos, por enemistad ó por ota cir- 
constancia incompatible con el acceso matrimonial. 
Y esto es porque esa imposibilidad moza! es <■}, 
da por el criterio humano en virtud de presuncio- 
nes vehementes, quepoi- l'ueite-; que sean, no deben 
sobreponerse á la presunción de la ley, dimajtade de 
la misma constitución del matrimonia La enemia 
tad, la demencia y otras causas análogas hacen ropo* 
ner que la cohabitación no existió, pero no bastan 
para tener por probado, de un modo irrecusable, que 
realmente no existió. 

570 — En consonancia con Las doctrinas expuestas, el 
marido, por regla general, no puede desconocer al hijo 
concebido y nacido en el matrimonio, alegando adul- 
terio-de la madre, y aun cuando ella decline contra 
la legitimidad. El adulterio de la muger, aun perf< 
tamente probado, no es un hecho que pos tü solo. 
establezca que la paternidad deba atribuirse al adúl- 



266 

teio, y nú al marido; y no pediendo asegurarse con 
evidencia, que el hijo pertenezca á un extraño, debe 
sostenerse el principio de que el padre es aqnel que 
debe serlo pe* el matrimonio. No es atendible la de 
claracion de la madre, porque ni esta misma puede 
penetrar el misterio de la generación: porque esa de- 
claración puede ser apasionada y maliciosa de parle 
de la muger que no tenga certeza mas que de su fal- 
ta; y. porque además, está de por medio el derecho 
del hijo inocente cuyo estado civil no debe quedar 
á merced de declaraciones en que hay peligro de 
que sean sugeridas por las pasiones de sus padres 
(62 Dec, de Ref. núm. 272). Pero si no se trata de la 
simple afirmación de la madre, sino de circunstancias 
que naturalmente no puedan explicarse sino por la 
ilegitimidad del hijo, como si la madre ha ocultado 
el nacimiento al marido, ó ha acaecido cuando hace 
mas de diez meses que él está ausente, entonces sí 
cabe el desconocimiento (art. cit.) La ocultación del 
porto es indicio vehemente, si no prueba palpable de 
la ilegbjmidad, pues no hay razón ni interés para 
ocultar al marido el nacimiento de un hijo que, sien- 
do de él, lejos de ser motivo de vergüenza, lo sería 
de satisfacción, y no puede presumirse tampoco que 
la madre, además de ser infiel, quisiera engañar á su 
hijo, añadiendo un nuevo crimen con excluirlo inde- 
b idamente de los derechos de los otros legítimos. 

571 — La ausencia del marido por mas de diez me- 
ses, y el nacimiento del hijo después de ese término. 
son también una prueba concluyente del adulterio, y 
el nacimiento lejos de estar amparado entonces pol- 
la presunción de legitimidad, tiene la presunción 
contraria (803 C.) El Código decía (art. 308) durante 



267 

una aune ueia del marido de unís d< di,: IU < . 
pero quería y debía significar que el nacimiento fila- 
ra durante la ausencia, pelo después de diez me» 
contados desde que el marido se ausentó, porque 
naciendo antes de ellos, se refiera la concepción á 
una fecha en que la ausencia no halda comenzado. 
En la reforma de ese artículo por el 62 del Dec. de 
Reformas, quedó salvado ese inconveniente de re» 

•daccion. 



III. 



572 — La tercera hipótesis para el desconocimiento 
del hijo se verifica cuando éste ha sido concebido en 
el matiimonio, pero nace después de su disolución 
por nulidad, ó por muerto del marido, ó después del 
divorcio ó separación de los cónyuges. 

f>73 — Siendo el período máximo de la gestación el 
de trescientos dias, cabo, por regla genesai, el dea 
nocimiento de los hijos nacidos después de laescien- 
tos dias de disuelto ó separado el matrimonio, poi- 
que entonces la concepción debe referiese á una lecha 
en que no existia el matrimonio, ó por lo menos, hi 
unión de los cónyuges. Descansando ésto, sin embar- 
go, en una presunción, cesa ésta v, por lo mismo, 
no puede tener lugar el desconocimiento, ornando se 
pruebe par medio de expertos, que según las condi- 
ciones fisiológicas 6 patológicas de la madre, el hijo 
pudo nacer después de los trescientos días, es decir, 
que por esas condiciones, se trata de una gestación 
excepcional que ha podido durar mas de diez meses 

(901 0<) BU hijo nacido después de la muerte del pa< 



268 

div. se llama postumo; y la muger, 6 los herederos 

instituidos ó legales del marido, pueden solicitar el 
reconocimiento de su preñez conforme al Código de 
procedimientos civiles, guardándose, por lo demás, 
las formalidades de que se hará mención respecto del 
caso de divorcio (§ 4. ° tít. ° 11 Lib. 2. ° Cód. pro- 
ced. civ.) La muger es reconocida por facultativos: 
si alguno de los interesados contradice la preñez ó el 
resultado del reconocimiento, continúa la custodia, 
y se suspende la resolución hasta que se verifique 
el parto, pudiendo los interesados pedir nuevo reco- 
nocimiento cada dos meses. En caso de parto, se avisa 
inmediatamente al Juez, se puede examinar á la mu- 
ger que dióá luz y á todos los que asistieron al par- 
to, hacer reconocer la integridad natura] del nacido 
y hacer constar las horas que vivió, en el supuesto 
de que muera. 

574 — Cuando ha habido divorcio ó separación legal 
de los cónyuges, fuera del caso de condiciones excep- 
cionales de la madre, el hijo que nace después de 30o 
días, se^ tiene por concebido ya durante el divorcio 
ó la separación, y el marido, por regla general, no 
está obligado á reconocerlo por suyo. Separados los 
cónyuges, se presume su no cohabitación, y aunque 
esa presunción no es prueba acallada de que no la 
haya, la ley, procediendo conforme á la naturaleza 
de las cosas, así como atribuye la paternidad al mari- 
do cuando vive en unión con su muger, establece, en 
caed de divorcio ó de separación legal, la presunción 
contraria, esto es, que el hijo concebido durante el 
uno ó la otra, no lo es del padre divorciado ó separa- 
do. Así. el hijo concebido durante el divorcio ó la 
separación legal de los cónyuges, no tiene derecho 



2m 

á que el marido lo reconozca como sayo, á menos 
de probarse que ha hecho tal reconocimiento por 
actos positivos, ó que, durante el divorcio ó la sepa- 
ración, tuvo el marido acceso carnal con la muger 
(213 C.) 

575 — Supone pues, la ley, que no hay acceso con- 
yugal en el estado de divorcio ó de separación legal; 
pero no niega en absoluto la posibilidad del acceso, y 
por esto admite prueba contraria á su presunción, 
para hacerla cesar. En el estado normal del matrimo- 
nio, como consecuencia de la unión de marido y mu- 
ger, es tenido por padre del hijo de su muger, salvo 
prueba legal en contrario: en un estado anormal del 
matrimonio, como consecuencia de la separación, el 
hijo nacido de la muger no es tenido por del marido, 
salvo también prueba en contrario. 

576 — Actos positivos de reconocimiento serán, ade- 
más de los que bastan para el reconocimiento de un 
hijo ilegítimo, todos los quede un modo auténtico 
y claro signifiquen que el marido admite la paterni- 
dad, La prueba de haber habido acceso conyugal. 
destruye la presunción de no paternidad del marido, 
porque ésta se funda en la suposición de que no lo 
había; pero esto no quita al marido el derecho que. 
aun en caso de matrimonio subsistente, tiene, de 
acreditar para desconocer la paternidad, que no tuvo 
ese acceso en los primeros ciento veinte dias de los 
trescientos que precedieron al nacimiento: solo que, 
en este caso, á él incumbe esa prueba desde ( ju.-. 
justificado que hubo acceso conyugal, ya no tiene la 
presunción á su favor. Nótese finalmente que la ley 
exige divorcio ó separación Legal, es decir, efectua- 
dos con intervención de la autoridad, no sufriendo al- 



270 

teracion bus disposiciones generales, cuando se tacata 

simplemente de una separación dé hecho, privada y 
voluntaria, no sancionada por la autoridad. 

577 — Rigiendo, en caso de divorcio ó de separación 
legal, una presunción contraria á la paternidad del 
marido, la ley dá á la muger que, recien divorciada 
ó recien separada del marido, ó que pendiente el jui- 
cio de divorcio ó de separación ó nulidad, ó recien 
declarada la nulidad, se creyere en cinta, el medio de 
eecndasaa contra esa presunción y de salvar la legiti 
midad del hijo, denunciando su preñez al marido; y 
en delecto de éste, por ausencia ú otro impedimento 
análogo, á los consanguíneos de él dentro del cuar- 
to grado que sean mayores de edad, prefiriendo á 
los ascendientes legítimos; y en defecto de estos tam- 
bién, á la autoridad judicial, dentro de los primeros 
cuatro meses de divorciada, separada, ó declarada la 
nulidad. La ley dá cuatro meses, tanto porque en ese 
término ya no puede caber duda acerca del embara- 
zo, como por la relación con los términos que admite 
pan la gestación; pero si la muger hubiere tenido 
impedimento que justifique el no haber hecho dentro 
de ese plazo, la expresada denuncia, podrá hacerse 
después, siempre que el Juez, con conocimiento de 
cansa, declare justificable el retardo (214 C. y (56 Dec. 
de Ref. núm. 272). El artículo del Código no expre- 
saba si la denuncia debia ser siempre judicialmente 
hecha; pero atendiendo á las trascendentales conse- 
cuencias que de ella se derivan, se consignó así en 
la reforma, puesto qne hecha, se rerjuta que el hijo 
es del marido, sin que éste pueda desconocerlo, sino 
en los mismos casos en que lo podría hacer con un 
hijo concebido en el estado normal del matrimonio. 



27J 

r>78 — El Código establecía después* que no podían 

do ser hecha al marido la denuncia, pudiera hacerse 
á cualquiera de los consanguíneos mayores de ♦■dad. 
prefiriendo á los ascendientes legítimos: y (pie aquel 
á quien se hiciera, pudiera tomar las mismas precau- 
ciones y medidas que puede tomar el mando (¿¿o C.) 
Justifica esta prescripción el interés que bajo diver- 
sos conceptos tienen los consanguíneos del marido: y 
como debia fijarse un límite al parentesco, según su 
mismo interés, la reforma lo lijó en el cuarto grado. 

."579 — El artículo últimamente citado del Código no 
estaba conforme con el 214, porque según éste, en 
defecto del marido, la denuncia se hace ante el Juez 
del domicilio; y según aquel á tos consanguíneos. En 
esta divergencia, hubo que modificar el primero en 
la reforma, dejando siempre, para el último término, 
la denuncia á la autoridad judicial, porque habiendo 
un interés de familia parece natural «pie, en defecto 
del marido se toque primero con la familia, y solo 
en falta de ésta, con el Juez. 

580 — Dado este derecho á la muger. se da al mari- 
do el derecho correlativo de (pie, a consecuencia de 
la denuncia hecha, ó sin ella, siendo alguno de los 
casos en que podría hacerse, tome algunas precau- 
ciones para asegurarse de la realidad del parto y de 
la identidad del hijo. Puede, pues, enviar á la espo- 
sa una muger (pie la sirva de guarda dorante el ein 
barazo, y además, á su tiempo, una matrona que ins- 
peccione el parto. Está facultado también pan pedir 
que, durante la preñes, la muger sea colocada en el 
seno de una familia honrada y de su confianza. 

681 — Digna de consideración especial por su estado 



272 

interesante la muger colocada en esa situación, na- 
da autoriza la ley que sea vejatorio para ella, y no 
indispensable para el objeto que se propone. Así, 
aunque deja al marido la elección de las personas 
que deben vigilar el embarazo y el parto, y aunque 
no habiendo nada que oponer contra la elección, 
declara que está obligada á recibirlas la muger, au- 
toriza á ésta para presentar objeciones al Juez contra 
tales personas, y faculta á este funcionario para que, 
hallándolas fundadas, designe otras (frac. 1. rt 21 5 
C.) Lo mismo sucede respecto de la casa: si la mu- 
ger no acepta la que señala el marido, el Juez oyen- 
do la razones de ambos, puede designar otra (216 C.) 
Por último, la guarda é inspección son á costa del 
marido como establecidas en resguardo de su dere- 
cho; mas si se probare que la muger ha procedido 
de mala fé, diciendo estar embarazada, á sabiendas 
de que no lo estaba, ó que el hijo es adulterino, 
solo ella debe soportar las consecuencias de su ma- 
licia ó de su crimen, temiendo, por lo mismo, que 
satisfacer ó indemnizar al marido, los gastos de 
guarda 6 inspección (frac. 2. rt 21*5 C.) Una y otra 
podrán durar por el tiempo necesario para que no 
haya duda sobre el hecho y las circunstancias del 
parto y sobre la identidad del recien nacido (frac. 
3. - 316 C.) 

582 — Si después de la denuncia de la mujer, no se 
usa del derecho de enviar la guarda y la matrona, ó de 
-colocar á la mujer en una casa de confianza, se supone 
que se fia en «día y se admite como cierto el hecho de- 
nunciado, razón por la cual hay obligación de aceptar 
su declaración aeeroa de] hecho y circunstancias del 
I »arto (218 C > 



273 

583 — Pero si no se realizasen la guarda é inspección, 
sea por que lamügerno lia hecho saber el embarazo al 
marido, sea por que sin justa causa lia rehusado mu- 
dar de habitación, pidiéndolo aquel, sea por que se ha 
sustraído al cuidado déla familia ó personas encaí 
das de la guarda 6 inspección; sea. en fin, porque de 
cualquier modo, ha eludido su vigilancia, nace contra 
ella fuerte sospechable la que debe estar á cubierto la 
muger honrada que no ha faltado á su >■ i la fi- 

delidad debida; y esa sospecha hace que rr+c la obli 
cion del marido de reconocer el hecho y circunstancias 
del parto, á no ser en cuanto se probare inequívoca- 
mente en juicio contradictorio, ora por la muger, i 
por el hijo (217 C.) 

584— Nótese <] ue el hechode que el marido desconoz- 
ca el parto y la identidad del nacido, no es lo mismo 
quelanegativa de la legitimidad del hijo. El descono- 
cimiento del hijo, según Chacón explica, tiene por fun- 
damento no haber habido acceso conyugal en tiempo 
hábil, mientras que el desconocimiento del parto, 
cae exclusivamente, sobre la efectividad del alumbra- 
miento, 6 sobre la identidad del nacido. En el primer 
caso, la discusión judicial es sobre la paternidad ó uó 
paternidad del marido: en el segundo, sobre la reali- 
dad ó falsedad del parto, «'• sobre si el hijo qne se pre. 

sellta es ó uó el <pie dioá lUZ la 111 II g-T. Por la/.oli de la 

diferencia, di- una y otra acciones que, aunque el ma- 
rido tome todas las precauciones antes expresada) 
sin ellas, se prueba satisfactoriamente, 6 por la mu 
ó por el hijo, el hecho y las circunstancias del parto, h- 
queda á salvo SU derecho para DO reconocer al hijo 

como suyo, siempre <pie. provocando en tiempo hábil 

el juicio de legitimidad, acredite (pie no puede Serlo 
TOM. I. 18 



274 

suyo según las disposiciones que se refieren á los 
términos de gestación (219 0.) 

PÁRRAFO TERCERO. 



PERSONAS A QUIENES COMPETE LA ACCIÓN DE 
DESCONOCIMIENTO DE LEGITIMIDAD. 

~> — Corresponde desde luego la arción de descono- 
cimiento al marido que es el principal interesado; y 
mientras él viva, nadie más puede gestionar contra la 
legitimidad del hijo concebido y nacido durante el ma 
trimonio (204 C.) Esta disposición tiene por objeto evi- 
tar disturbios en las familias é impedir que personas 
extrañas destruyan la paz del hogar, ó lastimen eJ ho- 
nor del marido, lo que sucedería si pudieran introdu- 
cirse en la casa agena. á hacer investigaciones sobre 
la calidad de los hijos. La cuestión de legitimidad lo 
mismo que la acusación de adulterio, son asuntos de 
honra, y solo el marido y ninguno más mientras él 
viva, puede ser Juez para decidir si se ha de promo- 
ver ó nó: si él calla dejando pasar al hijo como su- 
yo, como tul debe pasar á los ojos de la sociedad 
y de la ley, sin que pueda ser molestado por otros. 
Si el marido es menor de veintiún años, puede en- 
tablar la acción con asistencia de su tutor (205 C); 
y si estuviere sujeto á guarda, por demencia, por 
imbecilidad 6 por cualquier otro motivo, puede ins- 
taurarla el guardador (206 C.). Si ellos no lo hicieren,. 



• 275 

para que su negligencia no perjudique al mando en 

punto tan trascendental, podrá el menor ó incapaci- 
tado intentar la acción cuando llegue á la mayor 
edad y se acabe la tutela, 6 cuando recobrando 
capacidad, cese la guarda (207 C.) 

586 — ^Pueden ejercer esta acción loa herederos del 
marido! Diversos casos pueden suponerse. Si cuan- 
do tiene lugar la muerte del marido, éste había h.i- 
( ciado ya la acción judicial, objetando la legitimidad, 
pasa ésta á los herederos, como les pasan general- 
mente para su continuación, rodas las acciones civiles 
instauradas por el causante. Si, á la muerte del mari- 
do, éste no ha deducido la acción, y \ r a lo el 
término dentro del cual podía haberlo hecl 
herederos no pueden intentarla, puesto que ya ni 
su causante habría podido hacerlo, y debe presnm 
que él renunció á esa acción, y mediant 
tancia que debe atribuirse á motivos poderosos, no 
pueden ser admitidos los herederos intraria 
Por último, si hubiere muerto el marido sin obj< 
judicialmente la legitimidad, pero ante pirar el 
plazo <pie la. ley le da para hacerlo, pueden los 
rederos verificar la reclamación, por las misma 
sales que podría haberlo hecho el marid< U.) 
Al concederse en este caso la acción, ha sido, sin du- 
da, por estimarse (pie ella forma parte de la sucesión, 
en virtud de la cual pasan á los hered< 
derechos; y por lo que á ellos naturalmente ;i! 
la legitimidad ó ilegitimidad, pues establecidt 
primera, 6 les quita completamente, ó disminuye por 
lómenos, el derecho hereditario. Segunesto, lnaa 

se tiene por el carácter de heredero, y n.'> por el dé 
pariente, así es que competirá al I >. aunque 



276 

no sea pariente; mientras que no la tendrán los que 
no son herederos, aunque sean parientes. Sin embar- 
go, parece que la tendencia de la legislación es la de 
a los herederos el ejercicio de la acción, co- 
mo que en algún Código no se les dá, sino cuando el 
causante la dejó iniciada. 

7 — Según algunos Códigos y la doctrina de al- 
gunos jurisconsultos, los herederos no pueden negar 
]a legitimidad del hijo, por haber nacido antes de 
que pasen ciento ochenta dias desde que se contrajo * 
el matrimonio, pues pudo haber cohabitación ante- 
rior á éste, cuyo hecho no puede ser sabido por 
ellos, y así, siendo una causa personal y secreta, solo 
puede hacerse valer por él. Esa doctrina es ya lej 
desde la emisión del Decreto de reformas que lo con- 
signó así en el artículo 63. 



II. 



PAEA EL EJERCICIO 1>E LA ACCIÓN. 



3- -La ley ha debido fijar plazo para la acción de 
desconocimiento de la legitimidad del hijo; porque 
el estado de éste no ha de dejarse incierto por tiem- 
po, indefinido, y porque es indispensable que pasado 
cierto plazo, quede asegurada la paz doméstica y no 
se deje ilimitadamente al marido un recurso de que 
podria usar para sacar ventajas de la muger, ame- 
nazándola con entablar la acción. En conformidad á 
este principio, el marido no puede usar de ese de- 



277 

recho sino dentro de sesenta días, contados desdi 
fecha del parto, si está él en el lugar: sn re- 

greso, si estaba ausente: desde el descubrimiento del 
fraude, si se le kabia ocultado el nacimiento del hijo;ú 
desde que llegó á la mayor edad, 6 recobró su capa!- 
cidad, si estaba sujeto á tutela ó guarda, y ao lo 
ejercitaron el tutor & guardador (207 y 208 C. I 
ese plazo, se atiende al interés del marido, para que 
pueda reunir los datos precisos para intentar su 
cion; y si lo deja trascurrir sin hacerlo valer, su < 
ducta significa que se desentiende de la gravedad de 
los hechos de que tiene conocimiento, y debe atri- 
buirse á conformidad con ellos, no pudiendo justifi- 
carse el silencio por un término mayo materia 
tan delicada. Como, en la disposición citada, la ausen- 
cia, se opone á la presencia en el lugar, Be entiende 
que para que exista aquella no se necesita estar fu«>- 
ra de la República ó que el paradero sea ignorado, 
sino que basta hallarse en otra jurisdicción que no 
esté á tan corta distancia y con medios tan fáciles 
abundantes de comunicación, que deba presumir]» 
que se supiera el nacimiento del hijo. 

589— ('liando son los herederos los (pie ilistaiiiaii 

la acción, el plazo es el mismo de sesenta dias, pt 

contados desde la muerte del supuesto padre, ó di 
de el nacimiento del hijo. >i éste fuese postumo. Si 
les interesados hubiesen entrado en la posesión eJ 
tiva de los bienes, sin contradicción del pretendido 
hijo legítimo, podrán oponerle ia excepción de il- 
timidad en cualquier tiempo en que el 6 bus herede* 
ros les disputaren sus derechos; y >¡ no se trat n 
de miieite, sino del desaparecimiento del marido. « i 

plaZO de sesenta dias s<- contar;! desde la fecha de 



278 

sion provisional (64 Dea de Kef. núm. 272). 
El término comienza para los herederos desde la fe- 
cha de la muerte del padre, ó desde la del nacimiento 
del hijo cuando es posterior á ella; y esto es mas con 
me y guarda nías relación con el principio que 
á la disposición. El punto de partida 
debe ser el hecho que dá ocasión al juicio de desco- 
nocimiento, que es el nacimiento del ilegítimo; mién- 
que la posesión es un hecho que no tiene co- 
ion con el origen del hijo, objeto de la indaga- 
y que no modifica ese origen ni cambia el de- 
recho de los herederos, de modo que no puede servil' 
(h- motivo ni de época para el juicio de desconoci- 
miento. 

PÁRRAFO CUARTO. 



FORMALIDADES PARA EL EJERCICIO DE ESE DERECHO. 



590 — La acción que se dá al marido y á sus heie 
deros, en su caso, para desconocer la legitimidad del 
hijo, es de suma gravedad, tanto porque se refiere 
lo civil que no depende de la voluntad de los 
Lculares, cuanto porque afecta inmediatamente 
Los derechos de sucesión. Por este motivo, para que 
produzca efectos Legales, no solo debe hacerse valer 
dentro de los términos ya expresados, sino que debe 
ser por demanda en forma, no valiendo en juicio nin- 
gún acto extrajudicial en que se hubiere negado la 
legitimidad, si no se reclama contra ella en los plazos 
dados, (224 C.) Deducida la acción judicialmente, 



• 279 

lamnger, ó el mismo hijo, puede contradecirla, 3 

decide según el mérito de las pruebas «huías en 
juicio contradictorio; mientras que, sí el marid< 
herederos pudieran válidamente negar fuera de juicio 
la legitimidad, en instrumento público, porejemplo, la 
nrager no podría defenderse de la infidelidad qu< 
le imputara, ni el hijo del estado de ilegitimo que 
le atribuyera. Además, si se reconocieran tales actos 
extra-judiciales, se daría un medio fácil de prolong 
el término fijado para el ejercicio de la acción. 



PÁRRAFO QUINTO. 

ACCIÓN DEL HIJO RESPECTO DI 81 FILIACIÓN. 

59Í — Así como hay una acción que compete al ma- 
rido ó 4 sus herederos para negar La Legitimidad del 
hijo, es decir la paternidad de aquel hay otra que 
compete al hijo para que s *' establezca su Bliacion, 
y la declaración de su legitimidad, cuando crea que 
le asiste derecho. 

r>92 — La filiación es correlativa de la paternidad, 3 
no es mas que la descendencia inmediata de un in- 
dividuo respecto di otro; ó la ■ l de hijo d 
persone <l< terminada. 

593— Esta acción no tiene, para su ejercicio, térmi- 
no señalado, y por el contrario, declara la Ley que 

UUIlca prescribe respecto del hijo, iplieii puede en to 

do tiempo, pedir que se declare su filiación (221 ( 
La razón es porque la filiación no es una propiedad 
cualquiera como las .pie se sujetan ;i prescripción: 



280 # 

el estado civil afecta á la persona y á los bienes; y co- 
mo dice Goyena, es un interés y un derecho que se le- 
vanta sobre los demás intereses y derechos. Para que 
la propiedad ordinaria no sea incierta, es preciso 
que después de cierto tiempo no se pueda reclamar: 
para la seguridad y certeza del estado civil, es preci- 
so, por el contrario, que el hijo pueda siempre recla- 
mar su legitimidad. Xo puede, pues, la legitimidad, 
sujetarse al principio común de prescripción de la 
propiedad cuando tiene condiciones Opuestas. Puede 
pedirse la declaratoria de filiación legítima contra el 
padre, la madre ó cualquiera otro interesado, por ser 
general la disposición. 

594 — Por el carácter tan personal de la acción, así 
como por guardar consecuencia con la conducta del 
primero y mas directamente interesado, la acción 
para pedir la declaratoria de filiación, no pasa por 
regla general á los herederos, siendo excepción los 
os siguientes: 

1. ° — Si el hijo murió antes de cumplir téinttün 
años sin haber interpuesto su demanda (1. ° 222 C), 
porque no hallándose en en estado de ejercer por sí 
solo sus derechos y de comparecer en juicio, nada, 
puede presumirse de su silencio en contra de su in- 
tencion de (deleitarla, lo que no sucede cuando ya 
era mayor, pues debe suponerse que si pudiendo 
usarla no lo hizo, fué, ó porque se convenció de que 
no le asistía derecho fundado, 6 porque queria re- 
nunciarlo; y de uno ó de otro modo, no debe conce- 
derse á los herederos. 

2. c — Si el hijo aefó abierto el juicio de su filia- 
ción, sin haberlo <d><iii<l<>n<ido por el transcurso del 
h'íiiiino legalpará elábandono, n/i desistido formal- 



281 

menlc de lá demanda (08 Dec. de II. d'. núm. 27á) En- 
ese caso, está manifiesta la intención del hijo de 
clamarla, es ya un derecho contencioso qne pertene- 
ce á los herederos, como uno de los bienes de la su- 
cesión; pero es necesario que, durante la vida del hi- 
jo, no haya habido desistimiento egreso de su par- 
te, ó que no haya abandonado el juicio; porque en 
el primer supuesto, hay renuncia formal del derecho; 
y en el segundo, una renuncia I < '. ; 

595 — Si el hijo se incapacita por demencia ó fatui- 
dad antes de llegar ;í la mayoría, y muere en i 
tado; aunque sea ya mayor, parece lo natural que 
tengan los herederos la acción. Lo mismo que si hu- 
biese muerto antes de I atiuu años, por existir 
precisamente la misma razón 

596 — Cuando son los herederos Los que ejercitan 
la acción, ésta, no es imprescriptible respecto de ellos. 
La ley solo declara la imprescriptibilidad r« spe< to del 
hijo que casi siempre procede impulsado por motn 
superiores a consideraciones pecuniarias, mientras 
que lo que guiará ordinariamente á Los heredei 
será el interés de La herencia; y no hay asi la misma 
razón para dejar siempre abierto un pleito de esa na- 
turaleza. Pero, como la ley no lia detallado término 
especial para esta prescripción, debe entenderse que 

está sujeta á las reglas comunes en la materia. 

597— Limitado á los herederos, y eso en casos ex 
cepcionales, el ejercicio de la acción. no podrán va 

Lerse de ella los acr lores 6 legatarios, pues -i 'den 

puede redundar de la misma un Lucro pecunia; 
tiene por objeto principal y directo el estado civil y 
la honra del difunto, á lo cual son extraños Los acj 
dores y legatarios. 



282 • 

698 — Por la naturaleza é importancia de la cuestión 
de filiación legitima, y para que no quede el estado 

civil á voluntad de los particulares, no puede haber 
sol»»' ella transacción ni Compromiso en arbitros [226 
y 1847 inciso 3. ° C.) Esta prohibición no significa 
que se prive á los padres de reconocer, antes del jui- 
cio ó después de él, á sus hijos; y que éstos, siendo 
mayores, no puedan consentir en el reconocimiento, 
pues entonces, propiamente, no hay transacción sino 
mas bien, desistimiento. No significa tampoco, que 
no pueda haber transacción ó arbitramento sobre 
los derechos pecuniarios que, de la libación judicial- 
mente declarada, puedan deducirse (220 C); pero 
las concesiones que en virtud de ella se hagan al 
que se dice hijo, no importan la adquisición del 
estado de hijo legítimo, porque respecto de derechos 
pecuniarios, pudo haber diferentes motivos que no 
pueden extenderse á suponer el reconocimiento de 
libación. 

'.» — La libación de los hijos legítimos se prueba 
con la correspondiente certificación de la partida del 
Registro civil (223 Ci, porque ese es el documento 
auténtico y solemne en que consta el estado de las 
sonas; y en defecto de esa partida, con la pose- 
sión notoria del estado (A 1 .)'.', á 497 C.) 

600— Para concluir ésta materia, no será fuera de 
proposito tratar un punto, que no se halla resuelto por 
• 1 Código, y es el de la libación del que nace de una 
muger que pasó á segundas nupcias, antes de cumplir 
diez meses de disuelto el primer matrimonio. Puede 
Buceder entonces que el hijo nazca después de los 
ciento ochenta dias de contraído o] segundo matrimo- 
nio, y antes de trescientos de disuelto el primero, 



• 283 

y haber por lo mismo razón fondada para dudar á 
cual de los dos maridos ha de atribuirte la paterni- 
dad, siendo esta la causa de la prohibición de pa 

á segundas nupcias antes del trascurso de diez me 
de la disolución de las primeras. 

G01 — Los tratadistas han acudido á diferentes prin- 
cipios x>ara resolver este conflicto. Unos dicen que i 
hijo, de origen dudoso, pertenece a los dos maridos, y 
que en consecuencia, tiene iguales derechos to 

de uno y respecto de otro, resolución inadmisible 
por opuesta á la naturaleza, y porque seguram 
va á imponer la carga de la paternidad ;i uno :í quien 
no corresponde. 

602 — Otros dan al hijo llegado á la mayoría, la Fa- 
cultad de elegir; lo cual según hace notar Escrich< 
contrario también á la naturaleza de Las i al 

espíritu de de las leyes. La paternidad es obra de 
la naturaleza, y nó efecto del capricho ni de los cál- 
culos de la vanidad ó del interés. En el orden de la 
naturaleza el padre se dá hijos; y vnn esta base, el 
hijo se daría padre. 

603— Algunos sostienen que el hijo no debe atribuir- 
se á ninguno de los dos maridos ni admitirse á la su- 
cesión, lo que es también inadmisible en perjuicio del 
hijo. 

604— El jurisconsulto Carranza daba diferentes re 
glas para determina!' á cual «le los dos maridos oon 
pondía, Begunel mes del nacimiento: otros atribuyen 
siempre la paternidad al segando marido: i e fi- 

jan en la, semejanza; otros en la edad 6 enfermedad 
del primer marido; y así, hay en el particular un sin 
número de pareceré 

605 — Nuestro Oodi gunyase indicó no habla 



•284 

resuelto este ponto; en otros, como en el de Chile 
se autoriza :il Juez para que decida el coníiicto, 
tomando en consideración todas las circunstancias, 

y oyendo además, el dictamen de facultativos si 
lo cree conveniente; lo cual, en falta de otros medios, 
parece lo mas razonable. La ley ha procurado cortar el 
conflicto con la prohibición de autorizar el matrimo- 
nio segundo antes de diez meses de disuelto e] prime- 
ro; y parece de justicia que si se infringe, además de 
■ni respectara, la viuda y su nuevo marido sean 
)•< spansables solidariamente de los perjuicios ooasio- 
nados á teneros por la incertidumbre de la paterni- 
dad. En estos términos quedó decidido ya este punto 
por el artículo 67 del Decreto de Reformas núm. 272. 



TITILO DUODÉCIMO. 



PATERNIDAD Y FILIACIÓN [LEGITIMAS. 



HIJOS [LEGÍTIMOS. 



606— <Son hijos ilegítimos los que no nacen de ma- 
trimonio verdadero ó putativo, ni están legitimados. 
on ilegítimos también los que. aunque na- 
cidos en el matrimonio, hayan sido declarados tales, 
conforme á lo expuesto en eJ capitulo anterior. 

807. — Nuestra ley no hace de los hijos ilegítimos 
las divisiones que se Inician por las leyes españolas, 
y solo distingue entre los reconocidos por el padre y 



28fí 

los que no lo están. (228 C.) Se dividían antes en na- 
turales y espurios; y se súbdividian ios últimos, cu 
adulterinos ó notos, incestuosos, sacrilegos, 
res, nefarios y c/e dañado y punible qyuntamit nto.- 
Natural ora el incido de padres que, al tiempo á\ la 
concepción ó del porto, no (cu ion impedimento para 
' contraer matrimonio; y espurio, elnacido di 
que en uno y otro tiempo tenían ese impedimenta. 
Era adulterino, elnacido de padres, de las que uno 
por lo menos, era casado con otra persono.- incestuo- 
so, el habido cutre colaterales en los grados prohibí- 
dos: nefario, el procreado entre ascendientes y • 
candientes; sacrilego, elnacido de clérigo can notos 
solemnes, de monja ó fraile profesos: mancer, el no- 
cido de muger publica; y de dañado y punible ayun- 
tamiento, aquelpor cuya procreación la u/odre in- 
curría en pena de muerte, como era, por las leyes 
paiiolas, el caso de que la española lo hubiera tenido 
de un judio. Nuestra ley no hace tales divisiones, por- 
que ellas tenían por objeto estabit r respecto de los 

hijos ciertas restricciones de derechos cod el linde «pie 
los padres se retrajeran de algunas uniones reproba? 
d:is. en consideración á la suerte desgraciada que Les 
preparaban. La experiencia demostró que do se lo. 
graba evitarlas por ese medio, y sí se cometía la injus- 
ticia de castigar, en «la persona de los hijos, la falta 
de los padres; y fundado en estas consideraciones, 
las suprimió el ( ¡odigo. 

(j()8 — La división de hij< ¡timos CU Hilos' que 

están reconocidos por el padre, 3 otros que no loes 

tan. sí se sostiene y es de iui portaiicia, porque los de- 
rechos de los ilegítimos respecto del padre, proceden 
del reconocimiento, esto es. de la declaración ó con- 



288 

>n de que son hijos suyos. La necesidad de este 
reconocimiento se apoya en que la paternidad es un 
misterio envuelto en la oscuridad: en el matrimonio 
mismo, la ley no la establece sino como una presun- 
ción que hace innecesario el reconocimiento, pero que 
puede contradecirse; y faltando, fuera del matrimo- 
nio, esa presunción, y no habiendo medio fehacien- 
te de establecer con certeza quién es el padre, es ne- 
cesario, para declararlo, que se reconozca y confiese 
tal, aquel que tiene la convicción de serlo. 

609— No sucede lo mismo respecto de la madre: 
tratándose de ella, no es indispensable, por regla ge- 
neral, el reconocimiento del hijo, para los derechos y 
obligaciones entre éste y ella. Así es que los hijos 
ilegítimos, aunque no estén reconocidos por el padre, 
tienen respecto de la madre, los misinos derechos que 
dá el reconocimiento, sin necesidad de que por par- 
te ella se haga expresamente (234 C). La razoi 
que. acerca de la madre, no hay la incertidümbre qué 
existe acerca del padre: la maternidad se revela por 
• videntes: el parto y la identidad del hijo da- 
do á luz. son hechos positivos que pueden ser per- 
fectamente comprobados, y que siéndolo, establecen, 
sin ninguna duda, y sin necesidad del reconocimien- 
to de la madre, la maternidad de ésta. Solo puede es- 
tar fuera del alcance de estas radones el caso en que 
La madre haya estado ignorada ó haya sido descono- 
cida con anterioridad; y entonces, sí se requiere su re- 
conocimiento expreso para que entre ella y el hijo 
tengan lugar recíprocamente los derechos y dbli 
cionea que como tales tienen por la ley (230 ( ' 

610 — El reconocimiento del padre, y el de la ma- 
dre en el caso de que acaba de citarse, produce efec- 



28% 

tos importantísimos respecto de patria potestad, de 
alimentos, de derecho á heredar; y por lo mismo, por 
ser el título legal para esos derechos, y por cambiar 
el estado civil del hijo, es indispensable que Be b 
constar de un modo solemne y auténtico, que no dé 
lugar después á ninguna duda ó cuestión. Con ese 
motivo, el reconocimiento debe hacerse en e 
civil, en testamento, cualquiera que sea su cías 
en otra escritura pública (229 C.) Hecho di' cualquie- 
ra de esos modos, la voluntad de los padres consta de 
una manera incuestionable, porque es ante funciona- 
rios que, por su oficio, deben consignar de un iu<>d<> 
auténtico, las declaraciones de los ciudadanos. Cuan- 
do se hace en el registro en el acta del nacimiento, 
bastará que firme la acta el padre, ó si él no pudi 
en persona, que lo haga por él, otro autorizado con 
poder bastante (463 C.) Cuando se hace en escritura 
pública ó en testamento, debe ocurrirse, dentro de 
los ocho días siguientes y con testimonio d tru- 

niento, á hacer la anotación que corresponde en el Re- 
gistro Civil. Siendo en testamento, aunque é re- 
vocado por otro posterior, el Depositario del Registro 
no cancela la anotación que m «>1 acta de nacimiento 
debe haber hecho, pues el hijo se tiene siempre ; 
reconocido, no obstante la revocación, ya que el re< 
nocimiento no es mas que La decía de un hecho, 
y el. principio de ella "" lamento, sino .-a 
el b.echo mismo de la paternidad. Suponiéndose a I 
m-is que el reconocimien bizo con fundamentos 
bastantes que apoyaran la convicción del padreen fa- 
vor de la certeza de La paternidad, no autoriza la ley la 
retractación de] reconocimiento para no dejar pendieo 
te el estado que lia adquirido el hijo,de la instabilidad 



288 

dé la voluntad del testador (4(54 C.) Sie] testamento en 
que sé hizo el reconocimiento fuero nulo, el recono- 
cimiento no vale si el motivo de nulidades Jaita de 
capacidad del testado]'. Si lo' fuere la falta de alguna 
solemnidad externa, valdrá el reconocimiento si con- 
currieron, al menos, las condiciones precisaspara cual- 
quier otro instrumento público, ya que por medio de 
cualquiera de éstos puede hacerse el reconocimiento. 
Por la importancia del reconocimiento, y por el ca- 
rácter personalísimo que tiene, no puede el padre, 
sujeto á tutela, ser representado por el tutor en ese 
acto (3G0C.) 

611 — El reconocimiento debe ser espontáneo, y no 
impuesto por actos de otro; y así, por una declara- 
ción agena, nadie lia de ser obligado á reconocer co- 
mo hijo á aquel de quien cree que no es padre. De 
allí se deduce 1. ° que el reconocí tinento que hiciere 
el padre de un hijo, sin noticia ó confesión de la ma- 
madre con quien diga haberlo procreado, no produce 
efecto respecto dé ella, sino solamente respecto de él 
(230 C\): 2. ° que todo reconocimiento de filiación, 
puede, por lo mismo, ser impugnado por el padreó 
dre que no haya intervenido en él, cuando en el re- 
conocimiento se haya designado al uno óá la otra. 
El reconocimiento procede de la voluntad del que re- 
conoce, y produciendo Obligaciones, cuyo cumpli- 
miento puede exigiré] reconocido, seria absurdo re- 
clamarlas de una persona, con un título dado por o- 
tra que, ni obraba en nombre deaquella, ni tenia au- 
torización para representarla: 3. c que en rigor debe 
ser prohibida la indagación judicial sobre la paterni 
dad, é sea la acción para que se declare la filiación. 

612 Ésta última consecuencia qué se funda en el 



289 

principió antes sentado y en consideraciones de alta 

importancia, relativas á la tranquilidad délas fami- 
lias, no estaba sin embargo, admitida por el Código 
nuestro. Según él, toda indagación sobre la paterni- 
dad era prohibida, cuando se trataba de los derechos 
que los hijos ilegítimos tienen respecto de la madre 
6 de los parientes de ésta (233 C), sin duda porque 
en tal caso es inútil el conocimiento de quien pue- 
da ser el padre; pero de allí se infiere, que no era 
prohibida en cualquier otro caso, como cuando se 
tzatára de los derechos que los hijos ilegítimos tu- 
vieran respecto del padre y de los pariente-; de és 
Bsta inferencia era tanto mas exacta cuanto que des- 
pués (2:35' C.) se hablaba de la sentencia que declara- 
se probada la filiación, estableciéndose que producía 
los los efectos del reconocimiento voluntario; y en 
el Código de procedimientos civiles (1081) se expre- 
saba que la cuestión sobre reconocimiento de filia- 
ción no es materia de un juicio sumario. Es verdad 
que la primera de las disposiciones últimamente cita 
«las recibió una importante modificación con el De- 
creto de 21 de Julio de 1879, que reconociendo que la 
disposición del Código Civil sobre investigación d t . 
la paternidad, ofrecía, por su latitud, algunos incon- 
renientes que era necesario evitar, consignó en el ar- 
tículo i). c que el reconocimiento de ios hijos, para el 
efecto de heredar, debia hacerse por el padre, en do- 
cumento pÚbliCO ó auténtico; y en .-1 LO. r . (pie la de 

claracion de paternidad, hecha por una ejecutoria. 
no producía el efecto de heredar, aunque sí daba a 
los hijos el derecho de ser alimentados por el que 
hubiera sido declarado padre; peí,, esto no hacia mas 
que señalar diferencias entre el reconocimiento \o- 

TOM. I. 19 



290 

luntario y la declaración judicial de paternidad, sin 
prohibir de un modo absoluto la investigación de e- 
11a. aunque fuera solamente para los efectos limitar 
dos que se le atribuían. También por los artículos 11 
y 12 del mismo Decreto, se establecía otra diferencia 
entre la declaración judicial de paternidad y el reco- 
nocimiento voluntario, aun tratándose de alimentos, 
porque el reclamo de éstos debía hacerse dentro de 
tres meses de la muerte del supuesto padre, ó del na- 
cimiento del postumo, á menos que los herederos con- 
fesaran judicialmente la paternidad; término de pres- 
cripción que no había cuando el hijo era reconocido 
por el padre en documento público ó auténtico; mas 
tas diferencias y cualesquiera otras no alcanzaban á 
remover los inconvenientes de permitir la indagación 
de la paternidad. El Dec. de Ref. número 272 los re- 
movió declarando que quedaba prohibida toda inda- 
gación sobre paternidad de los hijos ilegítimos con el 
fin de exigir alimentos, ó con otro cualquiera; y que 
en consecuencia, los Tribunales no deben admitir nin- 
guna acción ó demanda que se i así ame con ese obje- 
to, exceptuando únicamente el caso de violación en 
que el culpable podrá ser declarado padre, á instanci 
de la parte interesada, cuando la época de la con- 
cepción corresponde al tiempo en que la violación 
hubiere verificado (69). 

613 — En la Memoria presentada por la Secretaria de 
Gobernación á la Asamblea Legislativa, se dá cuenta 
de esa ref oíd i a en los términos siguientes: '"Esotro- 
punto trascendental el que se establece en la reforma 
prohibiendo la indagación judicial de la paternidad 
que no sea legítima, y estableciendo en consecuencia, 
que el hijo ilegítimo necesita indispensablemente del 



291 

reconocimiento para tener los derechos de tal, 
pecto de sn padre. Al hacerlo así, se ha tenido ] 
senté que igual disposición se encuentra consignada 
en algunas de las legislaciones mas adelantadas (pu- 
lían servido después de modelo á los códigos moder 
nos, y que lejos de ofrecer alguna dificultad en si: 
plicaciones, han quitado de los Tribunales multitud 
de pleitos escandalosos y evitado un gran número de 
.fallos, muchas veces inicuos. Hay una verdadera m- 
cesidad, decia á este propósito el tribuno Duveyrier, 
de impedir toda investigación de la paternidad fuera 
del contrato conyugal. Habiendo la natural. -za ocul- 
tado este hecho misterioso así á las percepciones 
tiles de los sentidos como á las investigación 
profundas de la razón, y habiéndose, además, creado 
el matrimonio para dar á la sociedad, no la prueba 
material, ya que es imposible, sino, mi falla de «'Ha. la 
presunción legal de la paternidad verdadera, resulta 
que cuando el contrato conyugal no se ha verificado, 
no hay ni prueba material ni la presunción de la ley. 
La paternidad es entonces un arcano impenetrabL 
seria ciertamente una aberración pretender qne un 
hombre quede convencido á su pesar, de un hecho 
cuya certeza no demuestran ni las combinaciones de 
la naturaleza ni las instituciones de la sociedad. De 

esta suerte es como subiendo á una verdad alta y 
principal, licuamos naturalmente y sin esfuerzo ;¡ esa 

regla necesaria, á la demostración de la imposil 

■dad de esas declaraciones acerca de la paternidad, 
conjeturales de suyo y arbitrarias; ;i la (irme re] 
sion de esas inquisiciones escandalosas que, poco ííti 
les por lo comunal niño abandonado, llevaban siem 
pre la discordia á las familias ó introducían el 



■JU-2 

orden en el Estado. >>i es imposible en e] orden de la 
naturaleza y conforme al estado social, que un lioin- 
bre sea declarado padre, cuando no reconoce la pater- 
nidad, cuando la niega y se opone á ella: si la socie- 
dad veda todo examen, toda investigación en este 
punto, la naturaleza, en cambio, ha puesto en el cora 
zon del que es padre una voz honda, secreta, vaga, 
indeterminada sin duda, mas cuya ilusión y encanto, 
¡ten, por decirlo así, la fuerza de la convicción \ 
e] poder mismo de la verdad. Esta voz es la que de- 
muestra y revela las íntimas y misteriosas relaciones 
que hay entre el padre y el hijo: ella es la que descú- 
brela que sanciona Los derechos y deberes que les 
unen, deberes y derechos inviolables, sagrados, cuyo 
respeto exige la sociedad para la observancia y man- 
tenimiento de sus mas fundamentales leyes. Así que, 
en nada se opone á la justicia, y con algunas precau- 
ciones será muy útil al orden público, la facultad o- 
torgada así al padre como á la madre de reconocer á 
sus hijos naturales dándose ademas á ese reconoci- 
miento mi carácter verdaderamente social. — Los mas 
distinguidos profesores de derecho en España, han 
proclamado los mismos principios, como (pie de a- 
cuerdo con ellos, están redactados los anículos del 
proyecto del Código Civil de aquella Nación. Ellos re 
conocen que la paternidad es un misterio de la natu- 
raleza en <d que no puede penetrar i;i justicia huma 
na sino á riesgo de equivocarse con frecuencia: que 
prohibida la investigación de la paternidad, habrá, 
talvez algunos padres crueles que desconozcan á sus 
verdaderos hijos; pero en cambio no se adjudicarán 
hijos ilegítimos con la arbitrariedad que se usa hoy. 
ni se dará Lugar á ios procesos escandalosos que tan- 



293 

to abundan en los Tribunales, y que al admitir la ley 
esta clase de procesos, quiere el imposible de que la 
justicia humana averigüe con certidumbre la filiación 
como cualquiera otro hecho litigioso cuando por el 
contrario, debe reconocerse esta imposibilidad, i 
que los hijos ilegítimos solo del amor de sus padres 
deben obtener lo que la ley no les pnede dar con 
garidad por otro medio." 

614 — La excepción consignada respecto d< de 

violación, es indispensable, porque exigir el recono- 
cimiento en ese caso, seria favorecer el ciímen, y a- 
gravar la situación déla muger ofendida ya p'" 
delito, haciéndola esperar el reconocimiento de . 
ternidad del criminal. 

615 — El reconocimiento se hace generalmente en 
vor del hijo: pero como al mismo tiempo pnede | 
indicar á éste en su estado civil y en su honra, y pro 
anee obligaciones para él como la sujeción á la pal 
potestad, la de alimentar, y algunas otras, no se 
puede obligar á reconocer por padres a los qu< 
realidad no lo sean, y por esto, la ley dá derecho 
de contradecir la filiación, al mismo hijo que recono 
cieron los que se suponen sus padres üegítimí 
C) De otro modo, estaría en la mano de cualqui 
hacer pasar por hijo suyo al que mejoT le pareció 
é imponerle las obligaciones consiguientes al reoono 
cimiento. 

616 — Fuera del hijo > del padre, ó de la madre que 
no intervino en el reconocimiento, á ningún otro de 
be competir la facultad de impugnarlo, porque la 
ley lia especificado las personas ,-í quienes correspon 
de ese derecho, y se entiende que «leja excluid' 
dos los demás no mencionados. 



294 



TITILO DECIMOTERCIO. 

DE LOS DEBERES ENTRE PADRES E HIJOS 
Y DE LOS ALIMENTOS. 



617 — Los padres están obligados á educar á sus hi- 
jos legítimos ó legitimados, á los ilegítimos reconoci- 
dos y á los adoptivos; á darles alimentos y á dejarles, 
á su muerte, una porción alimenticia, cuando la ne- 
cesiten, y no los hayan instituido herederos (148 y 284 
C. v 71 Dec. de Ref. núm. 272. 



PABKAFO PRIMERO. 



EDUCACIÓN V HERENCIA. 



018 — La obligación de educar á los hijos la impone 
necesariamente el estado de sociedad, y la reclama. 
no solóla naturaleza del hombre sino también la con- 
veniencia pública, porque el progreso y bienestar de 
la nación requieren que todo individuo posea un ofi- 
cio, arte 6 profesión, por cuyo medio pueda ser útil 
á sí mismo, á su familia y á la sociedad. Inteligente 
y libre el hombre, no cumple coa solo dar á otros se- 
res la vida física, aumentando simplemente el núme- 
ro de los individuos de su especie; tiene que aniñen- 



295 

tárla con seres preparados para la realización de sus 
destinos, á, quienes, además de la vida material, haya 
dado la vida del corazón y de la inteligencia, por me- 
dio de la educación. Esta, por lo mismo, hade bot 
proporcionada á la posición y circunstancias persona- 
les y sociales del que la dá y del que la recibe, com- 
prendiendo siempre alguna instrucción, ]M>r lo menos 
la primaria, indispensable en todas las situaciones de 
la vida, y que por nuestras Leyes es obligatoria, y el 
conocimiento de los principios de moralidad para la 
conducta privada, y de los deberes para la vida de 
ciudadano, miembro de esa sociedad. 

619 — La ley imponía también á los padres la obli- 
gación de instituir herederos á sus hijos y recípro 
mente, á los hijos, la de instituir herederos á sus 
padres (79!) ú so.") C.)í l"' 1 '" los preceptos del < 
en esta parte, sufrieron varias reformas con el Dec 
to de 21 de Julio de 1 871). y fueron después totalmen- 
te derogados por el Decreto legislativo de i:! de Abril 
de 1881 en que se estableció la libertad de testar, sin 
mas límite que el derecho que dá la ley a algunas 
personas para ser alimentadas. 



PÁRRAFO SK<U M><>. 



DE LOS AI.IMKN |o>. 

(520- Los padres están igualmente obligados á ali- 
mentará sus hijos. Los alimentos comprenden las 
suministraciones precisas para la vida, es decir, do 
solo la comida v la bebida, sino también el vestido, 



296 

el calzado y habitación, y en caso de enfermedad, lo 
que sea necesario para restablecer la salud. El fun- 
damento de esa obligación es una ley primordial de 
la naturaleza, sancionada por el instinto, por la razón 
y por las disposiciones civiles, y á esa obligación res- 
ponde la de los hijos de respetar y obedecer á sus 
padres, de .darles alimentos en caso de necesidad de 
ellos, y de asistirlos en su vejez y en caso de enferme- 
dad (238 C), porque ellos son los autores de su exis- 
tencia y á ellos deben los cuidados de su crianza y 
educación, y el mas vivo interés por su felicidad. — 
Contales fundamentos, la emancipación del hijo no 
lo exime de estos deberes. 

I — Los alimentos generalmente se clasifican en 
naturales y civiles: naturales, los que son p>i'ecisos 
para sostener la vida; y civiles, los que son propor- 
cionados á las circunstancias pecuniarias y perso- 
nales del que los pide y del que debe darlos (7o Dec_ 
de Ref . núm. 272). ,3e dividen también en presentes 
y pretéritos: presentes, los que se requierenpara lle- 
nar las necesidades actuales; y pretéritos, los que 
se reclaman por el ti< ni /jo ya pasado. Recíproca co- 
mo es la obligación de alimentar, y comprendiendo 
además de los padres § hijos, á los otros ascendientes 
y descendientes en virtud de las relaciones de fami- 
lia, corresponde tratar 1. ° de los alimentos que se 
deben por los ascendientes y del orden en que han de 
prestarse: 2. ° de los que se deben por los descen- 
dientes y del orden en que están obligados á darlos: 
3. ° del modo y forma en que la obligación ha de 
cumplirse ó puede reducirse : A. z de la naturaleza y 
privilegios de la deuda alimenticia: 5. ° de las causas 
por las que se ¡¡raba la obligación de alimenta] 



297 



I. 



(522 — Con respecto ¡í los hijos legítimos y legitima- 
dos, la obligación de alimentarlos es común al padre 
y á la madre, recayendo primero y mas directamente 
en aquel, como jefe de la sociedad conyugal; y des- 
pués, en la madre (1. ° y 2. " % I En el estado 
de separación de bienes, ambos cónyi deben pro- 

veer alas necesidades de la familia común, en pro- 
porción de sus facultad guiando el .lúe;-,, si ruc- 
re necesario, la cuota con que cada un<> debe contri- 
buir (1176 C): lo mismo en el caso de divorcio. 

623 — A falta de padre y madre, la obligación 
prestar alimentos pasa á los ascendientes paternos, \ 
en defecto de ellos, á los maternos y -i. - -. 

C). Se extiende esta obligación á los ascendienl 
porque ellos son también la cansa, aunque mas pe- 
mota, de la existencia, y ese titulo los une con vín- 
culo estrecho á sus descendientes, v crea en ellos \i- 

* 

vísimo afecto y extraordinario interés por su suerte. 

Para <pie recaiga sobre ellos la obligaoion de alimen- 
ta)-, no es indispensable absolutamente que el padre 
y lamadle hayan fallecido: basta que se hallen en 
tal estado de pobreza, que "o puedan suministrar los 
alimentos (24o C.), porque el vínculo y el interés que 
apoyan esa obligación existen en todo tiempo, y pol- 
lo mismo puede hacerse efectiva desde (pie por c 
quier motivo, no puedan llenarla los que . en 

primer término, llamados á hacerlo. Entre los ascen- 
dientes, la obligación de alimentar corresponde pri 



208 

mero á los mas próximos, y después, á los otros suce- 
sivamente, es decir, primero á los abuelos: en segui 
das á les bisabuelos; y después, continuando en ese 
mismo orden. Así Be deduce del orden que fijó la ley 
ann entre los ascendientes paternos y los maternos 
de un mismo grado (3.° y 4. ° 239 ('. ); y dé los tér- 
minos en que está concebido otro artículo que habla 
de los abuelos y demás ascendientes cuando les llega 
su vez de alimentar á sus nietos v descendientes, se- 
gun el cual aparece que el abuelo tiene que alimentar 
al nieto antes que otro ascendiente mas remoto. Del 
mismo modo, asi como los abuelos tienen que alimen- 
tar, por causa de pobreza de los padres, tendrán que 
hacerlo también los ascendientes mas remotos por 
causa de pobreza de los mas próximos ¡í quienes Su- 
cumbía. 

824— En cuanto á los hijos Ilegítimos reconocidos, 
•d deber de alimentarlos pesa sobre las mismas per- 
sonas obligadas á dar alimentos á los legítimos y en 
el mismo 6rden (237 y 2&9 C); es decir, primero al 
padre: Luego ;i la madre: después ,-í los ascendientes 
paternos; y en seguidas, á los maternos. Acerca de si, 
respecto de tales hijos, la obligación de alimentar pa- 
sa por causa di- pobreza de aquel á quien incumbe, 
;í quien le sigue eil el orden de que 86 h:i hecho mé- 
rito, había dos soluciones contrarias. La primera, a- 
firmativa, la consignaba el art. 240, equiparando en 
esa parte á los legítimos con los ilegítimos reconoci- 
dos: la negativa la establecía el art. 244, consignan- 
do que la obligación que tienen los padres de ¡di- 
mentar á los hijos ilegítimos reconocidos, solo pasaá 
los ¡límelos después que han muerto los padres; esto 
es. (pie no pasa mientras vivan, aunque por su po- 



S99 

breza no puedan alimentar á loa hijos. De estas dos 

resoluciones opuestas, la segunda no admitía expli 
cion plausible, ya que las relaciones naturales y ci- 
viles que median entre el ilegítimo reconocido y sus 
padres, median igualmente en su respectivo grado 
entre él y los ascendientes, y debiendo adoptarse la 
una 6 la otra, quedó suprimida e<;i ultima por al nrt. 
73 del Dea de Ref. níim. 272. 

625 — Por lo que toca á los ilegítimos no reconoci- 
dos, no existiendo ningunas relaciones Legal* 
pecto del padre, la obligación de alimentar toca ex- 
clusivamente á la madre y :í los ascendientes imi- 
temos. 

026 — En orden á los hijos adoptivos, el adoptante 
está obligado á educarlos y alimentarlos lo mismo 
que á los legítimos: y ellos, ;í su ve/., tienen l:i olili 
gacion de alimentar y auxiliar al adoptante, canudo 
lo necesite por su veje/, ó imposibilidad de trabajar 
{284 C). Esta obligación del padre, no pasaá Los 
tros ascendientes del adoptante, porque no siendo 
naturales sino puramente civiles. Las relaciones entre 

él y el adoptado, solo los comprenden á los dos, que 

son los que Las han contraído, siendo esta misma ca- 
zón la que hace que el adoptado no tenga derecho á 
los bienes de los parientes del adoptante (278 I 
Llegando el caso de que el ultimo no pueda alimen- 
tara] adoptado, corresponde la obligación á los p ; i 
dres naturales de él. porque la adopción m> extin- 
gue las relaciones que entre el! 1 hijo existen 
<276, 281 ( 



800 



IT. 



887 — Los hijos y descendientes están también obli- 
gados á alimentar á sus padres y ascendientes, se- 
gún el orden en que están llamados á suceder abin- 
testato (5. ° 239 C); y esta obligación recae sobre 
ellos en último lugar, y siguiendo el orden de la na- 
turaleza, en defecto de padres y ascendientes del ali- 
mentado. 

628 — Ninguna duda hay respecto del deber de los 
hijos legítimos y legitimados de suministrar socorros 
y alimentos á sus padres y ascendientes. Incumbe 
primero á los hijos: luego á los nietos; en seguidas á 
los biznietos, y así sucesivamente, sin diferencia de 
ascendientes paternos y maternos. Por falta.de los 
hijos, pasa á los nietos, y así en el mismo orden, no 
solo por falta absoluta en caso de muerte, sino tam- 
bién por causa de pobreza del obligado. No pudien- 
do, pues, el hijo dar alimentos por su pobreza, los 
dará el nieto (240 C.) Habiendo á un tiempo hijos 
y nietos, procedentes de otros hijos ya muertos, so- 
bre unos y otros pesará la obligación de alimentar, 
porque unos y otros entran á la sucesión; pero así 
como los nietos entran á heredar, representando solo 
una porción que es la de su padre, todos los nietos 
procedentes de cada uno de los hijos muertos, solo 
deberían contribuir con una parte distribuida entré 
ellos, para la alimentación. 

629 — Los hijos ilegítimos reconocidos tienen, en 
los mismos términos que acaban de expresarse, obli- 



301 

gacion de alimentar á sus padres y ascendientes (2 
C. y 72 Dec. de Ref. núm. 272). Por cansa, no sólo de 
muerte, sino de pobreza del que debe prestarlos, pa 
sala obligación al que le sigue en el orden de suoe* 
sion (art. cit.) 

630 — Los ilegítimos, no reconocidos por el padre, 
solo están obligados á alimentar á la madn Mi- 

di en tes maternos. 

631— Los adoptivos, según ya ánt lia dio! 

deben prestar alimentos y asistencia al padre adop- 
tante; pero la obligación no se extiende ;i los padres 
ó ascendientes de éste, porque no los une ni adop- 
tado, vínculo alguno natural ó civil. 

632 — Aunque la ley no hace designación expn 
de la clase de alimentos (pie en todo 
suministran, debe entenderse que serán civiles los 
que han de darse. 

[II. 



63:; -Para conseguir la suministración de alimentos 
de ana persona que se niega á hacerla, debe aon 
tarse el título por el cuaJ Be deben, la necesidad del 
¡ue los pide y la posibilidad de darse por aquel á 
quien se piden (1067 0. pr. y 88 Dec. d<- IJ.-f. núm. 
:.•.'>. Para la procedencia del reclamo, es condición 
indispensable la necesidad del que ha de Ber ali- 
mentado, porque i I que tiene medio- de subsistir por 
sí, no puede exijir de otro que lo alimente Acredi- 
tada esa necesidad, la autoridad judicial regula 
pensión alimenticia que debe suministrarse; y 
regulación se hace, en proporción á las circunstancias 



302 

onales del que la pide y á la posibilidad del que 
debe darla, atendiéndose no solo á la fortuna de éste, 
sino á las otras obligaciones a qiu- s<> se halle suje- 
to, por ejemplo, al sostenimiento de una familia nu- 
merosa: y sin que para eso sea preciso investigar ri- 
gurosamente el valor exacto de sus bienes ó ren- 
tas, y entrar en una inquisición no compatible con 
los derechos y garantías comunes (246 C). 

1 — Los alimentos se dan por mensualidades anti- 
cipadas (1071 C. pr.), por la naturaleza y urgencia de 
ellos para llenar exigencias que no admiten espera; 
y como la base para la cuota se toma de la necesi- 
dad del alimentado y de la posibilidad del alimen- 
tista, puede aumentarse la pensión en atención u 
ellas, así como también podrá disminuirse y aun ce- 
sar completamente. En consonancia con este princi- 
pio, en todos los casos en que el liijo menor tenga 
• bienes cuyos frutos no haga suyos el padre, se apli- 
cará de esos frutos la parte que sea suficiente para 
los alimentos y educación del hijo, que teniendo como 
proveer á ellos, no debe gravitar sobre el padre 
los Erutos no bastaren, quedará éste obligado sola 
Diente á satisfacer la parte que Caite (241 C.) Esta 
misma presoripoion tiene lugar cuando el hijo tiene 
algo propio suyo, por razón de su trabajo ó indus- 
tria, 6 por sueldos provenientes de empleos públicos 
(243 C); y una y otra comprenden á los abuelos y 
demás ascendientes, cuando les llega su vez de ali- 
mentar á los nietos y descendientes^ por militarlas 
mismas razones (243 C). 

635 — Inundada en idénticos motivos, la ley establece 
que cuando el alimentado mejora de fortuna, esto es,se 
reduce su necesidad, tiene el que dá los alimentos, 



303 

derecho de pedir que la cantidad que suministrase 
reduzca, según las circunstancias; y si La mejora de 
fortuna es tal que hace desaparecer por completo la 
necesidad, de pedir que cesi- enteramente su ol>lÍL r ;i- 
cion (251 C.) Así'tambien, si el que <l;í los alimentos 
empeora de fortuna, es decir, que se cambia su posi- 
bilidad, puede, á su vez, pedir que se reduzca en 
proporción la cuota alimenticia; y -i el cambio 
tal que le quite la posibilidad, que cese la obligación 
completamente (200 C.) Y si por el contrario, el que 
presta los alimentos mejora de fortuna, ó aumentan 
las. necesidades del que tiene derecho á ser alimen- 
tado, puede éste obtener del Juez, un aumento de 
la pensión señalad::, en proporción á las circunstan- 
cias (252 C.) 

(YM5 — El que < i st;i obligado á dar alimentos, cumple 
con entregar la pensión alimenticia sin que, general- 
mente hablando, tenga que llevar al alimentado i 
casa, porque ésto podría algunas veces hacer mucho 
mas gravosa su obligación (247 C.) Tampoco <-l ali- 
mentado tiene que ir á recibir los alimentos en es] 
cíe, en casa del alimentista, porque no se 1'- puede 
exigir generalmente que viva con otro; pero cu 
do es un hijo el que ha de ser alimentado, y el 
padre solicite que reciba los alimentos en su casa, y 
él Juez comprenda que esto es mas provechoso para 
el hijo, puede disponerlo así; entendiéndose Biempre 
que el hijo sea mayor <!«• tres ano-, paea antes de 
esta edad, <'l padre n<» tiene facultad de llevarlo á su 
casa para cumplir allí con la obligación «l'- alimen- 
tarlo, porque reclamando imperiosamente los cuida 
dos de La madre) debe permanecer á su lado 
240 ,C.) Cuando s <' trata de hijos de cónyuges div< 



304 

fiados, quedan en poder de la taladre las hijas de 
toda edad y los hiioa varones menores de cinco años 
(182 C. 

037— Los alimentos pueden reclamarse, no solo de 
la persona que tiene el deber de darlos, mientras vi- 
ve, sino iniciarse el reclamo ó continuarse contra los 
herederos, como sucesores de todas las obligaciones 
de su causante, entre lasque figuran la de alimentar, 
obligación que no tiene el carácter personalísimo é 
intrasmisible del derecho á alimentos que no pasa á 
los herederos. 

i'mS— Según el artículo 158 del Dee. de Ref. núm. 
272, los padres pueden disponer libremente de sus 
bienes, por testamento, aunque tengan descendientes; 
pero esta facultad no se extiende á despojar á los 
hijos legítimos privados de la herencia, á los ilegí- 
timos y á los demás que tienen derecho á ser alimen- 
tados en caso de necesidad legal mente demostrada, 
del expresado derecho porque es imprescindible y el 
padre no puede pasar sobre él sin causa legal (159 
Dec. cit). Respecto á la porción alimenticia que debe 
darse á los descendientes legítimos privados de la 
herencia, no podrá excedo' de la i>;¡rte que les habría 
correspondido, si el padre hubiera distribuido con 
igualdad sus bienes entre sus hijos, porque de otra 
suerte, reportarían la ventaja de una verdadera mejo- 
ra, cuando la voluntad del padre era manifiesta de 
que no la obtuviesen, puesto que aun los privó del 
derecho á su herencia (78 y 80 Dec. cit.). 

639 — Los alimentos de los hijos ilegítimos, habiendo 

tendencia legítima, no pueden exceder del quinto 

de los bienes; y si los legítimos fueren mas de cuatro, 



305 

la porción alimenticia de los ilegítimos, no excederá 
de lo que hubiera tocado á los hijos legítimos é Ufi 
gítimos, si el testador hubiera distribuido entee ellos 
con igualdad sus bienes, para no hacer de mejor con- 
dición á los ilegítimos que á los legítimos (70 Dec. 
de Ref. núm. (272). Siendo ascendiente el heredero 
instituido y ascendiente el que reclama alimentos, no 
podrá percibir por razón de ellos, mas de lo que le 
hubiera correspondido en la sucesión intestada (81 
Dec. cit.), pues de otra suerte, quedaría mejorado. 
Fuera de estos casos, los alimentos que se deben á 
las personas que los reclaman no tendrán mas Minifi- 
que el de la necesidad del que ha de ser alimentado, 
atendidas las condiciones en que han de prestarse 
Dec. cit.). Así sucedería si el heredero instituido fió- 
se un extraño. 

G40 — En todos los casos en que hay obligación de 
suministrar alimentos, puede acontecer que los haya 
suplido persona sobre quien no pesaba la obligación 
de darlos. Esta, tendrá derecho á ser indemnizada por 
quien corresponda, si los suministró con protesta de 
cobrarlos, para que no se presuma que Lo hizo por 
liberalidad y beneficencia; y con tal de queá las sumi- 
nistraciones haya- precedido reconocimiento hecho 
por el padre en forma legal (77 Dec cit.i. La acción 
para exigir los alimentos pretéritos boIo puede ejei 
citarse por ios que corresponden a los «los ultimo» 
años, pero nó por. los anteriores, porque se agravaría 
mucho la obligación haciendo pagar en junto una 
gruesa suma; y estas «los años, para las ultimas peo 

-iones, se cuentan desde que COSO la obligación dedal' 

alimentos (659, 860 ('.i. s¡ los alimentos suministra 
dos han de col uaise del mismo alimentado, se Qi 
sita que, antes ó en el acto de la entrega, se proteste 

TOM. !. 



:}<><; 



por documento público, y con noticia del agraciado 
6 dé quien lo rcprescnte.pl derecho de reclamare] 
pago (3266 0.). 



ÍV 



641— El derecho á los alimentos presentes es inhe- 
rente á la persona qne debe ser alimentada; y por 
consiguiente, es intrasmisible, irrenunciable y no pue- 
de ser objeto de transacción (?-} Dec. de Ref. núm. 
272). No podrá pues, trasmitirse por muerte, porque 
con ésta cesan las necesidades del que tenia, fundado 
en ellas, el derecho: no puede renunciarse, porque 
afecta directamente la propia conservación: y no pue- 
de enagenarse ni ser objeto de transacción, tanto por 
el fraude que podría cometerse, halagando al alimen- 
tado con entregarle, de momento, una suma que no 
seria proporcionada, cuanto porque, consumida ésta, 
y subsistiendo sin embargo sus necesidades, queda- 
ría privado ya de ese derecho indispensable para vi- 
vir. El objeto de los alimentos es asegurar la vida, y 
esa seguridad desaparecería desde que se admitiese 
la enagenacion ó transacción. El derecho á los ali- 
mentos pretéritos que no tienen el carácter de urgen- 
cia (pie los presentes, sí puede trasmitirse; renunciar- 
se 6 compensarse; y lo mismo, los bienes ya adqui- 
ridos por razón de alimentos, aunque sean presentes, 
pues ya falta la razón (art. cit.). 

042— Por un motivo análogo, el que debe alimentos 
-entes, no puede oponer compensación al deman- 



307 

dante por lo que éste Le adeude (76 \ 340 ]>•<. 

Ref. núm. 272). La acción de alimentos presen! 

za, por su objeto, de toda la protección de la ley; y 

si, al que loa iiHccsira.se opusiera la compensación <i» 
lo que él debe por otro título, se le reduciría á la i 
cesidad de perecer de miseria. La misma oonside 
ración hace igualmente que no puedan ser embaí 
gadas las pensiones de alimentos (197 Dec de 1. 
núm. 27o). Mas todas estas prescripciones se reí 
ren al derecho á los alimentos, 6 v,. ;l ; ¡ ] (IS alirn* 
tos presentes y futuros; y nó á las pensiones a:, 
sadas, ó sea ¡i los alimentos pretéritos. Respecto de 
éstos, no milita como respecto de aquellos, la exigí 
cia de sostener la vida., puesto que ya están sati- 
dias las necesidades del pasado. Así es (pie el i 

recho ;í las mensualidades vencidas puede enagei 
se por persona capaz, puede renunciarse y es 
jeto á compensación. 

643- Entre los demás privilegios ó consideraciones 
particulares que el derecho atribuye á los alimenfc 
deben mencionarse varios, siendo uno el de que n< 
traeá colación lo que se hubiere gastado en alunen; 
educar ó ensenar alguna profesión, arte ú oficio á [oe 
hijos ó descendientes (90 IC). 

644_E] deudor puede pagar la deuda ú su : 
dor, aunque éste sea menor, loco ó fatuo, y aunque 
sea en ausencia de los guardadores; y ooncluy< 
obligación en la parte pagada, si el deudor pru< 
que lo (pie pagó se invirtió en alimentarlo ó medi< ¡ 
mirlo (332 I ><•<•• de Reí. núm. 273 

645 Tiene privilegio, para ser pagado entre 

; , creedores de tercera clase, el crédito por alian: ! 
liúdos al deudor para su subsistencia y la de 



308 

la, en los seis mese* anteriores ;i la formación del 
concurso (1. c 2418 C). 

046 — Porúltimo, son materia de juicio sumario, es 
decir, de un procedimiento mas breve que el ordinario. 
en atención al carácter urgente que tienen, las accio- 
nes sobre alimentos presentes que se deban por ley; 
las que versen sobre la aseguración de los mismos, y 
las que versen sobre la cantidad de ellos, aunque el 
derecho proceda de contrato ó de testamento (1080 
C. pr. y 23o Dec. núni. 273). 

647 — Acerca de si la deuda alimenticia, cuando pue- 
de exigirse de varias personas, es solidaria ó divisi- 
ble, no es uniforme la resolución de los Códigos. El 
nuestro no establece terminantemente ase carácter 
solidario, y en consecuencia, es unís exacto sostener 
que es divisible, siguiendo el espíritu de l;i disposi- 
ción que establece que cuando dos ó mus se 'obligan, 
sin mancomunidad expresa, la obligación si' entien- 
de divisible. Ell consecuencia de la divisibilidad de 
la obligación, el que tiene el derecho no podrá exigir 
I •. totalidad de la suma (pie necesita para alimentos, 
¡no solo de los obligados, dejando á cargo de éste 
g ir de los demás ¡a cuota correspondiente. Si un 
padre pues, tiene varios lujos, no podrá hacer que 
jólo de ellos le entregue toda la pensión que pa- 
ra sus -alimentos necesita, sino la parte proporciona- 
. las circunstancias de cada uno. Si necesita por 
ejemplo, de cien pesos mensuales, y tiene tres hijos 
y las circunstancias de los hijos son idénticas, de 
¡.cual podrá exigir una tercera parte: si uno de 
3 no puede contribuir sino con la mitad de lo que 
contribuyen los otros, él pagará veinte y cuarenta ca- 
da uno de los otr >s dos. y s ¡ uno de ellos es abso- 



309 

hitamente pobre, de suerte que no pueda contribuir 
con nada, la obligación pesará únicamente sobré loa 
otros, y cada uno de ellos tendrá que dar cincuenta. 
648 — La urgencia de la solicitud del acreedor ali- 
menticio, no basta para dar, en general, á la deuda im 
carácter solidario, porque debiendo atenderse tam- 
bién á la posibilidad y circunstancias de] obligado, 
pondría en conflicto su patrimonio, si tuviera indistin- 
tamente en todos los casos, que responder por la pac 
te que tocara á los otros que tuvieran igual obligación 
á la suya. Así, demandado uno solo de varios obliga- 
dos contra quien se reclamara la totalidad, podría 
hacer que tomaran parte en el juicio todos los demás. 



V. 



049 — La obligación de dar alimentos se acaba i 
cuanto acaba la necesidad de aquel á quien Be debenj 
como si muere, ú obtiene una fortuna ó medios de vi 
vir por sí. en cualquier tiempo; y se acaba también 
en cuanto se acaba la posibilidad del qne lia de snmi 
nistrarlos. 

650 — Además, se pueden negar los ascendientes a 
alimentar ó continuar alimentando á sus desoendies 
tes, y viceversa, éstos á aquellos, aunque subsista 1 > 
necesidad del que los reclama y la posibilidad de aquel 
á quien se piden, cuando media ó sobreviene algui 

de las causales siguientes, que se estiman de gnu ( ilad 

tal (pie destruyen ó modifican profundamente las 
laciones civiles, por la Ingratitud qne suponen 

v 904 ('.i 



310 

~ Haber atentado el que pretende tos alimentos 

contra lo rida del que los ha de .suministrar, por 
ser la mayor falta que recíprocamente se puede come- 
- 1. ? 953 0.)¡ 

2 ~ — Ocas lañarle maliciosamente una perdida con- 
tlerable en sus bienes, pues no hay razón para obli- 
gar á una persona á mantener á otra que se ha pro- 
puesto causarle, y le ha causado, la ruina ó un nota- 
bie quebranto de sus intereses (2. ° 253 C). 

i. - — Acusarle !> denunciarle ds algún delito, por- 
que el hacerlo revela que se desconocen los vínculos 
naturales respetados por la misma ley al establecer la 
incapacidad para presentarse como acusadores (4. ° 12 
C. pr. crina.) Se exceptúa el caso en que la acusación 
ó denuncia se hace en causa propia de la muger 6 de 
los hijos (3. ° 253 C), ya que entonces se les puede 
vlmitir como acusadores (13 C. pr. crim.), y ya que 
entonces también, el derecho de la conservación pro- 
pia, y de seres tan íntimamente unidos al que hace la 

usucion ó denuncia, demuestran que es un motivo 
superior y preferente, y nó de desnaturalización, el 
que ha compelido á dar ese paso. 

i. * — Abandonarlo estando loco ó gravemente en- 
fermo (4 P 253 C). Ese abandono significa una mons- 
truosa ingratitud, y el que no ha cumplido en esosca- 
608 extremos con obligaciones sagradas (pie sobre él 
pesaban, y lia olvidado sus relaciones de familia, no 
puede después invocar ésta-- para ejercitar derechos 
que han de ser correlativos. 
5." — Tener acceso carnal con la muger del ali- 
•nii-sl" (5. ° 253 d.')i como que es un delito gratísi- 
mo contra el honor que echa la vergüenza y el ridí- 



culo sobre el marido con cuya mugerse na cometido- 
esa falta. 

651— Pero para qué las causales mencionadas e¡xi> 
man al padre ó descendiente de dar alimentos, es in- 
dispensable (pueel hijo ó descendiente (pie ejecutó Los 
hechos á que ellas se refieren, tenga la capacidad que 
el Código penal exige en los respectivos «aso-, pues 
si por falta de edad, no está sujeto todavía á respon 
sabilidad criminal, no deben pesar sobre él consecuen- 
cias que se declaran bajo el supuesto de que la acción 
ha sido ejecutada dolosamente Í2.~>(> C.) Por analogía 
de razón, cuando el ascendiente ó descendiente fueran 
locos, y en ese estado, ó mediando justamente otraoir 
cunstancia que eximiera de responsabilidad, cometie- 
ran alguno de esos hechos, debería decirse otro tanto. 

652 — Independientemente de estas causas para lu- 
gar ó hacer cesarlos alimentos, (pie son comunes ¡i 

ascendientes y descendientes, estos últimos do | 

den exigir alimentos en los casos que siguen: 

I o — Si han cumplido 21 años <l< edad, ;í noseí 
que se hallen habitualmente impedidos 6 enfermos 
(1© — 255. C. ) Esta prescripción tiene por objeto evi 
tarqueel hijo en la confianza de que hay quien pue 
da mantenerlo, no se dedique á trabajar y proporcio 
narse los medios de subsistencia. El que ya es mayoi 
de edad y no tiene ninguna enfermedad 6 impedimento 

que lo imposibilite, se presume que [Ule. le. por si, pío 

veer á la satisfacción de sus necesidades, y que si n<> 
lo hace, es porpereza y abandono que no debe fumen 

tar la ley si no destruir. 

2. o — Si se les ha asegurado la subsistencia ha 
la la nüsni» edad (2. - 250 C). 



312 

3.° — aSV se les ha enseñado una profesión, arte 
" oficio con que puedan subsistir (3. ° 255 C). 

653 — La razón de estos otros casos es por una par- 
te, la expresada en orden al primero; y por otra, que 
en tales circunstancias, falta la necesidad para hacer 
recaer sobre otro el gravamen de suministrar alimen- 
tos. Los padres cumplen con dar á sus hijos una pro- 
fesión ú oficio que pueda proporcionarles la vida: si 
teniéndolo ellos y pudiendo, aun cuando sean meno- 
res de edad, proveer con sus productos a lo que re- 
claman las exigencias de la vida, no quieren traba- 
jar, su desidia debe perjudicarles; y la ley, quitán- 
doles el derecho de que otro los alimente, crea un es- 
tímulo para el trabajo y la producción. Asegurar la 
subsistencia hasta la mayor edad, debe entenderse 
que es consignar un fondo que vaya satisfaciendo las 
necesidades respectivas, nó que se entregue al hijo 
desde luego una suma, pues podría disiparla y verse 
después en el mismo caso de necesidad. 

654 — Para concluir, es oportuno hacer mención de 
los artículos 1163 y 2383 del Código. El primero esta- 
blece que los alimentos que se den á la viuda duran- 
te la indivisión délos bienes de la sociedad, se impu- 
tarán á sus respectivos gananciales. El otro, después 
de tratar del beneficio de competencia que se conce- 
de á ciertos deudores, para no obligarlos á pagar 
mas de lo que buenamente puedan, establece que 
uo se puede pedir alimentos y beneficio de compe- 
tencia á un mismo tiempo; y que el deudor elegirá, 
lo cual puede tener lugar cuando por ser descendien- 
te, ascendiente 6 cónyuge del acreedor, tenga dereeho 
;í alimentos. 



313 



TITULO 1>ECIM0-CUART0. 



DÉLA LEGITIMACIÓN. 



65o — Descansándola filiación legítima en la pr< 
suncion de j)aternidad que la ley atribuye al mari- 
do, los nacidos fuera del matrimonie» no deberían en 
rigor, recibir del contraido entre sus padres con i 
teridad á su nacimiento, el estado civil de legitimj 
dad, contrario á su origen. Se introdujo sin embaí 
lo contrario, en favor de las costumbres de la socte 
dad, interesada en sustituir al concubinato la unión 
autorizada y reconocida por la ley. á la coa] impul- 
sará generalmente como el motivo mas poderoso, la 
suerte y la consideración de los hijos ya procreados; 
v en favor de la constitución de la familia y de los 
hijos inocentes, no pudiendo establecerse entre ellos 
y los que de sus mismos padres nacieran después 
del matrimonio, una desigualdad de condición que 
seria repugnante y origen de discordia y descon 
cierto. 

656 — La legitimación, bal como aoy se conoce, 
uno de los efectos di i matrimonio, por <J cwtflos 
hijos reconocidos habidos ruin' Jos contray< nies án 
frs de su celebración, adquien n el > ttado y los di 
ohos de legítimos. 



:N4 



PAKKAFO NtniKIÍO. 



MATRIMONIOS QUE 1'1,'OlM < l.\ I. A LJCGITIM ACIÓN. 

657 — Todo matrimonio celebrado con arreglo á la 

ley produce como uno de sus efectos civiles, el de la 
legitimación de los hijos. Lo produce no solo el que 
es verdadero y válido, sino aun el que es nulo, aun 
que ninguno de los cónyuges haya procedido de bue- 
na fé (193, 259 C. y 58 Dec. de Ref. núm. 272). 

658 — El matrimonio produce la legitimación aun 
cuando se contraiga en artículo de muerte, ó en una 
edad tan avanzada en que los cónyuges no puedan 
tener sucesión: porque la ley no ha distinguido ni 
exige otra condición que la de que se contraiga el 
matrimonio, y porque los hijos habidos antes, han 
sido sin duda la causa impulsiva mas poderosa para 
realizar el matrimonio, y la intención de legitimarlos 
aparece evidente en los padres, desde que siguen el 
camino que traza la ley para obtenerlo. 

659 — No importa para la legitimación que entre el 
nacimiento de los hijos y el matrimonio que debe 
producir su legitimación, haya habido otro matri- 
monio intermedio. Este no impide que el otro se ha- 
ya realizado, y verificado así, existen las mismas 
consideraciones y motivos para que tenga efecto la 
ley. Así, si Pedro procrea varios hijos ilegítimos con 
Juana: luego contrae matrimonio con María; y des- 
pués enviuda y se casa con .luana, este matrimonio 
Legitima los hijos habidos antes con ella (258 C). 



31.-1 



PARAFO SEGUNDO. 



«)i ii:m:s pueden ser legitimados. 



060 — En el derecho español, en que se hacían tan- 
ras divisiones de hijos ilegítimos, rio todas las cía* 
de éstos podían obtener legitimación. El Código núes 
tro, por aña parte no reconoce esas distinciones; y 
por otra, parece natural que, desde que se autoriza 
el matrimonio entre dos personas, el efecto «l»- la 1< 
timacion se extienda siempre á los hijos habidos en- 
tre ellas con anterioridad. Así. cualquiera hijo ileg 
timo nacido podrá so- legitimado, con tal deque sns 
padres puedan después contraer y contraigan legal- 
mente matrimonio. 

661- -Respecto de los hijos concebidos tintes ¿el 
matrimonio y nacidos después d<- él. el articulo 26fi 
establecía que podian sef legitimados, sí »d padre al 
casarse declaraba (pe- reconocía al hijo de quien la 
muger estaba encinta, ó que lo reconooin si fila esta- 
ba encinta c2t'>~) C. <: pero aunque sea de poca impor. 
rancia la distinción de Legítimos \ legitimados por 
equipararse en sus derechos, debe notarse que en 
ese caso, no hay propiamente legitimación, sino le- 
gitimidad ó ilegitimidad, como que el hijo ya nace 
durante el matrimonio, y el artículo 212, según opor 
tunamente se expresó, declara <pi<' el marido no pue- 
de desconocer sn legitimidad, si antes del matrimo- 
nio i mu conocimiento dr la prefies, o sí firmó ó hizo 



316 

firmar á su nombre, la partida del nacimiento en el 
Registro civil. Se vé, pues, que el padre podrá en al- 
gún caso desconocer al hijo, y éste será entonces ile- 
gítimo; ó no habrá apoyo legal para el desconoci- 
miento, y será entonces legítimo. Así se modificó 
aquel artículo por el 85 del Dec. de Ref. núm. 272. 

662 — Pueden ser legitimados aun los hijos que, al 
tiempo de celebrarse el matrimonio hayan fallecido, 
dejando descendientes (264 C), y la legitimación apro- 
vecha á estos últimos (266 C), pues qne institui- 
da la legitimación en favor especialmente de la prole, 
hay tanta razón para otorgarla á los hijos vivos co- 
mo á los otros descendientes que representen la per- 
sona del hijo muerto. Hay siempre para la legitima- 
ción una especie de ficción que reputa la unión ante- 
rior de los contrayentes, como una anticipación del 
matrimonio que han celebrado después, y considera 
á los hijos nacidos de esa unión y á todos los que de 
ella han descendido, Jcomo hijos de ese matrimonio 
por anticipación. 



PÁRRAFO TERCERO. 



CONDICIONES DE I. A LEGITIMACIÓN, 



663 — Para que los hijos ilegítimos queden legiti- 
mados por el subsiguiente matrimonio, es indispen- 
sable que los que los contraen lo reconozcan como ta- 
les hijos (260 C.) Ese reconocimiento es la base sobre 
que descansa la legitimación, como que es la base tam- 



317 

bien de la certeza parala paternidad, y la Ley lo exige 

con el objeto de que, confesando los padres ser suyos 
aquellos hijos, no quede duda después de su proceden- 
cia, ya que puede suceder que cualquiera de los con 
trayentes tenga, al celebrar el matrimonio, hijos de 
otra unión diferente. 

664 — El reconocimiento debe ser expreso, para que 
la legitimación surta sus efectos legales, y constan- 
te en el Registro civil, en escritura pública ó en b 
tamento (229 C); y pueden hacerlo los padres, antes 
de la celebración del matrimonio, en el acto mismo 
de celebrarlo, ó durante él, debiendo hacerlo ambos, 
juntos ó separadamente (260 C). No se necesita sin 
embargo, el reconocimiento expreso de la madre, si 
consta el nombre de ésta en el registro civil, y el hi- 
jo fué reconocido por el padreantes del matrimonio 
(261 C); y tampoco se necesita el reconocimiento de] 
padre, si con su consentimiento se expresó 6 Be con- 
signó su nombre en el Registro civil (84 Dec. de Ref. 
núm. 272.). En estos casos, ó está hecho ya el reoono- 
cimimiento, 6 se han practicado actos que 1<> indican 
de una manera cierta. 

665 — La legitimación se produce pordisposi ¡ion de 
la ley, así es que no se necesita del consentimiento 
délos hijos que van á ser Legitimados, como no se 
necesita tampoco para el matrimonio, del cual 
efecto natural. Mas, como de la legitimación si resul- 
tan derechos á favor de los padres, y como se neo 
ta el reconocimiento de los hijos, otos puedi o con 
tradecir la filiación impugnando el reconocimiento 
(2:52 C.) que, como se ha visto, es base de la Legitima- 
ción. Por ana razón análoga, cuando el (pie se cree 
hijo de dos personas que después contraen matrimo- 



:¡IS 

nio, no es reconocido por ellos, debe ser admitido ;í 
probar, y pedir que s»- declare su filiación, pava esta- 
blecer como consecuencia de ella, su condición delegi- 
timado. 

666 — Luego que se registreel matrimonio de perso- 
nas que, antes 6 al tiempo de casarse, hayan recono- 
cido ;í un hijo, se pondrá nota marginal delalegitima; 
cion de éste', en el acta de registro 4e bu nacimiento, 
pero la omisión de dicho requisito no puede oponer- 
se á su calidad de legitimado (460 C.) Pudiemjlo ser 
posterior el reconocimiento, se procederá entonces 
análogamente, 

PÁRRAFO CUARTO. 



KKKCTOS DE I.A LEOITIMAOTOX. 



667 Kl principal efecto de La Legitimación es igua- 
lar en todo á los lujos legitimados y á los legítimos, 
pues unos y otros tienen los mismos derechos (263 C). 
adquieren los hijos legitimados desde el diaen 
<|iih se celebró el matrimonio de los padres, aunque 
el reconocimiento sea posterior (263 (Vi, porque. éste 
no viene á crear la filiación, sino á declarar su exis- 
tencia anterior; y los padrea y los hijos legitimados, 
tienen recíprocamente los derechos y obligaciones se- 
ñalados por la ley á la paternidad y filiación legíti- 
ma, y trasmiten, según .-íntes se ha indicado, ;í los 
descendientes, Los provechos que resultan de la legiti- 
midad (266 C.). 

668— Esa igualdad establecida por la ley ■ n los 



derechos de los legítimos y de los legitimados, es n<- 
eesaria por que, proponiéndose el objeto de cortar re- 
laciones ilícitas y de estimular al matrimonio por la 
consideración á los hijos habidos, se contrariarla su .-^ 
píritu y se dejaría un germen de discordia en el seno 
de la familia, si se disminuyera ie cnalqniermodo la 
])lenitud de derechos. Así. bajo la denominación de 
hijos legítimos deben comprenderse en todo caso los 
legitimados, á menos que se les exceptúe expresa- 
mente. 

669 —Refiriéndose la adquisición de los derechos de 
los legitimados al día déla celebración del matrimo- 
nio, el beneficio de ella no debe retrotraerse á una 
£epha anteriora él: así. el legitimado será <*1 primo¿ 
níto entre los hijos del matrimonio que prodúcela 
legitimación; pero nó entre los hijos de un matrimo 
ido anterior á su legitimación. Así también, el legiti- 
mado, como tal. no tendrá derecho á las sucesiones de 
los parientes que hubieren fallecido antes del matri- 
monio que ha operado su legitimación, aunque al tiem- 
po de la muerte de ellos estuí Lera ya oencebido y aun 
nacido, pues la legitimación posteriora la apertura de 
las sucesiones no puede quitar á terceros, un derecho 
que ya tenían legítimamente adquirido. 

PÁRRAFO QUINTO. 

I»l. I.As o ti: \^ l-l'l i i i - l'l I.KííITIM ACIÓN DEROGADAS. 

670 Parece propio terminar esta materia hacien- 
do mención de I' 1 - otras espwíes ile legitimación id 



(«O 

ñutidas astee entre nosotros, y que el Código ha dero- . 
gado claramente al establecer que el único medio de 
legitimación es el subsiguiente matrimonio de los pa- 
dres (258 C). 

671 — Esos medios eran por oblación á la Curia, y por 
rescripto, que traían su origen del derecho romano; y 
por declaración en testamento ú otra escritura pú- 
blica. 

672 — El primero debió su origen á que, entre los ro- 
manos, hubo un tiempo en que el oíicio de curial, seme- 
jante al municipal entre nosotros, imponia álos que 
lo desempeñaban, grandes obligaciones y gastos. Co- 
mo estímulo y compensación de las cargas que le eran 
anexas, se concedió á los curiales el derecho de legi- 
timar á sus hijos por el hecho solo de ofrecerlos á la 
Curia, inscribiéndolos en sus registros. En el derecho 
español, cambiados la naturaleza de la institución y 
-el fin político de ella, la oblación á la Curia se convir- 
tió en oblación á la Corte. Entre nosotros, como que 
faltaban las razones que le dieron origen, nunca estu- 
vo en uso ese medio de legitimación; y tanto por esta 
razan, cuanto por que no es conciliable con nuestro 
sistema y costumbres, la ley no lo admite 

673— La legitimación por rescripto era la que el mo- 
narca concedía por gracia cuando, señor absoluto, su- 
perior a las leyes y dueño de vidas y haciendas, podía 
crear el parentesco que resulta de la legitimación y 
cambiar el orden de sucesión por medio de rescriptos. 
( !on notables modificaciones respecto de esos puntos, 
otaba adoptado entr*- nosotros antes del Código. Un 
decreto legislativo de 3 de Setiembre de 1861 declaró 
-que correspondía a] Presidente de la República de 
¡iciienio con el < 'onsejo de Estadoantóriiar Los actos de 



321 

legitimación; v otro gubernativo de 7 de Febrero <1<- 
1868, fijó los requisitos que para ello debian concurrir 
y el servicio pecuniario con que habiade contribuir 
pero de todos modos, ese medio ha sido justamente 
suprimido por que no cabe en el Sistema de gobierno 
que nos rige. En el derecho público moderno, ninguna 
autoridad puede conceder los derechos de filiación le- 
gitima cuando la ley los niega, ni cambiar el sistema 
de trasmisibilidad legal, ó quitar derechos ya adqui- 
ridos, por hacer gracia á un tercero. (Chacón. ) 

674 — En cuanto al otro medio, ademas de que ni 
aun estaba apoyado claramente en disposición lega I . 
tampoco podria sostenerse, por que n<> puede depen- 
der el estado civil de los hijos de la voluntad privada 
de los padres. 



TITILO DECIMOQUINTO. 
DE LA ADOPCIÓN. 
PÁRRAFO PRIMERO 



675— <-La adopción 6 prohijamiento ce el acta, r i 
tidodela sanción de />> autoridad judicial de ton 
por hijo al que naturalmente río i<> es (267 C). El que 
roma á otro por hijo Be llama adoptanU : aquel á 
quien se toma, adoptado] y la autoridad que ínter ■ 
vieríe és elJUez de I.* instancia del domicilio del 
último, en la forma establecida por las leyes de pro 

TOM. I. -' 



322 

cedimientos (267 C). La adopción es pues, uoa crea- 
ción de la ley; y por lo mismo, produce relaciones 
paramente civiles de paternidad y filiación, á dife- 
rencia de las que existen entre el padre y sus hijos 
legítimos 6 ilegítimos reconocidos, que son á la vez 
naturales y civiles, como que éstas («raen su origen 
de aquellas. 

676 — La adopción fué de grande importancia entre 
los romanos, como medio de conservar el culto públi- 
co conservando el derecho de sacrificios y dioses fami- 
liares: servia para reunir en una sola familia, digni- 
dades de ambos órdenes, patricio y plebeyo, yapara 
evitar las penas de la ley Papia Popea. En los pue- 
blos modernos, ha carecido de esos motivos de impor- 
tancia, y aun muchas legislaciones, tácita ó expresa- 
mente la han declarado abolida. Aunque entre nos- 
otros, ha sido y es muy rara, el Código nuestro, 
á semejanza de algunos otros, ha conservado la 
institución, tratando en lo posible, de subsanar la 
falta de la naturaleza, y dar hijos á los que no los 
tienen, para que hagan recaer en ellos sus afecciones 
y sus bienes. Muchas veces, siguiendo estrictamente 
el principio de que la adopción imita á la naturaleza, 
se la ha desviado de su principal objeto imponiendo 
muchas restricciones: nuestra ley se fija principal- 
mente en que sea provechosa para el adoptador 
en que no cause perjuicio á terceras personas. 

677 — Toca examinar aquí: 1. ° qué circunstancias 
se necesitan en la adopción, de parte del que adopta: 
2. ° Cuáles deben concurrir de parte del adoptado: 
3.° De los efectos déla adopción; y 4.° del fin y 
revocación de la adopción. 



323 



078 — Son condiciones relativas al adoptante, para 
que pueda adoptar: 

1. rt — Que sea mayor de 60 años (86 I)'--, de Be- 
formas número 272). Como si- vé, se fija la ley ni 
una edad en que haya desaparecido para el adop- 
tante, la esperanza de tener descendencia natural. 

2. ° — Que sea mayor que el adoptado, cuando n 
nos, en 15 años. (2. ~ —269 C), para que haya ana di- 
ferencia de edad capaz de fijar aparentemente las 
raciones de paternidad y filiación, y porque las venta 
jas de la adopción no podrían esperarse si el adopta 
do era mayor que el adoptante .'. teína una edad pro 
ximamente igual á la suya. 

3.° — Que no tenga hijos legítimos ni ttegttim 
reconocidos (3. ° 269 C.) porque si los tiene, falta una 
délas principales razones que podrían motivar la 
adopción. Bajo la palabra hijos deben comprende 
en general los descendientes, bastando que estén por 
nacer. 

4. rt - -Que si i g tusado, concurra i ! dinii, HÍO 

dd cónyuge. (87 Dec. de Ref. núm. 972), puef 
la introducción de un nuevo individuo en la familia, 
debe ser indispensable que concurra la voluntad de 
losdos jefes. Debe advertirse sin embargo, que 
simple consentimiento que presta un cónyuge parala 
adopción que hace el otro, no lo constituye adoptan 
te (272 C). La adopción ha de ser un acto expj 
formal, y si el cónyuge que presta bü consentimient 



324 

renuncia en virtud de él á ciertos derechos pro venien- 
tes del otro cónyuge que pudieran corresponderle, no 

por eso ha de entenderse que es su intención confe- 
rir al adoptado los suyos propios. Debe advertirse 
que, uo obstante la separación legal, según la refor- 
ma, se requiere el concurso del cónyuge, porqué esa 

nación puede cesar; y de lo contrario, cuando ce- 
sa, no habría razón para que sus efectos se extendie- 
ran al cónyuge reconciliado á quien pueden perju- 
dicar. 

07:) — Délas condiciones expresadas se sigue que 
toda persona que las reúna, cualquiera que sea, 
está en aptitud de adoptar. Así. pueden adoptar 
los célibes, aunque todavía puedan tener descen- 
dencia natural, si bien esa facultad se ha restrin- 
gido en otras legislaciones, para fomentar los ma- 
trimonios, evitando la facilidad de darse hijos fic- 
ticios por un acto puramente civil como es la a- 
I pcion. Pueden adoptar también los naturalmen- 

mpotentés, yaquesiseles negara esa facultad, 
por imitar servilmente á la naturaleza, Be piivaria del 

iuelo de los Lijos á los que son acaso los que mas 
«sitan ó los desean. Pueden finalmente adoptar 

carones y las mugeres, no habiendo razón plausi 

para negará éstas esa facultad, puerto que son 

• patria potestad; y el temor de que puedan 

¡ngañadas llevaría hasta á privarlas de la facultad 
I Lebrar cualquier contrato y aún de contraer ma- 

M|ÍO. 

080— La única excepción raciona] es la qi lie- 

1 tutor, á quien no se permite adoptar ;í so pupilo 
sino después (pie haya terminado la tutela porcúal- 
de los medios legales y hayan ftídoaproba 



32C 

las cuentas, tanto porgue en virtud de La autorid 

que ejerce sobre el pnpilo podría tacharse defoi 
do el consentimiento que prestara el último, cnanto 
porque cabria la sospecha de que la adopción se hi 
riera por eximirse de la obligación de rendir las enea 
tas de la tutela y eximirse de las responsabilidades 
consiguientes (270 C). 



681 — Son condiciones relativas :il que Lia i 
adoptado: 

11'* — Que, si sé halla bajo la patria potestad, 
consientan sus padre* la adopción (5. ° — 269 ( 
porque los padres tienen la representación natural \ 
legal de los hijos, son Los llamados á apreciar lo <iu. 
puede aprovecharles ó serles perjudicial, y sin 
consentimiento, nada puede hacerse en parjuicit 
menoscabo de su autoridad. 

9". - — Que si es menor y n<> i itá bajo pátri 
((«I, preste su consentimiento el tutor i<». c - 269 C. 
que es quien se halla designado par la ley pan i- era 
plazar á los padres en el cuidado de la persona y ! - 
nes del menor. 

3, * — Que si fuere mayor de II años eladopta* 
preste él también diré. ■tomen/e su 
ante el Juez (1811 C. pr. y fr. 2. ~ 86 Dec. de R I 
núm. 272). Se necesita en todos estos casos, <-l cons< 
timiento del menor y de los que Lo representan, \ ■ ■ 
que la adopción, al mismo tiempo «pie confl 
chos, eren también obligaciones. 



326 

682— Tanto por conservar la semejanza de la adop- 
ción con la naturaleza, como principalmente porque 
se logre su objeto en provecho del adoptado, y no se 
establezca la división en la autoridad á que esté suje- 
to, ninguno puede ser adoptado por mas de nna per- 
sona, á no ser por dos cónyuges (271 C). La ley ni 
aun autoriza la adopción simultánea por hombre y 
muger libres, porque emanando la adopción única- 
mente de nna ficción legal, y estableciendo relacio- 
nes civiles y nó naturales entre adoptante y adopta- 
do, se ha tratado de guardar la semejanza con el pa- 
rentesco civil que resulta para los hijos del matrimo- 
nio, y nó con el puramente natural qne resulta de 
otra unión. No creo, sin embargo, que se oponga á la 
prescripción de la ley, que el que fué adoptado por 
una persona, muerta ésta, pueda serlo por otra, asi 
como tampoco que el adoptante tenga varios hijos 
adoptivos. 

CS3— Un cónyuge no puede, sin el consentimiento 
del otro, darse en adopción, pues llegando á rea- 
! izarse ese caso excepcional, hacer depender sus efec- 
tos de la voluntad de uno solo, seria lo mas opuesto 
al decoro y á la paz del matrimonio. 

684— La filiación del que ha de ser adoptado, cual- 
quiera que sea, no es impedimento para hacer la a- 
dopcion, ni servirá jamás de causa para impugnar- 
ía 268 C). La ley supone que se hace, no en consi- 
deración al origen del adoptado, sino en atención á 
su condición presente, á la voluntad que tiene el 
adoptante de mejorarla, á su deseo de tener una 
| t-isona á cuyo afecto, servicios y asistencia tenga 
derecho, y á quien haga partícipe de sus comodida- 



327 

des. Así, una persona puede adoptar á cualquiera de 
sus hijos ilegítimos no reconocidos. 

685 — Nadase exige como condición esencial para 
la adopción, en cuanto á caudal del adoptante 6 del 
adoptado; pero sí debe constar al Juez, el monto 
de éste, quien lo tendrá presente para determinar si 
conviene ó nó autorizarla adopción (5. z I 6 C. 
pr.). 

686— C uando se trate de la adopción de huérfanos 
délos establecimientos de expósitos, se observará lo 
dispuesto en los respectivos reglamentos que forman 
la ley á que están sujetos, interviniendo el Director 
del establecimiento en vez del padre ó tutor (1817 

C. pr.). 

687— Constituida la adopción, debe anotáis.' :il 
margen de la correspondiente partida de nacimiento; 
y á este efecto, el adoptante debe presentar al Regis- 
tro él documento en que conste, en el término .1 
dias(465ü*V 



PÁRRAFO SEGUNDO. 



EFECTOS DE I-A ADOPCIÓN. 



688— Formalizada la adopción, y autorizada por el 
Juez, el adoptado pasa ala casa del adoptante, si no 
hubiere convenio en contrario: recibe éste ios bienes 
de aquel bajo formal inventario (1814 C. pi lea- 

dé entonces comienzan las mutuas obligaciones dé 
padreé hijo, entre el adoptante y el adoptado (isifí 
C. pr.). 



328 

0S9 — En prueba de la adopción y como signo visi- 
ble de ella, el adoptado lleva el apellido del adoptan- 
te, añadiendo después el que á él le pertenezca 
(273 C). 

690 — El adoptante adquiere patria potestad sobre 
el hijo adoptivo (286 C.) y está obligado á alimentarlo 
y educarlo, teniendo el hijo á la vez la obligación 
de alimentar y auxiliar al adoptante cuando lo nece- 
site por su vejez ó imposibilidad de trabajar (284 C). 

691 — La adopción produce también un parentesco 
civil que es permanente entre el adoptante y el adop- 
tado, aunque la adopción se disuelva; y entre el adop- 
tado y los hijos del adoptante, mientras la adopción 
subsiste, pero entre éstos no produce consecuencia ai- 
auna. En virtud de él, no puede'contraer matrimo- 
nio el adoptante con la hija adoptiva ni el hijo 
adoptivo con la madre adoptante' 6 la que fué mu- 
ge* del padre adoptante (5.° — 120 C. ) En virtud 
de él también, es justa causa de recusación ser el 
Juez, su esposa ó su hijo, adoptante ó adoptado den 
alguna de las partes (5.° — 66 C. pr.); y no puede 
recíprocamente adoptante y adoptado, ser testigos en 
los juicios en que uno de ellos se interese (11. ° — 79o 
C. pr.). 

692 — Es efecto también de la adopción, que seña- 
laba el Código, que muriendo el adoptante sin hijos 
legítimos, ni legitimados, ni ilegítimos reconocidos, 
ni padres legítimos, el adoptado fuera su heredero 
forzoso (27o y 756 C). Ese efecto ya no tiene lugar, 
desde que se estableció la libre testamentifaccion. 

693 — El adoptado y su familia natural conserva n 
sus derechos de sucesión recíproca; pero también el 
padre adoptante, cuando el adoptado no tenga ni as- 



32» 

cendientes, ni cónyuge con derecho á heredar, será sn 
heredero en los mismos términos que lo serian, en sn 
caso, sus padres naturales (160 Dec. núin. 272.). 

694 — En el derecho á heredar que tiene el adop- 
tado, no cabe representación, de suerte que los hijos 
del adoptado que falleció antes que el adoptante, 
no son herederos de éste (280 C). La ley se lia lijado 
sin duda, en que tratándose de relaciones no esta- 
blecidas por la naturaleza, no habia por qué autori- 
zar la trasmisión de los derechos no adquiridos to» 
davia á los bienes del adoptante, sino futuros & en 
expectativa, aun cuando pudiera suponerse que el 
adoptante hubiera querido favorecer no solo pert 
nalmente al adoptado sino también ¡í sn^ lujos, con 
tinuadores de su persona y derecho 

695— Si, con motivo de la muerte del adoptante, 
lo hubiere heredado el adoptado, pero falleciere des 
pues, sin hijos legítimos ni otros herederos de la 
línea de descendientes, tieue lugar la reversión; 
decir, que la herencia que haya adquirido, sedevuel- 
ve á la familia del adoptante premuerto QS379 < 
porque debe interpretarse que conforme á la voluntad 
de éste, serian sin duda preferidos á los oh.,-, parlen 
tes del adoptado. 



PÁRRAFO TERCERO. 

I'IX V REVOCACIÓN RE I. \ tDOP< Ion. 



f'»;*(i Se acaban los efectos de la adopción, principal 
mente por muerte del adopta tu»- 6 del adoptado, si d 



390 

adoptante muere y el hijo adoptivo es todavía menor 
de edad, vuelve al poder de sus padres naturales (281 
C), porque no hay razón para que entonces quede 
enteramente libre ni para que se le sujete á la tutela 
de un extraño, y porque no se han extinguido las 
relaciones de la naturaleza. Si es el adojitado el que 
muere, y no deja descendencia legitima ó ilegítima 
reconocida, se vuelven al adoptante que le sobrevi- 
ve, los bienes todavía existentes que de él hubie- 
re recibido. Los demás bienes y derechos propios del 
adoptado se sujetan á las leyes comunes de sucesión. 
(89 Dea de Ref. núm. 272). Este otro caso de rever- 
sión reconoce por fundamento que ha faltado la razón 
principal de la adquisición, y que es mas natural que 
vuelvan a* su dueño primitivo que nó que pasen á 
otros cuya contemplación no impulsó al adoptante. 

697 — Constituida la adopción, no puede el adop- 
tante revocarla sino mediando alguna de las cansas 
siguientes: 

1. rt — Haber atentado contra la vida del adoptante: 

2. * — Causarle maliciosamente una pérdida en mas 
de la tercera parte de sus bienes: 

3. ^ — Acusarle ó denunciarle de algún delito, ex- 
cepto en causa propia, de su muger ó hijos: 

4.- — Abandonar al adoptante que se halle loco 
ó gravemente enfermo: 

5. rt — Tener acceso carnal con la muger del adop- 
tante, sabiendo que lo es: 

6. tí — Negarle su lianza para qu^ salga de la pri- 
sión (90 Dec. de Ref. núm. 272). 

698 — La adopción tiene el carácter de un contra- 
te solemne entre el adoptante que recibe y el adop- 



331 

tado y su representante que convienen; y si aun l<>^ 
contratos comunes que n<> producen efectos tan impor- 
tantes y permanentes, ni van revestidos de la sanción 
de la autoridad judicial, hacen ley y no pueden des- 
hacerse por la voluntad de uno solo, no debe permi- 
tirse al adoptante que deshaga por sí y caprichosa- 
mente) la obligación que se impuso. 

699 — Si el adoptado negare la certeza de las cau- 
sasen que la revocación se apoya, no valdrá ésta. 
á menos de que se prueben judicialmente por la 
parte que se apoya en ellas (28:? (\i; y si se hiciere en 
testamento, el juicio se seguirá* ron los herederos. 



TITILO DKCIJIO-SKXTO. 



DK I.A l'ATIÍl \ POTESTAD. 



700— La patria potestad, es A/ cu/o) idad </ el con- 
junto de derechos que las ley es reconocen < n los pa- 
dres, sobre las persona* ¡/bienes de sus hijos (28Í 
C). Esa autoridad y derechos provienen fundamen 
talmente de la misma naturaleza que, al imponer 4 
los padres la obligación de criar, di- educar j sosl 
ner á los hijos, debe concederles también las facul- 
tades y medios necesarios para hacerse respetar, pa- 
ra llenar cumplidamente sus deberes y para obtener, 
en cierto modo, alguna compensación de sus traba 
jos y sacrificios. Su objeto determina su extensión, 
y por esto las legislaciones modernas, han reducido 
•i su verdadero límite la patria potestad que ellas 



332 

reconocen y sancionan como institución civil, sin au. 
torizar de ningún modo los abusos y exageraciones 
de la patria potestad romana. 

701 — La patria potestad se ejerce por el padre: 
pero en defecto de él, corresponde á la madre, sien- 
do ésta también una innovación introducida en el 
derecho moderno, contra las doctrinas y prescripcio- 
nes del romano. La madre tiene, respecto de los hi- 
jos, iguales obligaciones á las que tiene el padre: 
tiene por su suerte incomparable interés, y no era* 
justo negarle los derechos de la patria potestad de 
la que estuvo privada por tanto tiempo. Así es que 
los hijos legítimos ó legitimados, los ilegítimos reco- 
nocidos y los adoptivos, están sujetos á la autoridad 
del padre; y en su defecto, á la de la madre (286 C). 
En caso de ausencia del padre, lamuger del ausen- 
te tiene la patria potestad de los hijos de ambos 
I 102 C). Si los hijos ilegítimos no son reconocidos, 
la patria potestad corresponde exclusivamente á la 
madre que siempre es cierta. 

?<>2— Para el orden en la materia, se tratará 1." de 
los derechos que da la patria potestad. 2.° de loa 
modos por los cuales se araba. 



PÁRRAFO PRIMERO. 

DE LOS DERECHOS QUE DA LA PATRIA POTESTAD. 



703 — Éntrelos derechos que dá la patria potestad, 
coloca la ley en primer lugar, el de svjetar, corre- 



333 

gir y castigar moderadamente á los hijoB (1. 
C), cuando faltan á la obligación de respetarli 
obedecerlos, sin la cual no se puede cumplir el de- 
ber de educar. Este derecho es en beneficio de los 
mismos hijos, y por tanto, no se puede impon. . 
castigos excesivos para su naturaleza física ó moral. 
En algunas ocasiones, los ejemplos y advertencias 
del padre, las privaciones y los castigos moderados 
que imponga, podrán ser insuficientes para mantener 
en la línea de sus deberes ;i un hijo de mala índole; 
y entonces, hay que llamar á la autoridad pública 
en apoyo del poder paterno. Así. no alcanzando la 
facultad de castigar moderadamente al hijo menor 
de diez y seis años, puede el padre sin que esté 1; 
mitado el número dé veces para nacerlo, imponer!, 
pena de detención hasta por un ñus. en un estable- 
cimiento correccional, procediendo de una manera pu- 
ramente económica, porque el Jefe del Departam 
to tiene que expedir la orden de detención con solo 
la solicitud del padre (288 C). No se exige ex] 
ó constancia de los motivos de la determinación del 
padre, por suponerse que nunca procederá ;i dar • 
paso sin razones justas y fundadas, de modo qu< 
Jefe del Departamento, en rigor, no hace mas que 
legalizar y ordenar la ejecución pura y sencilla 
la voluntad del padre. Hay que Ocurrir á la ai, 
ridad pública para éste efecto, porque ya esa restric- 
ción de la libertad individual, sale de los limites del 
derecho privado. Se lia reservado la expedición de 
la orden al Jefe del Departamento, sin oOnceders< 
'os Alcaldes, en las poblaciones (pie no son la 

¡era, atendiendo sin duda á la mayor prudencia 
que es de presumir*- en la persona Investida d< 



334 

autoridad superior departamental; y debe ser la- de- 
tención en un establecimiento correccional para que 
no sufra la moral, ni se perviertan las costumbres 
del hijo. 

704 — Cuando el hijo es mayor de diez y seis años, 
ó tiene algún empleo ó ejerce alguna profesión ó in- 
dustria, ó cuando el padre ha contraído segundo 6 
ulterior matrimonio, y el hijo es habido en uno an- 
terior, el padre podrá también solicitar la detención; 
pero es indispensable en estos casos, para que la or- 
dene el Jefe del Departamento, que se expresen los 
motivos en que se apoya y que sean previamente ca- 
lificados por el mismo Jefe (289 C). Así como es 
razonable dar al padre la facultad de hacer encerrar 
durante algunos dias al hijo menor de diez y seis a- 
ños, por su sola autoridad, sería imprudente dejar 
ese derecho á su sola discreción cuando ya fuera ma- 
yor de esa edad. Por mucha confianza que merezcan 
los padres, la ley no admite la suposición de que 
todos sean igualmente rectos y mesurados, así es 
que es conveniente examinar los motivos que deciden 
al padre á detenerlo, y desestimar su pretensión si 
no se apoya en motivos tan poderosos como racional 
y prudentemente deben serlo. Esto no amengua la 
autoridad del padre, y puede beneficiar al hijo cuan- 
do aquel proceda por malas influencias. 

705 — Las mismas precauciones deben tomarse cuan- 
do el hijo tiene algún empleo ó ejerce oficio, pro- 
fesión ó industria, aunque sea menor de diez y seis 
años. Debe suponerse entonces en el joven una edu- 
cación esmerada, ó un talento 6 habilidad precoz, y 
merece consideración especial por esta circunstancia 
y por la de que el arresto puede desprestigiarlo y ha- 



336 

corle perder su colocación ó su crédito, perjudicándo- 
lo gravemente en su porvenir. En el caso de que el 
padre esté ligado con el vínculo de un matrimonio 
nuevo, del que no procede el hijo cuya detención 
quiere, los móviles que á esto lo indujeran, podrían 
provenir de sugestiones nacidas de la mala voluntad 
de la madrastra, y por eso, la ley no supone en él 
la misma ternura en sus sentimientos ni la misma 
imparcialidad en sus actos, y en consecuencia, quie- 
re igualmente causa calificada por el Jefe Político. 
El nuevo matrimonio debe existir actualmente; no 
bastando que haya sido contraído, si ya se disolvió. 

706 — El objeto de la ley es dar al padre medi 
de corrección proporcionados á Ja edad del hijo, sin 
que éste reciba daño irreparable por esa corrección 
doméstica, y con ese motivo declara también que el 
padre puede, á su arbitrio, hacer cesar en cualquier 
tiempo, la detención (2.* 289 C). Esta facultad 
funda en que no se trata de un verdadero delito que 
tenga el carácter de público, en cuyo casóla auto 
ridad pública interviene y tiene que intervenir de 
pleno derecho, sino de indisciplina y faltas domésti- 
cas: no es la sociedad sino el padre quien castiga, y 
aun tratándose de verdaderos delitos, cuando son 
de los que se llaman privados, el perdón del ofen 
dido extingue la acción penal y hasta la pena mis 
ma (5.° 84 C. Pen.). 

707 — El derecho de .pie se ha hablado vque atri- 
buye la ley al padre, puede ejercitarlo también, ; 

muerte, ausencia ó inhabilidad suya, la madreó cual 
quiera otra persona á quien corresponda el cuidado 
personal del hijo; pero con la condición de que I 
no sea mayor de diez y seis años, ni esté habilitado 



336 

de edad i 290 C), porque para usar de facultad tan 
delicada, la ley no tiene en ninguno la confianza 
que en el padre. 

708 — Hay que notar aquí, que para cortar un 
abuso que en otras épocas fué muy frecuente, y fi- 
jar el límite natural de la patria potestad, en una 
materia en que la gravedad y trascendencia del ac- 
to exige que todo dependa del libre conocimiento, 
la ley declara que en ningún caso podrán los padres 
obligar al hijo ó hija á contraer matrimonio contra 
la voluntad de éstos (291 C). Los hijos necesitan 
del consentimiento paterno si son menores de edad: 
pero son cosas muy diversas someter á su aproba- 
ción la elección délos hijos, ó imponerá éstos la é- 
lección de los padres, determinada por móviles de in- 
terés, 6 por consideraciones poro aparentes para for- 
mar un matrimonio feliz. 



II. 



• i— Es también un derecho que emana de la pa- 
tria potestad, que los padrea se WpfoTiécken de los 

servicio* <1i' 8Us Itijos (287 C). Esto, como efecto de 
la autoridad natural y legítima que en ellos ejer- 
cen, y por ser muy justo y racional qtu» los hijos 
ayuden i mus padres en lo que puedan, en compen- 
sación de los desvelos, cuidados, fatigas y atenciones 
constantes de que son objeto por parte de ellos. 



:ya: 



III. 



710 — Mantener á los hijos , n su podt r y r> 
los del lugar donde estuvieren, es igualmente o 
derecho, y íi la vez, un;t obligación de la patria po 
testad (3.° 287 C). Los padres tienen que educará 
sus hijos, y ¡tara eso es indispensable qu< \i 

vana su lado, ó á cargo de la persona ó en el estable- 
cimiento que ellos designen. De aquí la facultad que 
tienen de recogerlos del lugar donde estuvieren, i 
giendo, si es necesario para hacer valer .-vi,, fi otro 
de los derechos que les asisten, el auxilio de cualquie- 
ra autoridad, para hacerlos reales y eíectivi 
287 C). De otra suerte, el hijo díscolo y de mal ca 
rácter, se podría burlar impunemente de I"-- manda 
tos del padre. Eso no obsta á que, cuando se trate 
de contraer matrimonio, ó haya malos tratamientos 
de parte del (pie ejerce la patria potestad, puedan 
los hijos salir de la casa paterna, decretándose por la 
autoridad judicial respectiva, el depósito de la i 
sona <::. v 1. 1748 y 1772 á 1799 C. P 



!\ . 



711- Otro derecho que resulta déla patria p< 

tad es el de a <l m i n ¡sffttí IOS bien 

mientras ella dun M uno en 

sn persona, también en lo relativo .i sus bienes, ne 

I'OV. i. 



:{38 

cesita de dirección el menor de edad, porque cor- 
rerían éstos gravísimo riesgo de perderse, ó por lo 
menos, de disminuirse notablemente, si se dejaran á 
la administración irreflexiva y quizá desatinada del 
menor. Se supone con razón, que nadie mejor que 
los padres x jue( ^ e ejercer esa administración, poi- 
que en ninguno puede suponerse mas discreta vigi- 
lancia ni mas vivo interés por el aumento de la for- 
tuna del menor, como que casi todas las legislacio- 
nes siguiendo á la romana, hacen servir al padre de 
familia como tipo del buen administrador (Pache- 
co). Esa administración comprende los bienes, de 
cualquier clase que sean, que pertenezcan al hijo. 
Por faltar ésta última circunstancia, no se extenderá 
á los que el hijo maneje por razón de empleo ó cargo 
público que desempeñe, pues que tampoco la pa- 
tria potestad ni ninguno de sus derechos, se ejercen 
en los empleados públicos menores, en los actos re- 
lativos ásu empleo ó cargo, por ser considerados ma- 
yores en todo lo concerniente á sus empleos (294 C). 
Si así no fuera, se daría al padre una ingerencia in- 
debida en actos en que no puede admitirse otra de- 
pendencia que la que establezca la ley respectiva; y 
en el hecho de considerarse capaz al menor para de- 
sempeñar el empleo público que se le confiere, no 
puede dejarse subsistente acerca de él, la dirección 
y efectos de la patria potestad. 

712— Por mas que la ley suponga que será pru- 
dente y benéfica para el hijo la administración del 
padre, ha debido prever toda eventualidad, y poner 
á cubierto los intereses del menor. Así, los bienes 
inmuebles del hijo sujetos á la administración del 
padre, si no estuvieren inscritos en nombre de aquel, 



deberán inscribirse en ese concepto; y por loa bien 
que no sean inmuebles, el padre tiene que ot< 
favor del hijo hipoteca especial (2<>o6 C). 

713 — En virtud de corresponderá] padre la i 
s entacion, administración y defensa de los interef 
del hijo, puede ejecutar todos lo - queseando 

pura administración. No podrá, por no estima] 
les, hacer donación de ninguna parte de loa biei 
del hijo, ni enagenarlos ó hipotecarlos, tií darlos en 
arriendo por seis anos, ni aceptar ó repudiar heren- 
cia deferida al hijo, sino en la forma y con las limi- 
taciones que, según se verá adelante, hay estábil 
das para los tutores (3 5 C. y 92 y 118 I 

Ref. núm. 272). 

714 — Sin necesidad de intervenir 
hijos toman posesión por medio de su padre 6 ma 
(1.° 528 C): entre . Lientos y de 

puede comenzar á correr la prescripción duranto 
patria potestad, respecto : ¡ los bienes aquel 
gundos tengan derecho conforme ;í la ley (1.* 
Dec. de ttef. núm. 272 ; y el padre y la madre 
tan obligados, lo mismo que los hijos, por los | 
juicios que éstos causen mientras se hallen bajo 
patria potestad, y constituyan casi delitos (fr. S 
2277 (' 

715 — Él hijo menor de edad no puede ser d. man- 
dante ai demandado personalmente: p< 
ce su padre; pero bí se hubiere litigado sin inl 

CÍ011 de él, será válido el juicio en cuan: 

vorable (99, Inc. 1" L01 y L03 »'. '•' Cuando 
hijo menor tenga que comparecer en j¡. imo de- 

mandado ó como demandante, - 
perjuicio de no promover y el padre i 



340 

re, sin fondada esperanza de su próxima vuelta, ó 
Ignorare su paradero, ó se negare el padre á repre- 
sentarlo, el Juez puede habilitar al hijo pora conr 

parecer en juicio, proveyéndole de un tutor especí- 
fioo (1704. 1796. 1797 C. Pr.). También se le provee- 
rá de tutor cuando tenga que litigar con su padre, 
pero entonces no necesita de habilitación (2.° 1795 
C. Pr 

716 — Se necesita el consentimiento de los padres, 
para que el hijo que está bajo la patria potestad, sea 
adoptado (5,° 269 C), y para que pueda contraer ma- 
trimonio (124 C); pero el hijo puede ser demandado 
criminalmente, sin que sea forzosa la autorización del 
padre, para que comparezca enjuicio: puede testar li- 
bremente con tal de que sea mayor de catorce años (1.° 
795 C, i: y siendo mayor de diez y ocho años, puede 
donar, y con mayor razón, enagenar á título onero- 
so, los bienes que le pertenecen en propiedad y usu- 
fructo, porque respecto de ellos debe ser conside- 
rado como mayor, atendido el origen de la adquisi- 
ción (710 C. . 

717— A fin de no omitir ninguna garantía en la ad- 
ministración de los bienes del hijo, además de la ins- 
cripción ó hipoteca á favor de éste, la ley previene 
que si el que ejerce la patria potestad los dilapida) 

i privado de la administración y del derecho á los 
frutos (296 C). La ley, ;:nnque no estima de la mis- 
ma importancia ej cuidado de la persona que la ad- 
ministración de los bienes, porque el hombre vale 
mas que su tesoro, no quiere qne ésta sea mala y 
perjudicial; y por eso, al padre que es dilapilador, 
no lo castiga mas que con la pérdida de la admi- 
nistración y del derecho á los frutos, debiendo en 



:ui 



consecuencia, quedar los hijos en poder del padre 
no hay otro motivo bastante para quitárselos, [ 
que hasta entonces, la conducta Bolo es vituperable 
en cuanto al manejo de los bienes (Pacheco.) 



V. 



718— Finalmente, es derecho déla patria potesi 
que el que la ejerce se haga dueño, micnfrí 'Ju- 

ra, délos frutos de los bienes de sus hijos, en los 
que le dala ley la administración, excepta 
los de aquello* que adquiere el hijo por su tráb 
profesión <> industria, ejercidos con conseniimi 
to desús padres, yloqui 
empleo ó cargo publico (6.°2S7 C 

719 — Los bienes que pertenecen al hijo separad 
mente de los padres, constituyen lo que se llama 
peculio de aquel: en ningún caso tiene la propiedad 
de él el padre, como sucedia untes con el peculio lla- 
mado 1 profectido, procedente de Lo que el hijo ad 
quiere con bienes del padre, ó con ocasión de ellos: 
en todo caso, tiene el padre la administración, l<> <i ut 
no sucedia antes respecto del que se llamaba < 
trense y del cuasi castrense; \ generalmente, el pa 
dre tiene el usufructo, salvo respecto de los bi< i 
antes mencionados, que pudieran calificarse de peculio 
profesional ó industrial. 

720— La razón del establecimiento d usufrí 

to está en la compensación que debe buscarse al ■ 
dre por los trabajos de administración de Los biene 



•64-2 

del lujo, y j)or los gastos que tiene que impender 
en los alimentos y educación délos hijos y en el sos- 
tenimiento de la familia. Por la legislación anterior, 
el padre no tenia el usufructo sobre los bienes cas- 
trenses 6 cuasi castrenses, adquiridos por el servicio 
militar, ó por servicios civiles; pero sien \ob profecti- 
cios, en los que al hijo solo se daba la administración, 
y también en los adventicios, en los que se compren- 
día todo lo adquirido por el hijo por su trabajo, ar- 
udustria ó fortuna, y por donación, herencia ó le- 
gado. EJ Código ha extendido la disposición relati- 
va á bienes en que el padre no tiene usufructo, al de- 
clarar que tampoco lo hay, .obre lo que el hijo ad- 
quiere por su trabajo, profesión ó industria qne for- 
ma parte de lo que era el peculio adventicio. La 
prescripción del Código es ciertamente mas racional 
y equitativa, porque exonerando el hijo al padre, me- 
diante ese trabajo profesión ó industria, en todo ó 
en gran parte, del cuidado de él 7 del deber de ali- 
mentarlo y hacer gastos en su educación (241 y 242 
C), debe tener la facultad de emplear en ési os ob- 
jetos, los productos de su trabajo ó industria, mu- 
cho mas cuando no ha de faltarle la vigilancia y 
dirección de los padres, para que haga buen uso de e- 
llos. Recomienda asimismo esa prescripción, la cir- 
cunstancia de ser muy provechoso crear alicientes al 
hijo para que se dedique desde joven al trabajo y 
á la adquisición de una industria ú oficio, y lo con- 
veniente que es recompensar de algún modo, su ha- 
bilidad y empeño (Pacheco). 

721 — Como ha podido observarse, para que el pa- 
ño tenga el usufructo en lo que adquiere el hi- 
jo por su trabajo, profesión ó industria, requiere la 



348 

ley que sean ejercidos con el consentimiento de 
aquel, de donde se dednce que. siéndolo bíd él, 
goza del usufructo de lo adquirido por cualquiera 
de esos modos. La razón que se da para el estable- 
cimiento de esa condición es, que teniendo el padre 
la obligación de responder ]ior los perjuicios que can- 
een los hijos que tiene bajo su potestad (frac, 
art. 2277 C), debe concedérsele .1 derecho <1«' pi 
tar ó negar su consentimiento, para <■! ejercicio <l«'l 
trabajo, profesión ó industria de donde el daño pu- 
diera venir; pues si bien esa responsabilidad <xí->t«- 
aunque se ejerzan sin el consentimiento paterno, no 
debe pesar del mismo modo pobre el * 1 1 1 « " fué consul- 
tado por su hijo, y sobre aquel cuyo hijo no pidió 
autorización. Hueste último caso, al desacato come- 
tido por el hijo que. obligado a respetará sus pa- 
dres, debe obtener el consentimiento de ellos para 
la industria, profesión á. oficio ;¡ que se dedique, 
añadiría la carga de responder, por los daños «i 1 "' 
causara; así es que, como pena que se impone al hi- 
jo y para que el padre tenga cod qué responder pol- 
los perjuicios que erogue aquel, Be deja al padre el 
usufructo. 

722 — Sin embargo de estas observaciones, algunos 
como Pacheco en su Derecho civil, califican esa con. 
dicion de inútil é injusta y perniciosa. Inútil, si loa 
padres, comoes de suponerse, tienen Biempre vivo 
interés en que sus hijos se dediquen ;¡ alguna indus- 
tria ú oficio que les sea provechoso, debiendo asi | 
sumirse que existe su consentimiento, injusta y | 
niciosa, si los padres, desconociendo su conveniencia 
y la del hijo, niegan su consentimiento; y si él, apa 
sar de la oposición de >ih padres que prefieren que 



:?44 

permanezca ocioso, vinas cuerdo y prudente que e- 
líos, se dedica á un trabajo útil. 

723 — El usufructo que tiene el padre en los bienes 
del hijo, se llama usufructo legal por constituirse 
por ministerio de la ley; y le impone generalmente 
¡as mismas obligaciones que á los otros usufructua- 
rios. Debe pues, el padre, hacer inventario de los bie- 
nes, tasándose los muebles y haciéndose constar el 
estado de los inmuebles; pero está dispensado de 
prestar lianza r»orque la ley descansa mucho en su ca- 
lidad de padre, como garantía de buena administra- 
ción, y no sería propio exigirsela (1340 C). 

724 — Puede el padre perder el usufructo, lo mismo 
que se ha dicho de la administración, cuando dilapi- 
da los bienes de los hijos (890 0.). 



PAKRAFO SEGUNDO. 



MODOS DE ACABARSE J.A PATRIA POTESTAD. 



1. 



726— La patria potestad se acabador muerte del que 

la ejerce, no habiendo persona en quien deba recaer 
(292 inc.° 1.° C.j, es decir, por muerte del padre, y de 
la madre que la ejerce en defecto de él. Esto no signifi- 
ca que el hijo, siendo menor de edad, quede ya entera- 
mente libre, sino que inmediatamente debe Bei pro- 



346 

visto de tutor legítimo ó judicial, en Taita de testa- 
mentario, que cuide de su persona y bienes; pero la 
tutela no tiene toda la extensien de den 
der paterno porque son de tal naturaleza algunoc 
ellos, que solo á los padres pueden confiarse, y 
pueden delegarse ni trasmitirse á otros. Inútil pare- 
ce decir, y por esto sin duda no lo expresa la i 
que también acaba la potestad patria por muerte del 
hijo, pues no hay entonces sujeto en quien ejercerla. 



11. 



726 — Se acaba, también, la patria potestad /'"/' <- 
mancipación voluntaria que el padre haga del hijo, 
porque ese es el fin y el objeto inmediato del acto 
(3.° 292 C.)- De (día se tratará de ana manera es] 
cial en el título siguiente, guardando al orden del 
Código. 

III. 



727 — Concluye igualmente ¡mr matrimonio <ltl //(/<> 
(4.° 292 C). El matrimonio constituye, pues, ani 

mancipación legal, porque el hijo (pie se casa, j, ol- 
ese mismo hecho y por ministerio «le la ley, queda 

libre del poder paterno. El matrimonio hace indis 
pensable, pana la dirección de la persona é interósea 
déla muger y délos hijos, cierta independencia in- 
conciliable con la sujeción de los hijos a todas 
obligaciones (pie Impone la patria potestad. Si es la 



346 

mujer la que se casa, aunque ella sea menor, ya la 
patria potestad no tiene razón, tanto por el motivo 
indicado, cuanto porque el marido es tutor nato de 
su muger menor 419 C. ). Si el que se casa es el hijo 
y es él menor, aunque la patria potestad termina, 
queda sujeto á tutela y su tutor administra los bienes 
de él y los de su muger (419 C). No obstante que la 
tutela tiene para el hijo menor mas restricciones que 
la patria potestad, la razón que hay para que ésta 
concluya, se aviene poco con. la continuación del hijo 
en tutela y con que no pueda él administrar sus pro- 
pios bienes ni los de su muger, pero así era por el Có- 
digo. Cuando ya se ha permitido al hijo que con- 
traiga matrimonio, previo el consentimiento de sus 
padres, hay que suponer en él la madurez necesa- 
ria para manejar los intereses de la familia deque 
va á ser jefe, para cumplir sus nuevas obligaciones: 
por esto, no dejaba de ser extraño que el jefe de esa 
sociedad continuara en tutela, y con tal motivo, el art. 
96 del Dec. de Reformas núm. 272 declaró: que los 
varones casados que hubiesen cumplido diez y ocho 
años, se tendrán como habilitados de edad por minis- 
terio de la ley. de suerte que ya no están sujetos á 

tutela. 

728— Para que el matrimonio produzca el eí'ecío ci- 
vil de emancipar de la patria potestad* debe celebra». 
se conforme alas leyes civiles y pon las formalidades 
que ellas establecen, porque es el único que el de- 
recho reconoce: y una vez obtenida la emancipación, 
debe entenderse que los hijos no vuelven á recaer en 
la patria potestad aunque enviuden, porque para e- 
11o se necesitaría una resolución expresa de la ley 
que así lo declarara. 



347 



[V. 



729 — Acaba además la patria potestad i><>r cumplir 
los hijos veintiún años de edad (292 Lnc.' 5.° C. ), de 
suerte que por la mayoría se produce también una 
emancipación legal. El motivo de esta alteración im- 
portante de las leyes antiguas, lo explica el decreto de 
19 de Dicimbre de 1871 en que aparece consignada 
porprimera vez entre nosotros, esa disposición que 
se reprodujo en el Código. Es que no pn 
la prolongación ilimitada de la patria potestad 
efectos sobre los hijos mayores á quienes qo asistie- 
ran otras causas para salir de atado de familia, 
incompatible respecto de ellos con la autonomía del 
individuo y con el fin filosófico de dicha potestad, que 
no es el provecho de los padres sino la utilidad de 
los hijos, cuya educación debe d por concluida 
al llegar á la mayor edad. 

730 — Se exceptúa de esta disposición, el caso di- 
que los hijos que cumplen veintiún años, sean in- 
capaces por locura 6 fatuidad (42 j porque 
falta entonces razón para tenerlos por emanci 
v por el contrario, no podiendo dn . ni 
conocer sus derechos, ui manejar sus i n t . 
ría injusto ó Inhumano abandonar] 
retirarles la protección y cuidados de los padres. s¡ 
laincapacidad sobreviene, ya cumplida la na Lad 
y cuando lian entrado en posesión de mis dered 
vuelve á existir la patria potestad ya que se lea 

puta menores; y no se les sujeta a tutela Mito mi, 



348 

tos los padrea (42 C. ). Si cuando ocurre la incapaci- 
dad después de la mayoría, el hijo está casado, su 
cónyuge puede ser su guardador judicial (430 O.). 
Acaba así mismo la patria potestad del padre natu- 
ral, por la adopción, puejs por ésta, es el padre adop- 
tante el que la adquiere (280 C); pero muerto el a- 
doptante, vuelve el hijo menor de edad á la potestad 
de sus padres naturales (281 C. I. 



Y. 



731 — Por último, hay otras causas que hacen que 
se acabe la potestad patria, 6 mas propiamente, que 
los padres la pierdan, cuando median ciertos hechos 
ejecutados por ellos que, á los ojos de la ley, los vuel- 
ven indignos de ejercer la autoridad y facultades que 
la naturaleza y el derecho, les confieren. Esas cau- 
sas son las siguientes: 

1. c —Haber expuesto al hijo (2. ° 202 V. ). Expo- 
niéndolos, se han manifestado desconocidos de todos 
los deberes que la naturaleza y la ley imponen á los 
padres: no .se puede confiar en que abriguen por el 
hijo sentimientos] de amor ni que tengan interés por 
su suerte, y por lo mismo, no puede dejárseles una 
patria, potestad que DO merecen y que han recha- 
zado. 

2. ° — Prostituir ó tratar de prostituir á la hija 
(1. ° 205 C), en cuya causal debe entenderse com- 
prendido desde luego, al padre estuprador de su hi- 
ja, porque nada puede esperarse del que falta escan- 
dalosamente á sus deberes, labrando la desgracia de 



349 

aquella cuya honra tiene que defender ;í toda coste. 
La ley no tenia ninguna expresión que indicara que 

fuera extensiva la pérdida á los otros hijos que pue- 
da tener el padre, de modo que la pérdida Be con- 
traía á la potestad sobre la hija ó hijas, á quienes 
se prostituyó ó trató de prostituir; pero el art. 01 del 
Dec. de Ref. núm. 272 expresó que se pierde n 
pecto de todos, porque respecto de todos hay moti- 
vo igualmente fundado de temor y de peligro. 

3.° — Tratar con crueldad á los hijos de >/■ 
tro sexo (2.° 91 Dec. de Ref. núm. 272'. La natu- 
raleza y las leyes hacendé los padres los profc 
desús hijos, nó sus verdugos; y no pueden autorizar 
la continuación de un poder tiránico. Queda ;í la 
prudencia judicial la calificación de la crueldad del 
padre, y óomo antes se advirtió respecto de la pi 
titucion, la potestad que se pierde, eslaquesetii 
en todos los hijos, aun en los qne no'han sido trata 
cotí crueldad. 

4.° — Ser condenados los padi 
gal/mente produzcan la pérdida á\ 
tad conforme al Código Pem 01 Dec. citad 

Esta pérdida es entonces una parte déla pena, en en 
yo cumplimiento está interesada la - d; y la Ley 

no pnede tener ya confianza, para la dirección de la 
familia, en el padre (pie lia cometido crímenes de la 
gravedad que supone La severidad de las penas de 
tadas. La patria potestad es uno de los derechos 
familia como lo son, según la fr; Leí art. 31 del 

Código Penal, los de la autoridad marital, adunáis 

traoion de bienes y Libre disposición de 

to entre vivos; y su perdida es accesoria de la pena 
de muerte, cuando ésta noseejeonta por indulto del 



35o 

reo, y de las de presidio con calidad de retención y 
prisión ordinaria (35, 3fí, 37 C. Pcn. i. 



TITITJX) DECIMOSETIMO. 



DE LA EMANCIPACIÓN \ OLUNTARIA. 



732 — Uno de los modos de acabarse la patria potes- 
tad es, segnn ya se ha dicho, la emancipación que en 
general, es el acto por él que él hijo sale de la patria 
potestad. Esta emancipación se verifica unas veces 
por ministerio de la ley, y por eso se llama lega 7, co- 
mo cuando el hijo contrae matrimonio 6 llega á la 
mayor edad: otras veces procede, de causas que ha- 
cen que se pierda la patria potestad en pena de algu- 
nos hechos de los que la ejercen, y á esa pérdida 
denominan algunos emancipación forzosa; y por úl- 
timo, tiene lugar en Oíros casos, })or la sola voluntad 
délos padres, y es la que se llama voluntaria, y de 
la cual vá á tratarse. 

733 — En el último concepto expresado, la emanci- 
pación es la dimisión, renuncia ó abdicación de i" 
patria potestad que se tiene sobre los hijos (298 C). 
La. facultad de emancipar es atributo de la patria po- 
testad; y por tanto, corresponde á los que la ejercen 
sobre el menor, es decir, al padre; y en su defecto, á 
la madre (299 C.) Mientras subsiste el matrimonio, 
basta con que la haga el padre, porque éste es el que 
actualmente tiene la plenitud del ejercicio de los de- 
rechos de la patria potestad; pero muerto el padre; 



351 

sin haber emancipado al hijo «'. por Incapacidad Ba- 
ya, por demencia legalmente declarada, 6 por otro 
impedimento semejante, es á la madre á quien : 
hacer la emancipación. Efecto ésta de la potestad 
patria, pueden hacerla también lamadle ilegítim 
el padre ilegítimo reconocido; y por idéntica razón 
en contrario, no podían hacerla los padres que ; 
algún motivo hayan perdido la patria potestad, cuino 
que uno délos actos mas trascendentales de éf 
la renuncia ó desprendimiento (píese hace de la mis- 
ma, y carecería de explicación la dimisión de ana 
potestad que ya no se tiene, 

734 — La emancipación es enteramente facultativa 
de parte de los padres Presumiéndose (pie ellos tie- 
nen perfecto conocimiento de la capacidad y circuns- 
tancias del hijo, la ley i su voluntad de eman- 
ciparlo por las ventajas que estimen que puedan re 
snltar para el menor y para ellos mismos; pero al 
mismo tiempo, declara que, en ningún caso, pueden 
ser obligados á emanoipar(300C.) E entiende 
desde luego, en Los casos en que no media causal «pie 

produzca como castigo la pérdida déla patria po 

tad, ó un hecho al que por su naturaleza vaya an< 

su término, como sucede con el matrimonio y con la 
mayoría. Así pues, ya no puede ten.".- lugar hoy • 
de las leyes españolas que obligaban al padi 
mancipar al hijo «Miando habia aceptado un legado 
con esa condición, y «liándose hacia al hijo un:¡ 
nación, 6 se le dejaba una herencia ó legado tí con 
dicion de «pie Fuera emancipado. • 

o>;> - Para que tenga lugar la emancipación, no bt 
ta la voluntad delque tiene el poder patrio, sino que 

es indispensable lain.den que el menor lia\a cuín 



352 

plido diez y ocho años y que preste su consentimien- 
to (93 Dec. de Ref. niuii. 272.). Se requiere el consen- 
timiento, porque la emancipación no es para perju- 
dicar los intereses del menor, sino mas bien para fa- 
vorecerlo, y contra su voluntad no puede hacerse 
cesar ese poder de protección, fundado en la natu- 
raleza y consagrado por la ley civil. Se requiere que 
sea mayor de diez y ocho años, porque es preciso 
i; ii»' se halle en estado de atenderse por sí y de dis- 
cernir lo que le sea conveniente, es decir, que tenga 
ya una edad en que se deba suponer suficientemente 
desarrollado su juicio, y porque no parece conforme 
á la razón ni á la moral que el padre se descargue 
de sus obligaciones en la época en que mas necesita 
el hijo de su dirección y cuidados. 

736 — Un decreto de 3 de Setiembre de 1861 dispo- 
nía que la emancipación se hiciera ante el Presiden- 
te de la República; pero hoy debe hacerse ante el 
Juez de 1. * Instancia del domicilio (304 C. 315 Dec. 
de Ref. núm. 273), quien podrá autorizarla mandan- 
do que se otorgúela escritura correspondiente (1741 
C. pr.); y debe exigir, además de la comprobación de 
la edad y consentimiento del menor, la de que éste 
es capaz de proveer por sí á su subsistencia, averi- 
guando también si en poder del padre existen 6 nó, 
bienes pertenecientes al menor (1739 C. pr.). Se otorga 
escritura pública para que conste fehacientemente un 
acto que modifica el estado civil del hijo; y se ha- 
ce ante el Juez, tanto por loque importa á terceros la 
publicidad de ese acto, cuanto porque debe haber co- 
nocimiento de causa de los móviles y circunstancias 
de la emancipación. La obligación que tiene ese fun- 
cionario de averiguar los extremos antes puntuali- 



3613 

zados, demuestra que su papel no se limita ú dar íé 
del acto sino que puede otorgar 6 denegar bu autori 
zacion. 

737 — El efecto de la emancipación es que eJ hijo 
sale de la patria potestad (302 C). Consecuencia na 
tural es que adquiera el usufructo que en sus bienes 
tenia el padre 6 madre; mas la ley lo declara expre 
sámente porque al disponerlo, se aparta de la dispo 
sicion de las leyes anteriores, que en el caso de e- 
mancipacion voluntaria, dejaban al padre solo lamí 
tad del usufructo de los bienes del hijo, porque 
metido éste, durante toda su vida, á la patria pol 
tad, no se veia en la emancipación mas qne ana gra 
cía del padre. 

738 — No obstante que el hijo emancipado Bale de 
la patria potestad, la ley establecía que quedaba ba- 
jo tutela. Llamaba la atención el articulo que asi 1" 
disponía (303 C), porque según él, solo Be cambial» 
persona < iu»' tiene la guarda del menor, 6 el nombre 
de ella, y parece disonante, cuando no contradicto 
rio, emancipar y sujetar á tutela. La emancipación 
debe suponer que el hijo puede Bubsistir y manejar 
se por sí: que hay en él precocidad de desarrollo j 
suficiente cordura que justifica la emancipación, j 
entonces nose explica por qué continua la tutela. 
Mas bien debia establecerse que el emancipado es 
suijuri8, ó suprimirse la emancipación (Goyena), la 
cual debe equipararse por Lo menos, á la habilitación 

de edad, es decir, dejar solamente restricciones p;i 

ra algunos actos, como intervención judicial para ena 
genacionde bienes raices, pero.no quitar por cojapl< 
to la administnicion. 1>-- otro modo, bastaba esta 
blecer, en lugar de la emancipación, el derecho del 

loM. I. 



3M 

padre de ceder al hijo el usufructo de sus bienes, sin 
que cesara su potestad. Por estos motivos, el articulo 
ü4 del Dec. dé Ref. núm. 27:2 sustituyó el artículo ci- 
tado en los términos siguientes: "El menor emancipa 
do tiene la libre administración de sus bienes, 3 
considera respecto de ellos, bábilitádo dé edad." 

1 — Siguiendo la doctrina de las leyes españolas, 
consignada en varios Códigos modernos, parece que 
una vez hecha por el padre la emancipación volunta- 
ria, debe ser tenida por irrevocable, como lo es la 
emancipación legal que resulta del matrimonio. 



TITULO DÉCIMO OCTAVO. 



DE LA TUTELA. 



PÁRRAFO SEGUNDO. 



TUTELA EN GENERAL. 



740 — Tutela, (de tlteor, cuidar, ver por alguna per- 
sona ó cosa) es el cargo que ejerce alguna persona 
para cuidar de la persona é intereses de un menor. 
Esta institución antiquísima tiene su origen en el 
principio de protección y defensa que toda sociedad 
debe dispensar al que por su orfandad y pocos años 
no puede atenderse por sí mismo. Por ese interés so- 
cial de que aquellos que estañen esa situación no 



V 



366 

queden abandonados, la Ley dá ¿la nuda el rara. 
ter de cargo público, y establece que todos los ciu 
dadanos que no tengan motivo justo de excepción, 
están obligados;! desempeñarlo. 

741 — La gualda del menor se designaba pord< 
cho romano y español con el nombre de tutela, solo 
cuando aquél no había llegados la edad de car 
ños; en esta edad terminaba la tutela y comenzaba la 
cífratela, que también tenia lugarrespecto de losim 
pacitados. Aunque se decía que la tutela se di 
principalmente para el menor, y secundariamente pa 
ralos bienes; y la filíatela al contrario, y se señala 
ban algunas otras diferencias, ninguna de «-Has i 
efectiva 3 esencial, tendiendo por el contrario á pi 

duCÍT confusión. Por este motivo, el CÓdigO sii^: 

mióla cura felá, estableciendo nada masque la tute 

la y la guarda. La tutela, sin distinción, para todo 

menor; la guarda, para los incapacitados y ausentes. 
742— Nuestra ley reconoce cuatro especies detute 
la: la natural, la testamentaria, la legitima y /" 

didal; y vá ;í tratarse de cada una de ellas separa 
mente. 



I'AItlt.U'O SEGUNDO. 



n i i:i. \ N \ I i RAL. 



74;}— Se llama tutela natural la guarda >¡u< 

de sus hijos h>s t/in ejercen < n < U¿9 patria fiad. 

Con ésta, \nu>s. se confunde la tutela natural, y 



/ 



356 

mente, esa guarda de los hijos menores, durante la 
vida del padre y de la madre, no es mas que la pa- 
tria potestad. 

744 — Disuelto el matrimonio por muerte de la mu. 
, no se disminuyen ni modifican los derechos 
del padre sobre la persona y bienes de sus hijos. 
Continúa, pues, el ejercicio, de la patria potestad, á 
la que la madre no puede poner ninguna restricción; 
> en ese concepto, se identifican en el padre la pa- 
tria potestad y la tutela natural. 

74.")— Cuando, durante el matrimonio. Be incapaci- 
ta el padreó se ausenta, la tutela que tiene la madre 
en los hijos menores no emancipados, se ejerce con 
toda la amplitud délos derechosde la patria potes- 
• >.f i' loo, 28Gy 309 C). Así, tampoeohay nada, en eá- 
I ' caso, (pie separe la patria potestad de la tutela 
natura}. 

740 — Mas cuando el matrimonio se disuelve por 
ü inerte del marido, éste puede haber puesto algunas 
restricciones para la administración de la muger, 
ricciones que no llera consigo la patria potes- 
tad, y solo entonces se diferencia deésta la guarda 
déla madre, y es propiamente el caso de la tutela 
natural. 

747 — El padre no puede quitar á tnriunger la tu- 
¡. >la que, después de la muerte de él, leda la ley i n sus 
is; pero puede nombrarle uno ó mas consejeros, 
con quienes deba consulta)' los actos relativos ala 
la (loi Dec de Ref. num.2 n el concepto de 

que si el padre especifica lo> actos ¡ara los cuales ha 
nombrado el consejeroó consejeros, la tntora puede 
ejercer todos los demás sin consulta de aquellos 
i"ni 0. >: y no especificándolo entiende que es" 



357 

para todos. El fundamento de estas presuripcioiiefl 
es que cuando el padre que es el que puede ju>- 
con mas acierto de la capacidad y condiciones de 
su muger, concibe algún recelo acerca deHaaptíl 
del cargo que ella vá desempeñar, ha de dejársele 
gun arbitrio que, sin separar á la madre de la admi 
nistracion, calme sus inquietudes y satisfaga cmnj 
damente los intereses del hijo. 

748— Aunque el Código (310 C.) daba á las pe 
ñas designadas por el padre, el nombre de consejen 
en realidad no eran simplemente tal< decir, i 

no bastaba llenar la formalidad de oonsultarL 
facultad de apartarse de su roto. Seles daba 
cimiento ó intervención; y s¡ éstos habían de - 
car algo, y do ser una ritualidad sin objeto, debiafl i 
tenderse que era indispensable sa consentimient* 
que si no se les consultaba, ó consultad om i 

lo contrario, do era válido el acto. De ese mo 
saltaba que el padre podía indirectamente quitai 
sus facultades ala madre; lo cual significaba q 
la tutela natural, que según se ha dicho, sol<. ti 
lugar como diferente de la patria potestad, á la muí 
te del marido, estaba sujeta ;¡ tales restricciones que 
ciertamente do se conciliaban con la concesión gi 
neral de potestad patria hecha á lasmadn e« 

tas restricciones á «pie tal tutela está sujeta, 
cuales no lo está el poder patrio, era que miénl 

éste no es de libre ;iceplac¡oii, d-' aquella pod¡:i 

madre excusarse, porque no estaba obligada á 
tarla do queriendo, Bino solo á cumplir las obli 
ciones anexas á ese caigo hasta que se nombrara 
tro tutor (313 C.^ En virtud de estas consideración 
el Pee de 1 í » ■ t'. suprimió 1 102). «•! arl ¡culo ultin 



368 

e citado, y refoimó (101) él 810, diciendo: qué el pa- 
dre podrá nombrar á le madre sobreviviente y tu- 

tora, uno ó mas Consejeros con quienes deba consul- 
tar los actos relativos á látatela. Cumple pues, con- 
saltándolos; pero no tiene obligaeion de seguir siem- 

■ su opinión. 

749 — El padre solo tendrá derecho de hacer el nom- 
bramiento de consejeros, cuando no haya perdido 
la patria potestad, y eso para los actos relativos á 
la tutela, como la administración de bienes, y nó 
para los que, por otro principio, requieren el consenti- 
miento de la madre, como la licencia para contraer 
matrimonio. Si mueren los consejeros nombrados, ó 
no aceptan, no podrá el Juez designar otros en lugar 
defllos, porqué la ley no le <lá esa facultad, y por e] 
contrario, debe estimarse como un derecho exclusivo 
y persoualísimo del padre. 

760 — El nombramiento de consejeros debe hacerse 
constar en acto de última voluntad, en declaración 
hecha ante el Juez del. 55 Instancia acompañado de 
un Escribano, ó en instrumento público (312 C). 

T.*>1 — Los intereses del hijo establecen otra restric- 
ción para la tutela ejercida por la madre, cuando és- 
■ i quiere contraer segundo matrimonio. Aun sin es- 
tablecer, de un modo general, una presunción desfa- 
vorable á las segundas nupcias, la viuda que se casa, 
, ; diferencia del viudo que entra á ser jefe, pasa á 
formar parte dennanueva sociedad en la que el hom- 
i re es cabeza fie ella, es extraño para sus hijos, y á 
quien ella debe respeto y obediencia. Si este hecho 
•> alcanza por siseólo, para (pie la madre pierda en 
todo caso, la tutela de sus hijos de un primer matri- 
monio, debe sei' bastante por lo menos, i-ara que, 



359 

antes de contraer el otro, tenga que preséntame a] 

Juez del." Instancia del domicilio, para qu< 
con conocimiento de canea, decida si debe p nó con 
servar* la tutela i.:$14 (.'.;. Acerca de este panto, la 
no detalla otras circnnatancias: según un decreto de 
3de Setiembre de 1801, la facultad dada por el I 
digo á los Jueces del domicilio, correspondía al Pre- 
sidente de la República, y en el artículo 0. : del Re 
glajnentó que para obtener esagracia se expidió en 
7 de Febrero de 1808, Be exigíala comprobación de 
que la viuda y el hombre con quien iba ú casal 
eran de buenas costumbres y prestaban garantías 
ra la. educación y bienestar de los menores que iban 
á quedar á su cargo. Siguiendo esa disposición, 
davia aplicable en esta parte, se necesitaría in fona- 
ción de testigo^ spbre esoq puntos y sobre elcarácl 
aptitudes y circunstancias del nuevo marido. 

752— La sanción Legal (Je ' ;1 prescripción de .pu- 
se ha hecho mérito, consiste en que si la madre con. 
trae segundo matrimonio sin estar autorizada por el 
Juez, piérdela tutela; y además, su nueyo marido 
es solidariamente responsable de las consecuem 
de la tutela que indebidamente naya administrado 
i:>l.")C.). Consecuencias de La tutela serán twl 
responsabilidades que, provenientes de ella, puedan 
declararse contra La muger, aunque sean de actos an- 
teriores al matrimonio, pues solo cuando todo fué 
legalmente autorizado, es cuando el nuevo marido 
responde únicamente por La administración 

rior. Mas si, á la techa del segundo matrinio: 

viuda ya había perdido La tutela, el nuevo marido 
ninguna responsabilidad (tendrá por las ronsecuen 

cías délos actos de su administración. 



360 

763 — Cuando el Juez determine que la tutela que- 
de á la madre que vá á pasar á segundas nupcias, 
hay ya obligación de garantizar con hipoteca, ó fian- 
za en defecto de aquella (2. ° 350 C), y debe ade- 
más darse necesariamente por contutor de la muger, 
á su nuevo marido, el cual será solidariamente res- 
ponsable con ella, de la administración posterior al 
matrimonio (316 C). Como contutor, esto es, tutor 
con la muger, estará obligado á la hipoteca legal, 
como todos los tutores, y sujeto á todas las res- 
ponsabilidades de éstos; y por lo mismo que solo es 
tutor con la muger, perderá ese carácter por muer- 
te, destitución ó por cualquiera otra cansa que ha- 
ga "esar la tutela de ella, porque desde el momento 
en que ella no sea tutora, él no puede ser contutor. 
La responsabilidad de uno y otro no es por mitad, 
sino solidaría, es decir, que de cualquiera de ellos 
puede reclamarse el todo de su importe. Por último, 
en caso de darse por elJuez la autorización; para é- 
vitar confusión de bienes, debe la viuda, según se 
ha visto en otra parte, inventariar los bienes perte- 
necientes al hijo por cualquier título, so pena de 
perder el derecho de sucederle como heredera (195 y 
196 C). Una vez perdida la tutela de la madre por 
las segundas nupcias, no la recobrará, aiinque vuelva 
á enviudar; y hay que advertir también que la tu- 
tela natural, á diferencia de todas las demás, no ne- 
cesita de discernimiento (343 C). 



361 
PÁRRAFO TERCERO. 

TUTELA TESTAMENTARIA'. 



Tfó£— Tutela testamentaria esta que se cohjl 
tas personas á quienes da la ley ese derecho, a 
formalidades prescritas para el ota uto de 

Jos testamentos (318 C). Por esta última circunstan- 
cia, y también por comenzar después de la muerte • 
qUé la confiere, so llama testamentaria esta tutela; 
pero exigiéndose solamente que se haga en arto que 
tenga las formalidades del testamento, no es iri'i 
pensable qne en él se disponga de los bienes, K 
pecto deella,se hablará de quienes pueden nombrar 
tutor testamentario: ;í quienes; y quienes pueden 
seT tutores testamentarios. 



?.")."> — Kl padre, !<> mismo que la ma Irej en virtud 
de la. potestad qué tienen sobre los hijos, pueden 
nombra i- tutor testamentario; pero como por la ma 
té de la madre continúa la patria potestad del padre» 
y por muerte de éste, tiene tugarla tutela natural de 
la madre, el nombramiento de tutor testamentario lo 
hace única mente el padre 61a madre sobreviviente, aun 
quesea menor de edad (817C.)« '•" concepto, ano 
de los cónyuges tío |>ueil<' nombrar tutor testamentario, 



3,62 

ni áuD para después de la muerte del otro cónyuge 
que lesobrevive, pues debe respetar el derecho que 
.i éste le queda, no solo de ser él el encargado de la 
persona y bienes del hijo, sino también de nombrar, 
para cuando él falte, el tutor testamentario que le 
parezca.. 

756 — El ejercicio de este derecho supone que el pa- 
dre ó madre sobreviviente conservan su potestad ó 
nitela natural, no solo en el acto del nombramiento, 
sino hasta su muerte que es cuando se trasmiten las 
facultades al tutor, En consecuencia, el que la hu- 
biera perdido, 6 por cualquier otro motivo no la e- 
¡e] riera, no podria hacer uso de él, porque para .és- 
to, debe haber sido y ser hasta su muerte, el tutor 
natural. Por la misma razón, la madre que se ha 
vuelto á casar, y que no ha conservado la tutela de 
los hijos de su matrimonio anterior, no puede nom- 
brarles tutor testamentario (319 C). Mas, si hubiere 
sido conservada en la tutela, podrá elegir tutor para 
Los hijos de su primer matrimonio; pero bajo el su- 
puesto de que esta elección, para ser válida, necesi- 
ta de la confirmación del Juez (320 C). Esta limita- 
ción es indispensable para alejar el temor de las su- 
gestiones del marido para el nombramiento de un tutor 
que fuera masen interés de él que de los hijos, pu- 
diéndose llegar hasta nombrarse el mismo marido. 
Por eso, el Juez, antes de confirmar el nombramien- 
to del cargo, puede seguir, de oficio, la indagación con- 
veniente respecto á la moralidad y aptitudes del nom- 
brado, y según lo que resalle, determina en uno ú 
otro sentido (1629 y 1030 C pr.). Algunos estiman 
inútil la disposición de que se hace mérito, porque 
dá derecho á la madre para nombrar tutor, y luego 



lo somete ;i ];i aproharion del Juez, quien habría i 
dido nombrar directamente á aquel ¡i quien confirma, 
pero hay la diferencia deque el testamentario con- 
fírmado, entra con preferencia á los parienHes del pn- 
pilo, mientras qué sidel Juez procediera inmediata- 
mente el nombramiento, no podría recaer en un e 
traño, habiendo personas llamadas á In tutela leg 
rima. 

757 — El padre ilegitimo reconocido y l;i madre ile- 
gitima, también tienen derecho de nombrar tutoi 
mentario, porque tienen patria potestad C); y lo 
mismo los adoptantes respecto de sus hijo- adoptii ■ 
cuando éstos no tengas padres naturales, ;i cu; 
poder vuelvan por muerte del adopta) l 

758 — El extraño no puede nombrar tutor testumen 
tarta para la persona y para la administración de lo- 
bienes de nn menor; pero puede, si lo nombra he 
dero ó legatario, disponer que los bienes que d< 
proceden, se administren por la persona que él de 
signe, y nó por «-1 tutor; y el Jne« pod eder i 

ello, si no resultare eridente perjuicio para <-l me. 
nJor(4ftC.). . 

II. 



7.V.) Puede dar-.- tutor testamentario h los hijo 
ñores de edad, y nó solo ¡i los nacidos, sino tambl 
al que está por nacer, para el caso en qm 
vo (28C). Puede darse aun i los hijos á quiei 
se instituye herederos, porque la ley n 
condición; pero n6 á los emancipador porq 

están fuei"S de la patria potestad. 



364 

1IT. 



760— Puede ser tutor testamentario cualquiera que 
no tenga incapacidad para la tutela, siendo indife- 
rente que sea palíente ó extraño, y debiendo entrar 
el testamentario de preferencia á cualquiera otro, por 
que la ley tiene plena confianza en la elección délos 
padres, que conociendo las necesidades y circunstan- 
cias de sus liijos, y vivamente interesados en su felici- 
dad, designarán las personas mas á propósito. Por esta 
consideración, y en virtud también del principio gene- 
ral de que la]tutela es un cargo público cuya aceptación 
no es libre, la ley consigna con especialidad, aunque 
sea superfino, que el tutor nombrado por el padreó 
por la madre debe forzosamente aceptar, si no tu- 
viere impedimento ó excusa legal (321 C). 

701 — Pueden ser nombrados para la tutela testa- 
inentaria, varios tutores ó uno solo; pero en el primer 
• •aso, como el desempeño simultáneo de todos se o- 
pondria al orden y buena administración, solamente 
ejerce la tutela el primer nombrado; y si éste mu- 
riere, se ausentare, quedare incapacitado ó fuere re- 
movido, lo sustituirán los demás por el orden de su 
nombramiento, por presumirse que en ese orden qui- 
so el testador que administraran (322 C). Si al nom- 
brarlos el testador, hubiera establecido el orden en 
que deben sucederse en el ejercicio de la tutela, ese 
deberá seguirse, por estar entonces expresa su volun- 
tad (3B8 &•). 

7G2— El nombramiento de tutor testamentario pue- 
de hacerse simplemente ó bajo de condición, y cuan» 



365 



do por nombramiento condiciona] ó por cualquier 

otro motivo, faltare el tutor testamentario acciden- 
talmente, el Juez debe proveer de tutor hit- 
menor, prefiriendo al pariente quedi r tiara 
á ejercerla tutela legítima (824 C. 



1WKIÍAF0 CUABTO. 



Tl'TKLA LEGITI.M \. 



'ti),)- La tutela legítima es lu qm . 
iior por el 'pariente Uamadoporla l< ;/. < n de) 
tutor testamentario (325 ('. |. Prefiere é esta tutela la 
testamentaria por las razones que ya ¡int.'s se han 
indicado; pero en defecto de la ultima, la legítima 
tiene lugar, poiypresumirse que ningún otro 
sará masque loa parientes por la suerte del n 
Por ser llamados directamente por la ley al deseni 
peño déla tutela, toma ésta el nombre de legbHm 

704 — Tiene lugar esta tutela en defecto de tutor 
testamentario; y por consiguiente, cuando el i 
la madre no nombraron tutor en mi t- mu- 

rieron abintestado; y también cuando muei In- 

capacita, se excusa 6 «novidoel tntor testara 

taiio. El hecho solo de que el padreó la madre ha 
ya nombrado por tutor, ;í un extraño, no significa una 
absoluta exclusión de los j ariei 



300 

aun faltando él, no sean admitidos ellos, Significa 
solamente/ que en el nombrado tenias mas confianza 

que en cualquiera otro; y la presunción de interés 
y afecto de paite de los parientes, milita del mis- 
mo modo ruando no se nombró tutor testamentario, 
i pie cuando sí fué nombrado pero faltó. 

765 — Tiene lugar también la tutela legítima, aun 
en vida de los padres, ruando ambos lian perdido la 
patria potestad, es decir, en los casos de emancipa- 
ción forzosa (29o C), pues la falta de los padres no 
debe ceder en perjuicio de los hijos, dejándolos a- 
bandonados á sí mismos, sobre todo cuando esa e- 
mancipaeion no es efecto de la capacidad civil del 
hijo, sino consecuencia de lg incapacidad de los padres. 



11. 



760— Los llamados en primer lugar, ó la tutela le- 
gítima, son los ascendientes; y entre éstos. (4 orden 
es que se llama, antes que todos, al abuelo paterno, y 
así subiendo á los demás ascendientes, de modo que 
el ascendiente paterno sea siempre preferido al as- 
cendiente materno en el mismo grado; y los ascen- 
dientes de un grado á los de otro mas remoto (320 C). 
Así, de los bisabuelos, prefiere el paterno; pero en. 
tre el abuelo materno y el bisabuelo. paterno, prefie- 
re aquel por ser de grado mas próximo. 

767 — Solo los varones, como se vé del artículo ci- 
tado, son llamados á la tutela legítima; pero las as- 
cendientes pueden ser nombradas tutoras testamen- 
tarias ó judiciales; y fuera de ellas, lftamngeres, aun 



367 

las hermanas, son incapaces de cualquier tutela (3. c 
340C.). La preferencia déla línea paterna 
cuencia de la organización de la familia; ento 
bisabuelos paternos, se seguiría también la g ion 

de varones y seria tutor 6] padre del padre del D 
ñor; y entre dos maternos, el padre del de la 

madre. 



III. 



768 — Son llamados en segundo lugar, ala tutela le- 
gítima, en falta de ascendientes varón 

1. c Los hermanos varones mayores de edad; 
] (refiriendo los que lo sean por ambas lm< 

2.° Por falta ó incapacidad de los hermanos, los 
tios, hermanos del padre 6 de la madrí Yl i 

769 — Si hubiere varios hermanos de igual vincu- 
lo, 6 varios tios de igual grado, como uno solo de- 
be ser el tutor, el Juez elige entre ellos al que le 
parezca mas apto para el cargí C Prefiere la 

ley el doble vínculo en los normanos por inducir ] 
sanción de mayor afecto, y militando la misma 
zon en los tios, serán preferidos los hermanos ente 
ros del padre ó madre del menor, á los medio h< 
manos. 

PABBAFO QUINTO. 

mi i:i. \ .'i i»i< i \i . 



",7 i— La tutela Judicial es la qiu »' <t J 



368 

Se dá tutor judicial á los menores no emancipados 
que no tienen padres ni tutor testamentario ni legí- 
timo. La dáel Juez del domicilio, con esta diferen- 
cia, que el nombramiento depende exclusivamente 
de él, si se trata del menor que no lia cumplido ca- 
torce años, ó de la menor que no tiene doce; y que si 
ya fueren mayores de esa edad, ellos mismos pue- 
den nombrar el tutor, y el Juez confirma el nom- 
bramiento, si no hubiere justa causa en contrario 
(329 C). El tutor judicial administra como tal, desde 
el dia en que el Juez le discierne el cargo (330 y 
743 C). 

771— Siempre que un varón menor de 14 años, ó u- 
na muger menor de doce, no tuviere tutor, puede 
pedir su nombramiento cualquiera del pueblo; y no 
pidiéndolo, el Jnez lo nombra de oficio, por el inte, 
res público que hay de que no estén desamparados. 
En uno y otro caso, el Juez debe llamar, en primer 
lugar, á los parientes á quienes asiste el derecho de 
tutela legítima; y si el pariente más inmediato no 
reuniere las condiciones necesarias para su desempe- 
ño, puede conferirla al pariente que siga en su "or- 
den; y en su defecto, á otra persona que merezca 
su confianza (1632 y 1633 C. pr.). 

772— Del mismo modo, nombra el Juez tutor ;il 
ausente menor y á sus hijos menores(87, 89, 103 C). 
Tutela judicial es también la especifica de que vá á 
hablarse, solo que se contrae ;í determinados asun- 
tos sin comprenderlos todos. 






369 
PÁRRAFO SEXTO. 

TUTELA ESP] I Í! [CA. 



773— La tutela especifica es la ova 
representar al menor * /, un , > judicial >i ■ 

terminado, por incapacidad del qua 
sentacion general, pero sin administra 
nes; y equivale á la curaduría para pleitos que ha- 
bía antes, aunque sin el carácter general <!■ 
774 — Tiene lugar en los casos siguienl 

1. ° Para decidir si la donación, herencia «'• le- 
gado que se defieren auno que bajo tutela, con 
la precisa condición de que otro que i <'l tul 
administre los bienes en que consiste, deben 6 no 
ceptarse (423 C). 

2.° Enlos pleitos que sesuscil ! tutor 

y el menor, ó cuándo se verse algún incidente en que 
sus respectivos intereses estén encontra ' 

:*. ~ Para el inventario qneel viudo que qui 
volver á casarse, ha deformar de 1 
hijos de un matrimonio anterior, 6 en la información 
de que nolos tiene (59 Dea de li'-f. núm. 

4.° Para disminuir el importe de la garantía que 
de su administración debe prestar el tutor cuando 
no puede darla por la totalidad (110 Dea deBef. cil 

5.° Cuando en juicios hereditarios hubie 
rios menores representados por n 
tiere oposición entre los inl délos meno 

se dará á todos los que lo tengan contrario al 

TOM. I. 



370 

aquel cuya representación conserve el tutor (1054 C). 
0. ° En los mismos juicios, siempre que el tutor 
6 guardador del menor 6 incapacitado tenga interés 
en la herencia; y su intervención se limitará á solo 
aquello en que el tutor general 6 propietario tenga 
incompatibilidad (1334 y 1335 C. pr.). 

7. ° Cuando la muger que es menor tiene que lu- 
dir separación de bienes (1166 C). 

8. ° Cuando se habilite al hijo de familia, menor 
de edad, para comparecer en juicio (1797 C. pr.) 

9. ° Para decidir sobre la conveniencia y utiüdaí l 
de la adopción del que siendo menor de 21 años, no 
tiene padre ni madre (1812 C. pr.). 

10. ° Cuando se ordene el depósito de hijo ó hi- 
ja de familia, pupilo 6 pupila que sean maltratados 
por sus padres, tutores ó guardadores, ú obligados 
por los mismos, á actos reprobados por las leyes (1787, 
1788, 1789C. pr.). 



TITULO DÉCIMO-NOVENO. 

DE LAS PERSONAS INHÁBILES PARA EJER- 
CER LA TUTELA Y DE LAS QUE DEBEN 
SER SEPARADAS DE ELLA. 



776 — El ejercicio de la tutela, aunque remunerado 
de algún modo, es un cargo; y liara evitar que sea 
desechado, la ley declara que todos en general, están 
obligados á aceptarlo; mas no á todos permite ejer- 
cerlo, sino que están impedidos unos por incapaci- 
dad ó indignidad, y hay otros á quienes, por justos 



371 

motivos, se dispensa de la obligación de servir el i 
go. Las causas de impedimento constituyen las in 
capacidades, de suerte 'que, aun cuando <-l incapii 
quiera servir la tu t<-] a, no es admitido. Las de dia 
pensa ó excepción constituyen las excusas. Hay pu 
que ver quienes no pueden ser tuton 

776 — 1. z Por razón <!<• la edad, no pueden los me- 
nores de veintiún años (1. ° 340 C), porque el que 
tá sujeto á tutela y no puede administrar sus l>¡, 
por sí, no puede tenerse como capaz para la admi] 
tracion de los ágenos y para la dirección de otra ] 
sona. Absoluta como es esta disposición, no 
interpretarse en el sentido de que nombrado un me 
ñor, se espere á que cumpla la mayor edad, d< si 
dose entre tanto, un tutor interino; y como no 
la tutela ni por el matrimonio del varón menor <1«- 
diez y ocho años, hasta que no llegue ;¡ esa edad, no 
ejerce por sí en toda su amplitud, los derechos de 
la tutela natural. 

777 — Aun suponiendo (pie un menor fuera habili- 
tado de edad, no podriaser tutor, porque si bien 
puede administrar su patrimonio, »r una • 
cion que no puede llevarse mas allá de su obj 
menos, extenderse á la administración «le la tut< 
que exige aptitudes y responsabilidad 

778—2.° Por razón de incapaci , no 

pueden ser tutores los privados de administn 
bienes (340 inc , es decir, los lo 

(33 C. 4. ° Dea de Ref. nám 
misma expresada acoca de los menon 

770—3. ° Por razón del sí pued< 

tutélalas mugeres, excepto la madre y den 
dientes (3. - 340 C). La madre no solo puede ser sino 



372 

que es. de pleno derecho, tutora de sus hijos, por la 
muerte del marido; y aun puede ser también guarda- 
dora judicial del marido (430 C). En cnanto á los 
otros ascendientes, aunque no tengan la tutela de 
pleno derecho, pueden tenerla testamentaria ó dativa; 
mas si bien pueden desempeñar la tutela las ascen- 
dientes, no por eso están obligadas á aceptarla; es 
facultativo en ellas, así es que el sexo que, en general, 
es motivo de incapacidad, por que alejadas por lo co- 
mún las mugeres de los negocios, poca ó ninguna 
versación tendrían para administrarlos, no es para 
las ascendientes mas que causal de excusa. 

780—4. ° Por razón de oposición de intereses^ no 
se admiten á la tutela aquellos que por si, ó cuyo pa- 
dre 6 madre, tienen con el menor un pleito en que se ha- 
lle comprometida la posición social de éste, su fortuna 
ó una parte considerable de sus bienes (340 ino. 4.°C). 
La razón es clara, pues habría poderoso motivo de des- 
confianza respecto del tutor y de peligro para el menor, 
cuando sus intereses estuvieran encontrados en tan 
importante materia. Se necesita para la incapacidad 
t. °; (]¡ie haya un pleito que comprometa la jwsicion 
social del pupilo, v. g. la disputa sobre su calidad de 
legítimo; ú su fortuna, en todo, 6 en una parte conside- 
rable; y esto excluyelos casos en que la posición ó for- 
tuna comprometidas en el pleito, sean las de los ad_ 
versados del pupilo. Este, entóni o -corre el peH< 
gro que ha tratado de evitarse: sisón las de los pa- 
dres del menor, no existe tampoco la misma razón 
pues la calidad de tutor no obsta al ejercicio de los 
derechos de aquellos. 

781 — Se necesita en segundo Lugar, que en ese plei- 
to, el tutor 6 alguno de sus padres, sea la parte con- 



: 

toaría del menor. No necesita explicación que »-l 
mismo contrario del menor go pueda ser bu tutor. \ 
la ley extiende la incapacidad al hijo del contrario 
en el pleito contra el menor, porque el hijo estima 
siempre como suyos los intereses des<¡s padres. Así 
pues, tratándose por una parte de incapacidad 
decir, motivos excepcionales; observando por otra, 
que entre los casos que pueden imaginarse Enera de 
los términos precisos de la ley, no hay ninguno q 
coloque á las partes, en una posición igual á La «iin- 
ella determina; y fijándose en que si n<> - limita- 

tivamente á ella, habría que ir admitiendo, uno trai 
tro, una serie interminable de casos de incapacidad, lo 
mas conforme á las reglas de interpretación queda <-l 
Código, es que deba estarse literalmente nada masque 
al caso que expresamente consignó la ley. 

5. ° Por r('~o// de falta de moralidad, son exclui- 
dos de la tutela, los que han si'lo condenados á* una 
pena aflictiva (341 C), porque el que ha sido i 
nado por delito que tenga señalada alguna d< 
penas, no dá garantía para el ejercicio de la tutela- 
se consideran penas aflictivas, La de muerte que deje 
de ejecutarse por indulto, el i »n retención, 

la prisión ordinaria, La reclusión correccional y »-i 
arresto mayor; siendo de advertir que como Las ti 
primeras privan también «leí derecho Lminisl 

aun los bienes propios, y de 1"- demás de ds 

familia, los que lian sido condenados á ella 
36, 37 Cod. pen.), tienen además el motivo de ln< 
pacidad de estar privados de administrar sus biem 

782- Tampoco podrá ser tutor el inhabih 
pedal/mente paro irgo. Uno de loa [ne 

la propia ley seña ¡a esa inhabilitación, Le los 



374 

ascendientes, tutores, guardadores, maestros y cua- 
lesquiera personas que, con abuso de autoridad ó en- 
cargo, cooperen como cómplices á la perpetración de 
los delitos de adulterio, violación, estupro, rapto y 
abusos deshonestos, lo mismo que todos los reos de 
corrupción de menores (29G y 297 Cod. pen. ). 

783 — Debe también tenerse presente que si La con- 
dena se impone con posterioridad á la aceptación de 
la tutela, es motivo de remoción del tutor (341 C). 

784—6. ° Por motivo de justa desconfianza res- 
pecto del manejo del tutor, son asimismo excluidos 
la tutela, y deben ser removidos de ella cuando la 
icen, los que notoriamente tienen mala conducta, 
los que han manifestado en el ejercicio de la misma 
nitela ó ineptitud 6 infidelidad, y los negligentes que 
no proceden á inventariar los bienes del menor, den- 
tro de los treinta días siguientes á la aceptación de 
la tutela (342 C.)- 

785 — Acerca de la mala conducta, será notoria cuan- 
do la calificación proviene de hechos conocidos de un 
gran número de personas, y de ella se ocupa ya el 
público. El segundo caso solo comprende á los que 
ya han ejercido el cargo; pero no es indispensable 
que la ineptitud ó infidelidad sea precisamente en la 
misma tutela de cuya remoción se trata, y se deduce 
así del texto mismo de la ley, según el cual, esa «'an- 
sa sirve no solo para remover, sino también para ex- 
cluir, es decir, para no entrará desempeñar las funcio- 
nes de una tub-la, lo que supone que la ineptitud ó 
infidelidad tuvieron lugar en otra anterior. 

786 — En el último caso, de negligencia para proce- 
derse al inventario, debe comprenderse con mayor 

i/.on el de que maliciosamente se hiciera incompleto 



./.I 



ó vicioso, excluyendo algunos bien 

787 — Como so vé, la Ley distingue la exclusión y la 
remoción de la tutela: la primera, se refiere á la in< 
pacidad existente y conocida anr entrar al i 

sempeño del cargo; y la segunda, 
cargo que ya se está desempeña!] r motú 

breviniente, ó que por 1<> menos, no • 
antes. 

788 — En orden ¡í algunos de 1" 
declara como motivos de exclusión y <1«- remoci 
pero no habia esa misma declaración expre 
de los privados de administrar sus bienes, y de 
que por sí, ó cuyo padre, ó madre, tienen pJ con 

el pupilo. Lo natura] era que esta 
pacidad, lo fueran también de remoción, pues nada 
hay que justifique la continuación del nombrado <-n 
la tutela, si le sobreviene incapacidad <1<' administi 
sus bienes, ó pleitos contra el menor; ip- 

to, el artículo 108 del Dec. de Ref. núín. 
ce como regla general, que son causas de >n. 

todas las que siéndolo de incapacidad, 
nientcs á La aoeptaci Lministracion '!<• la tui- 

ó por lo menos, hasta después n oonocicL 

780— El Código no a ¡upaba de las formalid; 

para la remoción, pero por am 

alciones, parece que debia ser declarada judioialm< 

te por el Juez de 1.* Instancia, y que desde que 

iniciara «'1 juicio, debia suspenderse la admii 

cion del tutor contra quien se promovía, bajo la i 

ponsabilidad del demandante, nom 

tanto un interino. Así lia quedado 

que debe hacerse por el art 100 d< de R 

núm. 272. 



376 

790 — Para concluir, liay que recordar, que es 
causa de remoción especial en la tutela de la madre, 
que ésta haya contraído segundo matrimonio sin estar 
autorizada por el Juez, para conservar la tutela. 

C.)15 C). 



TITULO VIGÉSIMO. 



DÉLAS EXCUSAS DE LA TUTELA. 



791 — La tutela, según se lia dicho, es un cargo pú- 
blico, que como tal, todos están obligados á servil-. 
Sin embargo, este principio admite excepciones funda- 
das en el interés público que exige que ciertas funcio- 
nes no sean desatendidas; ó en el interés del mismo 
menor, cuya guarda demanda especial dedicación, 
la cual se considera que algunas personas, por sus cir- 
cunstancias, no pueden prestar. La excusa consiste en 
la alegación de una causal reconocida por la ley 
para no desempeñar la tutela; y como lo indica su 
nombre, es voluntaria, de suerte que el que la tiene, 
puede 6 nó usar de ella; así se distingue de la inca- 
cidad, que es verdadera inhabilitación para ejercerla. 
de modo que aunque quisiera hacerlo el que la tiene, 
no seria admitido. Hay que examinar aqui, quienes 
son los que pueden excusarse de la tutela y el plazo 
en que ha de hacerse. 



377 

792— Pueden excusarse de ser tutores: 

1. ° El Presidente déla Jiep íi bí¡r, ls / 
de Estado, los Magistrados de la <;,,-/, 

los Fiscales, los Jefes Políticos, las J ', ¡,- 

Instancia en cualquier ramo, y los .la 
(1. ° 103 Dec. de Ref. núm. mplea- 

dos, unos por la importancia y permanencia, j 
por la naturaleza délas fnnciones qne deeempefian, 
no podrían servirla tutela sin gravea inconvenien- 
tes para el público. 

2. ° Los empleados superiores y Adminish 
de Rentas Nación ai '< ís (2 o 103 Deo. de Ref. cil 

que los intereses de la Nación y los de] menor requieren 
que se exima de la tutela á los que porejí 
cargos de gravedad y responsabilidad, no pneden <li- 
vidir su tiempo y atenoionea entre i > públi- 

co y la administración pupilar sin detrimento del ano 
ó de la otra. 

3. ° Todos los ciudadanos qu 
público en departa m rito distinto 

de desempeñarse la tullía, (3. a IOS Deo, de Ref. di 
porque es claro que tendría que descuid ana 

de las dWobligaciones; 6 tendría qne administrar el 
tutor por medio de otra persona y responder por) 
saltados de esa gestión, alocua! do] ! 

4. ° Los" mil ¡I 'i ¡i s : 

de Ref. cit. ); por existir t;mil>i<'n Incompatibilidad 
entre las obligaciones que aquel imponey ladedií 
eíon que la tutela reclama. 

793 — Las personas mencionadas solo pueden Ini 
car esos motivos para no aceptar la tul 
ejerciendo esas funciones, la aceptaren, 
drán alegarlo, para que se i spueed 



378 

go (332 C), ya porque voluntaria como es Ja encasa, 
renuncia al derecho de oponerla, el que teniéndola 
no lo hace, cuanto porque hay que suponer que se 
han considerado en capacidad de atender á la tutela, 
no obstante la naturaleza de las funciones que desem- 
peñan, y han querido sujetarse á las responsabilida- 
des por faltas en el ejercicio de cualquiera de ellas. 

794 — Por justas consideraciones ala persona lla- 
mada á la tutela y al mejor desempeño de ésta, pue- 
den también excusarse. 

5. ° Los que lian cumplido 60 años [de edad (104 
Dec. de Reí*, núm. 272). A esa edad, viene ya la vejez 
con sus achaques; la ley, sin excluir á los ancianos, 
porque pueden ser idóneos apesar de sus años, les 
permite excusarse, porque no se atendería convenien- 
temente á los intereses del menor, obligándolos á a- 
ceptar la tutela, y seria duro ademas exigirles el de- 
sempeño de un cargo que estiman superior á sus 
fuerzas. 

6.° Los que sufren una enfermedad grave habí, 
tual, debidamente justificada (IOS Dec. de Reí", núm. 
212). Milita respecto de esta causal, razón análoga á la- 
expresada acerca de la anterior. 

7. ° Los que tienen ya dos tutela* < n ejercicio (1. ° 
330 C); porque seria demasiado gravoso imponerles 
obligación de desempeñar una tercera, compeliendo 
al tutor á descuidar sus negocios propios con ese re- 
cargo de ágenos. Tratándose de persona que sea pa- 
dre ó madre, esta calidad se cuenta por una tutela; 
así es que con una que tenga, ya no puede ser obli- 
gado á aceptar otra, á menos que sea la de sus hijos. 
(2 ° 330 C). Respecto de la madre, difícilmente podría 
presentarse el caso, pues lamuger no puede ser tutora 



mas que de sus descendientes. 

795 — El qne desempeñando ya dos tutelas, adq 
re después la calidad de padre, puede • de 

continuaren una de aquellas, porqi I le 

confiere la patria potestad, 6 sea una tutela natural á 
que está obligado, y la ley no im] 
jercicio de tres tutelas. Esto demuestra que la tuto 
única á que se refiere el inci del art. 336 n«> 

debe ser la de los hijos. El punto de partida para la 
ley es que todos pueden desempeñar <1<>s tutelas: «-1 
padre tiene una que es la de sus hijo 
agregarse una maa para que pi 
otra, como tercera. 

796 — La disposición legal tiene ! indo 

los hijos sean mayores: «'1 padi 
sempeñauna tutela extraña, í í«mh* los requ 
gidos para libertarse de otra. Es Indiferente que el 
dre sea Legitimo ó ilegítimo reconocidí ••! 

artículo no distingue; uno y otro tienen obl 
páralos hijos ypatria potestad, y • 
de analogía «le que otra i al núu 

ro de hijos, comprende ■ 
é ilegítimos reconocidos. 

797 — Como pueden colocarse bajo una misma I 
lados 6 mas individuos, oon tal de que haya enti 
indivisión de patrimonios, mediando 
eia, se estima que no hay mas que una i 
422 C), d«« modo que no hay i Divi 

didos los patrimonios, 
como patrimonios distintos, aun cuan* 
una misma persona (8. r 
hay excusa para otra diferenl 

798 Por último, siendo la razón de la 



380 

cargar demasiado al tutor, no se deben tomar en 
cuenta, para excusarse de una guarda, las tutelas es- 
pecíficas, que por su naturaleza, son de corto tiempo 
y de reducidas obligaciones. 

799 — 8. c Los que tienen cinco hijos, varones ó hem- 
bras, legítimos ó ilegítimos reconocidos, considerán- 
dose como r! ros dios varones que hayan muerto en 
la guerra (337 C). La razón de esta excusa es la 
consideración de las cargas que pesan ya sobre el pa- 
dre de una familia numerosa. 

800 — En cuafcto á los hijos muertos en la guerra» 
no es indispensable precisamente que hayan muerto 
en batalla, puesto que no se exige el fallecimiento en 
acción de guerra. 

801 — Para el efecto de la excusa, el hijo concebido 
no se tiene como nacido, porque solo en favor de éste, 
se ha establecido el principio contrario (23 C). Hablan- 
do la ley de hijos, y nó de descendientes en general, 
no tendrá lugar la representación del hijo por los nie- 
tos; pero si el abuelo fuere el tutor de ellos, sí podrá 
invocar esta tutela para excusarse de una tercera 
cuando tuviere otra. Refiriéndose también á hijos que 
lo son por naturaleza, legítimos 6 ilegítimos; no servi- 
rán para formar el número, respecto del padre adop- 
tante, los hijos adoptivos. 

802 — Finalmente, esta excusa no podrá alegarse 
para desempeñar la tutela natural del hijo legítimo 
ó ilegítimo reconocido pues seria contrariar (4 prin- 
cipio de favor á los hijos que apoya esta excusa, per- 
mitir que se invocasen los deberes de la paternidad 
respecto de unos hijos, para dispensarse de cumplir 
los misinos deberes con otros. Hay que advertir que 
el nacimiento de los hijos durante la tutela, no sirve 



381 

de excusa para continuar en ella do 

aprovecha al padre que durante la tutela nazcan 
dos los hijos ó durante ella se complete el número, 
sin dnda para evitar los cambios de tutor, general- 
mente gravosos y perjudiciales al menor. 

803—9.° Los extranjeros (115 Dec. de Reí. aúm. 
272). Pueden, según esta disposá ' ¡r tutor 

ro no están obligados ;í aceptar el cargo, ni la admi- 
sión del cargo implica la adquisición de ciudadanía 
(421 CX 



II. 



804— Relativamente á algunas de las i 
Código se habia puesto en «'1 caso de que sobi 
ran después de aceptada la tutela; pero ni 1<> habia 
hecho respecto de todas, ni acerca i prinv 

era uniforme la resolución. La enferme 
niente, excusaba de la tutela ya aceptad 
saba el número de hijos aobrevinienl 
decirse pues, en orden ;í las otras causales? {'u:.', 
la ley no lo expresaba claramente, daba á enl 
que no exoneraba de la tutela la superveniencia d< 
excusa; pero al mismo tiempo era mas l 
nal que, cualquiera que fuese el motivo <! 
sobreviniendo á la aceptación dé la fut - .1 

mismo derecho que dai'ia si ludo lo aut. 

ella. Si la ley estima que mediando alguno d< 
motivos, hay una razón de interés público, de ¡nt< 
del menor ó de justa consideración al guardad' 
ra no obligarlo á la aceptación; cuando el motivo 



382 

gal no existía al tiempo de esta, pero ocurre después. 
debe producir el efecto de que el tutor pueda p^dir 
su exoneración. En apoyo de esto, había el inciso 4." 
de los arte. 392 y 431 C. que declaran que se acaban 
la tutela y la guarda por excusa ó impedimento su- 
.perviniente,lo que significa que son admisibles las cau- 
sales que sobrevienen. Con estos antecedentes, el art. 
107 del Dec. de Ref. núm. 272 estableció como princi- 
pio general que todo motivo de excusa ó impedimen- 
to superviniente á la aceptación de la tutela, puede 
alegarse por el tutor para ser exonerado de ella, y 
por eso también se derogó, en consecuencia, el art. 
338 del Código. 



ni. 



."i— Las excusas de que se ha hecho mérito ([•'- 
ben alegarse por el tutor, dentro de tres dias contados 
desde que se notificó el nombramiento. Si se hallare 
fuera del lugar de la residencia del Juez, tendrá ade- 
mas el término de la distancia, ósea, un día porca- 
da cinco leguas (339 O.). Fijadas ya las cinco leguas. 
carece de importancia determinar lo quedeba enten- 
derse por lugar de residencia. El hecho de dejar tras 
currir el término, se tiene como una aceptación; y 
siendo. único, dentro de él deben presentarse todas las 
excusas que haya. 

806 — Si la excusa sobreviene, los tres dias deberán 
comenzar á contarse desde que el tutor tiene conoci- 
miento de ella. Durante el juicio de excusa, y mién_ 
tras ésta no se admita, el tutor nombrado tiene obli- 



gacionde ejecutarlos aotos indispensablee pan <-l cui- 
dado de la. persona y paca la conservación de los ; 

del menor. 



TITULO VIGÉSIMO PRIMJB&O. 

DE LAS DILIGENCIAS Y FORMALIDAD] 
QUE DEBEN PRECEDER AL EJERCICIO DE LA 

TUTELA. 

8o7 — La tutela debe Ber considerada »'n 
dos; 1. ° al comenzarse su ejerci : durante él; 

y :>. ° :il terminarse. En «'1 primero, qi l de La 

organización, se establecen las diligenoii finali- 

dades que deben precederá mi ejercicio: en el segun- 
do, se determinan y reglamentan las función 
beres y responsabilidades « 1 1 - 1 tutor: en el ti 
que es el de rendición di- cuenl arbiti 

rantías para la fiel y exacta restitución de I 

808 — Lis diligencias y formalidades pi 
tutela son: la formación de inventario, la ¡ ion 

de garantía; y el cusa raimiento d< 
el orden natural; pero se \ truir el que I 

Código, haciendo notar los inconvi 

PÁRRAFO PRIMERO. 

DI 

809— Discernimiento déla tutela 

cial oí que se autoi tutor , 

(/o; y toda tutela, con excepción de la natural, que 



384 

se confunde con la patria potestad, debe ser discer- 
nida (343). Se exige el discernimiento, porque siendo 
la tutela una institución de orden público, es preciso, 
antes de autorizar su ejercicio, cerciorarse de que es- 
tán constituidas ya. en favor del menor, las garantías 
que La ley establece para seguridad de sus bienes 
(1630 y 1631 C. pr.) Como se advierte fácilmente, ya 
aquí supone la ley que la hipoteca ó lianza que ha 
de dar el tutor es previa al discernimiento, y lo esta- 
blece de un modo terminante el art. 349 C. disponien- 
do que para discernir la tutela es necesario que pre- 
ceda el otorgamiento de la fianza ó caución hipote- 
caria á que el tutor esté obligado. 

810 — El discernimiento de la tutela es tan esencial, 
que son nulos los actos del tutor que no han sido auto- 
rizados por aquel (352 C); y no debiendo darse al mis- 
mo, efecto retroactivo, por no haber disposición especial 
de la ley que lo establezca, siguiendo el artículo 9 
del Código, no se validarán, por el solo discernimien- 
to posterior, los actos ejecutados con anterioridad. 



PÁRRAFO SEGUNDO. 



FIANZA. 



811 — En esta parte va á tratarse de la razón de la 
lianza: de quienes deben prestarla: de la extensión que 
debe tener; y de los casos en que esta puede aumen- 
tar 6 disminuir. 



3S.-> 
I. 



812 — Razón.— Según antes se dicado, al 

cernimiento debe preceder el otorgamiento <1<' lian/ 
caución hipotecaria (340 C). Le necesidad de < 
fantía depende de] deber del legislador 
los intereses de los menores y de adoptar todas las 
precauciones posibles para que, cuando lleguen .-i la 
mayoría, no encuentren perdidos sus bienes j arrui- 
nada su fortuna, ya que no puede conl iempre 
con que el administrado!- de ellos los >n <-l n 
mo empeño y solicitud con que ¡'1 dueño ve lo» mi 
propios y los de sus hijos. 



813— Quienes deben prestan uakaktia. Tod 
los tutores están obligados i dar garantía lii¡ 
ría ó de fianza, con excepción d<- I 

1. - El ///"/■/''/<> respecto de su mv 

cual es tutor (1. ° 360 y 419 C. i, porque es él por la 
ley,el administrador nato de sus biene itivarai 

te ;í estos, la inscripción j la hipoteca legal dan i la 
mujer garantías suficientes, como las dan á la qne 
mayor de edad. Mas, bí por ser menor de U 
marido, el tutor de éste hubiere de » la mu 

(449 0.)i deberá <\-.¡v<'> ampliarla eraran üon 

competente. 

2. ° El pctdvi ¡i I' 1 in'"i i ■ 

segundas nupcias Í8. z BSOC. >, norqu ■ e*¡i tutela d- 

TOM. [. 



386 

Los padres Be confunde con la patria potestad, y por- 
que en el amor de ellos tiene la ley generalmente, la 
garantía mas cuca/., fuera <lc la hipoteca Legal que 
se consigna. Cuando pasan á segundas nupcias y 

conservan la tutela, es de temer que el afecto á los 
hijos dd matrimonio anterior se disminuya, 6 que 
el nuevo cónyuge pueda, de algún modo, influir en 
perjuicio de ellos, y que á esa influencia se sacrifi- 
quen sus intereses. La lianza que da la mujer que 
pasa á segundas nupcias, es sin perjuicio de la res- 
ponsabilidad especia] del marido (315, 316 y 351 C). 
3. ° El tutor específico ó 'mi crino que no tiene que 
administrar bienes; porque falta entonces el motivo 
de la garantía (3. - 350 C). 



NI. 



814 — Naturaleza déla «.auantia.— La garantía 
«pie ha de prestar el tutor consiste en hipoteca, que 
se llama legal, por estar prescrita su constitución por 
la ley (349, 3060 C); ó en lianza, que solo se admite 
cuando el tutor no tiene bienes en que constituir la 
hipoteca (344 C.) La ley ha preferido la hipoteca, 
porque dado el sistema de publicidad, presta mas 
seguridad la cosa; pero se lia puesto también en el 
caso (le (pie el tutor lio tenga bienes que hipotecar. 

ó no encuentre persona que quiera hipotecar los 
suyos, y entonces se ha contentado con la lianza. 

816— Si el tutor no puede constituir hipoteca por 
toda la cantidad (pie debe asegurarse, á causa de 
ser pocos sus bienes y no alcanzar á cubrirla, la ga- 



38? 

muría podrá consistir, parteen hipoteca y parteen 
fianza; 6 solo en fianza, á juicio de] Juez, previa b 
dienciadenm tutor específico (110 Dec. Reí. n : 
En ese caso, siempre se llena '-1 <.l>jVr«. « I * - que el n 
ñor quede asegurado; la deficiencia de tos bienes pn 
de equipararse al caso de su falta, y la infc ion 

del Juez y la audiencia del tuto cfnco,respond< 

deque se ha examinado la idoneidad del tutor y la 
de la garantía que presta (345 i 



[V. 



816- Extensión déla GARANTÍA. En orden á la 
extensión que debe tener esa hipoteca 6 fianza, nuesl 
ley, como se ha hecho notar respecto d<- la de la B: 
California de donde fué tomada, lia llevado ha 
donde cabe, la previsión; y s¡ aun queda algún peli 
gro para los bienes del menor, será pequeño j remo- 
to. Si la garantía Be exigiera por el valor de tod< - 
bienes que administra el tutor, seria Imposiblí 
mámente difícil, en muchos casos, bu prestación, 
do la Cortunadel menorfuera cuantiosa; 3 p< 
parte, el valor délos bienes raices no p< por la 

administración del tutor, porque, lo mismo que 
muebles preciosos, no pueden ser enngenndos lií 
mente, sino con muchos requisitos pn al aun 

rendarse por mas d( 118 D 

Ref. n. ° 272). El riesgo pues, tiní únicamei 

á los bienes, rentas y productos que están en manos 
del tutor, y de que puede disponer 
«•iones, porquees indispensable pan bu conservación 3 



388 

aumento. Así, á ellos solo y principalmente debe re- 
ferirse la garantía, y en ese concepta, la hipoteca, y 
á su vez la lianza se dan (34G C): 

1. ° Por el importe de las rentas de loe bienes rai- 
ces y réditos de los capitales impuestos. 

2. ° Por el importe de loa bienes muebles y el de 
ios enseres y semovientes de las lincas rústicas. 

'.i. z Por el producto de las mismas tincas, gradua- 
do, á elección del Juez, por expertos, ó por término 
medio en un quinquenio. 

4. ° Por el de las utilidades anuales en las negocia- 
ciones mercantiles ó industriales, calculadas por los 
libros, si están llevados en debida Forma, ó ;i juicio 
de. experros. 

817— Ese importe se calcula por todo el tiempo de 
duración de la tutelo misma. Silos bienes aumentan 
ó disminuyen, lo cual podrán acreditar el tutor ó los 
que por el menor se interesen, ya que aquel no está 
obligado á rendir cuenta anual que lo demuestre, es 
consiguiente y natural, por el objeto de la garantía, 
que la hipoteca 6 la fianza deban aumenta - • ó dismi- 
nuirse pxoporcionalmente. 

SlíS— Ai mkxto v DIMINUCIÓN. Podrá disminuir 
e también la extensión de la garantía, cuando e] tu- 
tor, dentro de los treinta dias después de formalizado 
el inventario de los bienes del menor, no puede darla 
por todas las cantidades que lija la lew lo cual se de- 
cidirá por «'1 .lúe/., con audiencia de an tutor especí- 
fico; pero la diminución nunca puede ser en mas de 
la mitad de la suma total por la que debiera d. 
!,i hipoteca ó lianza (348 ('. ». Puede en efecto, suceder 
• sea crecida la fortuna del menor: que no sea po- 
sible al tutor, no obstante ser hombre de probidad y 



rectitud conocidas, y que posea algunos bienes, dai 
garantía en toda su extensión: que el tutor espedí 
exponga favorablemente acerca de bus condi 
personales y de La verdad de que no puede dar la 
rantíatotal;y entonces, < 1 conjunto de esas circunstan 
ciasen so abono, suplen en parte La caución, 
un perjuicio al menor ai facilitar la adminisl 
de ¡su tutela. Puede aquí aotárse que La Ley Bupo 
que la prestación de lianza era ior al inventa, 

cuando éste sin embargo, como se verá d< 
posterior al discernimiento del cargo que supone pi 
tada la fianza; y cuando Biendo el inventario la l>¡ 

• 

indispensable para la prestación de La garantí] 
solo con él puede determinarse su extensión, ha de 
previo, én el orden natural, á la fianza y al di- 
miento que debería ser el último acto. Hoy,< 
•ficultad está removida por el Decreto de Reforma; 
Código Civil, de modo que primero es el inventai 
después, la prestación de li i ]»< »t.-<:i 6 Bai 
último, el discernimiento. 



IWKKAFO TF.KCKKO. 



I N\ INI VRIO. 



8194- Antes de comenzar el ejercicio de la tu 
debe también formar Inventario de Los bienes del n 

ñor, es decir, una nómina en qu< 

objetos, acciones \ derechosque constituyen su | 

tiinionio. El inventario es indispensabl( 



390 

de la administración y del cargo de la cuenta que el 
tutor lia de presenta'.' al concluir sus funciones; y 

ndo tal su importancia, mientras no esté formali- 

lo, no es permitido al tutor tomar parte en la ad- 
ministración, sino en cuanto fuere absolutamente ne- 
irio (111 Dec. de Ref. n. o 212.). 
> — Ese inventario debe hacerse, es decir, empe- 
zarse y terminarse, dentro de los treinta dias siguien- 
i la aceptación de la tutela 1 11 1 Dec. de Ref. n. z 

. . Los treinta dias siguientes al discernimiento. 
decía el artículo 353 del Código Civil, modificado por 
el que acalia de 'citarse; pero, como se ha hecho notar 
ya. resultaba la dificultad de que el inventario fuera 
la última de Jas diligencias previas, cuando habría de 
ser la primera. 

821 — Este plazo puede, según las circunstancia*. 
ser restringido por el Juez, y puede también ser am- 
pliado por él hasta á dos meses (354 C. ), tomando en 
cuenta las dificultades y motivos que para ello pue- 
dan mediar; y si hubiere bienes fuera del territorio 
déla República, podrá otorgarse el término que seña- 
la el Código de procedimientos (365 C i. En este ('■ 
digo, no se encuentra otra disposición á que se haga 
referencia si no es la del artículo 1579 que, después 
de ] 'rescribir que el inventario comience luego que el 
administrador de bienes ágenos acepte el cargo, dis- 
pone que si debe practicarse á consecuencia' de la 
muerte del dueño de los bienes, se comenzará, salvo 
el término de las distancias que hubiere, dentro de 
un mes del fallecimiento; y se concluirá dentro de 
los noventa dias siguientes, incluyendo el primer 
término. 

822 — El inventario ha de ser judicial, es decir, de 



39] 

orden del Juez y autorizado por un notario públ 
(1574 y 1. o 1577 c. pr.),.y en la Corma y con los di 
lies que el Código de procedimientos estableo 
C). Si hubiere omisión en mi práctica, cualquiera in- 
teresado por <'l menor, puede pedirla al Jue < 
pr.); y la obligación <1<- formarlo es tan estricta que 
faltar ú ella constituye mi motivo <lr »'x<! u - 
remoción de la tutela (3. c 342 C); 3 nadie, ni el m 
mo testador, puede eximir al tutor de su formación 
(366 C. y IV. 2. ~ L672 C. pr). Lo contrario seria d< 
fruiría responsabilidad del tutor y provocar al frau- 
de cuando la conservación délos haberes del menor 
es de interés público. 

823 — Sí hecho el inventario, a] 
deben inventariarse también • :il prim< 

ramente formado; y pudiendo ocurrir que haya «-mi 
bio de tutor, por muerte 6 remoción <l«'l prim< 
por cualquiera otra causa, para evitar dili 
gastos inútiles en la práctica de otro inventario, 
tutor que sucede, recibrá por el anterior, anotando 
ellas diferencias (858 C). Esta opera con 

la misma solemnidad que «'1 inventario antera 
mo que produce el mismo efecto; j ese pa* 
<>1 inventario del sucesoí I 



TITILO VIOESIMOSRül NDO. 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA TI TF.l 

824— Practicado "el inventario la fin 

correspondiente, y discernido el ntra <-i tu 

tór en la administración de In tutela Bus atrttnu 



392 

pueden dividivirse en añasque Be refieren al cui- 
dado de la persona del menor, y otras que se refie- 
ren á su representación y á la administración desús 
bienes. Va í\ tratarse deellasporsn orden. 



PÁRRAFO PRIMERO. 

OBLIGACIONES RELATIVAS A LA l'KKSoNA DEL MENOR. 

825 — Las obligaciones del tutor relativas á la per- 
sona del menor, tienen por objeto 1. c su cuidado y 
dirección y 2. c La provisión delosgastos de su crian- 
za y educación. 



-•'> — El tutor esta obligado á alimentar y educar 
convenientemente al menor. Debe ensenarle buenas 
costumbres y procurarle ejemplos de moralidad, asi 
en la vida privada) como en los establecimientos en 

donde se siga 6 comience á formar su educación. En 
cuanto á la carreja ú oficio á que del, a dedicarlo, se- 
rá, en todo caso, la que el menor elija (368 C), según 
sus circunstancias; pero procurando ilustrar su jui- 
cio, áfinde que haga la mejor elección, subordina- 
da siempre á las condiciones especiales que depen- 
dan, ó de la cuantía y estado de los bienes, ó délas 
cualidades personales del menor. Mas. s¡ cuando el 



393 

tutor entra á desempeñar la tutela, baila que el que 
tenia patria potestad sobre ''1 menor, le habiadi 
cado ya á alguna carrera, no varia; mu ;ii 

bacion del Juez(369C), porque debe supone 
certada la disposición de los padres, interesad) 
que ninguno, en la suerte de sus hijos. Como pud 
ra suceder, sin embargo, que hubieran cambiado 
las circunstancias que determinaron al padre ;í 
fmlar la carrera i'i oficio, «'1 Juez decidirá au- 

to prudentemente, recabando, en t 
luntad del menor. 

827 — Recíprocamente, el menor deb 
tutor, tiene résped '. la facultad de 

jetarlo, corregirlo y castigarlo moderadamente, de 
aprovechar prudentemente bub servicios, de man 
nerlo en supodery recogerlo del lu 
viere, y de exigiré! auxilio <!<• cualquiera autoridad 
para hacer valer sus derechos Generalm 

te pues, el menor vivirá en la casa del tuto 
el establecimiento que éste des no 

quita fl derecho del padre para designarla, niel que 
puede en algunos casos tener la madre para que< 
té á salado, ni la facultad del Ju«B pal .lai 

la que estime nías conveniente, según la-- circuí 
tandas especiales del menor. El domicilio legal t 
sí, .-I del tutor (66 l 



II. 



828— Los gastos de aliment lucacion 

be el tutor dar al menor, los hace de los biem 



394 

. sin estar obligado á hacerlos de los suyos pro- 
pios, pues no se extiende hasta allí la significación 
de cargo público que tiene la tutela. Esos gastos 
deben regularse de tal suerte que nada le faltede 
lo necesario, según su condición y fortuna. Y como 
las necesidades pueden interpretarse mas ó menos 
ampliamente, por ser relativas á la posición social, 
con el objeto de impedir una designación inconve- 
niente, «'1 Juez debe fijar, con audiencia del tutor, 
cuando éste entre en el desempeño de su cargo, la 
cantidad que haya de invertirse en alimentos y e- 
ducacion, sin perjuicio de hacer después, alteración 
según el aumento ó disminución del patrimonio y 
otras circunstancias que la justifiquen (365 C). Si el 
padre hubiere designado la cantidad, es lo mas pro- 
pio que se atienda á su voluntad, sin perjuicio también 
deque el Juez pueda alterarla suma, en atención á di- 
versas circunstancias. 
829 — Han de hacerse estos gastos de las rentas de 

bienes del menor, para no disminuir su patri- 
monio, procurando siempre que quede intacto el ca- 
pital. Si no alcanzaren á cubrirlos, el Juez debe 
decidir acerca del medioque haya de adoptarse pa- 
ra llenai- ése déficit y evitar la énagenacion de los 
bienes, pudiendo, según los casos y aptitudes del 
menor, hasta hacer que se dedique á éste á algún 
oficio para que ayude á las erogaciones que recla- 
men su subsistencia y educación (370*C). 



IIí. 
,s:¡<> El tutor tiene también la representación del 



menor en todos los actos civiles: y en esa virtud, pi 
de, por él y cu su nombre, contratar, litig je- 

eutar los demás ¡icios civil 
se extiende, sin embargo, i V 
exceptuados, como el reconocimiento de hijos y el 
torgamiento de testamento ••• hallan i 

tuados éstos, por el carácter per ímo que I 

nen. por. la libertad absoluta quedebe h 
líos, y porque respecto del testament 
su efecto sino después de lamuertedel menor, fal- 
ta la razón de tratar de evitarle | 
representad tutor al menor para contraer matrini 
nio. pero se necesita de su consentimi 
padres y abuelos I !v I 

8:51 — Por efecto d ntacion, l< 

toman posesión por medio de bus tutores piden 

la devolución de lo pagado por el menor ] 
tas (1864 C.)j y 'l'' 1 deposito hecho po 
3.0 ;,-js C.): pueden pedir la partición . 
(1017 C.) que deberá ser judicial 
sentan por ellos en juicio. >mo demandaí 

como demandados (í. c 101 C. pr.); y aun están pi 
sentesá las confesiones que hagan en jn 
fr. 688 C. pr). Si litiga el menor sin in1 del 

tutor, solo será válido el juicio en lo qu< 
rabie (103 C). Tiene pues, el tutor, am] 
des co.no apoderado jurídico, restrin Ote 

para los actos que suponen dominio, porque I 
doen *el fondo la representación pnpü 
teres del mandato, se concreta alo que es de admi- 
nistración, necesitándose olí [UiflitOfl para 

,,,,,. sa ien de esa categoría; 6 bien \- ntidad de 

( pie se trata, tienen ma\ or impOTl 



396 

S'.V2 — Así, se requiere licencia judicial, con conoci- 
miento de causa, para que el tutor pueda transigir 
ó comprometer en arbitros los negocios del menor, 
cuando la cantidad que se verse exceda de trescien- 
tos pesos (386, 388 C. y 37 C. pr.); y en el caso de 
compromiso, debe además sujetarse á la aprobación 
del Jin-z el nombramiento de arbitros hecho por el 
tutor (387 G). Para que elJuez apruebe la transac- 
ción, debe oirel dictamen de dos expertos en e* 
asunto de que se trate (1843 C); y para conceder la 
autorización para ella, se necesitan los mismos re- 
quisitos establecidos para la venta de bienes de me- 
nores, en lo que son aplicables (1727 C. pr.); y si en 
virtud de la transacción se recibe alguna cantidad, 
debe entregarse al tutor para imponerla á interés en 
su caso (1728 0. pr). La, facultad de transigir supo- 
ne la de ceder en parte su derecho, y la de compro- 
meter implica la sujeccion á otros Jueces distintos 
de los ordinarios, ó la renuncia de alguno de los trá- 
mites comunes, y por esto la ley no los incluye en 
los que, como de administración, está facultado á 
hacer por sí el tutor. Por una razón análoga, no pue- 
de éste desistir de un juicio en absoluto, porque el 
desistimiento equivaldría á la cesión del derecho de 
un menor, ó á una transacción que no puede lleva!* 
sea término sino coa ciertas condiciones y solemni- 
dades^, o 441 C, pr). 

PÁRRAFO SEGUNDO. 

AD.MINISTKACION DE L08 BIENES DEL MKN'oi:. 

838— En la administración, cuya materia forma la 



397 

representación del tutor en los ai ¡adicta 

que conciernan ¡il menor, pueden considei 
clases de actos: unos de pura administrado 
puede y debe el tutor ejecutar por si solo: 
por su trascendencia, ó por implicar dominio, 
oesitan de licencia judicial; y otros finalmente, que 

.• su naturaleza, ó por ni interés' que <-n ♦■lies pue- 
detenerel tutor, no cabe que loa ejecute de ningún 
modo. 

8:34 — En general, tiene el tutor, en cuanto 
bienes <1H menor, obligación de adminisl 
mo buen padre de familia; y 1 o consecuencia, ti< 
que satisfacer los 'huios y perjuicii 
re poruña mala administración la cual 

se comprende también la taita de administración 
consideran como actos de pura admini 
"1 tutor puede ejecutarpor -i jólo, 1"- que <]i¡'' t¡<- 
nenpor objeto el cultivo y conservación d tro- 

piedades, el empleo de los capitales, la dación 

de las reí ' cobro <!«' i<> qu< 

de los muebl 

1 tiempo ¿ c. &e. 

La facultad y obli Iminisl 

tiene «'1 tutor halla limitación, cnai 
aace alguna donación 6 legad* 
cencia, ron la precisa condición <\<- que 
que consí e administren por ■ 

el donante ó I 

acceóUrse .i l< de ello 

oyendo ú un tutor especíji 
perjuicio para el menor, en aci 
la donación, herencí 

886- Dentro del primer merf de 



398 

debe lijar el tutor, con aprobación del Juez, la canti- 
dad que ordinariamente liaya de invertirse en gastos 
de administración, y el número y sueldo de los de- 
pendientes necesarios para ella. necesitándose después, 
de igual aprobación para aumentar el uno ó el otro 
(3GG C). Esta aprobación es para hacer ordinariamen- 
te el gasto, pero no acredita por sí sola que esté he- 
cho: y así. no liberta al tutor dejusíiJicaT, al rendir 
sus cuentas, que efectivamente han sido invertidas 
sumas en sus respectivos objetos (367 C). 

837— Debe obtener dentro de sesenta dias, conta- 
dos desde el vencimiento del plazo, el pago de los cré- 
ditos á favor del menor, ó garantía competente que 
los asegure; y si no lo hubiere conseguido, ó no hu- 
biere pedido judicialmente el uno ó la otra, será res- 
ponsable por el valor de los mismos créditos (403 I 
pues en todos estos casos, puede suceder que el deu- 
dor quede insolvente, ó que de alguna otra manera se 
burle el derecho del acreedor, haciendo por lo menos 
difícil ó litigiosa la acción que, d< (lucida á su tiempo. 
habria sido eficaz y cierta. 

3 — Igualmente, si el menor no está en posesión de 
algunos bienes á los que tuviere derecho, tiene el tu- 
tor que entablar judicialmente, á nombre de aquel, las 
acciones conducentes para obtener el recobro ó la in- 
demnización, dentro de dos meses, contados desde la, 
fecha en que tuvo noticia del derecho del menor; y 
no haciéndolo, es responsable de la pérdida U<M C. i, 
sin perjuicio de la nueva responsabilidad (pie, oRpuefi 
de intentadas esas acciones, pueda resultarle por cul- 
pa 6 negligencia en el desempeño de su cargo. 

839— Es también una délas obligaciones positivas 
del tutor, la de imponer con aprobación del Juez, 



bajo segara hipoteca, 6 con garantías rotupétenl 
según las circunstancias, el dinero que resulte sobran- 
te, después de cubiertas las cargas y atenci< la 
tutela, que proceda de pagos decapítales, 6 de venta 
de bienes, ó se adquiera de cualquier otro modo, d 
tro de treinta dias contados desde el momento en que 
se hayan reunido trescienl L12 Dea de Reí. 
n. ° 272). La imposición 'se hace con aprob del 
Juez, para consultar la mayor seguridad; y la o' 
gacion nace de la general que tiene el tutor de c 
servar y procurar el aumento de 1<>s bienes del me 
ñor, lo que no se obtendría manteniendo > el di 
ñero. La falta de cumplimiento en este punto, b 
al tutor responsable de los intereses que debi 
ducir el dinero dejado de colocar por BU culpa: y al 
rendirse cuentas, no será excusa admisible para no 
imputarlos, la manifestación de no haber encontn 
establecimiento ó persona competente en «juica unpo 
ner el dinero (372 C). Para libertarse de responsabili 
dad, lo prudente será que en tiempo, ocurra el tu 
al .lue/.. pura acreditar ¡;i imposibilidad de l . 
cncion. 

10 Cuando el menor fuere 

CÍa, el tUtOr puede opone. 

la partición, mientras ao • lo el i 

no se le asegure, > de! ir la -aramia de 

hipoteca, que se admite coa autorización judicial. 

(1063 I 

841-llEstá obligado asimismo el tutor ú pedir la 
inscripción de bienes 61a constitución de ai] 
en sus respectivos casos, por los bienes en qu< 

sista el peculio de los hijos (frac, 

842 Puede el llltol' recibir lo ,pie 



400 

menor (2307 C. >; y puede también celebrar por él, so- 
ciedad singular ó particular, es decir, limitada á una 
negociación especial y determinada (1784 C). 

843 — Los tutores y guardadores responden, igual- 
mente que los menores 6 incapacitados, por los per- 
juicios que éstos causen y constituyan cuasi delitos. 
(fr. 3. * 2277 C). 



II. 



844— Se tienen como actos de dominio, ó de suma 
importancia, que no puede ejecutar el tutor sin auto- 
rízacion judicial, los que tienen por objeto la enage- 
nacion de bienes raices ó muebles preciosos, su hi- 
poteca 6 servidumbre, el arrendamiento de los mis- 
mos por largo tiempo, la repudiación de herencia, 
donación ó legado, y los gastos extraordinarios. Cor- 
responde examinar conforme á las prescripciones de 
nuestra ley, esos actos. 

846 — El tutor no puede gravar ni enagenar loa bie- 
nes inmuebles del menor, los derechos anexos á ellos 
y los muebles preciosos, sino por causa, de absoluta 
necesidad ó de evidente utilidad, debidamente justi- 
ficadas, y previa la autorización judicial (373 C). Si 
él tiitoi 1 pudiera- á su arbitrio y libremente, disponer 
de esos bienes, no se lograría uno de los principales 
fines de la ley, cual es el de que el menor los conserve 
durante el tiempo en que, por bu incapacidad, no 
pnede manejarlos, para que, al entraren la mayoría. 
encuentre elementos de trabajo y medios de subsis- 
tencia. 



401 

846— La justificación de la necesidad ó utilidad. 
cuando no aparezca evidentemente do los recados que 
presente el tutor, se verifica por medio de dos e\j 
tos en la materia de que se trate 374 C). Puesto que 
la ley exige absoluta necesidad, Indica suficientemen- 
te que no basta una necesidad cualquiera, sino la 
que refiriéndose á objetos indispensables, m> puede 
satisfacerse mas que gravando ó enagenaudo l"> bie 
nes. La utilidad también ha dé ser evidente 
que en la operación qur va ;í practicarse, no apar 
ca ningún peligro racional de pérdida, sino por el 
contrario, lucro y ventajas tales, que cualquiera hom 
bre prudente y práctico gravaría 6 enagenaria mi> 
bienes en iguales circunstancias, para conseguir! 

847 — Hay desde luego utilidad y necesidad en los 
contratos sobre bienes de menoref 

1.° Cuando los productos de loa inmuebles, no 
alcanzan para satisfacer los créditos legitim< 
llena] 1 las necesidades de alimentación y educación 
del menor. 

2.° Cuando para conservarlos bien-'- y -*ns pro 
ductos, no se puede encontrar otro medio que el 
de gravarlos con una hipoteca. 

3. ° Cuando se proporciona la redención de un 
vámen mayorporotro menor (1701 C. \ 

4.° Cuando una cosa correspondiente ;i muchos, 
no puede dividirse sin pérdida. 1 1831 < ' 

848— Cuando la enajenación *-,. hace para cubrir 
con sti producto algún objeto determinado, del..- cons 
taral Juez que se realizó el ¡ cumplióla obli- 

gación para cuya satisfacción se enagenó la pro] 
dad del menor. Por eso el Juee, para cerciorarse de 

la verdad y para evitar el abuso .pie pudiera come 

'l'OM. i. 



402 

ter e] tutor, fingiendo una necesidad que. no existía, 

ó que no era absoluta como él afirmaba, si se igno- 
rara el resultado de sus actos, debe señalarle un 
plazo prudente, dentro del cual acredite que el 
producto de la enagenacion, lo cual debe cuidar di- 
cho funcionario bajo su responsabilidad (1721 C. pr. I, 
se invirtió en su objeto (375 C). Si pasan tres meses 
sin que se haya cumplido, el precio ó producto de 
la enagenacion han de imponerse á interés '1724 
C. pr). . 

849 — Si se tratare precisamente de venta, debe pre- 
ceder el reconocimiento y tasación de los bienes 
(1707 0. pr.) por expertos, cuya designación hará 
siempre el Juez (1719 C. pr). Debe además, hacerse 
la venta de los inmuebles en subasta pública y judi- 
cial, bajo pena de nulidad (370 0.), de suerte que. 
hecha sin este requisito, no causará perjuicio, en nin- 
tiempo, al menor. La subasta pública y judicial tiene 
por objeto evitar, por medio de la publicidad é in- 
tervención del Juez, los fraudes que pudieran cabo- cu 
una venta privada, y además, que la mayor concur- 
rencia de postores, haga subir el precio de la linca 
que se vende, lo cual compensa generalmente los ma- 
yores gastos que ocasiona la subasta. Terminante co- 
mo es la prescripción legal, el comprador no podrá 
sostener la validez de la venta, aunque desques alegue 
y pruebe la conveniencia del menorjpero por equidad, 
y en virtud del principio de que ninguno debe enri- 
quecerse con detrimento de otro, parece natural que 
pueda exigir la devolución de la suma en que el me- 
nor se haya hecho mas rico por haberse invertido en 
positivo beneficio del mismo. 

850— Parala enagenacion de alhajas y muebles pre- 



4U8 

ciosoáy el Juez decidirá si conviene 6nó laalnion 
da, pudiendo dispensarla, acreditada la otilidad del 
menor (376 C). Estos bienes no son generalmente de 
tanta importancia; como lof -. j no hay por lo 

mismo, en su venta, igual pelí rade; y ade- 

inás, una parte regalar de su valor se invertiría mu- 
chas veces fii los gastos de Bubasta. I le ahí. la facultad 
otorgada al Juez para que aprecie como iponde 

las circustancias. En caso de qne no se di 
la ley solo habla de almoneda, bastará que la 

pública tan necesidad de intervención judicial: 
pero esta última da siempre m¡ ridad. 

.M — Las condiciones relativas á la enagenacion de 
bienes de menores, no tienen Logar cuandi 
en virtud de expropiación i conforme á la 1 

.i c. y l<> del Dec. de :* de Setiembre de 1861 1, i 
mediar entonces un motivo cional que [ue 

determina la venta, haciéndola provenir, nó de ntí 

dad del menor --i le utilidad j » i'i i > 1 ; ■ 

858 Tampoco parece que debiera] a 

dono sea la venta voluntaria, nomo sien virtud 
ejecución \ embargo hay .pie rematarlos bienes del 
menor, ó si se tratara de la constitución de hi] 
6 servidumbre deraicea trasferidos al menor con la 
carga de constituirlas, 3 aceptadosya bají 

to, ú se Usa ile algUnO de I le ¡idici.Ui a dia. 

,1,. le ley comisoria, 6 reto n que s 

por derecho anterior de tercei 

868 Pot (ultimo, se advierte que para 1: uali- 

dades expresadas no es Indispensable que I 
de la exclusiva propiedad del men ■•• que 

tenga parte é interesen .-illa: (1631 5 t"ii l [Uf 

el menoT puede r entre ls n de nuHdad 



404 

coatí» el que compró sus bienes sin las formalidades 

legales, y la acción contra el tutor. 

¡■04 — El tutor tiene en general, el derecho de dar 
en arrendamiento los bienes del menor, y es ano de 
los actos de administración que ha de ejecutar cuan- 
do no se puede ó no conviene trabajarlos directamen- 
te para el dueño. Para hacerlo, sin embargo, por mas 
de seis años, se requiere comprobación de necesidad 
ó utilidad y previa autorización judicial (113 Dec. de 
Ref. n. c 272)\ porque un arrendamiento por largo 
tiempo se equipara ya á un derecho real, importan- 
do una especie de enajenación la restricción de asar 
de la cosa eu ese número de años: porque hay 
un interés social en que los dueños, en cuanto pue- 
dan, trabajen por sí mismos su propiedad, para que 
la cuiden y mejoren, y en que el menor encuentre 
libres sus bienes al llegar á la mayoría; y en fin, por- 
que produciendo el desarrollo de la riqueza cambios 
periódicos en el valor de la propiedad raíz y en su 
precio de arrendamiento, conviene que ,J 1 tutor no se 
aparte ole ese movimiento, sin noticia y autorización 
del Juez. 

866 — El arrendamiento, aecho con los requisitos 
expresados, por mas de seis años, subsistirá por el 
tiempo convenido, aun cuando su duración exceda 
I.; de la tutela; pero es nula toda anticipación 
de rentas ó alquileres por tres ó mas años (114 Dec. 
de Ref. n. o 272). Para concluir este punto, hay que 
notar que la autorización judicial para el arrenda* 
miento, se otorga con las mismas condiciones fijadas 
para la venta, en lo que son aplicables; y que aunque 
la disposición del Código Civil [379 C. | se refería al 
término de cinco años, el artículo 1729 del (J. de pr. 



406 

fija fe] de seis, e] mismo que conforme al indi 
del articulo 3065 del Q. c. Be señala para que .-l 
rendamiento esté sujeto á inscripción; y por eso, el 
Decreto de reforma estableció también seis afi< 

856 — El tntor.no pnede recibir dinero prestado, en 
nombre del menor, en cantidad «¡u»* exceda detn 
cientos pesos, ya sea que se constituya 6 n<'>. bipoto 
en el contrato, sin autorización judicial [881 C . De 
otra suerte, fácil seria «¡ u«* por ese tu<-«1 i< > pudiera 
minarse aJ menor. El articulo r.»<"'' c. exige para i 
ó recibir á mutuo en nombre del menor, las miso 
formalidades que se requieren para transigir; y la fal 
fa de facultades para hacer ordinariamente i 
mos gratuitos, se deduce de la obligación de imponer 
á interés el dinero. Siempre el prestamista podrá 
petir la cantidad en que el menorse haya hecl 
sitivamente mas rica 

867 — El tutor no puede repudiar ninguna herencia 
deferida al menor, sin decreto del Jues, con <■ 
miento de causa, ni aceptarla sin beneficio de invi 
tario (382 y 848 C). Para repudiar, se necesita auto 
/ación del Juez porque e^c :ict<> puede implicar ] i 
dida de bienes, suponiendo por consiguiente un a 
de dominio. Para la aceptación no se i • • . p i i • 
autorización, sino que basta el beneficio de Inventario, 
porque con éste, queda i salvo de todo perjuicio el 
patrimonio del menor, quien ->ol<> responde por el 

importe electivo de l:i lieiclici;i. 

868 La misma regla existe respi le las 

donaciones ó legados deferid».*, al menor: no 

podrán repudiar sin licencia del Juet; ma- 
tarse sin necesidad de ella; 3 en caso de que ¡ni) • 
gan obligaciones 6 gravámenes al menor, n<> podi 



406 

aceptarse sin previa tasación de las cosas donadas ó 
legadas (383 C). Se ha establecido esta tasación, lo 
mismo que el beneficio de inventario, para que el me- 
nor no resulte responsable por mas qne el valor que 
ella arroje. 

859— Necesita también el tutor de autorización del 
.Juez para todos los pistos extraordinarios que no 

an de conservación ó de reparación (384 C. ). y esto, 
tanto porque tales gastos son generalmente de mayor 
importancia que los comunes, cuya cuota ya lia fija- 
do el Juez, cuanto porque no están comprendidos en 
los actos de administración que solo se refiere á lo 
que ( 9 gasto ordinario. 

1 — Por ia trascendencia del acto y por la ena- 

naeion que importa, tampoco es permitido al tutor 
hacer cesión de los bienes del menor sin autoriza- 
ción judicial (1407 C. pr). 

861 — Por el interés que puede tenerel tutor, y pa- 
cí evitar qne se anteponga á otras personas, cuyos 
créditos sean preferentes ó mas gravosos al menor. 
nolee^ permitido hacerse pago de sus créditos contra 
éste, sin aprobación judicial (:T77 ( 

862 — La imposición de servidumbre sobre una fin- 
ca del menor, por equipararse á la enajenación, exige 
las mismas formalidades que ésta (1281 C). 

863 — Consiguiente parece también á la obligación 
de imponer el capital del menor, que el tutor no pue- 
da retirar el ya impuesto sin conocimiento y licen- 
cia del Juez. 

111. 

864— Por la naturaleza de los mismos actos, no 
puede el tutor, ni aun con licencia judicial, hacer 



4d? 

donaciones á nombré del men< I . porqn< 

dé áümentar,disnilnnyen el patrimonio. I>ei>. n ent< 
dersó comprendidas en la prohibición de donar, la 
misión gratuita de una obligación, y la ; ion 

de fianza que generalmente solo trae gravamen, i 
excepción de Jos casos en que la ley establece la o- 
blígaeion di- prestarla y la sanciona con la pérdida 
de algún derecho, si la donación fuese remuneratoria, 
como equivale al pago de un servicio, podría, :i mi 
juicio, tener lugar, pero con autorización judicial. 

860 — El tutor no puede tampoco celebrar » 
general con los bienes del menor 1 1" por la in- 

certi&umbre déí resultado, y porque teniendo i 
rácter de general, ^n éxito desgraciado comprendería 
roda 6 gran parte de la fortuna del pupilo. 

866 —Por razón del interés del tutor, no pin 
ejecutar de ningún modo, algunos <>ti" 
regla general, esta prohibido al tutor procurar din 
ta 6 indirectamente ->u Interés particular en cual- 
quiera clase de contrato ú operación en que. /mi 
de su cargo, intervenga, re délos bienes de - 
menores, como -i en vez de imponer mi. capia 
los tomara él para uso. propios oncionada 
esta prohibición con las penas de inhabilitación 
p'ecíal á inhabilitación absoluta y multa «1. 
por ciento del interés que hubiere tomado en el 
ció. ] t'r. í. * 262 Cod. pen . 

8d7 El tutor mi puede comprar ni arrendaí 
bieñesdel menor, en almoneda o fuera de ella, id aun 
,■,,., licencia judicial, tanto para (pie m> se api. 
en perjuicio del menor, como porque así lo . la 

moralidad y la delicadeza. La ley no admite ni aun el 
negocio hecho con licencia judicial. «igniti 



408 

claramente que quiere alejar toda colusión posible en 
daño del menor, y quitar al tutor todos los medios 
¿e burlar su objeto. Le prohibe por esto,hacer contra- 
to alguno respecto délos bienes del pupilo, no solo 
para sí sino tampoco para su muger, hijos ó hermanos 
(363, 1. ° 1517, 1. ° 1673 C. y 2. o 252 C. pen). Esta 
regla general solo tiene una excepción en la venta de 
bienes, en el caso de que el tutor, su muger, hijos ó 
hermanos sean coherederos 6 partícipes del menor 
[364 C], porque entonces falta la razón déla prohi- 
bición. Puesto que esas personas^son interesadas en 
los bienes lo mismo que el menor y es necesaria la e- 
nagenacion, no puede quitarse á uno de los herede- 
ros ó partícipes, el derecho que como tal tiene de 
comprar, solo porque alguno de ellos sea menor. 
» 868 — Si contra las prohibiciones de que acaba de 
hacerse mérito, se compra alguna cosa del menor, será 
nula la venta y el comprador pierde el precio á favor 
de la Tesorería de las Facultades superiores, recono- 
ciendo sobre él, mientras no lo pague, el interés legal 
(249, 250 Dec. de Ref. n. ° 272). La nulidad solo pue- 
de intentarse por el dueño de la cosa vendida, 6 por 
los que lo representen (1519 C); y si además ha sufri- 
do perjuicios, se le indemnizan deduciendo, su importe 
del precio que se devuelva, ó de la multa que se en- 
tregue á la Tesorería de las Facultades (251 Dec. de 
Ref. citado); y si no alcanza el precio 6 la multa, el 
culpable queda obligado á pagar la diferencia y res- 
ponde ademas por los gastos del juicio (252 y 253 
Dec. de Ref. citado). 

869 — Tampoco puede el tutor aceptar para sí mismo, 
á título gratuito ú oneroso, la cesión de ningún de- 
recho ó crédito contra el menor; y solo por herencia 



409 

puede adquirir esos derechos. (878 C, - bi 

tante, acepta el tutoría cesión, § ni nula, pi 

solo entre él y el menor, en inte beneft 

de éste. El cedente no estaba sometido á nin 
guna prohibición, y aun podía ignora la calidad del 
tutor; mas si éste procedió de buena té y el crédito 
cedido es efectivo, es de equidad que el pupilo pa- 
gue al tutor el precio desembolsado, inferior al nomi- 
nal, nó como á cesionario sino como á gestor que hizo 
útilmente el negocio del menor. 

870 — Por lo demás, limitado el articulo ¡i la oes 
no debe extenderse al caso de deuda & que el tul 
esté obligado como deudor solidario 6 como fiador. 
Puede entonces en su oportunidad, pagar, que- 
dándole recurso contrae] menor, porque esto no 
hacerse ceder sino satisfacer su propia deuda. Del 
mismo modo, si él es acreedor hipotecario y hay <'ti'<> 
anterior, podrá pagarle para subrogarse j irar 

mejor su crédito, lo misino que puede pagar de bu 
peculio las deudas del pupilo, nó como comercio de 
cesión sino como anticipación hedía al menor, Sin em- 
bargo, como estos casos, aunque diversos de derecho, 
de hecho solo se distinguen por la intención del ai 
edor y la del que paga; y bajo su apariencia podría 
además ocultarse una verdadera cesión, ea síem] 
mas seguro que el tutor obtenga licencia judicial; 
bajo el concepto de que sin esta, ninguna anticipa 

cion ni crédito contra el menor, bs abonará al ni- 
al fin de la tutela, si excede de la mitad de U 

anual de los bienes de aquel l n<> C). K¡ 
anticipación ó crédito puede tener h -i el tutor, 

desús propios feudos, ha adelantado 1.» qm- necesita 
ba el menor: y el objeto debe ser el de que Be llene 



41») 

tan exactamente cómó'pAiéda, el propósito de la ley 
de que no se ínvieríftií en los gastos del menor mas 
(joe las rentas de sus bienes; y <¡ue éste no consuma 
anticipadamente loque elloslian de producir, como 
sucedería si se autorizará toda especie de anticipación 

ó crédito. • 



PÁRRAFO TERCERO. 



RIíTRIBt'CION DEL TI Toi:. 



871 — Aunque el cargo dé tutót és en sn origen de 
mera confianza, por lo cual, antes se le tenia como de 
desempeñó gratuito, no pareciendo justo que esc ser- 
vicio quede sin alguna remuneración ya que exige 
trabajó y pérdida dé! tiempo, la ley ha establecido una 
retribución qii" se paga de los bienes dé] menor. Esta 
pnedé lijarse por el ascendiente que, conforme á dere- 
cho, nombre en su testamento al tutor; y en defecto 
de esa designación, ypára los tutores legítimos y judi- 
ciales, la señala el Juez i: 1 » 90 C). En los casos en que 
éste haya dé fijar él honorario, debe atenderá la ca- 
lidad de la tutela, á la cuantía de los bienes y su situa- 
ción, á la naturaleza é importancia dé los negocios en 
que consista, y á todas las circunstancias que sirvan 
para determinar la máyoró menor actividad y trabajo 
que debe tener el tutor, y según ellas, la fijará. En 
ningún caso puede bajar la retribución del cinco ni 
exceder del veinte por ciento de las rentas líquidas 
ios bienes del menor C>0o I 



411 



TITILO VIUEStMO Ti:H( F.KO. 



DE LA EXTINCIÓN DE LA TUTELA. 



872 — Oteada la tutela en beneficio de los men< 
no tiene una duración indefinida, y termina general- 
mente la administración, 6 porque éá innecesaria ya 
para el menor la guarda del tutor, ó porqui no 

puede continuar desempeñándola por imposibilidad 
natural ó legal. 



873— 1. c Se extingue pues, por mv 
(l.P 392 C.)j porque entonces hay imposibilidad na- 
tural de que siga ejerciéndola, y porque la tutela 
un cargo personal que no pasa á loa herederos del 
tor, como que se buscan las condiciones > circuí 

cias especiales de nepiel. IVlo los liei -l.-lx-li 

responder como tales, de la 'administración de 
causante; y si son mayor,-,, están o!. conti- 

nuar en la administración basta el nombramiento <!•■ 
un nuevo tutor el I? ' 

2. - Por la ausencia del tutor. 
forma legal (2; z 392 C si después de I 
lidades establecidas para esa declaración, el tul 
aparece, debe proven-' a la tutela de los m 



412 

que le están confiados, como se provee á la posesión 
de los bienes del mismo ausente y á la guarda de sus 
propios hijos. (102 y 103 C). 

3. ° Por remoción (3. ° — 392); pues cuando ha 
sido separado con causa legal (342), el efecto inme- 
diato es que cese en sus funciones el tutor; y que en 
consecuencia se nombre otro nuevo. A las causas de 
remoción pueden referirse también la imposición de 
pena que lleve consigo la pérdida de los derechos de 
familia, porque no administrando el que la sufre, ni 
sus bienes propios, no podrá tampoco administrar los 
ágenos (31 C. Pen.); la inhabilitación especial para el 
cargo de tutor, y la responsabilidad criminal por el 
delito de corrupción de [menores (290 y 297 C. Pen.). 

4.° Por excusa ó impedimento supere ¡ule rite del 
tutor (4. ° — 392 C). La excusa debe haber sido admi- 
tida por el Juez como legal, y el impedimento estar 
comprobado en forma competente, no bastando tener 
la una ó el otro, si éste no está probado, ó no se ale- 
ga y admite aquella. 

5. ° Se acaba también, cuando es la madre la tu- 
fara y contrae segundo matrimonio -sin estar auto- 
rizada par a conservar la tutela (315 C); 6 cuando 
»-l Jaez, previamente á su celebración, decide que no 
debe conservarla (314 C). 

0. ° Por el en m ¡>i i 'miento de la Gandición puesta 
i a la tutela testamentar i et (324 C). 

874 — Estos modos solo son propiamente casos en 
que cesa el tutor que antes administraba, y nó modos 
de acabarse verdaderamente la guarda del menor, 
porque éste continúa en ella, aun cuando se cambie 
l;i persona que la ejercite. 



4i:i 



II. 



£74 — Se extingue Ja tutela por parte del menor: 

1. ° Por su muerte, por ser evidente que entonces 
ya no puede haber lugar ti ella. i!. : iC). 

2. ° Por la mayor edad di 1 un ñor (5. - 399 I 
porque la mayoría es el término Datara] de la tutelas 
como que ese poder de proteeeioB tiene por causa la 
menor edad. Si fuere incapaz, tendrá guardador. 

3.° Por el matrimonio de la mujer m 
392 O*); porque entonces entra el marido á ser tutor 
de ella; pera no se acaba por el matrimonio del 
ron menor de 18 años, porque el tutor bu) o adminis 
trará los bienes de ambos (419 C). En rigor pues, hay 
parala muger cambio de tutor, aunque si el marido 
es quien la ejerce, solo estará sujeto á Las restriccio- 
nes que lija la ley para la administración de los i 
nes de la sociedad conyugal, y nó para la un. -la 
común. 

4.° Por adopción del menor sujeto á tutela; por 

(pie entonces el hijo adoptivo pasa i -star bajo la 

patria potestad del adoptante 

n. ° Por habilitación >/< edad, ya que el objeto 
de ésta es dejar 'al menor la administración <!<• sus 
bienes. (99 Dec. de Ref. aúm. *J 



414 



TITILO VIGÉSIMO CUARTO. 

DE LAS (TEN TAS DE LA TUTELA Y 
ENTREGA DS BIEÑE& 

8J6— «Terminada la tutela^ el tutor debe rendir 
cuenta de su administración. Al electo, está obligado 
á llevar cuenta liel, exacta y en cnanto fuere posi- 
ble, documentada. de todo el tiempo de su manejo: á 
presentarla luego que la administración termine: á 
instituir los bienes á quien por derecho corresponda, 
y á pagar el saldo que baya en su contra. Hay que 
ver pues, 1. p Quiénes deben rendir cuenta: 2.° á 
quiénes: :-!. c en qué plazo: 4. z el modo, forma y lu- 
gar en que debe rendirse, y los abonos especiales que 
pueden hacerse: •"■■ z el saldo de la cuenta y el tiem- 
po de su abono; y c>. c e] tiempo en que la acción 
prescribe. 

I. 



877 — b>stá obligado;! dar cuenta de su administra- 
ción tod«. tutor, incluso el testamentario, y esta obli- 
gación no puede ser dispensada en contrato ó en úl- 
tima voluntad, ni aun por el mismo menor; y si se 
] uisiere como condición en algún acto, se tendrá poí- 
no puesta (393 y 394 C). La obligación de dar cuenta, 
inherente á todo el que administra bienes ágenos, no 
puede nunca ser dispensada en la tutela por ser ésta 



415 

una institución de orden público; y porque sin 
cuenta tina], todas fas prescripciones de la 1 (av 

vor del njeiior quedarían sin efecto. No pin m- 

poco admitirse una condición que se o] 
obligación, poique no puede relajarse ana prescrip- 
ción de orden público en consideración á un intei 
particular; y porque si tal cosa se autorizara 
ría en el tutor un interés contrario al del pupÍlo,bri 
dándole las facilidades de defraudarlo, si el inventa- 
rio es, inexcusable porque esla l':is.- de la adniii 
tracion y de la cuenta, y 110 pu< 
por ninguno su práctica, mucho unís i n- 
lie sel' la cuenta que. es la comprobación. 

878— Independiente de la rendición de cuen 
existe en el tutor, concluido su raigo, la obligación 
de entregar todos los bienes de la tutela 
menlos que á ella pertenezcan 
no tiene títiiloaliruno para retenerlos. E] cumpli 
to de esta obligación no debe suspenderse por estar 
pendiente la rendición de cuenta 
ésta puede hacerse .sin necesidad i ad- 

ministración, que mas bien impediría y comp 
su formación, puesto que exigiría la prolon 
ella indelinidainente. M;i\ como para l'oiiuulai 
cuenta puede Ber necesario que ten 
vista varios documentos pertenecí 
den éstos quedar en su poder previa aul ion ju- 

dicial (399 C). 

sto— A efecto de dar seguridad 'al men 
rendición de cuentas, miéi 

satisfacción del interesado, ú de quien miente 

lo represente, las garantías dada» [h>v el tutor nn 
cancelarán sino cuando hayan sido apn 



41« 

cubierto el saldo de ellas (396 C). De otro modo, la 
caución seria ilusoria porque la oportunidad para 
hacer uso de ella es cuando se sabe si es responsable 
el tutor, y cuál es la extensión de esa responsabili- 
dad. Y para evitar además cualquier abuso en el par- 
ticular, el tutor y sus hijos no pueden contraer ma- 
trimonio con la persona que ha estado bajo su guar- 
da, hasta después de la aprobación legal de las cuen- 
tas (129 C): hasta entonces, todo convenio celebrado 
entre el tutor y el que estuvo bajo su guarda, es nulo 
{412 C.) y hasta entonces, no puede adoptar el tutor 
al pupilo; y por igualdad de razón, será nulo todo 
convenio si se celebra entre el que estuvo bajo la 
guarda y los herederos del tutor; y si contra esta 
prescripción se hiciere, solo el menor podrá alegar la 
nulidad por ser establecida en beneficio suyo. La dis- 
j»osicion no debe extenderse al conreino entre tutor 
y pupilo ya mayor, sobre lo que sea extraño é inde- 
pendiente de las cuentas, por ejemplo, la venta de 
una casa particular, sin relaeion á las cuentas. 

880 — La obligación de darlas pasa también á los 
herederos del tutor, porque aunque la tutela sea un 
caigo persona] que no se trasmite, ellos han de res- 
ponder de la administración de su causante, como 
que la responsabilidad quepo* ella tuviera, lo mis- 
mo qne las consecuencias de cualquiera obligación, 
son una carga «le ly, herencia que los herederos deben 
soportar. Cuando alguno ó algunos de los herederos, 
por ser mayores; continúan administrando los bienes 
de la tutela hasta el nombramiento de un nuevo tu- 
tor, su responsabilidad es la misma que la del tutor. 
(395 v 417 Ci. 



417 



II. 



881 — La cuenta debe rendirse al pupilo ya mi 

de edad, ó á quien lo represente; he- 

rederos/ 6 al nuevo tutor * - 1 1 su cas ¡C l - 

ne estricto deber de exigir en rendición y la entre 
de los bienes, siendo responsable de todos los daf 
y perjuicios que por su omisión m ¡il menor 

(401 C), por ejemplo, si por su tardanza 
cía, el tutor anterior 6 sus herederos se hacen Insol 

rentes. 



882 —En cuanto :il plazo, la ley ha fijado para la 
rendición que el tutor, 6 en su (alta, quien lo rep 
Bente, debe hacer, el plazo de <l«>s met 
desde el dia en que fenezca la tutela. ! 
tante, si ocurren circunstancias e [ue 

exijan un plazo mayor, por la complicación de 
cios de la tutela ó otra r emejan <-l 

Juez, á instancia de parte 
ruatro mas. (400 C). 



I\ 



888 Corresponde nhoi 

\ limar en que la enentn «!• 

TOM. 1. 



884 — La cuenta debe estar acompañada de sus do- 
cumentos justificativos, porque de otro modo equi- 
valdría á no darla: así es que toda partida debe lle- 
var la constancia de ser efectiva, con excepción de 
aquellas que, por su naturaleza, no puedan ser com- 
probadas á juicio del Juez, pues respecto de los gas- 
tos menudos, por ejemplo, exigir justificación seria 
un gravamen molesto que impediría en muchas oca- 
siones, la pronta satisfacción de las necesidades del 
menor (402 C); y además, el tutor, generalmente, so- 
lo está obligado á lo que un buen padre de familia. 
Son comprobantes la autorización para hacer el gasto 
á que se refiere cada partida, sea la general dada al 
principio de la administración ó la especial pqsterior 
cuando el caso la exige: y el documento que pruebe 
que realmente se hizo el gusto. La obligación de do- 
cumentar la cuenta no puede dispensarse porque 
equivaldría á dispensar de rendirla. 

885 — La < a de los bienes y la cuenta de la tu- 

tela se hacen a expensas del menor, porque aña y 
otra son en beneficio suyo, constituyen un gusto ne- 
cio inherente á la tutela como el del inventario. 
y oo habría justicia en gravar al tutor con gastar de 
su peculio en lo que no se ha establecido para Bü uti- 
lidad. Si, para realizar ambas cosas, no hubiere fon- 
dos disponibles del menor, el Juez ¡medí' autorizar 
al tutor para que se procure los necesarios, á cargo 
de los bienes de la tutela (406 C). Esta disposición 
tiene lugar cuando el tutor obra de buena fé, pues sí 
interviniere dolo ó culpa de sxi parte, son de su cuen- 
ta todos los gastos, en pena de aquellos y de la morosi- 
dad ó resistencia que Los >\<-n á conocer (407 C). 

886— Las cuentas deben darse en el lugar del de- 



410 

sempeño de la tutela, porque allí, mejor que en ewü 
quiera otra parte, puede apreciarse y comprende] 
la verdad de las mismas; á no Ser que el menoi 
que conforme á derecho lo represente, prefiei 
fuero del domicilio del tutor, renunciando asi á ! 
establecido en beneficio suyo (408 < 

887 — En orden ;i la forma, con tal de que en U 
cuenta aparezcan expresadas, ron claridad y • 
tud, las partidas de existencias y .<•] tntorpí 

de adoptarla que- le parezca. En la partida de \ 
puede abonarse el tutor todos los hechos debida y he 
galmente, aunque los haya anticipado de sn pro, 
caudal, á lo cual sin embargo no está obligado; 
aunque de dios no haya resultado utilidad al mei 
si esto 1 ii sido sin culpa y mediando buena féd< 
partí', ya que no puede atenderse al éxito casual \ 
cersele responsable di- los casos fortuil 
El abono de adelantas no comprende sin < m 
las anticipaciones ó créditos contra el menor que i 

cedan d<- la mitad de la renta anual de los lúe: 

éste, a menos que al ef< cío haya habido an 
del Juez (410 C); porqw decido por equidad 

beneficiodel tutor, no ha de extenderse basta i 
vertirlo en un medio de perjudicar al mi 
ponsabilidad ninguna, 

888 — Puede igualmente abonarse el tutor lo qi 
corresponda porindemnizacion,sujetaen mi regula* I 
al prudente arbitrio del Juez, del daño man; 
haya sufrido por causa de la tutela, \ en <: 
necesario de ella, pn obligado 

al menor, no se entienden con tanto rigor que se | . . 
[udiquen de esa suerte sus im propia 

tor pues, desatendiendo sus bienes propios poi 



420 

los intereses del menor, sufre algún perjuicio, el menor 
deJ^e satisfacerlo en compensación del provecho que 
•ibió; pero esto ha de ser solamente cuando no hu- 
bo de parte del tutor culpa ó negligencia para el cui- 
dado de sus cosas; porque mediando alguna de ellas, 
mismo debe imputarse la pérdida y soportar sos 
consecuencias < 411 C). 



V. 



889 -Examinada y aprobada la cuenta, el saldo 
que resulte, á favor ó en contra del tutor, debe pa- 
— " con abono del interés legal, porque ni él debe 
\wv gratuitamente lo que corresponde al me- 
nor, ni éste lo que el tutor alcance. Corre ese interés 
contra el tutor, desde la rendición de las cuentas, si 
hubieren sido dadas dentro del término designado 
por la ley; y si nó, desde que espire el término, por- 
que el tutor no puede ignorar lo que debe; y si no lo 
i en el acto, debe presumirse que lo ha empleada 
en su provecho. Mas si el alean.".' es contra el menor, 
éste no debe intereses sino hasta que previa entrega 
de los bienes, searequerido para el pago [413C.]. Se 

■sita el requerimiento, porque no procediend 
saldo, de administración de bienes ajenos (pie haya te- 
to el pupilo, quien por primera vez tiene pleno cono- 
cimiento de sus negocios, no debe suponerse morosidad 
• u parte sin esa formalidad: y se necesita la pré- 
a de los bienes, porque de ellos debe pagar; 
orquft debe tratarse de impedirla malicia de ai- 
tutor codicioso, v no sancionar de ningún ¡nodo 



421 

el derecho de retención por parte de] tutor • 
median consideraciones tan delicadas. 



VI. 



890.— Todas las acciones del menor contra el tu 
sus fiadores y garantes por hechos relativos á la 
ministracion de la tutela, quedan extinguid] 
lapso de cinco anos, contados desde el dia en q 
siendo ya mayor el que estuvo en tutela, haya 
do los bienes y la cuenfe ctiva. Si fall< 

tes < ; cumplirse «'1 quinquenio, prescribe la acción 
el tiempo que falte para cumplirlo H4CJ Es 
r-io ir ; no pueden ser imprescriptibles <'<>nid en «-l 
reclr) romano; porque se daría ocasión á litigii 
gosyruin» atablados i cuando se huí 

perdido los documentos justificativos de los 1. 
y el término señalado en el < ' 

guardar los derechos del pupil te tiempo 

mienz i á contare ¡desde la entregn de 
dicion de la cuenta, porqu< fca no pued 

menor si d tutor tiene responsabilidad, y cuánl 
porta; y por lo mismo, no ha de tonu 
<lc partida la fecha de la mayoría. Mas, cuando 
gar á ésta, se sepa cuál ( nánto monta la i 

sabilidad del tutor, como sucede en el caso de que la tu 
fcelahaya acabado para algún tutor durante la mil 

desaparece la razón es] ¡al qne se lia in 

tunees el nieiK >r ] h m I im ejercitar las mlsn 
contrae! tuto/ 6 tutores que hn sado en su Rdn 

nistracion durante la minoría, computándose «*1 ! 



428 

ao desde el dia en que el menor llegue á La mayor 

l (416 C). 
801. — Para concluir, ha de advertirse que las dispo- 
siciones á que se ha hecho referencia en este título no 
i prenden á los tutores naturales, cuyos procedi- 
mientos se sujetan á las que rigen en materia de pa- 
íria potestad (416 C). 



TITILO VIGÉSIMO Ql INTO. 

DE LOS GUARDADORES. 



-'.»2 — Guardador se llama ¿Z individuo á quien se 
tu carga el cuidada de la persona, y la administra- 
ción de Jos bienes de un incapaz (33 y 424 C). Tam- 
i se llama guardador el encargado de administrar 
¡os bienes de un ausente. (87 y fr. 2. s 424 C). 

8!>3— Los guardadores pueden ser testamentarios ó 
Indicíales (425 C). Son testamentarios los que el pa- 
dre, y en su defecto la madre, nomina cu una dis- 

. ¡oion de última voluntad, á los hijos que siendo 
incapaces, son legítimos, legitimados, ilegítimos re- 
C onecidos, ó adoptivos; y son judiciales, los que nom- 
bra el Juez, en falta de testamentarios. (426 y 427 C). 

894 — Pueden ser guardadores los mismos que pue- 
den ser tutores; y además, puede la muger ser guar- 
dadora judicial de su marido: tienen las mismas o- 
bJigaciones que los tutores, y pueden excusarse y 
n*-T removidos por las mismas causas que ellos. (428, 
420 y 430 ( 



89o— Se acaba la guarda <i«'l Incapacitado: 
].° Por muerte del Incapacitado (1. z 481 l 
2. ° Por muerte del guardad' l C 

3.° Por ausencia del guardador declarada en la for- 
ma legal (3. ° art. cit. i. 

4.° Por íemocion, escusa ó impedimento bi 
niente (4. ° art. cit. ). 
5.° Por terminar la incapacidad art. cit. 

890— En los casos de l«>- inci 
se nombra otro guardador :il incapaz, porque !;i in 
capacidad subsiste, de Buerte que la guarda do 
acaba para el menor, sino que solo se cambia la | 
sona del guardador (432 < 

897— S(^ acaba la guarda del au 
los modos expresados, por haber aquel constituido 
apoderado, y por darse la posesión provisional ó 
Unitiva, .-i 1<>s herederos del au j i"i < 



TITULO VIGÉSIMO SEXTO. 

DEL REGISTRO DEL ESTADO CU 1 1. 
PABBAFO PRUEBO. 

DEL R1 OISTKn KV OÍ JO R vi 



y9g_/ /( , p08ÍCÍO7l hijo! ,1, un intür 

miliaymla sociedad, ronstitüye m estado • 



4-24 

Ese estado produce diversas relaciones jurídicas y da 
por lo mismo, á la persona, ciertos derechos y le im- 
pone ciertas obligaciones inherentes á su posición. 
Así v. g: el estado de marido confiere ú éste las a- 
tribuciones y le impone los deberes anexos al matri- 
monio. Según el art. 434 del Código, el estado civil 
es la calidad de un individuo en cuanto lo habilito 
para ejercer ciertos derecltos y contraer ciertas o- 
it 1 i [I aciones cioiles; pero propiamente, el estado ci- 
vil no es la calidad, sino la posición ó condición del 
individuo, la cual crea esa calidad. 

899 — Por el nacimiento se adquieren y se pueden 
trasmitir ciertos derechos, es decir, comienza el esta- 
do civil. En ese estado se producen modificaciones de 
importancia radical por el matrimonio, mediante el 
cual el hombre se hace jefe de una familia, y la nni- 
ger contrae respecto de él las obligaciones de depen- 
dencia y sujeción (pie el orden de esa sociedad re- 
clama. Por último, el estado civil acaba con la per- 
sona cuando ésta muere, pero la muerte es á la vez 
el origen y punto de partida de muchos derechos 
de otros individuos. Hay pues, desde luego, tres ;i- 
contecimientos cuya realización y época en que se 
verifican, debe constar con toda exactitud, en obse- 
quio de la seguridad y eficacia de los derechos de los 
individuos y de la tranquilidad de la sociedad: <■! 
nacimieulo. el matrimonio y la muerte de los in- 
dividuos. 

9oo— El Registro del estado civil, creado por el 
Código, es indispensable para suministrar ios datos 
indispensables á la estadística, y ha venido á llena)' 
una gran necesidad. Antes de él, no había mas que 
las partidas que se asentaban en los libros parroquia- 



42¿ 

les acerca del nacimiento, de] matrimonio la> 

defunciones. Prescindiendo de que solo . 

constaban en tales libros, la experiencia 

que se llevaban con poco cnidado j 

tando confiad) 

tes ó á los sacristam a de las parroquias, y no 

dignos por lo mismo, de hacer IV- par 

de la vida civil Además, limitando! 

tur algunos hechos relatn i los Indi 

de cierto culto, no podían Llenar el objeto que 

cledad debe proponerse, ni podían - 

que, establecida la libertad de cultoso inl 

Legislador en que consten 1<»> actos de la vida <-ivi¡ 

todos los individuo-. Lal fuei 

pertenezcan, tiene que ser una institución pu 

te civil, sin mezcla religiosa ni eclesij 

gistro que por eso sollama del estado 

901— Los extrangeros n< i 
.-¡ios políticos que competen á Los ciudí 
chos que ni aun - nden . n I» 

calidad de guatemaltecos. E¡1 
hijos ilegítimos da al padre la patria 
y ;í los hijos reconoció 1 

uificacion; la adopción es una údnd legal, q 

establece importantes derechos > o \i 

les; y hay además otros hechos que rao 
paridad Legal de La persona. liit< 
en que esos hechos que dan oí ¡gen .1 de 
bios tan tras< endentales, q un 

modo auténtico, ha prescrito qu< 
ejon legal de cada Individuo d< 
tro especial que ella ha cread Mam 

del estado cii il. 3 que las u< 



486 

sean la prueba del respectivo estado (436 C). 

908 — Registro, acta 6 instrumento, es el doeumen- 
to que hace constar un hecho; y registros del estado 

civil son los libros en que se hace constar él estado 
civil. En ellos se inscriben los nacimientos, la ciu- 
dadanía y el domicilio de extranjeros, asi como la re- 
serva de nacionalidad de los hispano-americanos, y 
la rehabilitación que se conceda conforme al artículo 
147 del Código de Procedimientos criminales, cuando 
el reo hubiere alcanzado indulto de la pena principal; 
los matrimonios: la separación de bienes, el divorcio, 
su cesación y la nulidad del matrimonio: la emanci- 
pación y la habilitación de edad: las adopciones, la 
interdicción, la tutela y su término, y las defunciones 
(1184 C. 478 C, pr. y fr. -2. ~ -57 y 110 Dea de Reí. 
núm. 272). 

903 — Cada uno de estos actos se registra en un li. 
bro separado, cuyo costo es i cargo délos fondos mu- 
nicipales de la población resj lectiva: y como al mar- 
gen de esa partida hay que anotar las incidencias y 
modificaciones que el estado civil sufra, se halla pre- 
venido que al asentarlas en el libro correspondiente, 
se deje en blanco la tercera parte de la anchura del 
papel. (44o y 441 C). 

904 — El Registro lo desempeña, en l¡i Capital, un 
funcionario (pie se denomina Depositario del Reuis 
tro civil. Su nombramiento corresponde al Gobier 
no, y percibe, además de su dotación, los derechos 
que, para algunos casos, le asigna la ley; dura en sus 
funciones cuatro años-, y puede ser siempre nombra 
do de nuevo para las mismas funciones, y removido 
á voluntad de] Gobierno. El Depositario debe ser ciu 
dadano en ejercicio de sus derechos, y Abogado 6 






127 

Notario Público (486, 487 y 48 < 

905 — En todas las demás poblaciones, i| 
la Capital de la República y tengan Municipalidí 
el Registro esta é carga del Secretario Municipal. 

900— Las artas del Registro Civil deben trn.-r i 
tas íormalidades que son comunes y ha\ 

tras además qne son especiales á algunasde "1 
De unas y otras va á tratai aradamenú 



r.VKKAKO SK<iIM)0. 



i:i.(.i-ii:.i di \ \i i m i 



907 Siempre que se verifica un nacimieni 
darse parte ¡il funcionario encargado <1<1 \i 
Civil á mas tardar dentro de ocho di 
suceso, declarándole: 

1. c Qué «lia y en «pie i verificó <-l na< 

to. 

2. z E] sexo j nombre «1«-1 recien n ■■■■ 
8. o Quién es la madre y su estado, ni pn 






parecer. 

4. o Quienes «■! padre, »i fuen idie 
re aparecer. 

5. ' El domicilio j la nacionalidad «l»* 

cuando estoa pudieren ap "" 

Dea de Bel núra 



\S8 

908— Se aecesita %ue se exprese «-l dia para fijar 
con exactitud la edad, y aún algunas otras leyes del 
Registro Civil, como la española, exigen que se de- 
clare también la hora, dando como razón, que aun- 
que aparezca superfino, es frecuentemente de suma 
importancia, como que de su fijación exacta puede 
depender la adquisición ó pérdida de derechos cuan- 
tiosos. Asi, tratándose de un niño que haya falleci- 
do el dia siguiente de su nacimiento, la constancia 
de la hora en que nació y de la hora en que murió, 
será la que sirva para graduar si lia vivido veinti- 
cuatro horas, y podido adquirir y trasmitir derechos 
C). Conveniente es también que se exprese el 
lugardel nacimiento, como lo especilica la ley, el cual 
será generalmente el de la jurisdicción municipal á 
cuyo registro se acude. 

909 — La declaración del sexo y nombre del recien- 
nacido, se necesita para fijar, de algún modo, la iden- 
tidad de la persona, y porque los cuadros mensuales 
que después tienen que formarse deben ser con dis- 
tinción de sexos. La ley no habla del apellido, su- 
poniendo que será el del padre si el hijo es legítimo 
ó ilegítimo reconocido, y el de la madre en los demás 
is, siguiendo lo que. se observa entre nosotros. El 
nombre que figure en la partida del Registro, es el 
que ha de llevar el individuo durante su vida; y 
cuando por medio de información, ó como la ley de- 
termine, se cambie ó rectifique el nombre ó apellido, 
se pondrá la correspondiente anotación marginal en 
la partida de nacimiento (118 Dec. de Reí. núm. 272). 

910 — Para nosotros es aplicable lo que respecto de 
España decían Laserna y Montalban, refiriéndose al 
cambio de nombres: poca importancia se ha dado á 



ese panto: no h;tl>i;i lej que expresamente trat 
de esta materia, y apenáis si se sabe de mus de un 
so de persona que haya ocurrido <I<- un:i manen for- 
mal para cambiar de apellido. N<> -«.a raroa «'1 <"im 
bio de nombre, y la sustitución ó modificación deape 
Uido, hechos arbitrariamente, ó por sanidad y pi 
cupacion, ó con el mal propósito d<- cometer hecho* 
criminales, ó de ocultarlos después de perpetrados j 
eludir la pena. El Código respectivo castiga ese lu- 
idlo (182 C. Pen.); pero como pnede haber casos en 
que haya ana razón atendible para ambioa 

la ley admite que puede haberlos, debería fijarse la 
forma de obtener esa autorización. Asi se hizo en el 
art. 118 del Decreto últimamente citado, establecien 
<lo que el cambio ó rectificación de nombre no pi 
de hacerse sin autorización del Juez de I. - lnsí: 
cia, después de seguir, con citación del Ministerio 
Fiscal ó Síndico municipal, uiiii información i 
to de los motivos legítimos y racionales que ha 
para el cambio ó rectificación. 

¡Mi — Ln declaración debe expresar también qui 
son los padres del nacido, emitido »■! noml lo» 

Ires pudiere aparecer. De aquí se deduce que | 
ra la inscripción del n icimiento i 
parecencia de los padres, aunque seria mu j i lien 

te, lo mismo que la suscripción 'I 

■ ii; y que no es siempre indis] r cons 

tar la filiación del recien nacido, la ' > explica que 

se en! ¡enl • que no pile • >> pad ni 

pre que tengan inconveniente par i «II 

de le»!;. ! ó de decoro (444 < • no di 

q\\f> quede calificación >\> 

nar ruando exisl 



480 

que siempre que se trate del nacimiento de un hijo 
ilegítimo, y no sé declare al Registrador quiénes son 
los padres, porque éstos no quieran aparecer, debe 
abstenerse de exigirle y de entrar en indagaciones 
para las que no está autorizado. Cuando se trate de 
hijos legítimos, no puede haber dificultad en que cons- 
ten los nombres de los padres; y >i el padre mismo 
lia ocurrido á inscribir la partida, y la ha firmado ó 
hecho firmar á su nombre, no puede después dea 
nocer la legitimidad (2.° 212 C). Por analogía, está 
dispuesto que si el padre ilegítimo suscribe como tal, 
por sí ó por medio de representante, el acta de na- 
cimiento, se tiene por reconocido el hijo (1. ° 229 C). 
912 — No requiérela ley, á diferencia déla genera- 
lidad de los Códigos, que se- presente al encargado de] 
Registro, elniño cuyo nacimiento hade inscribirse. Es- 
ta presentación es importante para que el Registrador 
se cerciore de la existencia del niño y para evitar el en 
gaño que puede cometerse naciendo inscribir un naci- 
miento que no ha tenido limar, ó como nacido con 
rída al que nació muerto, ó atribuyendo al niño na- 
cido efectivamente, diversa edad déla que en reali- 
dad tensa. 



1 1. 



913— Deben hacer la declaración deque se ha ve- 
nido tratando, en primer lugar, el padre de familia 

en cuya casa se haya verificado el nacimiento; y á 
falta de éste, y sucesivamente, el que lo représenle. 
]os parientes del recien nacido, ó cualquiera persona 
que haya asistido al parto (442 j 445 C). No exigién- 



I 



dase condición alguna respecto de la edad j 
de la persona declarante, no ei indispensable | 

ra que sea admitida, que tenga la calidad <;• 
yor de edad ó de varón, tanto mas cnanto 
drán darse casos . -n que solo mugeres hay.: tido 

al nacimiento y tengan noticia de él 

914 — Cuando el recién nacido haya sido expin 
la -persona en cuya casa se expon l adnainisti 

doró administradora de La cusa de baérfam 
sitos, si á ella sena Llevado, deben cumplir con dar j 
te al Registro, cumpliendo también en ! 
sible, con hacer La declaración de los punft 
termina la ley. A. este fin, está dispuesto que ■ 
ministrador ó administradora déla casa de hurí 
nos ó expósitos. Lleve un Libro para aa 
notación de los niños que se reciban en el Estable- 
cimiento, expresando el día y hora en que Enea 
puestos, la edad aparente de la criatura, 
señales que pueden servir para <'l im 
miento de la misma, teniendo pr< 
cias al dar al Registrador el a 

915- Si el recién nacido muriere ánt< 
registrado el nacimiento, d 
paríala correspondiente al nacimienl 
Euncion, en los libro 

posición es n saria por La i 

del recién nacido que puede tener lugar; \ '• 
tas combinadas darán en si la luz i 

ra .juzgar si el niño tuvo las condición- 
requeridas para la adquiflioion j 
dios, si hubiere nacido tnuerl 
bien dos acias, haciendo constar que 
ivn á una misma hora. 



430 

016 — Cuando se trate da inscribiré] nacimiento de 

niños gemelos, se extenderá una inscripción para ca- 
da uno, indicando la hora en que nacieron ó expre- 
sando que no fué conocida (451 C). Aquise presen- 
ta un caso en que se hace constar la hora del naci- 
miento, y no hay razón para que ésta tenga lugar res- 
pecto de gemelos y nó respecto de uno solo, ya que 
la expresión de la hora del nacimiento de cada uno 
de aquellos solo podría tener importancia especial, si 
no estuviera dispuesto que, cuando dos ó mas nacen de 
un parto, se consideren iguales en los derechos civi- 
les que dependen de la edad. 

917 — Si el nacimiento acaece en un viaje, ó en un 
lugar en que la madre no tenga su domicilio, se re- 
gistra allí el nacimiento, y el funcionario que lo re- 
gistra, debe pasar una copia, en papel común, al Je- 
fe del Departamento, para que éste la pase al encar- 
gado del Registro Civil del domicilio de la madre, á 
fin de que se copie en el registro de nacimientos, y se 
archive la copia remitida (450 C). Este artículo se re- 
fiere á nacimientos ocurridos dentro del territorio de 
la República, pues para los que se verifican fuera de 
ella, hay otra disposición; y de él aparece con cla- 
ridad (pie en el registro del domicilio de la madre de- 
be obrar siempre la partida de nacimiento de sus hi- 
jos; pero se cumple con acudir ;i hacer la inscripción 
al Registro de la población en que acaece el nacimien 

to. 

918 — La ejecutoria en que se (helare la filiación de- 
be anotarse al margen del acta de registro del naci- 
miento, (fr. '■'>.- 464 0.). 

Olí» — Para completar la reseña de las disposiciones 
relativas á este punto, hay que recordar que con el 



483 

objeto de que no quedaran sin inscribirse los nací 
mientos, se dictó en 22 de Mayo de 1880 un acuerdo 
del Gobierno imponiendo á los párrocos la obl¡ 
cion de comunicar el dia último de cada me 
caldes de los pueblos filiales de la parroquia, noticia 
délos bautismos administrados durante el n ni- 

ños cuyas familias tengan su domicilio t-u las pol «hi- 
ñes indicadas, debiendo dirigirse el oficio á la antoii 
dad política del Departamento, si los padres del reden 
nacido, residieren fuera de bu jurisdicción. Ese mis 
mo acuerdo prevenía que en < ununicacioi 

expresara la fecha del nacimiento, .1 nombre del 
niño, bu calidad de legítimo ó natural, y el noml 
de sus padres, si podían aparecer; y que los álcali 
pasaran inmediatamente las comunicacioi los 

registradores respectivos, los cuales asentarían 
luego, en el libro correspondiente, las partidas que 
faltaran, dando cuenta ai Jefe Político del Depar 
tamento. 

920— Este acuerdóse modificó por otro emitid 
11 de Junio siguiente. Según éste, el encargado < 
Registro Civil en todo pueblo que de 

curato, tiene que pasar, el dia I. : ada mes. á ts 
oficina parroquia] con el objeto de sacar una lista de 
los bautismos que se hayan administrado durante el 
mes anterior, tomándola de los libros que el p 
tendrá obligación de confiarle. En esa lis! 
expresarse todo lo que, conforme al acuerdo ante; 

debia comprender la comunicación del 
dia dos de cada mes precisamente, d< nnnicar el 

Registrador á los que desempeñen el mismo 
en hus poblaciones filiales de La parroquia, la 11 
Los bautismos que se lian con f< i infantes cu; 

ro.v. i. 



434 

familias estén domiciliadas en el pueblo, cuyo regis- 
tro civil llevan; pero si residen los padres en otro 
Departamento, la comunicación debe dirigirse al Je- 
fe Político de este. Tan luego como cada Registrador 
reciba la lista correspondiente, procederá á inscribir 
las partidas que falten, dando cuenta á la respecti- 
va Jefatura, para que haga efectiva la multa que la 
ley impone. 



PÁRRAFO TERCERO. 

REGISTBO I>K CIUDADANOS Y EXTHANGKROS 
DOMICILIADOS. 



921 — Todos los que con arreglo ú la Constitución 
tengan la calidad de ciudadanos, están obligados á 
inscribir sus nombres en el registro de ciudadanos, 
dentro del plazo de tres meses contados desde que 
legalmente adquieren esa calidad (453 C). 

922 — La pérdida ó suspensión de los derechos de 
ciudadano debe anotarse al margen de la inscripción: 
y al efecto, todo Juez de 1 . rt Instancia y en general 
toda autoridad judicial, al dictar auto formal de pri- 
sión, y al mandar ejecutar una sentencia que impli- 
que la pérdida ó suspensión de los derechos de ciuda- 
danía (11 Const., 35 á45.C. pen. y 142 C. pr. erim.), tie- 
ne obligación de ponerlo en conocimiento del respec- 
tivo depositario del Registro Civil. [1. ° 454 C.J. Es- 
to tiene lugar mandando copia certificada'del auto de 
prisión (67 C. pr. crim.); y por analogía, deberá man- 



435 

darse también <1<- la sentencia <ju 

923 — Como suspensa La ciudadanía p< 
sion, se recobra por auto ejecutorio de sobreseimú 
to, de cualquiera clase que sea, ú por absolución <1<-1 
cargo ó de la instancia, tambii :i <il>l¡. 

Jueces á dar noticia al Registrador, d 
ciones (2. c 464 C). Lo mismo sucederá 
purgada la culpa con la prisión sufrida, ¡ na 

bien entonces se recobran los derechos i">li' 
pensos (144 C. pr. crim.), siguiendo >-\ princi] 
que la recuperación se obtiene en todo caso raedií 
te ('1 cumplimiento de la condena <¡ii<- se hn ¡m 

puesto 1 143 C pr. crim. ; . I>«'1 mismo modo, del 
notársela rehabilitación, cuando ¡u*r 

el reo haya obtenido indulto déla pena principal. 
[145 C. pr. crim.] 

924- Enes inscribe también ••! aom 

bre de todo extrangero que adqui 
se haya domiciliado en la República, denl un 

mes de haberla adquirido, 6 d< en <■! 

intención de domicilian 

925 La guatemalteca casada 

ae durante el matrimonio, la nacionalidad del 
do (56 C); pero disuelto el matrimonio, pu 
brar la suya, con tal de que resida en la 
declare su voluntad de recuperarla, ante el D 
rio del Registro Civil, quien h 
tacion correspondiente 157 C 

926 -En «'1 mismo n debe I. r l:i 
declaración de los hispano-ameri micillad - 
en la República que de* 

conforme al inciso l. r art 7 de 
cuales, Begun el acuerdo de B <1- 



berán acompañar ¡i su declaración, una certificación 
formalmente autenticad;!, del agente diplomático ó 
consular de la nación ;í que pertenezcan, ó en falta 
de estos funcionarios, el testimonio de dos personas 
capaces con arreglo á las leves, para hacer constar 
qne pertenecen á la nacionalidad (pie indican. 



PAKKAFO CUARTO. 

REGISTRO I)K MATRIMONIOS. 

927 — Según el Código Civil, los que contrajeran ma- 
trimonio debían, dentro de los ocho dias siguientes 
á su celebración, presentarse en la oficina del Regis- 
tro Civil con las actas ó partidas de matrimonio, que 
para ese efecto se les deberían dar gratis. El Regis- 
trador las copiaba íntegramente, autorizando el asien- 
to con su firma y las de los contrayentes si sabían es- 
. cribir, y las de los testigos [458 y '-)."'.) I 

928— Él Decreto de 17 de Noviembre de [879 decla- 
ró que el matrimonio, para ser tenido como verdade- 
ro y legítimo, debía precisamente celebrarse, en todo 
caso, ante la autoridad civil; y debiendo tener asi ca- 
rácter genera] ya la disposición del artículo UBdelCó 
digo, de enviar al depositario copia del acta de matrimo 
nio entre personas de diferentes creencias ó entre ex- 
tranjeros, el art. 16 del Dec. de 21 de Noviembre del 
mismo año, estableció que, concluido el acto del ma- 
trimonio ante la autoridad civil, debia levantarse li- 
na acta firmada por la autoridad que hubiera inter- 
venido, por los contraven tes si supieren escribir, y 
porel Secretario de la Jefatura ó Municipalidad, y re- 



4:37 

mitise dicha acia, en copia certificada, ;il Depo 
sitario del Registro Civil. 

929 — La disposición del Có [uedópues modi 

tioada en dos conceptos: en el de que ya no tienen Ion 
contrayentes que ocurrirá] Registro, ni procede por 
lo mismo, contra ellos, la imposición de multa 
trascurren los ocho días lijados por el < 
el de que ya no tienen los mismos eontrayent* 
firmar el arta del registro, debiendo el Registra» 
limitarse á copiarla literalmente, y á autorizar el 
siento con su firma y las de lo Asi lo con 

signa el art. 119 del Dec. de Ref. núm. 21 

n:50 — El acto de la separación <le bienes 
convenio entre los cényi i por sentencia judicial, 

ha de anotarse al margen de la inscripción <lel matri 
monio. La nota marginal debe contener la fecha «leí 
documento en que conste la separación de bien< -. 
nombres de los cónyuges, el del Juez que dictare la 
separación ó que la aprobare, y d< I 1 
autorice, i ando además las causas que Oto 

tivan el decreto, ó en que se funda el come 
dicho documento se'determin¡ de R 

núm. 272 y 1184 C.)- Conmay< 
sentencia de nulidad de matrimonio, la de divoi 
la providencia que a ion tic éste, i 

que producen efectos aun de mayor ti 
que la simple separación. I > « ■ 1 mismo m< 
la terminación de 6sta ultima. 

I] Cuando de un juicio civil ó criminal n 
la constancia de la cele' legal de un ma- 

nió que no esl idamen 

fjido con i que j 

copia de la toría, la cual - 



4:'kS 

matrimonio (461 C. I 

P29 — Luego que se registre el matrimonio de per- 
sonas que antes, ó o 1 tiempo de casarse, lia van reco- 
nocido un hijo, debe ponerse nota margina] de legiti- 
mación de éste en el acta de registro de sn nacimien- 
to; pero la omisión de dicho requisito no puede opo- 
nerse para destruir su calidad de legitimado (460). 
Entre nosotros, no cabe la cuestión que en algunas 
obras de derecho se suscita con motivo de análoga dis- 
posición, sobre si el reconocimiento que se haga por 
los padres hasta después de verificado el matrimonio, 
tendrá fuerza para el efecto de la legitimación. No ca- 
be duda, tanto por el último concepto del artículo ci- 
tado, cuanto porque el artículo 260 terminantemente 
decide que el reconocimiento para la legitimación 
puede tener lugar aun después de contraído el ma- 
trimonio. Los que creen que no debiera autorizar es- 
to la ley, se fundan en que ese reconocimiento pos- 
terior inspira desconfianza, porque puede suceder 
muy bien que los que no han tenido hijos en el ma- 
trimonio, ó han perdido los que tuvieron, muerta la 
esperanza de sucesión propia, reconozcan como hijo 
habido entre ellos antes del matrimonio, al que real- 
mente no lo sea. En contrallo, se alega que puede 
acontecer muchas veces que los que vayan á casarse 
y hayan tenido antes hijos, no quieran hacer en 
ase acto una declaración molesta, y de ese si- 
lencio resultaría un grave perjuicio á los hijos, si se 
privara á los padres del medio de reparar después 
la falta que, guardándolo, cometieron contra ellos, 
y cuyas consecuencias podrían ser irreparables. Ade- 
más, desde que el hijo puede reclamar en cualquier 
tiempo su legitimidad, no seria consecuente que se 



43U 



le quitara por no estar reconocido por su* 

contraer matrimonio. 



PAHUA FO QUINTO. 



REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DK HIJOrt II.KOITlMOri 



930— Cuando el padre reconoce ú un hijo 
mo en el acto del nacimiento, basta que firme • 
de registro en prueba de reconocimiento; no 

pudiere hacerlo <'ii persona, 1<> puede hacer ¡ 
otra que esté autorizada con poder 
463 C). Aun después de sentada ya la partida 
nacimiento, podrá el padre hacer ••! reconocimiento 
en el Registro Civil, inscribiéndoe n j 

haciéndose la anotación pondiente <'ii la • 

nacimiento del reconocido. 

931 — Cuando el reconocimiento de los lujo 
timos se hace por escritura pública «•! 

interesado debe ocurrir con «'1 testimonio n 
dentro de ocho días contados desde , á 

hacer la anotación en <•] Registro <-¡\ 

932— La misma formalidad debe 
do el reconocimiento Be verifique ul- 

tima voluntad. En 
mentó sea revocado | 

del Registro no cancela la In su 

tiene siempre i»«>r r »'¡ 



440 



PÁRRAFO SEXTO. 



KFGI8TRO DE ADOPCIONES. 



033 — Todo adoptante tiene obligación de presentar 
al Depositario del Registro civil, en el término de 
ocho dias, el documento en que conste la adopción 
(1813 C. pr.), y se hará la anotación debida al mar 
gen de la correspondiente partida de nacimiento 
(465 C). 

PÁRRAFO SÉTIMO. 



REGISTRO T)E DEFUNCIONES. 



934 — Siempre que muere una persona, debe darse 
parte al Encargado del Registro civil, para que en 
el registro de defunciones, extienda el acta corres- 
pondiente. Debe expresarse el nombre y apellido del 
muerto, el dia y la hora en que hubiere acaecido 
la muerte, y si ésta ha sido natural ó violenta, la 
edad, sexo, domicilio y estado, declarando el nombre 
del cónyuge, si hubiere sido casado; el nombre y ape- 
llido del padre y de la madre del finado, si fueren 
conocidos; y si testó ó nó, en qué forma; y ante quién 
(467 C). La mención de todas estas circunstancias es 
importante para que la partida llene su objeto, y 



441 

para establecer la identidad de la persona; au 
<pie falte alguna de ellas, dejará de asentarse, pu 
no siempre será fácil saberlas todas oialmente 

si la persona muere en lugar distinto del de sn do 
micilio. En otros códigos se exige además que el B 
gistrador pase á inspeccionar el cadáver antes da i' 
cribir la partida, para evitar el abuso de deínncio 
nes supuestas. 

935 — Debe hacer la declaración el pe familia 

en cuya casa ocurra la muerte: á falta de 61, 
cesivamente, -el que lo repres del 

difunto, las personas < j m- lo hayan 
última enfermedad, y tos vecina 
ne el mismo deber todo el < jiif encuentre un cadá- 
ver fuera de la habitación ó en ana s¡ M iia>»í 
tantes (469 C.) 

936— El plazo qne tija el Código para dar < 
so, es de veinte dias contados desde que la 

defunción; y con el objeto de qne ningún 
sin inscribirse, y de que se impusiera la multa 
ley á los que no ocurrían oportunamente a la oficina 
del Registro, estaba dispuesto que 
de los cementerios llevaran nómini 
inhumaciones que se verificaran en 
paracioo de los que hubieran falle* 
|,¡r establecimientos de benel 

ella BC expresaran las circí 

nan para la inscripción de defuncio 
analmente, pasaran al En 
copia de los asientos de 

la con las partidas qm 
fueran Inscritas las que f 
l:, s oraisione • al Jefe del deparmm 



442 

C.i.Lu prescrito en estos arríenlos fué modificado por 
e] reglamento de cementerios, acordado en l-"> 4e 
Noviembre de \S1'J: el artículo 7.° fijando las obli- 
gaciones principales deü custodio estableció, entre 
ellas, la de que él lleva ra un libro general de enter- 
ramientos de] cementerio, con loa auxiliares que fue- 
ran precisos, para anotar con exactitud la fecha en 
que tuvieran lugar; y el nombre, sexo, edad, oficio, 
patria ó vecindario del difunto, así como el lugar 
en que se le entierre: la de impedir que ingrese al 
cementerio, cadáver alguno sin que se le entregue la 
constancia de la inscripción de la defunción en el 
Registro civil: la de no. consentir que se sepulten ca- 
dáveres antes de las 24 horas del fallecimiento, ex- 
ceptuando únicamente los casos de corrupción de- 
clarada, y los que ocurren en tiempos de epidemia 
en que la autoridad disponga otra cosa: la de cuidar 
de que no se hagan enterramientos simulados y no 
permitir que los cadáveres procedentes de fuera de 
la ciudad, sean sepultados sin que se presente la bo- 
Leta del Registrador- respectivo} y la de librar certi- 
ficación de las partidas de enterramientos que s<- 
pidan, sin cobrar por ellas cosa alguna á los pobres 
ni á las autoridades. 

937 — Indirectamente pues, se ha restringido el 
plazo del aviso al Registrador en las defunciones, 
puesto que la inscripción debe ser anterior al enter- 
ramiento; j teniendo que presentarse certificación de 
ella para que se verifique, ya no seria absolutamen- 
te necesaria la copia délos asientos de inhumacio- 
nes que el encargado del cementerio debía pasar 
mensualmente al Registrador; pero es conveniente 
siempre, para averiguar por el cotejo si ha habido 



•M 



algún oasoen que no se haya cumplido oou : 

988— Guando la muerte de alguna ¡ 
en hoteles," mesones, cuartel 
turalmente sobre el que gobierna la 
cimiento, jefe del cuerpo acuartelado ó alcai 
la. cárcel, la obligación de dar cuenta al 1 
del Registro para que tome razón de la defi 
(472 G. 

989 — Cuando á la autoridad judicial «'. 
lieia, conste la muerte dé un individuo. .! 
al Depositario del Registro civil, para q 
acta respectiva: si Be ignora el noml i difunl 

se anotarán las señas de éste, las <!•■ I 
todo lo que pueda conducir con ••! I 
licar la persona. Siempre que se adquieran ni 
datos, deben comunicarse al misn 
que los anote al margen del acra 

940— Si la defunción se veriticaá bordo de un 
que de la República, cualesqui 
.■a que navegue, ó en buque 
de la República, 6 enalta mar cu baque que 
gae con bandera de la República, - 
que mande el buque dar cnenta al i 
mer puerto de la 1 i < • ] > Ti l > 1 i - nde \h 

que por éste se prevenga al qu< 
civil de la comprensión, que pro 
defunción i n el libro 

0-U Respecto á los que mu 
combate ó encuentr 
ca, es obligación del que I 
pa y estuviei 

jefe respectivo de las muí 
tin ile qu lili. -II 



444 

ponda. Igual obligación tiene el que mande tropas, 
en orden alas muertes ocurridas en ellas fuera del 
territorio de la República, tratándose de personas 
en ésta domiciliadas (475 C). 

942 — La certificación de la partida de defunción 
en el Registro es indispensable siempre que debe ha- 
cerse constar legalmente la muerte de una persona. 
De un modo especial la exige la ley, cuando el viu- 
do trata de contraer segundo matrimonio (3.° — 28 
Dec. de Ref. n.° 272): cuando se va á iniciar el juicio 
de testamentaria (1,323 C. pr.): cuando se hace la 
denuncia de intestado (1,347 C. pr.); y por analogía 
de razón se exigirá, cuando se entable interdicto para 
adquirir la posesión hereditaria. 



PÁRRAFO OCTAVO 



FORMALIDADES DEL REGI8TRO. 



943 — Con el objeto de proveer á la autenticidad 
délos libros é inscripciones del Registro civil, está 
prevenido que aquellos deben estar foliados por e] 
alcalde l.°dela respectiva población, expresándose 
bajo su iirma, en los mismos libros, los folios que 
contengan (483). Además, el dia ultime de cada mes, 
debe extenderse, en cada libro, una nota expresiva 
del número de personas á que se refieren las acias 
de registro de ese mes, nota que iirma el respectivo 
encargado (482 C). De esta suerte, ni se puede arran- 
car hojas al libro del Registro, ni se puede interca- 



446 

lar otras, especialmente si el alcalde tiene además la 
precaución de lubricarlas; y se erita también q 
con posterioridad, puedan ui op- 

ciones, porque habría que alterar el núm< las 

que expresa la nota (jai- bs pone al fin del d 
aparecería un número mayor de inscripciones que 
el que constaba en la lista que se debe pasar el dia 
último de cada mes, al Jefe del departamení 

944 — Con el mismo fin, dispone la ley que laa 
tas del Registro del estado civil, atiendan una 

tras otra, sin dejar blanco entre ellas, sin abreviatu- 
ras ni números, j >in Insertar nada que les sea i 
tráño (478 C); porque allí solo deben consigna] 
los hechos determinados y las circunstam rtí- 

culares que enumera la ley, para evitar confo 
y para que no se desnaturalicen dando lugar á com 
plicaoiones y dificultades en las familia 

945 -Aunque la ley no contiene disposi 
cial, es natural que toda acta deba contener, adera 
del hecho que se haga constar, el año. el dia y la hi 
en que rtiende, y el nombre, profesión, edad \ 
domicilio de los interesados. Estas circunstancias, 
la vez que son indispensable 
documento que tenga la calidad de auténtú 
para averiguar la exactitud de la partida, 6 pa 
comprobaran falsedad, prueba que tal 

persona, designada en el acta como \,v< po 

dia hallarse allí, por haber estado ausente el 
la hora en que se asentí'» la inscripción. 

946— Extendida el acta en el ii 

depositario ;i los inteiv 

y a los testigos: se Balvan al pió del ai 
res si los hubiei 



44»; 

l D< ¡sta disposición Be infiere que deben autori- 
zar !a inscripción, además del Registrador, testigos 

presenciales. Los testigos son dos, como está dis- 
puesto en especial para los nacimientos, matrimonios 
y defunciones (447 y 407 C. y 119 Dea de Ref. n.° 

272); y han de reunirías mismas condiciones indispen- 
sables para ser testigos de un instrumento público, 
ya que las actas del registro son documentos autén- 
ticos. De la misma disposición se deduce que, gene- 
ralmente, deben ocurrir ante el Registrador los in- 
teresados en la inscripción, por sí ó por medio de 
encargado. Esa comparecencia del interesado es in- 
dispensable en algunos casos, como cuando se trata 
del reconocimiento de hijos ilegítimos; y si no son 
los mismos interesados los que dan la declaración. 
como si extraños dan parte de un nacimiento ó de- 
función, firmará la partida el que dé la declaración. 
Los poderes y demás documentos que deben estar 
unidos á las actas, se archivan juntamente ^on los 
registros (484 C), porque sus constancias son indis- 
pensables para los efectos de la inscripción. 

947 — Guando en alguna acta se haya cometido al- 
guna equivocación 6 error que no se hubiere salvado 
antes de firmarla los interesados, el Registrador y 
lestigos, ya no se puede corregir la equivocación 
ó subsanar el error, sino por mandato del ,J\w¿ de 
1. a Instancia respectivo, á quien debe ocurrirse. Este 
funcionario, con audiencia de los interesados y del 
ministerio fiscal, decide en el particular; y si el fa- 
llo es favorable á la pretensión de que se corrija la 
equivocación ó error, se inserta la ejecutoria en el 
lugar del registro que, conforme á la fecha de la in- 
serción, corresponda: y ella servirá de acta, debiendo 



44? 

además ponerse noticia ;il margen <l»-l acta reíom 
da (fr. 1*487C). La rectificación, siguiendo el prii 
pío deque la sentencia duda en juicio n<> perjudica ni 
aprovecha á un tercero, cuyo derecho no pi- 
los que lo siuuieron (885 C. pr » perjudica á 
partes que hayan sido oidas en <'l juicio (fr. S 

948 — En caso de haberse omitido alguna partida 
en los registros, hay que ocurrir al Juez de i. I 
tancia respectivo para rendir ante él prueba de la 
omisión y del hecho á que la partida debe referii 
y declarada por él bastante, se procede á repai 
la omisión poniendo la :;<t;i correspondient i 

Esta omisión se entiende que - I registi 

suponiendo que 8.1 sedió parte. 

949 -Como las partidas deben ir inmediatamente 
una á continuación de otra, sin dejar blancos, la par- 
tida omitida Be pone siempre en el lugar eom 
diente á la fecha enqn stiende, anol <u 
referencia al margen del ! d que fué omitida 
(488 C.)> siendo de advertir que Biempreqi 

tienda una nueva acta que tenga relación con Otra, 
se Inscribe en el dia d<- su fecha y en <•! libi 
tivo, y no al margen de la anfe 

950 -Oonsecuencia de las obligaciones que natu 
raímente Be derivan del cargo de 

la. necesidad que Iim \ de ']'"' ' ,,s '•'' 

de la le (pie están llamados :í prestar, es qoi 
Depositario del Registro cii il las 

alteraciones 6 suplantaciones que en hu 
viertan (48 i Al efecto. dispuesto que toda 

alteración ó falsificación de la . il. 

todo asiento de éstSti hecho eh pl¡< 

modo cualquiera que no mhi <•!! lo nn 



448 

dos á ese fin, dá derecho á los interesados para pedir 
la indemnización de los daños y menoscabos que su- 
fran, sin perjuicio de la pena que contra el falsario 
corresponda, conforme al Código penal (489 CA- 



PARRA FO NOVENO. 



VALOR DK LAS ACTAS dkL REGISTRO. 



951 — Estando en debida forma, la ley presume la 
autenticidad y pureza de las actas del Registro del 
estado civil (490); y enumera entre los documentos 
que se llaman auténticos, las certificaciones libradas 
por los respectivos Depositarios (6.° — 668 C. pr.). 

952 — Requiriéndose que estén en debida forma, se 
comprende que pueden ser impugnadas por defecto 
de ésta. Podrán rechazarse también, aun cuando no 
haya tal defecto y conste su autenticidad y pureza, 
probando la no identidad personal, esto es, el hecho 
de no ser una misma la persona á (pie el documento 
se refiere y la persona á quien se pretende aplicar 

m c.). 

Qñ'ó — Además, debe observarse que las actas del 
Registro atestiguan la declaración hecha por la per- 
sona que ha ocurrido á darla; pero no garantizan la 
veracidad de esa declaración en ninguna de sus par- 
tes; ypor lo mismo, cabe también impugnación pro- 
bando que fué falsa la declaración en el punto <le 
que se trata. Así pues, tres son las causas de im- 
pugnación de los documentos que acreditan el esta- 



I-I'.' 

(lo civil: I." defecto en su forma: 2.» falta de identi 
dad en la persona: y :*. falta de verdad en la ó> 
claracion respectó del hecho que acreditan (Chao 

9^4— Para comprender éstos dive - fle im- 

pugnación, las notas ilustrativas del Código de Chile 
ponen este ejemplo. En una inscripción de nacimi* 

ío se dice que tal ni T a liijo de Fulana. El Regia 

trador se atiene al testimonio del «pie te hace la de- 
claracion; y ese documento puede atad poi 

defecto en la forma, alegando qué ha sido introdu- 
cido fraudulentamente en el Libro ó registro, 6 «pie 
ha sido enmendado, 'interpolado 6 alterado indebi 
«lamente. 

2." Se puede atacar por falta de identidad, ale 

gando «pie la persona, cuyo nacimiento se atestigua 
en la inscripción, no es \- A misma que se presenta 

como tal. 

:)." Se puede atacar, finalmente, por falta de verdad 
en el hecho, alegando que l:i declaración hecha fin- 
luisa en cuanto :i la verdadera filiación del nacido. 



I'AKItAKO I) mu o. 



HONORARIOS DE l OS líKOISI i: \ a s. 



!).v> El Registro del estado civil no tina 

do ¡i proporcionar una renta al Estado, - 

tar un servicio de grandísimo interés p - indi 

viduos y las familia- ata de los fondos del ! 

tado ( E:i Serna \ Montalbw 
iom. i. 



46u 

ludia establecido que toda inscripcioi] en <•] Registro 

Be haga gratis, sin que los encargados de llevarlo 
puedan tampoco cobrar nada por las certificaciones 
que de oficio tengan que dar (481 C). No sucede lo 
mismo con las demás certificaciones que se solici- 
ten: justo es que quien acude al Registro, como el 
que acude á cualquier otro archivo ó protocolo con- 
fiado á los depositarios de la fé pública, para propor- 
cionarse los medios de acreditar un hecho que le in- 
teresa, retribuya de alguna manera el trabajo que 
impone. Lo que sí se ha hecho es señalar, muy mó- 
dico el derecho, como que es solamente de cincuenta 
centavos con exclusión del valor del papel (48o C). 

966 — Esas certificaciones pueden pedirse por cual- 
quier persona, y cualquiera tiene derecho también 
de leer una acta ó de enterarse de las constancias del 
Registro ó estado civil que en ellas aparezca; pero poi- 
cada una de estas exhibiciones, llevará el Registrador 
veinticinco centavos, si es del libro corriente, ó igual 
derecho por cada año de antigüedad del libro, si no se 
prefija el año: si se determina el año en que la ins- 
cripción consta, y no es el corriente, lleva por todo 
cincuenta centavos [497 C.]. 

957 — Esta publicidad, y la ninguna limitación del 
derecho de pedir certificaciones, dependen de que, 
si bien el estado civil es propio de cada persona, <•<> 
rao lo consigna la Exposición de motivos de la ley 
española, no deben ponerse restricciones á la facul- 
tad de conocerlo, porque no interesa á ella sola, óá 
los individuos de su familia, sino también á cuan- 
tos con ella traten ó puedan tener que tratar, lo cual 
es difícil de determinar ápriori. El verdadero limi. 
te de este derecho está en el interés individual, v la 



451 



ley debe abstenerse de imponer limftackmes que, 
su auxilio, se producen naturalmente en el ej« 
df los derechos. 



IMHKAFO UNDÉCIMO. 



DISPOSK l"M - 



9í58 Con el objeto deque se conozca el movimien 
lo constante de la población, lo que es d<> mucho In- 
terés, y para que las autoridades puedan cono< 
modo como cumplen sus obligaciones los encargado* 
de los registros del estado civil, t<»<ii> funcionario 
que los lleve esté obligado á pasar el dia ni timo de 
rrada mes, ;il Jefe del departamento, una razón de 
los nacimientos, matrimonios y defunciones ip 

lies de ciudadanos y exti m domiciliados <jn< 

haya registrado durante el mes, .-i cuy* 
mará un índice alfabético separado, de loa indivi 
dúos inscritos en cada uno de esos r< Délas 

listas que ''1 Jefe departamental raya recibiA 
formará legajos, j con pi i al 

Gobierno, mi los primeros diasdel ido 

del número de nacidos y mm i el depurtatw 

to durante el afio ti. on de 

sexos; y un estado también de los n 
lirados v de los cindadanoí iiiciiin 

dos í m 

9ñg simulo necesario también • 
de Jas modirlo il <]<• li 



452 

manteóos residentes ó transeúntes en países extran- 
jeros, está prevenido que los agentes diplomáticos 

y consulares que en esos países tenga acreditados la 
República, lleven un registro de los nacimientos. 
matrimonios, cambios de nacionalidad y defunciones 
de tales guatemaltecos; y que, cada año, remitan al 
Ministerio de Relaciones Exteriores un estado de las 
tomas de razón que consten en mis libros;, esta. lo 

• píese trascribirá en el que se Heve en el Ministe 
rio • para inscribir la naturalización de extrangeros 
y cuanto se refiera á la adopción de nueva patria 
[477 C.]. 

960 — Por último, está prescrito también que toda 
persona que, debiendo dar aviso para que se verifi- 
que alguna de las inscripciones prevenidas por <l 
Código, no lo hiciere dentro de los respectivos plazos 
que éste determina, incuria en multa que no baje de 
cinco ni exceda de cien pesos, que ingresará á los 
fondos de las Facultades creadas por la ley de Ins- 
trucción Pública, decretada en 13 de Diciembre de 
1879, y cuya graduación hace el Jefe del departa- 
mento, exigiendo, por la via de apremio, la cantidad 

• pie determine [499 C.]. 

'.Hil — De esta disposición si- deduce que las inscrip- 
ciones pueden hacerse, aun pasado el término que 
la ley designa respectivamente para que se veri- 
fiquen Se ha considerado que hay bastante s¡ni 
«•ion con la multa que se impone, sin tener que 
llegar hasta negar la inscripción por haber trascur- 
rido el plazo legal para dar aviso, privando así de 
su estado civil en algunos casos á individuos que, 
como el recien nacido, no son responsables de niu 
gima omisión, y quitándoles los medios de reparar 



453 

la l'alta que, no ellos, sino otro n otros lian • 
metido. El fin con que el registi na instituido 

es el interés social que exige la constancia auténti 
ea de todo lo relativo :il estado civil de las person 
y por esto hay. según se ha visto, prescripcio 
gales para evitar que quede sin inscribirse ningún 
nacimiento, acndiéndose al efecto á los libros pan 
([niales; que quede sin inscribirse ningún matrin 
nio legal, pues l;i autoridad que interviene en bu i 
lebracion debe remitir, de oficio, al Registra* ¡«i;i 

certificada <l»'l acta; que quede sin inscribir» 
guna defunción, porque «'l custodio del cernen 
¡mies de recibir en él ouaiquier cadáver, d< 
i|ii<' se le presente !;i certificación «leí !.'• 
ríe estar inscrita l:i defunción. 

962 l>:is leyes españolas i lerna* sobre lí>_ - 

civil, para evitar los inconvenientes qu ■ pneden 
sultar, sobre todo para Lasinscrip de nacimi< 

tos. de declaraciones dada*, acaso muchos año» 
pues, establecen que pasado el término den ti 
que debió darse a^iso, el K 
cer por sí l;i inscripción, sino que los inten 

ilfheMí acudir ;il Tribunal competente, para que la 

decrete. No creo que • nln 

•486, de que ya Be ha tratado porqu< 
tender mas bien que se cumplió con dai 
sristrador, j quedeparted estuvo l.i omisión 

del acta que se debe subsaní 



m 



PÁRRAFO D101>K( UlO. 



PRUEBAS SUPLETORIAS DEL ESTADO < IYII,. 



963 — Antes se ha dicho que el estado civil se prueba 
ron las nefas del Registro respectivo; pero puede su- 
ceder que se hayan perdido los registros ó <pi<' no se 
hayan llevado; la ley debe, para ese cuso, arbitrar re- 
cursos que suplan su falta para que el individuo no 
quede privadode los medios de comprobar su estado. 
Debe reputarse que falta el Registro, no solo cuando 
todo el libro se ha perdido ó destruido, sino también 
cuando falta ó se li i destruido la partida que en él 
debería hallarse inscrita, relativa al estado civil de la 
persona de que se traté. 

964— Los medios de prueba supletoria del registro 
son dos: L.° la comprobación de los hechos que acre 
ditan el estado civil, y 2." la notoria posesión de di- 
cho estado. 

966 — Respecto del primer medio, La comprobación 
debe hacerse por declaraciones de testigos que ha- 
yan presenciado los hechos constitutivos del estado 
civil de que se trate, y por documentos auténticos 
que comprueben la existencia de esos hechos, por 
ejemplo, los testamentos del padre y «le la madre 
incluyendo á un individuo, cuya acta de nacimien 
to falta en el registro, en el número de sus hijos 
(492 C). Son admitidos únicamente los testigos pre- 
senciales délos hechos ojisfitu tivos del estado, v. 






•r.v. 

g. <lel acto de la,. celebración del matrimonio, |hiii 
el objeto es restaurar el título que lo acredita 
admitidos únicamente Los documentos auténticos en 
los que van también comprendidí instrumen 

públicos, porque cuando Calta •■! registro, es \ 
mente cuando hay mas ocasiona Fraudes, <pn- 
cuitarían sobre manera, si Fuesen admitidos los d<» 
cumentos privados. 

966— Para salir al encuentro de la dificultad en la 
comprobación de estado porque no haya 
senciales de los hechos constituían <>> del estado, 
cumentos auténticos, se establece el otro medio 
pletorio que consiste en la alegación 3 pruelw * 1« - la 
posesión notoria del estado ch ¡ 

967- La posesión de estado <^ la /<> 

cho <ju(\ en él concepto públú 
te la persona en la familia. Los hechos que la 
constituyen, según el <-l tratamiento 

y la Fama, copulativamente. A>í, la | 
toria <l«'l estado de nuitrimoni <'ii hi 

tratado los supuestosc orno marido) mu- 

jer en sus relaciones doméstica -a ha- 

ber .si<l<» la mujer recibida en es ir loa deu 

dos y amigos del marido] por el reoint 
micilio fii genera] | ; 1 011 

notoria del estado del hijo legitimo [ue 

mis padres le hayan datado cuno tal, j 
su educación y establecimiento <!•' un modo rom] 
tente y presentándole, en 1 
v amigos, y que 1 u domii 

lio en general, le hayan reputad* 
mo hijo Legitimo de 
068 Lfl posesión notoria requiere un 



45d 

terrumpido de años en qne el hijo 6 consorte haya es- 
tado gozando de las consideraciones V derechos que 

nacen del estado; y por ésto, la ley establece, que pa- 
ra que la posesión notoria del estado civil sea reci- 
bida como prueba, debe haber durado diez años con- 
1ínuos,por lo menos (49o C). Se exige que la posesión 
sea continua, porquesi en el cursodel tiempo señalado 
el hijo ó el consorte ha dejado de ser tratado como tal. 
se ha creado por ese hecho una presunción contraria 
al estado que reclama: y se designa el término de diez 
anos como constitutivo déla posesión, para no dejar 
indefinidamente incierto el estado, y porque diez a- 
nos son bastantes para fundar la presunción mas po- 
derosa de su existencia, y de que así fué reconocida 
y tratada la persona antes y después de ese plazo. 
Al señalarse diez años á la posesión, parece, siuuien- 
do la opinión de Chacón, qué la ley ha supues- 
to físicamente posible el lapso de ese tiempo, 
de suerte que un hijo tratado como tal en la fa- 
milia durante toda sü vida, pero (pie, íi la fecha del 
juicio posesorio, no tuviera mate que nueve años, po- 
dría ser amparado en su estado. Para evitar cualquie- 
ra duda que pueda resultar dé fijar término, algunos 
Códigos como el francés, dejan á la prudencia de los 
Tribunales, apreciar según las circunstancias, cuál 
I tiempo necesario para que la posesión Se tenga 
ga por constituida. 

969— En consecuencia, los hechos qué han de pro- 
barse para establecer lá posesión de estado, son tres: 
el tratamiento, SU notoriedad ó fama, y el goce con 
tinuado por diez años. Estos hechos deben probarse 
por un conjunto de testimonios fidedignos que esta- 
blezcan la posesión de estalo de un modo irrel'raga- 



ble, particularmente en el caso de qo ex] 
barse satisfactoriamente la Calta de ! 
ta, ó la pérdida 6 extravio del 
encontrarse (496 C). Particularmeni 
no explicarse y probáis.- la f;ilt:i, acaba de i 
Código dice lo contrario: partícula 
explicarse y probarse la folia} \>< el 

sentido del artículo, quehay un error que d 
haberse suprimido la negación inadvertidamei 
confirma mas en t-sn idea, la circunsl la 

negación existe en el articulo 313 del 
Chile, de donde el nuestro fué tomado. 
970— No será inoportuno advertir que 
putas sobre el estado civil de las j» 
ria de juicio escrito 6 de mayor cuanl 
re el interés pecuniario que de ellas pueda dim 
favor ó en contra de las personas que las promuevan 
(1263 C. pr). 



I l\ MI I. L1BHO IMMM 



ÍNDICE. 



P( 

Dedicatoria 

Introducción 

Titilo Preliminar —De las I 7 

Titulo 1. De las persona división 

Titulo 1 1. - División de !;i- ]>• 

estado n\ ¡1 

Titulo III. — Drías personas jaridicaa i 

Titilo IV. De los esponsaL 

Titilo V.— Del matrimonio 

Titulo VI. Deberes y derechos qne na< 

matrimonio 101 

Titilo Y II. -Separación de bi< i ■• • 
Titulo VIII.- I >« - 1 divorci* 
Titilo [X.— De la nulidad del matrimonie 
Titulo X. De las segundas n .; •• ia 
Titilo XI. De la paternidad y de la t » 1 i : * < 

Legitimas 



Página*. 
Título XII. — Paternidad y filiación ilegítimas. 284 
Titulo XIII. — De los deberes en trepadles é hi- 
jos y de los alimentos 294 

Trru lo XIV. —De la legitimación 318 

Titulo XV. —De la adopción 321 

Titulo XVI. — De la patria potestad 331 

Titulo XVII. — De la emancipación voluntaria. 350 

Trru l< i XVIII.— De la tutela 354 

Titulo XIX. — De las personas inhábiles para 
ejercer la tutela y de las que deben 

ser separadas de ella 370 

Titulo XX. — De las excusas de la tutela 376 

Titulo XXI. — De las diligencias y formalida- 
qne deben preceder al ejercicio 

déla tutela 388 

Titulo XXII. — De la administración de la 

tutela..' 301 

Titilo XXIII. — De la extinción de la tutela. . 411 
TiTrLo XXTV. — De las cuentas de la tutela y 

entrega de bienes 41 4 



^©* 



Titulo XXV. — De los guardadores 422 



■- 



Titulo XXVI. — Del registro del estado civil . . 42:;